Los retos de la sanidad y de los servicios sociales

"Dinamarca ha decidido recientemente prohibir la creación de nuevas residencias de ancianos por considerarla una mala opción tanto en el plano social como en el económico. Lo que desean los ancianos es vivir en sus domicilios"

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- Hay dos ámbitos de gestión pública sobre los que hay que prestar especial atención sobre el potencial impacto de la robótica en la Administración pública: sanidad y educación. Estos dos sectores van a ser los más críticos y tensionados en los próximos 20 años por el impacto del envejecimiento de la población. 

Hay pronósticos que consideran que este impacto podría impulsar en gasto adicional del 12 por ciento del PIB por el impacto en las pensiones, pero fundamentalmente por las nuevas necesidades en sanidad y en servicios sociales. Este incremento del gasto es inasumible para el sector público y difícil de absorber para el sector privado. El problema del envejecimiento de la población va implicar grandes cambios conceptuales sobre cómo se concibe tanto la sanidad como los servicios sociales. Por ejemplo, deben transformarse los roles de los hospitales y de las residencias de ancianos tal y como ahora los conocemos. Son dos tipos de infraestructuras y servicios aparentemente imprescindibles ante el envejecimiento de la población pero que son muy costosos económicamente y muy poco atractivos para los usuarios. Nadie quiere ir voluntariamente ni a un hospital o clínica ni a una residencia de ancianos. Por tanto, hay que orientar la tecnología 4.0 para cambiar los canales habituales de canalización de los futuros ancianos ante las enfermedades crónicas y o ante la situación de dependencia física y cognitiva. En primer lugar, habría que diseñar una nueva red de centros sanitarios de proximidad donde se puedan atender las enfermedades crónicas de los ancianos y también los cuidados paliativos. Estos centros podrían prestar sus servicios de manera mucho más confortable y económica a los ancianos y dejar a los hospitales (maquinarias que generan un enorme gasto y que son poco atractivos y confortables) para los traumas y las situaciones más excepcionales. 

Dependencia de personas mayores

En segundo lugar, hay que redefinir las políticas sobre la dependencia de las personas mayores. Las residencias de ancianos son odiosas socialmente e inasumibles económicamente tanto para el sector público como por la vía privada para la mayor parte de la sociedad. Por ejemplo, Dinamarca ha decidido recientemente prohibir la creación de nuevas residencias de ancianos por considerarla una mala opción tanto en el plano social como en el económico. Lo que desean los ancianos es vivir en sus domicilios. Por tanto, es necesario redefinir los servicios sociales para fomentar la residencia domiciliaria de las personas mayores. La inteligencia artificial y la robótica pueden y deben facilitar este proceso sin incrementar en exceso las plantillas de personal vinculadas a los servicios sociales. Hay que repensar también las ciudades para que sean habitables para los ancianos con problemas físicos y cognitivos. Reiteramos que los cambios no son solo tecnológicos, sino que deben tener nuevos marcos y referentes conceptuales. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona se ha planteado (de momento solo a nivel teórico) reordenar el parque inmobiliario de la ciudad de las plantas bajas pensadas para comercios que ahora están vacíos y en desuso (ante los cambios del modelo de consumo) para reconvertirlos en domicilios particulares o colectivos en los que puedan residir los ancianos a precios públicos. Son solo ejemplos, pero en la Administración pública del futuro será crítico e imprescindible repensar conceptualmente, aprovechando el cambio tecnológico, la sanidad y los servicios sociales para mantener o incrementar los estándares actuales de calidad, pero con unos costes económicos mucho más bajos. En esta estrategia deberíamos invertir nuestras mayores capacidades institucionales de inteligencia colectiva.

Informe del Banco de España: Así ha cambiado el empleo público en una década (2007-2016)

Acceso al informe completo del Banco de España.- Ver también en Expansión: España gana funcionarios en las CC.AA a costa de la Administración Central

Diario Expansión.- En diez años el trabajo en las administraciones públicas ha cambiado sustancialmente y en los últimos años se han recuperado parcialmente las cifras de empleo público perdidas en los años de crisis económica. Educación y Sanidad tienen saldo positivo desde 2007.

El gasto salarial de las Administraciones Públicas (AAPP) en España supone algo más del 20% de la remuneración de los asalariados del total de la economía y un 25% del gasto público total, según datos de 2016 de la Contabilidad Nacional (CN).

Tal como se extrae del informe La evolución del empleo de las administraciones públicas en la última década, elaborado por Marta Martínez Matute y Javier J. Pérez, de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España (BdE), el año pasado el 15% de los empleados en la economía española trabajaban para las administraciones públicas, porcentaje en consonancia con la media de la OCDE.

Las AAPP son relevantes del mercado de trabajo nacional. "Sus decisiones en materia de personal influyen en la dirección de los flujos de trabajadores entre sectores económicos, en los procesos de fijación de los salarios del conjunto de la economía y, en definitiva, en la evolución económica agregada", señala el trabajo hecho público este martes (7 de noviembre).

2011, año récord de empleados públicos

Según datos de la EPA analizados en el informe, el empleo público presentó su nivel histórico absoluto más elevado en 2011 (3,1 millones), tras registrar un incremento de 310.000 personas entre 2007 y 2011. En 2012 y 2013 se produjo una reducción de cerca de 350.000 efectivos, parte de los cuales se recuperaron entre 2014 y 2016: en este último año había 2.840.000 trabajadores públicos, un nivel ligeramente superior a de 2007 (30.000 puestos más).

Por ramas de actividad, el año pasado en torno al 49% del empleo público correspondía a la categoría 'Administración Pública, Seguridad Social y otros', mientras que el restante 51% se repartió entre las ramas de educación (27%) y de sanidad y servicios sociales (24%).

Educación y Sanidad se recuperan parcialmente

El empleo en Sanidad y servicios sociales alcanzó su máximo en 2011, creciendo más de un 15% con respecto a 2007, mientras que los empleados en educación y resto de ramas lo hicieron en menor medida (6% y 12%, respectivamente).

Entre 2012 y 2014 estos aumentos se corrigieron parcialmente en todos los sectores, y en los dos años siguientes (2015 y 2016) se recuperó significativamente personal público en Sanidad y algo menos en Educación, y siguió bajando en la rama restante.

En toda la etapa analizada -entre 2007 y 2016- ambos sectores registraron sendos aumentos acumulados del 2,7% y 7,4%, respectivamente (unos 20.000 y 47.000 empleados adicionales), mientras que el sector de 'Administración Pública, Seguridad Social y otros' presentó una caída acumulada de un 2,5%, que se tradujo en una pérdida de 36.000 empleados.

Apuesta en los presupuestos por el empleo público

El artículo subraya el impulso de las políticas de empleo público, concretamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Por una parte, la oferta de empleo público aprobada es la mayor desde 2008 y por otra parte, la tasa de reposición de efectivos (amortización de las plazas vacantes por jubilación u otras causas) se ha mantenido en el 100% o se ha incrementado hasta ese porcentaje para un conjunto de sectores considerados prioritarios, fijándose para el resto de sectores en el 50%. "Estas dos actuaciones dan continuidad al cambio de tendencia en las políticas de contratación de las AA.PP observado desde 2015", apunta el BdE.

Reducción de la interinidad, que aún ronda el 23% (33% en sanidad)

Finalmente, en lo relativo a las actuaciones de política económica, el BdE resalta el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Rajoy y los principales sindicatos de Función Pública para limitar la interinidad en servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad, Justicia, servicios sociales o Policía Local, entre otros, con el objetivo de reducir en tres años las plazas temporales por debajo del 8%.

Actualmente el porcentaje ronda el 23% en todas las administraciones y es superior en la Educación y Sanidad (24% y 33%, respectivamente). En el conjunto de la economía, la tasa de temporalidad es del 27%.

Indefinidos frente a temporales

Atendiendo al tipo de contrato en 2016 el 80% de los empleados públicos eran indefinidos y el resto, temporales. Con respecto al año 2007, el porcentaje de indefinidos aumentó en 4 puntos porcentuales, misma cuantía en la que se ha reducido la tasa de temporalidad.

"Este cambio en la composición de empleados fijos y temporales refleja el hecho de que la mayor parte de la expansión neta del empleo público observada entre 2007 y 2011 se concentró en los indefinidos, que aumentaron cerca de un 15%, frente al aumentó más moderado de los temporales (algo menos del 3%)".

Además," en la fase de ajuste posterior, entre 2011 y 2013, se redujo el número de trabajadores temporales en un 28% mientras que el de indefinidos se contrajo en algo menos del 6%. No obstante, entre 2015 y 2016 la recuperación del empleo público se ha concentrado en el primer segmento (17%), frente a la ligera reducción observada en los fijos (-1%). En conjunto, entre 2007 y 2016 la plantilla de personal público indefinido subió un 6,3% (130.000 personas), y la de temporales se redujo un 13,2% (99.000 personas) .

La tasa de temporalidad pública ha sido históricamente inferior a la del empleo privado, con carácter general, y en el caso del sector de la educación (con un 60% de participación pública y un 40% privada) en particular. No obstante, en el caso de la sanidad y los servicios sociales, sectores en los que casi el 50% del total de trabajadores son públicos), la tasa de temporalidad en la parte privada se situó en 2016 en el 25%, mientras que en la pública fue del 33%.

En la UE: peso similar, más empleados públicos

El empleo de las AAPP en España en porcentaje de la población total se situó en 2015 en el 6,3%, un nivel similar al de países como Italia, Portugal o Alemania, y por debajo de los países con mayor presencia pública en la provisión directa de bienes y servicios, como Suecia o Francia, y del promedio de los países de la Unión Europea (UE), que está en el 8,4%.

La posición relativa con respecto a estos países se mantiene si se atiende al porcentaje de empleo público sobre la población activa y el empleo total de la economía: un 12,8% en España frente al 17,6% de la UE y un 16,4% frente al 19,5% en la UE, respectivamente.

En cambio, el número de empleados públicos por millón de euros de gasto público en España (6,2) resulta ser superior al de los tres países mayores de la zona del euro, esto es, Francia, Italia y Alemania (4,1 en promedio), aunque inferior al de otros países como Grecia, Portugal y Suecia (7 en promedio). Esta ratio se redujo, con carácter general, en la UE, con respecto al año 2007, situándose en 2015, en promedio, en 9,3.

Carles Ramió: España no es país para jóvenes

" Tenemos identificados los dos agujeros negros presupuestarios: pensiones y gasto sanitario. Todas las energías institucionales y capacidad de inteligencia deben tener básicamente estas dos dianas "

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- Aunque a nivel internacional no preocupa en exceso el gasto relacionado con las pensiones ya que se vislumbra un futuro en que los países en 2050 solo se concentrarán en garantizar unos beneficios mínimos que sirvan para impedir la pobreza en la ancianidad.

Los más adinerados van a contribuir a su pensión personal a través del ahorro privado. Sus pensiones financiadas con impuestos van a dejar fuera al veinte por ciento de la población con el nivel de renta más alto, ya que los planes de pensión privados son obligatorios en muchos países.

Pero esta no es la situación de España en que su sistema de pensiones tiene un carácter redistributivo: en el que los contribuyentes de hoy financian las pensiones de los jubilados contemporáneos. Este modelo ha cristalizado y es muy difícil pasar a un modelo de pensiones privado a pesar que se introduzcan incentivos fiscales ya que obligaría a varias generaciones a pagar sus pensiones de futuro y, a la vez, pagar las pensiones de sus ancianos. Cualquier ciudadano sabe que cuando nos jubilemos las generaciones que nacimos en los años 60 (y esto sucederá a partir de 2025) solo hay dos soluciones posibles: prolongar la edad de jubilación o reducir el importe mensual de la pensión.

El otro problema relacionado con el envejecimiento de la población, el incremento del gasto sanitario, sí que es una preocupación mundial; el gasto medio de los mayores de 65 años es cuatro veces superior al de los adultos y los jóvenes. En Gran Bretaña, los mayores de 85 años cuestan al National Health Service (NHS) seis veces más que la población en edades comprendidas entre los 16 y 44 años. El tratamiento a los ancianos es muy caro, no solo porque sean mayores sino también porque presentan más probabilidades de morir. Una mirada detallada de los costes médicos de toda la vida muestra que una gran parte de los mismos se produce un año antes de la muerte, independientemente de la edad.

El problema tanto de las pensiones como de los gastos sanitarios es que a medida que van incrementando por el envejecimiento de la población existe el peligro que el Estado vaya descuidando una parte importante de sus funciones básicas, como la investigación o la educación, ya que las pensiones y la salud consumen una porción más grande del pastel. Esto ya ha sucedido en Gran Bretaña en el que el gasto del NHS (el sistema británico de salud) ha pasado en dos décadas del 4,3 al 8,5 por ciento y el presupuesto de defensa ha bajado un 2,5 por ciento durante el mismo periodo.  Alterar el sistema de pensiones y controlar el gasto sanitario son posibilidades difíciles de implantar a nivel político ya que la parte envejecida de la población va a tener una enorme fuerza electoral y puede decantar (ya sucede en la actualidad en España y en otros países: como el Brexit por ejemplo) las opciones de gobierno. Apelar a una solidaridad intergeneracional voluntaria que implicaría estrecheces en políticas distributivas (sanidad) y redistributivas (pensiones) que afecten básicamente a los mayores y manteniendo o incrementando los gastos en inversión (educación e infraestructuras) no es más que una quimera.

Sostenibilidad económica

Cuando el sistema público de un país tiene estos dos problemas de sostenibilidad económica, tal y como va a suceder en las próximas décadas, de falta de ingresos y de excesivo gasto la tendencia es concentrarse solo en reducir el gasto ya que incrementar los ingresos es muy complicado (tal y como ha sucedido con la reciente crisis económica). Pero este tratamiento asimétrico de la problemática difícilmente va a ser posible en el futuro ya que o se incrementan los ingresos gravando a la riqueza tal y como propone Piketty (2014) o no hay una solución clara a la vista. Con los ingresos de este impuesto especial a la riqueza, las administraciones públicas podrían promover más gasto en investigación y en educación. El crecimiento solo puede venir a partir de una población más cualificada. La base de este capital humano deberá ser la educación y el Estado deberá cargar con los costes de escolarización de los niños y adolescentes, compartidos con los estudios universitarios y ayudar a los adultos más pobres a desarrollar nuevas aptitudes y competencias laborales (Wallance, 2015: 201). De este modo, con un impuesto a la riqueza y con unos profesionales más cualificados y con retribuciones más elevadas puede solventarse parcialmente el problema de los ingresos. Pero también habrá que atacar la dimensión de los gastos.  Solo unas administraciones públicas más solventes institucionalmente y más inteligentes pueden poseer un elevado nivel de eficiencia para ser sostenibles económicamente y sobrevivir. Las medidas a adoptar podrían ser las siguientes:

Agujeros negros

Tenemos identificados los dos agujeros negros presupuestarios: pensiones y gasto sanitario. Todas las energías institucionales y capacidad de inteligencia deben tener básicamente estas dos dianas.

Con las pensiones poco se puede hacer, como se ha dicho, más allá de medidas incrementales de elevar la edad de jubilación y decrementales en relación al importe de las pensiones. La primera medida no debería ser muy problemática a nivel social pero exigiría un cambio de cultura en las empresas incentivada públicamente. La mayor parte de los esfuerzos deberían concentrase en este ítem ya que la medida de rebajar el importe de las pensiones puede ser insoportable políticamente. Se pueden implementar medidas ligeras de reducción de las pensiones pero muy suaves. La tercera posibilidad es incrementar las exigencias para el cobro de las pensiones pero estas medidas ya se han adoptado y queda muy escaso recorrido de permeabilidad social a las mismas.

Con los gastos sanitarios hay mucho más camino en las posibilidades de incrementar la eficiencia del sistema y, por tanto, de recortar los gastos. Más allá de los copagos, que van a ser imprescindible imponer para disciplinar la demanda tanto en los servicios sanitarios como en gasto de los medicamentos, se pueden implantar muchas estrategias eficientistas. Por una parte, utilizar los sistemas de información para mejorar la gestión del sistema sanitario tanto en la prevención, como en la prestación pública y privada del sistema. Por otra parte, hay que concentrar las estrategias eficientistas en el tratamiento de los ancianos, de los mayores de 85 años, y de las personas jóvenes, adultas o mayores que contraen una enfermedad mortal. En estos ámbitos queda mucho recorrido en la mejora de la gestión sin ir en detrimento de la calidad en la atención. Finalmente, otra estrategia es bajar los elevados precios del material sanitario y de los medicamentos. La regulación para disciplinar estos precios debe ser mucho más contundente sin llegar a descartar el escenario de publificar a una parte de esta industria y de servicios.

Los avances de las tecnologías de la información aplicadas al sector sanitario van a suponer un gran alivio a las arcas públicas. Los aparatos portátiles, baratos y fáciles de utilizar van a compensarán la escasez de trabajadores sanitarios. Estos aparatos permitirán que desde el domicilio se puedan hacer pruebas y diagnósticos médicos. Los ancianos que vivan solos podrán hacerlo con dignidad, con la salud controlada igual que controlamos ahora la temperatura de nuestras casas. El tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas supondrán mucho menos trabajo. Las intervenciones quirúrgicas serán cada vez más excepcionales, puesto que existirán diminutos dispositivos que viajarán por nuestro interior para eliminar un tumor, por ejemplo, o para reparar un órgano. Otro ejemplo para finalizar: un diabético podrá tener implantada una bomba que libere automáticamente insulina cuando sea necesario.

Dos de cada tres provincias han disminuido el personal dedicado a la docencia no universitaria y al sistema de salud.

Además a  nivel nacional, hay 1.380 funcionarios menos en la Administración de Justicia 

 

Revista de prensa. El Confidencial. Se puede llamar "reorganización", "ajuste" o "recorte". Pero el dato es igual de elocuente. En los últimos cinco años, dos de cada tres provincias españolas han disminuido el personal autonómico dedicado a la docencia no universitaria y al sistema de salud.

 

En el ámbito de Administración de Justicia, donde doce comunidades tienen competencias, la situación no ha sido mejor: han disminuido su personal en este sector en tres de cada cinco provincias. Es lo que queda tras un lustro de ajustes en la administración pública autonómica, según se desprende de los datos del Registro Central del Personal, publicados por el Ministerio de Hacienda.

 

Entre julio de 2009 y julio de 2014 los funcionarios regionales dedicados a la enseñanza no universitaria han bajado en 28 de las 43 provincias de las que hay información [descargue aquí la base de datos], incluyendo las plazas que han quedado vacantes y que no han sido repuestas. Se trata de una información que las mismas comunidades remiten a Hacienda, pero sin utilizar una metodología común en su recogida y tratamiento. Por ello, no está disponible para todos los sectores de todas las comunidades. 

 

Es suficiente, sin embargo, para afirmar que Jaén, Cáceres y Madrid son las provincias donde más estragos han hecho los recortes regionales a la enseñanza pública. La capital cuenta hoy con un 7% de profesores y maestros menos que en 2009. Es decir, el "ahorro" en este sector ha llegado a cambio de renunciar a 3.760 profesionales en toda la Comunidad.

 

En Cáceres, la disminución ha sido parecida. Jaén, sin embargo, ha sido la provincia más golpeada de toda España: en cinco años ha perdido el 10% de profesionales públicos en este sector. En términos absolutos, se trata de 1.100 profesores menos. La otra cara de la moneda la representan los datos del País Vasco: entre sus tres provincias, en 2014 hay 9% de profesores más que cinco años antes.

 

Un caso emblemático de la falta de coordinación entre comunidades y Hacienda lo representan los datos de La Rioja. Según el registro del personal, Logroño habría perdido el 21% de sus docentes. Sin embargo, la cifra se debe a que, desde 2012, en esta autonomía los profesores interinos cobran en junio, y los datos se remiten a Hacienda en julio. Por ello, se hace imposible la comparación con la fecha anterior.

 

Menos sanidad, más Mossos

En la misma línea, en el caso de la Sanidad, sólo se puede efectuar la comparación para 38 de las 52 provincias españolas. Entre ellas, 26 tienen hoy menos funcionarios que hace cinco años. También en este ámbito, las comunidades donde más se ha recortado son las de Madrid y Andalucía.

 

En la capital, en estos cinco años se ha recortado el 9% del personal médico. O, lo que es lo mismo, se ha prescindido de 6.670 trabajadores autonómicos en los hospitales y ambulatorios públicos. En Granada y Málaga el color político regional es el opuesto, pero los datos son parecidos. La bajada ha sido respectivamente del 8% y del 7%. Debido a los ajustes en la contabilización de efectivos, no es posible realizar la comparación con Castilla La Mancha, Valencia y Cataluña, las otras comunidades más pobladas, en el período analizado.

 

En esta última comunidad, eso sí, es posible comprobar cómo han crecido las fuerzas de seguridad, que son de competencia autonómica. La Generalitat ha aumentado el número de Mossos d'Esquadra en un 13%. A modo de comparación, cabe destacar que en la educación no universitaria el número de profesores ha bajado un 1,2% en el mismo período.

 

Hachazo a consejerías y justicia

Sólo doce comunidades tienen transferidas competencias de Administración de Justicia. En concreto, se encargan de dotar a juzgados y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para su funcionamiento. En el caso andaluz, el recorte de personal se ha hecho efectivo en todas las provincias, al contrario que en Cataluña, donde ha aumentado en todas. A nivel nacional, hay 1.380 funcionarios menos en este ámbito. 

 

Pero el mayor batacazo se lo han llevado los funcionarios que trabajan en las consejerías autonómicas o en otros organismos públicos regionales. Aquí, de media, un lustro de recortes se ha llevado por delante el 14% de funcionarios de las 43 provincias analizadas. 

 

El récord, este sentido, se lo lleva María Dolores de Cospedal. En Castilla- La Mancha, según los datos de Hacienda, se ha prescindido de 7.600 funcionarios que trabajaban en las consejerías o sus organismos autónomos, una disminución del 39%.

Gobierno y Administración Made in Spain

"Siguiendo los pasos de otros colegas involucrados quiero sugerirte que consultes y apoyes la iniciativa para #RegenerarAdministracion, suscribiendo a través de Change.org y difundiendo el manifiesto propuesto por un conjunto amplio y diverso de profesionales de la administración pública"

 

Blog Piedras de Papel. @VictorLapuente. Supongo que habrás empezado a leer este artículo con una sonrisa. “¿ Made in Spain, gobierno y administración? Esto va a ser una muestra de nuestro deporte nacional, reírnos de nuestras instituciones”.

Manifiesto por la regeneración de las AA.PP

Bueno, no quiero quitarte la sonrisa, pero voy a intentar hacer unas reflexiones si no serias, como mínimo poco auto-flagelantes sobre la situación de nuestro sector público al cerrar este 2014. Hay margen de maniobra, evidentemente, y, de hecho, mi intención es que te animes al final del artículo a leer un manifiesto para la reforma de la administración que ha puesto en marcha un grupo de funcionarios españoles y que creo que resume muy bien las cosas que deberían cambiar, por lo que tal vez quieras sumarte. Pero antes de ello, y no porque estemos imbuidos ya del candoroso espíritu navideño, unas consideraciones sobre nuestro sector público siguiendo un poco la filosofía de Piedras de Papel: gráficos que acompañen a las palabras y comparaciones con otros países mejor que mirarnos el ombligo.

 

¿Cómo podemos saber si Lo Público en España funciona bien o mal? ¿ Semos o no semos Europeos?. Una respuesta rápida es que es muy difícil saberlo. Los numerosos indicadores construidos por organismos internacionales, como los del Banco Mundial o los de International Country Risk Guide, son útiles y deberían inspirarnos. Pero, posiblemente son simplificaciones demasiado crudas de todo lo que hacen las administraciones públicas de un país. Nos suelen dar un solo dato, un número-resumen de la posición de nuestras instituciones en el mundo.

El progreso por regiones
 Recientemente, la OCDE ha puesto en marcha una iniciativa que permite una visión más desagregada, tanto a nivel territorial –con datos a nivel de regiones y no sólo de países – como a nivel de esfera de intervención– distinguiendo entre, por ejemplo, educación, sanidad o seguridad. Es el llamado (de forma algo pretenciosa quizás) el OECD Regional Well-Being: A Closer Measure of Life, que mide el bienestar de los ciudadanos en 362 regiones de la OCDE en nueve aspectos: ingresos, trabajo, salud, acceso a servicios, medio ambiente, educación, seguridad, compromiso cívico y vivienda.

 

Es importante subrayar que la de la OCDE sigue siendo una visión muy superficial y que, además, es la visión de la situación y no de la intervención de las administraciones públicas en la misma. Podría darse el caso de que una faceta de la vida tan importante como la salud (o la educación) fuera casi independiente del sistema de sanidad (o educativo) público, porque casi todo estuviera en manos privadas. Sin embargo, eso es, para empezar, altamente improbable en Europa (que son los casos que comparo aquí); y, en segundo lugar, ese gobierno tendría entonces no una responsabilidad directa, pero sí una responsabilidad indirecta por haberse desentendido, para bien o para mal, del tema. Hay también muchos factores que, a primera vista, afectan la calidad de, digamos, la salud en una región, y que no dependen de la intervención pública directa (o sea, del sistema sanitario), como por ejemplo que predomine una dieta saludable. Sin embargo, también esos factores pueden ser, como mínimo, moldeables a través de campañas públicas. Con esto no quiero defender que estos indicadores sean, ni mucho menos, una medición buena de la intervención pública, pero sí que aportan pistas a cómo lo estamos haciendo en algunas áreas. Desde un punto de vista comparado.

 

Comparativa de Barna-Madrid Vs Suecia-Londres

Y éste aspecto me parece importante. Comparemos dos de nuestras comunidades autónomas punteras, Madrid y Barcelona, con dos regiones punteras de los modelos anglosajón y nórdico: Londres y Suecia Occidental (la región de Gotemburgo, donde vivo). 

    

Un vistazo rápido revela algunas sorpresas. En la actividad fundamental de todo estado, que es evitar que la vida sea corta y brutal, utilizando los términos de Hobbes, las regiones españolas no parecen estar haciéndolo mal. Los españoles se sienten más seguros y más satisfechos con su salud que sus correligionarios londinenses o suecos. Esta percepción queda confirmada por datos tan objetivos como la esperanza de vida al nacer. Aquí vemos cómo somos los europeos con mayor esperanza de vida:

 (Fuente: Los sistemas sanitarios en los países de la UE características e indicadores de salud en el siglo XXI)

 

En otros aspectos que también están muy directamente relacionados con la intervención pública, como la educación, no estamos tan bien como los ciudadanos de Londres o Gotemburgo. Y en otros más indirectamente relacionados, como el empleo, estamos claramente peor.

Que tenemos que mejorar nuestro sistema educativo y nuestras políticas activas de empleo es bien conocido. Lo que quizás no lo es tanto es que, en otros pilares esenciales de la actividad pública, como seguridad o sanidad, obtenemos unos resultados espectacularmente buenos en términos comparados. Tenemos, pues, por tanto que aprender, pero también otros tienen que aprender de lo que hemos conseguido en algunos ámbitos. No sólo en términos de eficacia, pero también de eficiencia. Pues en algunas cosas hemos gastado relativamente poco en comparación con otros países. Por ejemplo, aquí vemos cómo el gasto sanitario total por habitante está en la media de la Unión Europea, por encima de casi todos los países del Este, pero por debajo de casi toda la Europa occidental. No gastamos, pues, mucho.
 

(Fuente: Los sistemas sanitarios en los países de la UE características e indicadores de salud en el siglo XXI)

 

Y, sin embargo, no parece que lo estemos haciendo muy mal. Como podemos ver aquí, somos uno de los países del mundo, como Italia o Japón, donde más partido parece que le estamos sacando a la inversión en sanidad. Dicho en términos un poco toscos, nuestra esperanza de vida es muy alta para lo que gastamos en sanidad. De nuevo, atribuir la esperanza de vida a la calidad de la sanidad es poco prudente. Pero, si lo sumamos a otros aspectos, como la relativa satisfacción de los españoles con su sistema sanitaria, podemos concluir que, como mínimo, el sistema sanitario parece que funciona relativamente bien.

(Fuente: OECD Health at a Glance, Health Statistics 2013)

 

Ausencia de reformas

Bueno, ahora que nos hemos animado todos con la situación de nuestro sector público, toca no desfallecer e intentar mejorar ahí donde se pueda mejorar. Para ello es imprescindible escuchar las voces de los profesionales que trabajan dentro. Ellos quieren conseguir que las administraciones españolas sigan siendo punteras en algunos aspectos y se conviertan en punteras en todos los ámbitos posibles. Pero están preocupados. No tanto por los recortes, aunque también, sino, sobre todo, por la ausencia de reformas sustantivas, de espíritu de renovación en muchos de quienes dirigen nuestras administraciones.

 

Así que, siguiendo los pasos de otros colegas involucrados quiero sugerirte que consultes y apoyes la iniciativa para #RegenerarAdministracion, suscribiendo a través de Change.org y difundiendo el manifiesto propuesto por un conjunto amplio y diverso de profesionales de la administración pública.

La Comunidad de Madrid llevará a cabo la conversión progresiva de 5.000 eventuales a interinos de Sanidad

Ignacio González  anuncia  que la Comunidad aprobará este año una nueva Oferta de Empleo Público que incluye 150  plazas de varias especialistas médicas.

Revista de prensa. EP. 26.4,2014.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado el pasado sábado que a partir del mes de mayo se incentivará a los profesionales sanitarios para que realicen pruebas diagnósticas los fines de semana.

Ignacio González, a la izda, en la traspaso de poderes
en la consejería de Sanidad

En un encuentro con 400 profesionales de hospitales y centros de salud de la región que ha tenido lugar en el Hospital Gregorio Marañón, González ha indicado que de esta forma se quiere rentabilizar al máximo el equipamiento sanitario madrileño y posibilitar la realización de pruebas en fines de semana, para una mejora de la atención sanitaria a los pacientes.

 

El presidente regional ha explicado que los pactos acordados con cada servicio, firmado con el gerente del centro, establecerán la actividad a realizar que formará parte del programa, fijando objetivos, indicadores para su valoración, la condiciones para desarrollarlo, el número y las categorías del personal necesario para llevarlo a cabo y la justificación documental. Se pretende así motivar a los profesionales y mejorar los recursos materiales y humanos de la Comunidad.

 

 Ignacio González ha recordado que el Gobierno regional la mayoría de contratos eventuales a inicios de este año, prorrogándose en un 92 por ciento de los casos hasta el 31 de diciembre, y extendiéndose el resto por duraciones de tres o seis meses.

 

Interinos 

Además, ha anunciado que a partir de julio se llevará a cabo de forma progresiva la conversión de 5.000 eventuales a interinos, mejorando su estabilidad laboral.

 

 El presidente regional ha anunciado además que la Comunidad aprobará este año una nueva Oferta de Empleo Público que incluye 150 nuevas plazas de especialistas de las categorías con más temporalidad, es decir, en las especialidades de radiodiagnóstico, traumatología, anestesia, ginecología, cirugía general, neurofisiología clínica y medicina interna. A ello se suma la oferta de empleo público para la empresa pública de Fuenlabrada y la Fundación Alcorcón.

 

También se convocarán este año los procesos selectivos de 318 plazas de técnicos especialistas de anatomía patológica, laboratorio, medicina nuclear, radiodiagnóstico y radioterapia, y se seguirá avanzando en la realización de las pruebas selectivas de 37 facultativos de urgencias hospitalarias.

  

Estas nuevas plazas se unen a las 3.571 cuyas pruebas selectivas se celebrarán en el mes de septiembre, en concreto, de médicos de familia (306 plazas), pediatras de atención primaria (119 plazas), enfermeras (1.600 plazas), matronas (100 plazas), fisioterapeutas (146 plazas), y auxiliares de enfermería (1.300 plazas)

 

 Entre las medidas que aplicará la Consejería de Sanidad se encuentran la apertura del proceso para que el personal laboral o funcionario que voluntariamente lo desee pase a la condición de personal estatutario, para homogeneizar los distintos regímenes jurídicos laborales existentes.

 

 Los médicos especialistas también se beneficiarán de la movilidad voluntaria a través de procesos de provisión de puestos dentro del área única. Por su parte, el personal de enfermería, principalmente enfermeras y auxiliares de enfermería y celadores, podrán acogerse a procesos de movilidad interna en cada centro sanitario para mejorar sus turnos de trabajo.

 

Promoción interna

En cuanto a la promoción interna, se reconoce el esfuerzo de los profesionales que, una vez obtenido un título superior al requerido para el desempeño de las funciones de su categoría profesional actual, puedan ocupar plazas de la categoría superior, como pueda ser el caso de auxiliares de enfermería a enfermeras, o enfermeras a matronas.

 

 La Consejería de Sanidad seguirá convocando jefaturas asistenciales a través de procedimientos homogéneos en todo el ámbito hospitalario. A partir de ahora se incluirán los puestos de supervisora de área y supervisoras funcionales, pertenecientes ambos a enfermería.

 

Las propuestas provienen de las peticiones que tanto los profesionales sanitarios de los hospitales como los directores de centros de salud han sugerido en múltiples reuniones mantenidas en las últimas semanas con el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.

 

Noticia relacionada: El Congreso convalida el martes el decreto por el que se ofertan 166 nuevas plazas para la Agencia Tributaria. EP

En 2012 los ciudadanos realizaron 365 millones de trámites a través de la Administración Electronica-AGE

Un 45% de ciudadanos que interactuaron con las AA.PP a través de internet según el Informe Sociedad de la Información de 2013. Fundación Telefónica. Datos por CC.AA. Ver PDF del informe completo
 

Nota de prensa. 15.1.2014.-La Administración, la sanidad y la educación son las áreas de actividad donde el uso de internet está aumentando su impacto sobre el ciudadano.
 

Más de 365 millones de trámites con la Administración General del Estado-AGE- se registraron por vía electrónica en 2012, un 66% del total y 4 puntos más que un año antes. Ello permitió a España situarse por primera vez por encima de la media europea en número de usuarios de la eAdministración, con un 45% de ciudadanos que interactuaron con las Administraciones Públicas a través de internet.

En cuanto a educación, los Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOC) en los grados superiores, y la llamada ‘mochila digital’ en la educación primaria y secundaria son los nuevos paradigmas del uso de las nuevas tecnologías. La gratuidad de los cursos, la apertura total de los contenidos y la interacción entre los participantes, además del aval de prestigiosas instituciones educativas caracterizan a los MOOC que permiten acceder a más de 100.000 alumnos por curso.

 

Mochila digital

Por mochila digital se entiende el con junto de contenidos y materiales educativos digitales que los alumnos utilizan en los entornos virtuales de aprendizaje para desarrollar las actividades educativas tanto en el aula como fuera de ella. Actualmente se encuentra en fase piloto con 3.000 alumnos en 45 colegios de Castilla- La Mancha y se espera que la experiencia se extienda a todo el territorio nacional en 2014.

Nota. La última parte del informe analiza la situación de la sociedad de la Información en cada una de las Comunidades Autónomas Españolas y la evolución de los indicadores durante los últimos cuatro años.  Ver presentación del Informe de Telefónica

FSP-UGT, CCOO, CSI-F, SATSE y USAE denuncian la grave situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud.

Anuncian movilizaciones para forzar la negociación con el Minsiterio de Sanidad. También presentarán una queja ante la Defensora del Pueblo

FSP. 3.4.2013.-Las organizaciones sindicales del ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS) han anunciado en rueda de prensa un calendario de movilizaciones, acompañado de diferentes medidas de presión en el conjunto del Estado en defensa de de los profesionales de la sanidad pública, frente a las imposiciones del Ministerio de Sanidad.

Los sindicatos denuncian que desde que asumió su responsabilidad en la cartera de Sanidad, la ministra Ana Mato no ha realizado ninguna convocatoria de los órganos de negociación sindical, pese a que se están llevando a cabo actuaciones y modificaciones normativas que afectan directamente a las condiciones laborales de los profesionales.

Todas estas actuaciones se están llevando a cabo sin información, consulta y negociación, lo que se observa con razonable inquietud por parte de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Ante esta situación, los sindicatos se ven obligados a actuar.

FSP-UGT, CCOO, CSI-F, SATSE y USAE han denunciado la situación de gravedad extrema que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. El sector de la salud es el que más perjudicado se ha visto después del de la construcción y el que más puestos de trabajo ha perdido. Pilar Navarro, Secretaria del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de la FSP-UGT,  ha afirmado (en relación a recientes reuniones de Mato con asociaciones médicas) que corresponde a los sindicatos, tal como señala la ley, la negociación con el Gobierno de los temas de su ámbito. 

Navarro ha adelantado la intención de presentar una queja conjunta a la Defensora del Pueblo la semana próxima por incumplimiento de los estatutos de garantías de derechos sindicales. Otra de las medidas será convocar asambleas informativas en los grandes centros de trabajo, así como  una jornada común de distintos actos de protesta en la segunda quincena de mayo en toda España.

El Gobierno de Mariano Rajoy "aparca" su reforma local a la vista del rechazo que genera en el municipalismo

El partido del Gobierno prefiere dar más protagonismo parlamentario a la  Ley de Transparencia para  poder responder a las exigencias ciudadanas  

Revista de Prensa. Colpisa 2.4.2013.- Al Gobierno se le atraganta la reforma de la administración local. La falta de consenso con el resto de grupos políticos y, sobre todo, la fuerte oposición surgida en las propias filas del PP han obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a frenar el anteproyecto de ley, que fue visado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero.

El objetivo inicial es que el texto fuera remitido al Congreso después de Semana Santa, pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera lo ha enviado al Consejo de Estado para que emita su preceptivo informe. Con estos plazos, la ley no entraría en vigor antes del 1 de enero de 2014, es decir, un año antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y si las encuestas ya pintan un panorama sombrío para el PP a causa de la crisis económica, una rebelión de alcaldes y concejales podría ser letal para las aspiraciones electorales del PP.

Pero otras fuentes señalan la posibilidad de que este calendario no llegue a cumplirse. "Hemos levantado el pie del acelerador con lo de la reforma local, la prioridad ahora es la Ley de Transparencia", explica un diputado popular.

Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado, en las comparecencias posteriores a los últimos Consejos de Ministros, que la norma, con la que el Gobierno pretendía ahorrar unos 7.000 millones de euros al año, entraña una importante complejidad jurídica para justificar las posibles demoras en su tramitación.

Rechazo en las filas del PP

Sin embargo, el principal escollo radica en el fuerte rechazo en las propias filas populares hacia un proyecto que dejará sin retribución alguna al 82% de los 68.285 concejales existentes en España.

Existen además otras dos controversias, la supresión de las principales competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que pasarán a manos de las diputaciones provinciales y la negativa de las comunidades a lidiar con las denominadas competencias impropias que ahora asumen los ayuntamientos sin una notable mejora de la financiación autonómica. El descontento es generalizado y quedó patente con el hecho de que la práctica totalidad de comunidades autónomas, además de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han presentado alegaciones durante los 15 días de plazo que dio el Gobierno.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entregó en mano los reparos de su comunidad a Mariano Rajoy durante la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 11 de marzo. Feijóo recomendó al Ejecutivo central "mesura e inteligencia" a la hora de aprobar esta reforma. Si los presidentes autonómicos del PP evitan en todo momento el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, los de otras formaciones se muestran mucho más beligerantes.
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Sobre este mismo tema, ver comentario de ACAL al Informe sobre la Democracia Local y Regional en España (Inglés). También en El País

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Otras Noticias : El empleo público sigue bajando
CSIF. 2.4.2013.- Los sectores de Administración Pública, Educación, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales finalizaron el primer trimestre del año con un saldo de 15.067 ocupados menos, según se desprende de los datos publicados  por el Ministerio de Empleo. Aunque se ha producido una subida generalizada de afiliados en el último mes, la situación sigue siendo muy preocupante, en concreto, 41.647 bajas en los citados sectores, frente a 26.580 altas. Esto es un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo en las diferentes administraciones, y en concreto en Educación y Sanidad, con una proporción del 80-20 entre sector público y privado. Leer +

La consejería de Sanidad de Madrid acepta estudiar las alternativas de gestión planteadas por la Mesa Sectorial

El cambio en el modelo de gestión de la sanidad pública, orientado a una mayor externalización privada, está generando amplio rechazo social por miedo a su encarecimiento y al deterioro de la calidad percibida. Por otro lado, las  movilizaciones del personal sanitario madrileño, apoyado por amplios sectores sociales,  obliga al gobierno regional a replantearse los planes privatizadores de seis grandes hospitales y  otros 27 centros de Atención Primaria.

Revista de Prensa. MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Sanidad ha recibido este lunes la propuesta alternativa de ahorro al Plan de Sostenibilidad de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (SATSE, CC.OO., CSIT-UP, UGT, AMYTS y USAE), además de CSIF, que ronda los 510 millones de ajuste, es decir, 23 millones menos que el ajuste de gasto que planea el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty para 2013.

  

El grueso del documento propuesto por los sindicatos en el encuentro que han mantenido con la Dirección General de Recursos Humanos apunta a un ahorro del 18 por ciento en el presupuesto de Atención Primaria para reducir 126,4 millones de euros (que incluiría además la anulación de la externalización de 27 centros) y la retirada de los planes de externalización para ahorrar 136,2 millones de euros, al entender que el ratio de coste per cápita es inferior con una gestión pública respecto al cambio que había planteado el Gobierno regional.

  

 Aparte de ello, se plantea una serie de propuestas para ahorrar 62 millones en la reducción del gasto medio por receta, 150 millones en ahorros previsto por la central de compras y otros 80 millones por la protocolarización de la regla 20/80 (conocida como 'principio de pareto' para generar eficiencia en el servicio mediante aplicación de criterios profesionales.

  

 Por otro lado, el documento de las organizaciones sindicales enfatiza en que estas iniciativas pretenden "salvaguardar" la sanidad pública y, en consecuencia, las medidas planteadas son una alternativa viable ante "los peligrosos" cambios que planteaba el Gobierno regional, sobre todo en el aspecto de la externalización de centros. Además, recuerdan que faltan por cuantificar varias medidas planeadas en la propuesta.

Jubilaciones

   El documento también sostiene que se reclama por parte de la Consejería en 265 millones de euros, pero sostiene que la "premura de tiempo" y las "nulas facilidades" que ha dado la administración en este campo impide cuantificar cada una de las partidas concretas. Al respecto, señala que las jubilaciones y la aplicación de una tasa de reposición del 10 por ciento, asumiendo la "pérdida de 2.000 trabajadores", suponen 70 millones de euros.

   En este sentido, el director general de Recursos Humanos de la Consejería, Armando Resino, ha explicado a Europa Press que el documento de 15 páginas de los sindicatos requiere aclaraciones en los dos puntos fundamentales planteados, la reducción de Atención Primaria y el ahorro derivado de la no externalización de los centros sanitarios, porque están "cuantificadas pero no debidamente desarrolladas".

  

Al respecto, ha detallado que se les ha trasladado la necesidad de contar con documentación añadida porque se requiere conocer las "cifras reales" y el tiempo de aplicación de esas iniciativas dado para ver, desde una reflexión tranquila, si son de aplicación efectiva en un contexto de limitación presupuestaria.

  

 "Hay que dar una respuesta con cifras reales", ha añadido Resino para indicar que el encuentro ha sido positivo y se ha constatado que existen algunas propuestas que coinciden con el Plan de Sostenibilidad, es decir, que no es un rechazo "total" a las medidas inicialmente propuestas por el Ejecutivo regional.

  

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