Revista de prensa.- Por Javier G. Jorrín @jgjorrin. El Confidencial.- El Gobierno quiere exprimir la recta final de la
legislatura para poner en marcha algunas de sus propuestas más electoralistas.
Una de las últimas será la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE)
de 2019 para la Administración General del Estado (AGE).
Función Pública no tiene la
cifra cerrada, pero confirma que sacará un mínimo de 31.000 plazas a
concurso público, similar a la de 2018, que fue la mayor oferta desde 2008. El
grueso de las plazas estará destinado a la reposición de personal y la
promoción interna, aunque también habrá una parte de estabilización de empleo.
Lo que no habrá, o será marginal, es la incorporación de nuevos trabajadores,
esto es, incremento neto de la plantilla y, por tanto, apenas tendrá
coste presupuestario.
Pero, además de la convocatoria de
este ejercicio, el Gobierno estudia un plan plurianual para la
renovación de las plantillas públicas que pueda proponer a los sindicatos. En
torno a un millón de funcionarios y
trabajadores públicos se jubilarán en los próximos 10 años, lo
que obliga a las diferentes administraciones públicas a llevar a cabo el gran
‘relevo generacional’ de su plantilla.
El Ejecutivo de Sánchez quiere sentar las bases de
este movimiento con un plan plurianual que permita una transición
ordenada de las plantillas públicas. UGT ha sido el sindicato que más
ha empujado en esta dirección y finalmente ha conseguido que el Gobierno ceda
en este punto. O vaya a hacerlo.
Función Pública confirma que el ministerio está
elaborando un estudio de las necesidades de personal público para
los próximos años. Así, aunque la legislatura se esté agotando, se pueden
sentar las bases de un plan a varios años para rejuvenecer el cuerpo de
trabajadores del Estado. Con este plan, se podría anticipar la oleada de
jubilaciones que son ya inminentes y así lograr que no se queden
puestos vacantes cuando ocurra.
El Gobierno teme que puedan producirse cuellos
de botella en la renovación de las plantillas públicas, ya que el
proceso para reponer un puesto de trabajo puede demorarse durante un tiempo.
Desde que el Consejo de Ministros aprueba cada plaza hasta que se ocupa por un
funcionario, pueden pasar hasta dos años. Esto provoca que si hay una salida
masiva de empleados públicos, puedan producirse situaciones de escasez de mano
de obra.
Según los cálculos preliminares, a partir de este año
y durante un periodo amplio (que puede ser de una década), será
necesario convocar al menos 30.000 plazas cada año para cubrir las
necesidades de empleo. Conviene recordar que esto es solo Administración
General del Estado: además, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales tendrán que diseñar sus planes para reponer sus plantillas.
Esto no solo exige una gestión ordenada por parte de
la Administración central, también es necesario que cale en la sociedad que
habrá una demanda de empleo público constante durante los
próximos años. Solo así se puede asegurar que exista el cuerpo opositor
suficiente para cubrir todas las plazas. Solo un ejemplo: las últimas
convocatorias de inspectores de Hacienda del Estado han dejado plazas vacantes
en los últimos años como consecuencia del deterioro del cuerpo de opositores.
La OPE de 2019 ya responde a este proceso de
renovación de plantillas. El plan de estabilización de empleo acordado por el
exministro de Hacienda Cristóbal Montoro fue mayoritario en
las convocatorias de 2017 y 2018. Esto permitió reducir la temporalidad en la
AGE hasta el entorno del 2%, lo que significa que se está cumpliendo
ampliamente el acuerdo, que obligaba a reducirla por debajo del 8%.
Como los deberes ya están hechos, en la OPE de 2019 el
número de plazas convocadas para la estabilización del empleo será reducido. Su
hueco será ocupado por la reposición de plazas de trabajadores que causan baja
y promoción interna para cubrir los huecos de responsabilidad
que dejen vacantes. Entre ambas, coparán el grueso de las 31.000 plazas que se
convocarán.
La intención del Ejecutivo es llevar la oferta pública
de empleo al Consejo de Ministros del viernes 29 de marzo.
Antes quiere alcanzar un acuerdo con los tres principales sindicatos de la
función pública: CCOO, UGT y CSIF. Para lograrlo, ha planteado un intenso
calendario de reuniones que comienzan en la tarde del miércoles y que se
prolongarán durante el jueves.
El Gobierno se cierra a las 35 horas
Lo que no está dispuesto a negociar el Gobierno es la reducción
de la jornada de los trabajadores públicos a 35 horas, como piden los
sindicatos. En las últimas reuniones celebradas, el Ejecutivo ha argumentado
que la normativa actual impide aprobar este recorte de la jornada y la
ampliación de la tasa de reposición por encima del 100% mientras
no se cumplan los objetivos de estabilidad.
En 2018 se superó el umbral de déficit fijado por las
Cortes, y en 2019 también se incumplirá. Esto significa que el Gobierno puede escudarse
en la normativa actual para no aprobar ninguna de las dos medidas.
Aunque cambiar la normativa es algo que está en su mano, Función Pública ha
trasladado a los sindicatos que no pretende hacerlo.
