En este casino se juega. Último aviso para nuestras pensiones

Durante 2018, el gasto medio anual por pensionista subió un 18,73 % mientras que el ingreso medio por afiliado disminuyó un 1,28 %. 

La actual configuración de la protección contributiva junto a la evolución demográfica y socioeconómica que ha tenido lugar en nuestro país hace insostenible nuestro sistema de pensiones.

Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- Como en la película Casablanca, hemos descubierto que en este casino se juega («¡Sus ganancias, señor!»). Igualmente el Tribunal de Cuentas de España certifica una verdad incontestable: “de no acometerse de manera urgente las reformas necesarias sobre su actual configuración, en el ámbito de la financiación y/o en el de la protección, peligrarían la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema”.

Se trata de una de las principales amenazas de nuestro Estado del bienestar. En plena crisis económica que nos deja la pandemia del COVID-19 tendremos una dificultad añadida que resolver, en medio de la tormenta fiscal perfecta que enfrentamos.

Toda la prensa nacional recoge esta enésima advertencia sobre el grave problema de sostenibilidad financiera “de carácter estructural” de nuestra Seguridad Social. En este caso, es el Tribunal de Cuentas de España quien acaba de hacer público un interesante Informe de Fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018.

Sus conclusiones son claras y muy oportunas. Ya nos había advertido con ocasión de la de aprobación comentada en esta bitácora de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. Los recursos contributivos obtenidos no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas (fundamentalmente, pensiones) de igual naturaleza. 

También lo había avisado la AIREF reiteradamente. Entre las últimas, la conferencia en Oviedo de su director, hoy actual ministro encargado de resolverlo y que glosamos aquí. 

Durante 2018, el gasto medio anual por pensionista subió un 18,73 % mientras que el ingreso medio por afiliado disminuyó un 1,28 %. 

La causa de que los resultados económico-patrimoniales sean negativos en el periodo analizado y, en consecuencia, de que también lo sea el patrimonio neto en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son los desfases significativos entre los gastos y los ingresos de naturaleza contributiva, provocados principalmente por el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista. En el primer caso, el aumento de la esperanza media de vida de estas personas; y en el segundo, la minoración se debe a la recesión que afectó a la economía española y su efecto sobre el empleo y los salarios.

Un modelo insostenible 

La actual configuración de la protección contributiva junto a la evolución demográfica y socioeconómica que ha tenido lugar en nuestro país hace insostenible nuestro sistema de pensiones.

Los recursos contributivos obtenidos no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas (fundamentalmente, pensiones) de igual naturaleza. 

El ministro Escrivá, responsable de la Seguridad Social, no ha tardado en tranquilizar a nuestros mayores declarando que la Seguridad Social es “solvente y sostenible” y las pensiones están garantizadas “ indefinidamente”.  Tranquilidad para el jubilado que solo lee los titulares, inquietud para quienes profundizan en este delicado asunto.

En fin, volviendo al acreditado film Casablanca, encontramos para concluir  otra de las frases míticas del capitán Renault: «Ahora iba a redactar el informe. Aún no hemos decidido si murió suicidándose o tratando de escapar».

Manuel Pimentel: Escenarios realistas y no edulcorados de nuestra economía postcoronavirus

"Salir, saldremos. Pero no sabemos ni cuándo, ni cuántos. Tampoco cómo quedaremos después del paso de los jinetes del apocalipsis que nos asolan"

Por Manuel Pimentel en EsPúblico blog. No nos dicen la verdad. La versión edulcorada de aplausos y respiradores improvisados con gafas de Decathlon que nos muestra la televisión trata de interponer una gasa de color rosa entre la realidad y nosotros. Pero la realidad es tozuda y trágica, tanto en el número de muertos – lo más importante – como en las consecuencias económicas que tendremos que sufrir durante años. Y de esto queremos hablar, de economía. Por eso, con la frialdad de los datos, queremos mostrar los posibles escenarios económicos que tendremos que afrontar en función de la duración e intensidad de la maldita epidemia que nos asola.

Salir, saldremos. Pero no sabemos ni cuándo, ni cuántos. Tampoco cómo quedaremos después del paso de los jinetes del apocalipsis que nos asolan. Si salimos de la mal llamada Gripe española y sobrevivimos a las espeluznantes pestes medievales, también, por supuesto, saldremos de ésta. Ya haremos el recuento de muertos cuando no nos queden lágrimas ya para llorarlos. A estas alturas no sabemos si nos encontramos con una plaga que dejará, tan sólo en España, veinte mil o ochenta mil muertos. Posiblemente, nos dicen, por ahí en medio andará. Lo que sí sabemos es que, como daño colateral, la pandemia dejará también a la economía en la UCI y queremos acercarnos para tratar de reconocerla. Y lo haremos con la frialdad del cirujano, exponiendo simplemente las posibles repercusiones de tres escenarios posibles, en función de la extensión de la epidemia y, por tanto, del estado de alarma en sus distintos gradientes. He tomado las previsiones de distintas fuentes, en principio serias y razonables. No nos equivocaremos mucho, así que, atento, lea con detenimiento el mapa de los posibles aconteceres. No se trata de asustar, sino, simplemente, de analizar lo que se nos viene encima. Si usted es de los que agradece la realidad y aborrece los discursos edulcorados de camuflaje, quizás algún día se alegre de haber leído con detenimiento estas cortas líneas. Vamos a ello.

Escenario A. El más positivo. El estado de alarma se alarga hasta finales de abril. A partir de mayo, paulatinamente y de manera escalonada, se retorna a la actividad, tanto esencial como no esencial. En octubre la incidencia del coronavirus sería baja. En este caso, en algunos sectores la recuperación sería rápida, pero, en otros, como los vinculados al turismo, exasperantemente lenta. Se perderán más de cien mil empresas. Podemos estimar una caída del PIB que oscilaría entre el 9% – 15% según las diversas fuentes disponibles. La recaudación pública caería alrededor del 25-35% y precisaríamos, obligatoriamente, de fondos europeos para ayudarnos a salir del trance. Si nos fuerzan a los fondos de rescate europeos, la economía sería intervenida y los recortes afectarían a funcionarios y gasto público. La deuda pública podría subir hasta alrededor del 110% en el plazo de un año y el desempleo superará los cuatro millones de parados.

Escenario B. El medio. El estado de alarma se prolonga todo el mes de mayo y a partir de junio comienza a suavizarse lentamente. En octubre la incidencia sería media, pero obligaría a algunas medidas de confinamiento. La situación se complicaría entonces. Más de doscientas mil empresas cerrarían sus puertas, y el desempleo podría irse casi a los 6 millones de parados. La caída del PIB superaría con holgura el 20%. La recaudación publica caería más del 50%. Entraríamos en economía de guerra, con problemas de suministros de todo tipo, lo que forzaría el racionamiento para la población. Dependeríamos de la ayuda europea, que nos impondría severos recortes. Podría existir intervención pública de los recursos financieros y de ahorro para captar fondos a la desesperada. Autónomos, pequeños empresarios y trabajadores en paro quedarían en la ruina. El desempleo podría superar los 6 millones de personas, algo desconocido hasta ahora. La deuda pública ascendería, al menos, al 125% del PIB.

Escenario C. El pesimista. El estado de alarma, de manera más o menos intensa, se prolonga todo el verano para enlazar con el otoño, donde se volvería a reactivar para prevenir el rebrote de la epidemia. En ese supuesto, la economía privada, sencillamente, desaparecería, con muerte masiva de empresas. El Estado precisaría, además de la ayuda europea, la intervención del FMI, ya que entraría en suspensión de pagos. Los ingresos públicos caerían más del 60%, lo que conllevaría una drástica disminución de gasto público, salarios de funcionarios y pensiones incluidas. El desempleo superaría los siete millones de parados y la deuda pública se elevaría por encima del 140%. La economía quedaría casi por completo intervenida, con producción bajo control y racionamiento militar a la población. Podrían producirse apagones en el suministro energético, de agua, gas o telecomunicaciones. El estado intervendría el ahorro de empresas y familias, tanto monetario, como en instrumentos de inversión o fondos de pensiones.

Esperemos quedarnos en la opción A, luchemos entre todos por conseguirlo. La erradicación de la pandemia tendrá la palabra. El acierto o yerro de nuestros gobernantes tendrá, también, mucho que decir en la gestión y superación de la crisis. Desgraciadamente, me temo, visto lo visto, que no estamos precisamente en las mejores manos para afrontar una situación tan grave como la que padecemos. Pero, en fin, es lo que tenemos.

Carles Ramió: España no es país para jóvenes

" Tenemos identificados los dos agujeros negros presupuestarios: pensiones y gasto sanitario. Todas las energías institucionales y capacidad de inteligencia deben tener básicamente estas dos dianas "

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- Aunque a nivel internacional no preocupa en exceso el gasto relacionado con las pensiones ya que se vislumbra un futuro en que los países en 2050 solo se concentrarán en garantizar unos beneficios mínimos que sirvan para impedir la pobreza en la ancianidad.

Los más adinerados van a contribuir a su pensión personal a través del ahorro privado. Sus pensiones financiadas con impuestos van a dejar fuera al veinte por ciento de la población con el nivel de renta más alto, ya que los planes de pensión privados son obligatorios en muchos países.

Pero esta no es la situación de España en que su sistema de pensiones tiene un carácter redistributivo: en el que los contribuyentes de hoy financian las pensiones de los jubilados contemporáneos. Este modelo ha cristalizado y es muy difícil pasar a un modelo de pensiones privado a pesar que se introduzcan incentivos fiscales ya que obligaría a varias generaciones a pagar sus pensiones de futuro y, a la vez, pagar las pensiones de sus ancianos. Cualquier ciudadano sabe que cuando nos jubilemos las generaciones que nacimos en los años 60 (y esto sucederá a partir de 2025) solo hay dos soluciones posibles: prolongar la edad de jubilación o reducir el importe mensual de la pensión.

El otro problema relacionado con el envejecimiento de la población, el incremento del gasto sanitario, sí que es una preocupación mundial; el gasto medio de los mayores de 65 años es cuatro veces superior al de los adultos y los jóvenes. En Gran Bretaña, los mayores de 85 años cuestan al National Health Service (NHS) seis veces más que la población en edades comprendidas entre los 16 y 44 años. El tratamiento a los ancianos es muy caro, no solo porque sean mayores sino también porque presentan más probabilidades de morir. Una mirada detallada de los costes médicos de toda la vida muestra que una gran parte de los mismos se produce un año antes de la muerte, independientemente de la edad.

El problema tanto de las pensiones como de los gastos sanitarios es que a medida que van incrementando por el envejecimiento de la población existe el peligro que el Estado vaya descuidando una parte importante de sus funciones básicas, como la investigación o la educación, ya que las pensiones y la salud consumen una porción más grande del pastel. Esto ya ha sucedido en Gran Bretaña en el que el gasto del NHS (el sistema británico de salud) ha pasado en dos décadas del 4,3 al 8,5 por ciento y el presupuesto de defensa ha bajado un 2,5 por ciento durante el mismo periodo.  Alterar el sistema de pensiones y controlar el gasto sanitario son posibilidades difíciles de implantar a nivel político ya que la parte envejecida de la población va a tener una enorme fuerza electoral y puede decantar (ya sucede en la actualidad en España y en otros países: como el Brexit por ejemplo) las opciones de gobierno. Apelar a una solidaridad intergeneracional voluntaria que implicaría estrecheces en políticas distributivas (sanidad) y redistributivas (pensiones) que afecten básicamente a los mayores y manteniendo o incrementando los gastos en inversión (educación e infraestructuras) no es más que una quimera.

Sostenibilidad económica

Cuando el sistema público de un país tiene estos dos problemas de sostenibilidad económica, tal y como va a suceder en las próximas décadas, de falta de ingresos y de excesivo gasto la tendencia es concentrarse solo en reducir el gasto ya que incrementar los ingresos es muy complicado (tal y como ha sucedido con la reciente crisis económica). Pero este tratamiento asimétrico de la problemática difícilmente va a ser posible en el futuro ya que o se incrementan los ingresos gravando a la riqueza tal y como propone Piketty (2014) o no hay una solución clara a la vista. Con los ingresos de este impuesto especial a la riqueza, las administraciones públicas podrían promover más gasto en investigación y en educación. El crecimiento solo puede venir a partir de una población más cualificada. La base de este capital humano deberá ser la educación y el Estado deberá cargar con los costes de escolarización de los niños y adolescentes, compartidos con los estudios universitarios y ayudar a los adultos más pobres a desarrollar nuevas aptitudes y competencias laborales (Wallance, 2015: 201). De este modo, con un impuesto a la riqueza y con unos profesionales más cualificados y con retribuciones más elevadas puede solventarse parcialmente el problema de los ingresos. Pero también habrá que atacar la dimensión de los gastos.  Solo unas administraciones públicas más solventes institucionalmente y más inteligentes pueden poseer un elevado nivel de eficiencia para ser sostenibles económicamente y sobrevivir. Las medidas a adoptar podrían ser las siguientes:

Agujeros negros

Tenemos identificados los dos agujeros negros presupuestarios: pensiones y gasto sanitario. Todas las energías institucionales y capacidad de inteligencia deben tener básicamente estas dos dianas.

Con las pensiones poco se puede hacer, como se ha dicho, más allá de medidas incrementales de elevar la edad de jubilación y decrementales en relación al importe de las pensiones. La primera medida no debería ser muy problemática a nivel social pero exigiría un cambio de cultura en las empresas incentivada públicamente. La mayor parte de los esfuerzos deberían concentrase en este ítem ya que la medida de rebajar el importe de las pensiones puede ser insoportable políticamente. Se pueden implementar medidas ligeras de reducción de las pensiones pero muy suaves. La tercera posibilidad es incrementar las exigencias para el cobro de las pensiones pero estas medidas ya se han adoptado y queda muy escaso recorrido de permeabilidad social a las mismas.

Con los gastos sanitarios hay mucho más camino en las posibilidades de incrementar la eficiencia del sistema y, por tanto, de recortar los gastos. Más allá de los copagos, que van a ser imprescindible imponer para disciplinar la demanda tanto en los servicios sanitarios como en gasto de los medicamentos, se pueden implantar muchas estrategias eficientistas. Por una parte, utilizar los sistemas de información para mejorar la gestión del sistema sanitario tanto en la prevención, como en la prestación pública y privada del sistema. Por otra parte, hay que concentrar las estrategias eficientistas en el tratamiento de los ancianos, de los mayores de 85 años, y de las personas jóvenes, adultas o mayores que contraen una enfermedad mortal. En estos ámbitos queda mucho recorrido en la mejora de la gestión sin ir en detrimento de la calidad en la atención. Finalmente, otra estrategia es bajar los elevados precios del material sanitario y de los medicamentos. La regulación para disciplinar estos precios debe ser mucho más contundente sin llegar a descartar el escenario de publificar a una parte de esta industria y de servicios.

Los avances de las tecnologías de la información aplicadas al sector sanitario van a suponer un gran alivio a las arcas públicas. Los aparatos portátiles, baratos y fáciles de utilizar van a compensarán la escasez de trabajadores sanitarios. Estos aparatos permitirán que desde el domicilio se puedan hacer pruebas y diagnósticos médicos. Los ancianos que vivan solos podrán hacerlo con dignidad, con la salud controlada igual que controlamos ahora la temperatura de nuestras casas. El tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas supondrán mucho menos trabajo. Las intervenciones quirúrgicas serán cada vez más excepcionales, puesto que existirán diminutos dispositivos que viajarán por nuestro interior para eliminar un tumor, por ejemplo, o para reparar un órgano. Otro ejemplo para finalizar: un diabético podrá tener implantada una bomba que libere automáticamente insulina cuando sea necesario.