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lunes, 27 de abril de 2020

10 conceptos “con solera” de la Administración que han muerto durante el estado de alarma

Por Víctor Almonacid. NosoloAytos.com blog.- Solera.  Se define como el “carácter tradicional de las cosas, usos, costumbres, etc…” (R.A.E.). Estamos en un momento en el que todavía tenemos que decidir, porque está en nuestra mano, si esta terrible pandemia (y sus consecuencias derivadas, como el confinamiento o la terrible crisis económica que ya está muy presente) es o no una oportunidad que vamos a aprovechar para mejorar lo público. Porque oportunidad, desde luego, es. Puede que la mejor que vayamos a tener en nuestras vidas.

Fuente: https://bloglaboral.garrigues.com
Pero para que se produzca ese punto de inflexión que todos deseamos y tanto necesitamos, se requiere acción. Esta es una gran ocasión, pero una ocasión, por sí sola y por muy buena que sea, no cambia nada. Como bien entenderán los futboleros, una ocasión de gol no es un gol, ni muchísimo menos te ayuda a ganar el partido. El mundo lo cambian las personas. La Administración también la cambiarán las personas, no los virus. Mientras pensamos todo esto, y valga en todo caso como reflexión inicial, sí podemos ir enterrando algunos conceptos clásicos, con solera y rancio abolengo en la Administración hasta ahora conocida que, aunque seguirán teniendo sus defensores, durante las últimas semanas, y como consecuencia de todo lo que venimos diciendo, han pasado a agonizar, prácticamente a morir o, en algunos casos, se ven obligados a evolucionar. Por eso mismo, junto al difunto, proponemos una palabra o concepto de sustitución. A saber:

1.- Horario. Salvo en relación a determinados puestos de trabajo, como los de atención al público o los que se desempeñan por turnos, ha pasado a ser la cosa más absurda del mundo. Les contaré un secreto: en realidad ya lo era. Palabra de sustitución: objetivos (cumplimiento de). Y hasta que esto sea posible: tareas, “faena”, o simplemente trabajo en sentido estricto.

2.- Jefe. ¿Jefe de qué? ¿Con respecto a qué o a quién? ¿Cómo se es jefe desde una red privada virtual (VPN)? ¿Como se es jefe sin saber qué es esto que acabo de decir? ¿Cómo se es jefe cuando se siente y otros sienten la incomodidad que le produce esta situación, su falta de adaptabilidad, y sus enormes carencias digitales? ¿Cómo se es jefe cuando se está completamente desbordado y petrificado por las circunstancias? Palabra de sustitución: en un mundo ideal, líder… Pero también nos vale persona responsable, o simplemente compañero.

3.- Compulsa. ¿En serio? Palabra de sustitución: Copia auténtica, documento digitalizado.

4.- Departamento. Como bien hemos comprobado, la gestión de la complejidad y el carácter multidisciplinar de los problemas nos obliga a trabajar en equipo. Palabra de sustitución: equipo de trabajo, equipo de proyecto.

5.- Formación. Desde un enfoque clásico de la formación, podríamos decir que ya hemos recibido toda la formación posible. Se supone que ya hemos estudiado, ahora hay que demostrar lo que se sabe, o mejor dicho, lo que se ha aprendido. La crisis del COVID-19 ha sido un examen sorpresa en toda regla. Los que no estaban preparados, evidentemente han suspendido. Es lo que ocurre en los exámenes difíciles. Los cursos teóricos han muerto, necesitamos desarrollar otras aptitudes y capacidades. Palabra de sustitución: aprendizaje.

6.- Fe pública. Ha dejado de ser algo presencial, excepto en contadas ocasiones como la secretaría de las sesiones de los órganos colegiados, aunque durante estos días ni eso, porque dichas sesiones están siendo telemáticas. También ha dejado de ser algo necesariamente humano (sello de órgano, sello de tiempo…). Palabra de sustitución: fe pública electrónica, actuación administrativa automatizada…

7.- Funcionario. El término es injusto en sí mismo, primero porque deja fuera al personal laboral y otras personas al servicio de la Administración, y segundo porque etimológicamente proviene de functio, functionis, que significa “ejecución, cumplimiento, ejercicio, desempeño”, algo que tampoco es siempre cierto, seamos honestos. Palabra de sustitución: empleado público, servidor público, persona al servicio de lo público.

8.- Derecho Administrativo. Si uno observa la tendencia en la evolución del ámbito subjetivo de aplicación de las Leyes “administrativas” de los últimos tiempos, se observa claramente que abarcan todo el sector público, y no solo a las AAPP. Mejor, esto estrecha el cerco sobre el fenómeno llamado “huida del Derecho Administrativo” (y es que hacía falta tener cara para considerar que, por ejemplo las sociedades mercantiles de capital público, podían contratar con total libertad al margen de todo procedimiento). Palabra de sustitución: Derecho Público, legislación, normativa aplicable.

9.- Ordenador. ¿Tiene usted hijos adolescentes o simplemente menores de 20 años? Pregúnteles qué es un ordenador. Le sorprenderá comprobar que, con lo tecnológicos que son, no lo sepan. Esta palabra no aparece en la jerga juvenil de hoy en día y si lo hace, que será poco, será en referencia a equipos rígidos o grandes computadoras. Palabra de sustitución: equipo, PC, portátil, dispositivo.

10.- Firma. Poco que explicar. En este caso se trata de una simple evolución o “renacimiento”. Palabra de sustitución: firma electrónica, certificado, firma biométrica, identificación electrónica, identificación biométrica.

Bonus track
11.- Papel. Ya sabemos lo que es. Palabra de sustitución: ninguna. No tiene sustituto, simplemente desaparece. Respecto a los “papeles” del ciudadano, la secuencia para su desaparición debe ser: 1.- no pedirlos; 2.- si fueran imprescindibles, digitalizarlos (copia auténtica, concepto ya mencionado).

12.- Empleado público partidario del papel. Partidario de “nada” (ya hemos dicho que el papel desaparece). Palabra de sustitución: funciosaurio, inadaptado, troglodita, cavernario, zote.

¿Se os ocurre algún otro concepto o planteamiento que haya quedado obsoleto? ¡Adelante! Sigamos con la innovación conceptual…

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lunes, 10 de septiembre de 2018

Administración sin papel: Vuelva usted...en 2020

El Gobierno prorroga dos años más la puesta en marcha de la Administración electrónica ante la imposibilidad de cumplir el plazo inicial: las instituciones estaban obligadas a disponer de registros integrados entre sí antes del 2 de octubre de 2018

Revista de prensa. El Independiente.- 2 de octubre de 2018, las administraciones públicas tendrían que haber terminado sus deberes y disponer de los registros y elementos necesarios para que la Administración ‘sin papeles’ fuera una realidad en toda España. Un mes antes de la fecha fijada, el Gobierno ha reconocido la imposibilidad de cumplir el calendario y ha optado por retrasar dos años más la puesta en marcha de la Administración electrónica. La duda es si, llegado ese nuevo plazo, quedará al fin implantada o el Ejecutivo de turno tendrá que conceder más margen de tiempo.

Cuando hace tres años se reformó la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se incluyó una disposición final (la séptima) en la que se fijaba para el 2 de octubre de 2018 la entrada en vigor de elementos esenciales para el funcionamiento de una Administración ‘sin papeles’ que, acorde a los nuevos tiempos y al desarrollo tecnológico, facilitara al ciudadano la realización de trámites burocráticos lejos del modelo tradicional. Ese día, todas las administraciones públicas tendrían que tener operativos e integrados entre sí los registros electrónicos de apoderamientos y de empleados públicos habilitados, un punto de acceso general de la Administración y un archivo único electrónico.

Ese plazo no se cumplirá, lo que llevó el pasado 31 de agosto al Consejo de Ministros a tener que aprobar por vía de urgencia un decreto-ley -publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de septiembre y pendiente ahora de convalidación por el Congreso de los Diputados- por el que alarga en dos años más el plazo inicialmente previsto. La vista se pone ahora en el 2 de octubre de 2020, justo cinco años después de que se reformase una de las dos leyes -junto a la del Régimen Jurídico del Sector Público- que el Estado considera pilares del Derecho Administrativo en España.

Dos años más
Tenemos el temor de que, si no se resuelven los problemas que nos han traído hasta aquí, los dos años "no sirvan”, advierte la Asociación Astic
“La adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de gestión óptimos exige que los desarrollos tecnológicos y jurídicos cuenten con el grado de madurez necesaria para dar satisfacción a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas”, justifica el texto, que lleva la firma de Carmen Calvo como presidenta del Gobierno en funciones al encontrarse ese día Pedro Sánchez en su gira por varios países suramericanos. Y añade: “En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad obliga a ampliarlos en este real decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos”.

La dilación de los plazos no ha sido ninguna sorpresa para la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas (Astic), que critica que no haya habido una “planificación de recursos humanos y económicos” ni se haya establecido un “mecanismo de seguimiento y control” para garantizar el cumplimiento del objetivo. “En el momento actual, esa prórroga era inevitable. Es el reconocimiento de que no ha sido posible cumplir en tiempo a todos los niveles las obligaciones de la ley”, lamenta Lucía Escapa, presidenta de Astic.

Escapa no oculta su temor de que los dos años de margen que concede ahora el Gobierno para que las administraciones se pongan al día en materia de registros electrónicos para cumplir la ley también se incumpla. “Tenemos el temor de que, si no se resuelven los problemas que nos han traído hasta aquí, los dos años no sirvan de nada. Si tienes un enfermo, no le has puesto tratamiento a la espera de ver si en dos años se ha curado y llegado ese momento tampoco se lo pones es difícil pensar que se va a curar. Es un problema de gestión del cambio y liderazgo al nivel más alto de la Administración”, sostiene.

Sin dotación presupuestaria
La presidenta de Astic censura que, a diferencia de lo que ocurrió cuando en 2007 entró en vigor la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos -la norma que introdujo en España el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración-, en este caso no se hayan consignado fondos de manera específica ni se haya establecido un plan de seguimiento al más alto nivel para controlar el grado de avance. “Esta ley no ha tenido en ningún momento dotación presupuestaria ad hoc y tampoco se hizo el ejercicio de que, si los recursos no se podían incrementar, se priorizaran frente a otras cosas”, añade.

Desde el Gobierno insisten en que la aprobación de este decreto-ley trata de asegurar que la puesta en marcha de la llamada Administración ‘sin papeles’ se lleve a cabo “garantizando los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los procedimientos”. Lejos del temor de un futuro incumplimiento de los nuevos plazos, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública -del que depende la Secretaría General de Administración Digital- aseguran a este diario que el texto por el que se amplía la entrada en vigor en dos años más supone “un nuevo impulso a la Administración electrónica al incorporar un plan de acción para garantizar el cumplimiento, la coordinación y refuerzo de la colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, desarrollo normativo pendiente, informes de seguimiento, así como análisis de la usabilidad y sencillez de las soluciones de administración digital”.


“El Gobierno tiene el compromiso de impulsar en todo lo posible la digitalización de España, incluyendo la digitalización de sus administraciones públicas. La transformación digital es una palanca clave para la construcción de una economía nacional más sólida y justa para todos y todas”, apostillan. La cuenta atrás hasta el 2 de octubre de 202o ha empezado a correr…



martes, 10 de enero de 2017

La administración pública del futuro «perderá» sus papeles

Los expertos avisan de que la digitalización del sector público en España aún esta lejos del estándar europeo. Ver informe AMETIC sobre Transformación Digital (pdf)  


Revista de prensa. Diario ABC.- Las diferentes administraciones públicas, al igual que el tejido empresarial o el conjunto de la sociedad, tienen que subirse ya al tren que les transporte, a alta velocidad y por ancho de vía europeo, al futuro digital. Según cálculos de la UE, los costes en el sector público podrían reducirse hasta un 20% si se completa con éxito esta transformación.

Un informe de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales –Ametic– propone una serie de medidas para que la revolución 4.0 se instale también en las diferentes estructuras del Estado. El director general de esta patronal, Benigno Lacort, considera «urgente y prioritario conseguir una administración sin papeles como paso necesario, pero no suficiente, para disponer de una administración totalmente digital». Recuerda que en los últimos años se han elaborado distintos planes con este objetivo, pero no se han cumplido. Así que «ésta debe ser una prioridad inaplazable dentro de esta legislatura». Una transformación que, en su opinión, habrá de aplicarse también a las administraciones autonómicas y locales, y en cada una de las cuales el proceso tendrá que contar con un plan específico.
 
Un Chief digital officer en cada A.P.
Entre las medidas que propone Ametic figuran un incremento de la inversión en I+D+i; elevar la deducción fiscal por proyectos de innovación tecnológica; reducir el IVA de los contenidos digitales culturales y educacionales; limitar el peso del criterio precio en las licitaciones para contratar servicios... Aconseja también habilitar a corto plazo, en todas las administraciones públicas, la figura del «chief digital officer» para impulsar esa revolución. Su papel debería ser «promover y dirigir la transformación digital interna, haciendo uso de los beneficios de la tecnología como herramienta para mejorar el servicio al ciudadano y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles», afirma Lacort. Y con «un perfil tecnológico y conocimientos de gestión». Una de sus principales funciones sería «implicar a todos los órganos directivos con el proceso transformador».
 
El informe plantea asimismo otras herramientas: fomentar la inversión en infraestructuras de banda ancha ultrarrápida, cloud computing, big data analytics, planes de smart city... Benigno Lacort da especial importancia a aquellos medios destinadas a mejorar la formación y el desarrollo del talento digital, que «es un aspecto imprescindible para la interacción del ciudadano con la Administración».
 
¿Cuál será el perfil del futuro funcionario? «Va a estar más en contacto con la tecnología y esto será un factor que le ayudará a desempeñar su trabajo». En opinión del director general de la patronal de empresas tecnológicas, «la transformación digital contribuirá a aportarle flexibilidad, autogestión y visibilidad con el resto de la organización». Y contribuirá también a «aumentar la satisfacción laboral del funcionario ampliando su ámbito de capacidades».

Pero, ¿ello supondrá una reducción del número de funcionarios? Frente a quienes opinan que la digitalización supone un riesgo para el empleo, Ametic cree que, antes al contrario, contribuirá a la generación de puestos de trabajo, también en la administración pública. De los principales rankings hechos a nivel internacional, se desprende que en España la concienciación sobre la necesidad de acometer la transformación digital «es aún insuficiente». Según el último informe del Digital Economy and Society Index, España está por debajo de la media europea y, lo que puede ser más inquietante, registra un crecimiento muy lento. Así, en el apartado de «capital humano», que puntúa las competencias básicas y avanzadas de los ciudadanos, nuestro país está en la posición 18, «lo cual nos da una referencia de lo mucho que hay que mejorar», advierte Lacort.
 
Singapur a la cabeza, España en el puesto 35
En el escenario mundial, la situación de España no es muy diferente. Nuestro país ocupa el puesto 35 en digitalización, de acuerdo con el ranking de Network Readiness Index. La clasificación está liderada por Singapur, seguida de Finlandia, Suecia, Noruega y Estados Unidos. Un índice que penaliza a nuestro país muy especialmente en lo que respecta a formación tecnológica de los empleados.
 
Aunque, en el caso concreto de la Administración, España está un poco mejor que el ámbito empresarial. Así se desprende del apartado «servicios públicos digitales», del mencionado informe de Digital Economy and Society Index. Pero, «nos queda camino por delante para disponer de una administración pública plenamente digital». Así que, «esto debería considerarse como una prioridad a corto plazo para lo que hay que elaborar un plan ambicioso», sentencia Lacort.
 
Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital declinó valorar la situación en la que actualmente se encuentra la Administración Central en este proceso. El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el Plan de Transformación Digital, que incluye una serie de actuaciones. El objetivo es alcanzar una administración plenamente digital para 2020. Para ello propone, entre otras metas, desarrollar el puesto de trabajo digital; proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías; mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales; promover la innovación en la prestación de servicios; proveer de manera compartida servicios comunes; disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones; gantizar la seguridad de los sistemas de información de la Administración...
 
Todo al 100%
La patronal de empresas tecnológicas propone, también, implantar al 100% la historia clínica digital y la receta electrónica, así como los procedimientos de la Administración de Justicia y los procedimientos mercantiles y corporativos. Además, establecer, por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un observatorio específico del empleo TIC. Aconseja elaborar un catálogo de titulaciones universitarias acorde a las necesidades de la economía y sociedad digital. En concreto, promover y potenciar la formación universitaria de nuevos directivos capacitados para cubrir la brecha existente entre técnicos y no-técnicos. También, ayudas a la producción de contenidos digitales y al desarrollo de la economía colaborativa.