Revista de prensa. Diario ABC.- Las
diferentes administraciones públicas, al igual que el tejido empresarial o el
conjunto de la sociedad, tienen que subirse ya al tren que les transporte, a
alta velocidad y por ancho de vía europeo, al futuro digital. Según cálculos de
la UE, los costes en el sector público podrían reducirse hasta un 20% si se
completa con éxito esta transformación.
Un
informe de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de
los Contenidos Digitales –Ametic– propone una serie de medidas para que
la revolución 4.0 se instale también en las diferentes estructuras del Estado.
El director general de esta patronal, Benigno Lacort, considera «urgente
y prioritario conseguir una administración sin papeles como paso necesario,
pero no suficiente, para disponer de una administración totalmente digital».
Recuerda que en los últimos años se han elaborado distintos planes con este
objetivo, pero no se han cumplido. Así que «ésta debe ser una prioridad
inaplazable dentro de esta legislatura». Una transformación que, en su
opinión, habrá de aplicarse también a las administraciones autonómicas y
locales, y en cada una de las cuales el proceso tendrá que contar con un plan
específico.
Un Chief digital
officer en cada A.P.
Entre
las medidas que propone Ametic figuran un
incremento de la inversión en I+D+i; elevar la deducción fiscal por proyectos
de innovación tecnológica; reducir el IVA de los contenidos digitales
culturales y educacionales; limitar el peso del criterio precio en las
licitaciones para contratar servicios... Aconseja también habilitar a corto
plazo, en todas las administraciones públicas, la figura del «chief digital
officer» para impulsar esa revolución. Su papel debería ser «promover y dirigir
la transformación digital interna, haciendo uso de los beneficios de la
tecnología como herramienta para mejorar el servicio al ciudadano y aumentar la
eficiencia en el uso de los recursos disponibles», afirma Lacort. Y con «un
perfil tecnológico y conocimientos de gestión». Una de sus principales
funciones sería «implicar a todos los órganos directivos con el proceso
transformador».
El
informe plantea asimismo otras herramientas: fomentar la inversión en
infraestructuras de banda ancha ultrarrápida, cloud computing, big data
analytics, planes de smart city... Benigno Lacort da especial importancia a
aquellos medios destinadas a mejorar la formación y el desarrollo del talento
digital, que «es un aspecto imprescindible para la interacción del ciudadano
con la Administración».
¿Cuál
será el perfil del futuro funcionario? «Va a estar más en contacto con la
tecnología y esto será un factor que le ayudará a desempeñar su trabajo». En
opinión del director general de la patronal de empresas tecnológicas, «la
transformación digital contribuirá a aportarle flexibilidad, autogestión y
visibilidad con el resto de la organización». Y contribuirá también a
«aumentar la satisfacción laboral del funcionario ampliando su ámbito de
capacidades».
Pero,
¿ello supondrá una reducción del número de funcionarios? Frente a quienes
opinan que la digitalización supone un riesgo para el empleo, Ametic cree que,
antes al contrario, contribuirá a la generación de puestos de trabajo, también
en la administración pública. De los principales rankings hechos a nivel internacional,
se desprende que en España la concienciación sobre la necesidad de acometer la
transformación digital «es aún insuficiente». Según el último informe del
Digital Economy and Society Index, España está por debajo de la media
europea y, lo que puede ser más inquietante, registra un crecimiento muy lento.
Así, en el apartado de «capital humano», que puntúa las competencias básicas y
avanzadas de los ciudadanos, nuestro país está en la posición 18, «lo cual nos
da una referencia de lo mucho que hay que mejorar», advierte Lacort.
Singapur a la cabeza, España en el puesto 35
En
el escenario mundial, la situación de España no es muy diferente. Nuestro país
ocupa el puesto 35 en digitalización, de acuerdo con el ranking de Network
Readiness Index. La clasificación está liderada por Singapur, seguida de
Finlandia, Suecia, Noruega y Estados Unidos. Un índice que penaliza a nuestro
país muy especialmente en lo que respecta a formación tecnológica de los
empleados.
Aunque,
en el caso concreto de la Administración, España está un poco mejor que el
ámbito empresarial. Así se desprende del apartado «servicios públicos
digitales», del mencionado informe de Digital Economy and Society Index. Pero,
«nos queda camino por delante para disponer de una administración pública plenamente
digital». Así que, «esto debería considerarse como una prioridad a corto plazo
para lo que hay que elaborar un plan ambicioso», sentencia Lacort.
Por
su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital declinó
valorar la situación en la que actualmente se encuentra la Administración
Central en este proceso. El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el Plan de
Transformación Digital, que incluye una serie de actuaciones. El objetivo es
alcanzar una administración plenamente digital para 2020. Para ello
propone, entre otras metas, desarrollar el puesto de trabajo digital; proveer
servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías; mejorar la
satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales;
promover la innovación en la prestación de servicios; proveer de manera
compartida servicios comunes; disponer de sistemas de análisis de datos para la
toma de decisiones; gantizar la seguridad de los sistemas de información de la
Administración...
Todo al 100%
La
patronal de empresas tecnológicas propone, también, implantar al 100% la
historia clínica digital y la receta
electrónica, así como los procedimientos de la Administración de
Justicia y los procedimientos mercantiles y corporativos. Además, establecer,
por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un observatorio
específico del empleo TIC. Aconseja elaborar un catálogo de titulaciones
universitarias acorde a las necesidades de la economía y sociedad digital. En
concreto, promover y potenciar la formación universitaria de nuevos directivos
capacitados para cubrir la brecha existente entre técnicos y no-técnicos.
También, ayudas a la producción de contenidos digitales y al desarrollo de la
economía colaborativa.
