El Gobierno prorroga dos años más la puesta en marcha de
la Administración electrónica ante la imposibilidad de cumplir el plazo
inicial: las instituciones estaban obligadas a disponer de registros integrados
entre sí antes del 2 de octubre de 2018
Revista de prensa. El Independiente.- 2 de octubre de 2018, las administraciones públicas
tendrían que haber terminado sus deberes y disponer de los registros y
elementos necesarios para que la Administración ‘sin papeles’ fuera una
realidad en toda España. Un mes antes de la fecha fijada, el Gobierno ha
reconocido la imposibilidad de cumplir el calendario y ha optado por retrasar
dos años más la puesta en marcha de la Administración electrónica. La duda es
si, llegado ese nuevo plazo, quedará al fin implantada o el Ejecutivo de turno
tendrá que conceder más margen de tiempo.
Cuando hace tres años se reformó la Ley
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se
incluyó una disposición final (la séptima) en la que se fijaba para el 2 de
octubre de 2018 la entrada en vigor de elementos esenciales para el
funcionamiento de una Administración ‘sin papeles’ que, acorde a los nuevos
tiempos y al desarrollo tecnológico, facilitara al ciudadano la realización de
trámites burocráticos lejos del modelo tradicional. Ese día, todas las
administraciones públicas tendrían que tener operativos e integrados entre sí
los registros electrónicos de apoderamientos y de empleados públicos
habilitados, un punto de acceso general de la Administración y un archivo único
electrónico.
Ese plazo no se cumplirá, lo que llevó el pasado 31 de
agosto al Consejo de Ministros a tener que aprobar por vía de urgencia un
decreto-ley -publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de
septiembre y pendiente ahora de convalidación por el Congreso de los Diputados-
por el que alarga en dos años más el plazo inicialmente previsto. La vista se
pone ahora en el 2 de octubre de 2020, justo cinco años después de que se
reformase una de las dos leyes -junto a la del Régimen Jurídico del Sector
Público- que el Estado considera pilares del Derecho Administrativo en España.
Dos años más
Tenemos el temor de que, si no se resuelven los problemas
que nos han traído hasta aquí, los dos años "no sirvan”, advierte la Asociación
Astic
“La adaptación de los procedimientos administrativos y el
diseño de procesos de gestión óptimos exige que los desarrollos tecnológicos y
jurídicos cuenten con el grado de madurez necesaria para dar satisfacción a
este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones
Públicas”, justifica el texto, que lleva la firma de Carmen Calvo como
presidenta del Gobierno en funciones al encontrarse ese día Pedro Sánchez en su
gira por varios países suramericanos. Y añade: “En definitiva, la imposibilidad
técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos
de adaptación a la nueva realidad obliga a ampliarlos en este real decreto-ley.
Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento
de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y
garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y
económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos”.
La dilación de los plazos no ha sido ninguna sorpresa para
la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la
Información de las Administraciones Públicas (Astic), que critica que no haya
habido una “planificación de recursos humanos y económicos” ni se haya
establecido un “mecanismo de seguimiento y control” para garantizar el
cumplimiento del objetivo. “En el momento actual, esa prórroga era inevitable.
Es el reconocimiento de que no ha sido posible cumplir en tiempo a todos los
niveles las obligaciones de la ley”, lamenta Lucía Escapa, presidenta de Astic.
Escapa no oculta su temor de que los dos años de margen que
concede ahora el Gobierno para que las administraciones se pongan al día en
materia de registros electrónicos para cumplir la ley también se incumpla.
“Tenemos el temor de que, si no se resuelven los problemas que nos han traído
hasta aquí, los dos años no sirvan de nada. Si tienes un enfermo, no le has
puesto tratamiento a la espera de ver si en dos años se ha curado y llegado ese
momento tampoco se lo pones es difícil pensar que se va a curar. Es un problema
de gestión del cambio y liderazgo al nivel más alto de la Administración”,
sostiene.
Sin dotación presupuestaria
La presidenta de Astic censura que, a diferencia de lo que
ocurrió cuando en 2007 entró en vigor la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos -la norma que introdujo en España el derecho de los
ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración-, en este caso
no se hayan consignado fondos de manera específica ni se haya establecido un
plan de seguimiento al más alto nivel para controlar el grado de avance. “Esta
ley no ha tenido en ningún momento dotación presupuestaria ad hoc y
tampoco se hizo el ejercicio de que, si los recursos no se podían incrementar,
se priorizaran frente a otras cosas”, añade.
Desde el Gobierno insisten en que la aprobación de este
decreto-ley trata de asegurar que la puesta en marcha de la llamada
Administración ‘sin papeles’ se lleve a cabo “garantizando los derechos de los
ciudadanos y la seguridad jurídica de los procedimientos”. Lejos del temor de
un futuro incumplimiento de los nuevos plazos, desde el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública -del que depende la Secretaría General de
Administración Digital- aseguran a este diario que el texto por el que se
amplía la entrada en vigor en dos años más supone “un nuevo impulso a la
Administración electrónica al incorporar un plan de acción para garantizar el
cumplimiento, la coordinación y refuerzo de la colaboración con comunidades
autónomas y entidades locales, desarrollo normativo pendiente, informes de
seguimiento, así como análisis de la usabilidad y sencillez de las soluciones
de administración digital”.
“El Gobierno tiene el compromiso de impulsar en todo lo posible la
digitalización de España, incluyendo la digitalización de sus administraciones
públicas. La transformación digital es una palanca clave para la construcción
de una economía nacional más sólida y justa para todos y todas”, apostillan. La
cuenta atrás hasta el 2 de octubre de 202o ha empezado a correr…
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