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martes, 19 de abril de 2016

Los ayuntamientos y diputaciones aùn financian 4.348 entes autónomos. Sevilla y Barcelona encabezan el ranking

El Cabildo de Tenerife financia 42 entes autónomos mientras que las diputaciones de Soria y La Coruña solo a uno


Aún existen 1.788 entidades mercantiles y  1.089 organismos autónomos locales. Le siguen los 579 consorcios,  471 asociaciones,  356 fundaciones y  55 entidades públicas empresariales.

Revista de prensa. Inés Calderón.- Sueldos Públicos. Los entes locales mantenían con actividad un total de 4.348 organismos públicos, según los datos del Ministerio de Hacienda, tras reducir en 61 la cifra total durante el último ejercicio. Con ello, se culminaba el sexto año consecutivo de reducción de entes a cargo de ayuntamientos y diputaciones.
Sede del Cabildo de Tenerife
No obstante, se observa una relajación en el ritmo de eliminación de entes el año pasado: según el informe, el descenso de 2015 fue del 1,4 por ciento frente al 5,8 por ciento de 2014 y a niveles superiores al seis por ciento en los años anteriores. De hecho, es una rebaja muy inferior a la de 2011, el año en el que más se esforzaron por recortar, cuando se eliminaron 539 entidades, un ocho por ciento de las existentes en ese momento.

Estos organismos satélites alcanzaron su punto más alto en 2009, cuando se sumaban 5.924 entes. A lo largo de estos seis años, la cifra se ha rebajado en 1.576 hasta situarse en los 4.348 existentes en 2015. Los datos de Hacienda indican que el saldo del año pasado se produjo como consecuencia de la creación de 36 entes públicos dependientes de las instituciones locales y de la eliminación de otros 97 organismos satélites. Con ello, se alcanzó el nivel existente en el ejercicio 1999.


Sevilla, Barcelona y Reus, a la cabeza de los entes satélites
Según el informe, de los 4.348 entes, la mayor cifra corresponde a sociedades mercantiles, de las que existen 1.788, seguido de organismos autónomos, de los que hay 1.089. Le siguen los 579 consorcios, las 471 asociaciones, las 356 fundaciones y, finalmente, las 55 entidades públicas empresariales.

De media, cada ayuntamiento cuenta con 2,6 entes dependientes de media, mientras que los consejos insulares, cabildos y diputaciones cuentan con 8,5 de media. Sin embargo, si sólo se tienen en cuenta con grandes municipios, la media sube a 24,5.

Según Hacienda, Sevilla, Barcelona y Reus son los ayuntamientos con más entes dependientes, con 48, 46 y 28, respectivamente. Entre las diputaciones, cabildos y consejos insulares, el récord corresponde al Cabildo de Tenerife, con 42, y a la Diputación Provincial de Vizcaya, con 32. Por el contrario, las diputaciones de Soria y A Coruña sólo cuentan con un ente dependiente cada una.

miércoles, 15 de enero de 2014

Las CC.AA gobernadas por el PP quieren aplicar las propuestas de reducción recogidas en el Informe CORA

Según Soraya Sáenz de Santamaría, de las 2.365 empresas públicas, ya se han extinguido 607 y el objetivo es llegar a 751. Ver informe CORA
 
Revista de Prensa. EP. 13.1.2014. Las comunidades autónomas del PP se han comprometido  a impulsar las propuestas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, asumiendo la idea de que deben eliminar o reducir el tamaño y coste de algunos órganos propios, como los Defensores del Pueblo o los Tribunales de Cuentas que tienen muchas de ellas.

Sede del PP en la calle Génova de Madrid
Los consejeros de Presidencia de las CC.AA gobernadas por el PP han manifestado este respaldo durante una reunión presidida por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, a la que también han asistido el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
 
  En el documento acordado por todos los consejeros del PP se habla de "avanzar en la eficiencia administrativa", "evitando la superposición de estructuras y procedimientos y reforzando los mecanismos de cooperación entre Administraciones que se proponen en el informe CORA".
 
 También se aboga por dar prioridad a la austeridad aplicando "las fórmulas que les permitan reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el informe de la CORA, o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente".
 
Suprimir Consejos Económicos y sociales, Defensor del Pueblo...
Al término de la reunión, el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que se les ha planteado dos posibilidades: "reestructurar" o "suprimir instituciones propias" como Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo.
 
 Según ha añadido De Santiago-Juárez, se trata de "suprimir" o de "mantener", pero en este último caso reduciendo tamaño y gasto. Así, ha admitido que el Gobierno les ha dicho que las CCAA que no hayan hecho "ni una cosa ni la otra", que avancen en algún sentido.
 
 En parecidos términos, el vicepresidenta gallego y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ha señalado que en esta cita han encontrado la "compresión" del Gobierno a las "especificidades" de cada CCAA, que tienen el "objetivo claro" de "hacer reducciones y racionalizar" la Administración". "Vamos todos en la misma línea y se están consiguiendo reducciones importantes", ha apostillado.
 
Ahorros
En el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11 comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. El Gobierno calcula que si lo suprimiesen todas ellas, el ahorro global en tres años ascendería a unos 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones).
 
 En el caso de los Tribunales de Cuentas, hay 13 autonomías con esta institución fiscalizadora en su territorio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia). Con su eliminación, en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según prevé el Ejecutivo en su informe de la CORA.
 
Algunas CCAA ya han procedido a eliminar órganos propios. Así, Castilla-La Mancha y Murcia han suprimido la figura del Defensor del Pueblo. En el caso de la comunidad que preside Cospedal, también ha eliminado el Consejo Económico y Social. Por su parte, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia han apostado por reducir diputados en sus Asambleas legislativas, según consta en un documento elaborado por el PP al que ha tenido acceso Europa Press.
 
En su exposición, a puerta cerrada, la secretaria general del PP ha destacado la voluntad del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de las comunidades autónomas por reducir la Administración y hacerla más eficaz, según han informado a Europa Press fuentes asistentes a la reunión.
 
En este sentido, la 'número dos' del PP ha hecho un análisis de lo hecho en estos dos años de legislatura y de lo que queda por hacer. Eso sí, ha admitido que hay un "cambio de mentalidad" que ha permitido avanzar en estos temas y luchar contra la inercia instalada en la Administración.
 
Informe CORA
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el informe de la CORA plantea 217 propuestas que responden a la voluntad del Estado y las CCAA de avanzar en el control del gasto, la eficiencia administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.
 
Sáenz de Santamaría ha puesto en valor los esfuerzos que se están haciendo para redimensionar el sector público. Así, ha recordado que de las 2.365 empresas públicas, ya se han extinguido 607 y ha añadido que el objetivo es llegar a 751, lo que supondrán un 32 por ciento menos y llegar a niveles de 2003, según han informado a Europa Press fuentes presentes en el encuentro.
 
Además, la vicepresidenta ha explicado las medidas que está impulsando el Ejecutivo en materia de regeneración democrática. En el caso de la Ley de Transparencia, ha recordado el amplio plazo (de dos años) que se da a las autonomías para su aplicación.

Noticia relacionada: El Gobierno diseña una gira por autonomías para obligarlas a recortar su aparato político . El Confidencial

jueves, 5 de septiembre de 2013

La OCDE hará una evaluación de cómo se va implementando la Reforma de las Administraciones Públicas Españolas

Soraya Sáenz de Santamaría da cuenta de los avances en las 218 medidas contempladas en el  Informe CORA. En las próximas semanas se suprimirán o fusionarán 57 organismos.
Revista de Prensa.4.9.2013. Europa Press -La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este miércoles que ha encargado un informe a la OCDE para que "ayude" al Ejecutivo en el "seguimiento y ejecución" de las 218 medidas que presentó el pasado mes de junio para racionalizar, modernizar las administraciones públicas y evitar duplicidades.
Presentación del Informe CORA
Además, ha avanzado que en estos meses ya se han ejecutado "más de la mitad" de esas propuestas y ha dicho que este mes empezarán con la supresión o fusión de los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal.
  Sáenz de Santamaría ha presidido en el Palacio de la Moncloa la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que presentó el 21 de junio hizo público un extenso informe con más de dos centenares de propuestas de racionalización de las administraciones y medidas estructurales sobre el empleo público con las que el Gobierno calcula un ahorro de 37.000 millones de euros entre 2012 y 2015, cuando se prevé su completa implantación.
OCDE
   La portavoz del Gobierno ha señalado que la OCDE hará una evaluación de cómo se va implantando la reforma de las administraciones, ya que, se trata de un "organismo independiente" que impide al Ejecutivo "caer en la autocomplacencia". "Será el encargado de ayudarnos y de espolearnos en la adopción de las medidas", ha indicado, para añadir en las próximas semanas habrá "observadores" en los distintos ministerios para analizar como se está llevando a cabo esta reforma.
    Tras repasar las medidas que el Gobierno ha aprobado este mes de julio y agosto, Sáenz de Santamaría ha informado de que este viernes el Consejo de Ministros aprobará otras dos: el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección integral de las víctimas del Terrorismo, que facilitará el "acceso privado y telemático" de las víctimas a sus expedientes en relación con las ayudas que prestan las administraciones; y el reglamento del dominio público hidráulico para crear una base central del agua que "permita ser más eficientes en la utilización de los recursos".
Supresión de 57 organismos
  La vicepresidenta ha adelantado que este mes de septiembre se impulsará un amplio paquete de medidas, entre ellas la que aboga por "extinguir, fusionar o reorganizar los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal recogidas en el informe de la CORA. "Este mes será clave para iniciar y en lo posible culminar este proceso", ha enfatizado.
Entre esos 57 organismos que se está analizando su continuidad figura el Consejo de la Juventud, la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Consumo, el Servicio Militar de Construcciones, el  Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina. También se empezará más adelanta con la supresión de una decena de consorcios y 90 observatorios.
 Igualmente, la 'número dos' del Ejecutivo ha explicado que en estas semanas remitirán a las Cortes el proyecto de ley que autorice a elaborar 17 textos refundidos en relación con leyes que han cambiado con frecuencia, al tiempo que se pondrá en marcha el tablón edictal único y se establecerá un punto neutro para el embargo de pagos de las administraciones públicas.
La vicepresidenta del Gobierno ha avanzado que ya está en marcha el proceso para vender más de 15.000 inmuebles del Estado, entre fincas urbanas y rústicas "infrautilizadas", así como la creación del comité para la administración judicial electrónica o la cita previa en los servicios públicos de empleo.
    
Como ejemplo de que el Gobierno está aplicando a rajatabla las medidas aprobadas el pasado mes de junio, ha destacado que el Ministerio del Interior ha aprobado la contratación centralizada de energía eléctrica que supone un ahorro anual de siete millones de euros (de un presupuesto de 40 millones). "Esto pone de manifiesto que sin pérdida de calidad del servicio y sin generar problemas al usuario se pueden llevar a cabo ahorros importantes", ha proclamado.
  
Informe trimestral el 21 de Septiembre
Aparte de poner en marcha las medidas incluidas en la CORA, ha manifestado que el Gobierno sigue incorporando medidas para mejorar la actuación de las administraciones. Así, ha dicho que se ha incluido la relativa a la reorganización de los servicios telegráficos de la Administración General del Estado.
  
Finalmente, Sáenz de Santamaría ha afirmado rotunda que el Gobierno se toma en "serio" la implantación de estas medidas y ha confirmado que el próximo 21 de septiembre presentarán el informe trimestral de cumplimiento del informe de la CORA, que se convertirá en un índice.