Evaluación Económica de Políticas Públicas: buscando atajos razonables

"La ley recientemente aprobada sobre la institucionalización de la evaluación de políticas públicas defiende la función social de la evaluación y su utilización en la Administración Pública española como procedimiento habitual"

Por Ginés de Rus, Javier Campos, M. Pilar Socorro y Jorge Valido. Nada es gratis blog.- Una de las funciones del economista que genera una mayor rentabilidad social es ayudar en la selección de políticas públicas. Su contribución – la evaluación económica de las mismas – consiste en estimar el efecto neto sobre el bienestar social de la intervención examinada antes de que esta sea aprobada, ya sea una nueva regulación medioambiental, inversiones en infraestructuras, o un programa educativo o sanitario. La tarea no es fácil, pero renunciar a ella por su dificultad, o sustituirla por sucedáneos como los estudios de impacto, aumenta la discrecionalidad del político en las decisiones de asignación del gasto público y en la elección de cualquier otra intervención que modifique variables esenciales que acaban afectando al bienestar social.

La evaluación económica ex ante o, en otras palabras, el análisis coste-beneficio (ACB) es, en su acepción más genérica, la plasmación de la manera de pensar del economista o, definido como herramienta, la comparación cuantitativa de beneficios y costes sociales de una política comparada con contrafactual. El ACB es la metodología utilizada por los gobiernos de los países más avanzados y agencias supranacionales. Hay manuales de evaluación disponibles (véanse por ejemplo los del BEI, el ADB o la Comisión Europea) que contienen reglas sencillas de medición a partir de cantidades, precios y costes iniciales. También nos proporcionan valores de referencia para los parámetros más utilizados (por ejemplo, el valor del tiempo o el de una vida estadística) y algunas elasticidades (procedentes de estudios econométricos previos) que permiten proyectar los efectos de los cambios en las variables afectadas por la intervención.

Es evidente que los costes y beneficios de algunas actividades son más sencillos de valorar que los de otras; en el caso de las infraestructuras y servicios de transporte, por ejemplo, el ACB se ha desarrollado de manera extraordinaria, generándose un sólido cuerpo teórico y empírico que permite evaluar con cierta garantía una gran cantidad y variedad de proyectos y políticas (aquí).

En diferentes posts anteriores (véase aquí, aquí, aquí, o aquí, entre otros) hemos tenido la ocasión de discutir tanto las ventajas como las limitaciones del ACB, resaltando la necesidad de plantearlo en permanente búsqueda de un compromiso entre reglas sencillas (es decir, fáciles de aplicar y de explicar a los políticos y a la sociedad en su conjunto) pero que al mismo tiempo estén respaldadas por fundamentos teóricos que justifiquen los atajos que se toman para la medición. Dichos fundamentos teóricos minimizan los riesgos de obtener resultados espurios, provocados por dobles contabilizaciones, o por incluir o ignorar efectos en otros mercados afectados por distorsiones significativas.

En esta entrada queremos subrayar la importancia de partir de un marco analítico que permita utilizar dichos atajos razonables en la comparación con otras intervenciones que compiten por la utilización de fondos públicos. En este sentido, hay que insistir en que la evaluación económica de políticas públicas no debe confundirse con los estudios de impacto, como pueden ser la medición de efectos sobre el valor añadido bruto, el empleo, o el efecto multiplicador en la economía. Este no es el objetivo del ACB. Con el ACB buscamos el efecto neto en el bienestar social de una intervención que tendrá efectos en la utilidad de un conjunto amplio de individuos, heterogéneos en preferencias, en renta, afectados a lo largo de diferentes momentos en el tiempo y sometidos a shocks estocásticos que modifican la utilidad obtenida por cada individuo, y en cada periodo, de manera diferente. Un reto nada trivial porque hay que realizarlo situados en el presente, respetando las preferencias individuales y, entre otros retos, valorando bienes para los que no hay mercado. Todo esto sujeto a la disponibilidad de datos.

En un libro reciente, fruto del trabajo metodológico realizado por los autores de este post para la AIReF, con la colaboración de FEDEA e IVIE, y financiación de la Comisión Europea,[1] tomamos como punto de partida un sencillo modelo del que se extraen los criterios y reglas de medición de los beneficios y costes de intervenciones en los mercados de transporte. Posteriormente, aplicamos esta metodología a la evaluación de inversiones ferroviarias (aquí) y a una política de subvenciones al transporte aéreo (aquí y aquí). También analizamos la relación entre la fijación de precios y la inversión en el contexto de la evaluación económica (aquí), y en sus consecuencias para la configuración de equilibrios irreversibles a largo plazo que no serían óptimos con otros sistemas de tarificación.

La idea central que motiva esta entrada es insistir en que la base teórica del ACB no es otra que el equilibrio general y la economía del bienestar, además de la utilización concienzuda de técnicas econométricas. A veces se contrapone, erróneamente, el ACB con los modelos computables de equilibrio general (CGE), aunque en realidad los dos se nutren de la misma base conceptual y analítica. Lo único que hay que hacer es utilizarlos correctamente porque ambos métodos tienen sus limitaciones dependiendo de para qué se utilizan y con qué intención (aquí). Para muchas intervenciones, el ACB es suficiente y menos costoso que construir un modelo CGE específico. La agregación que caracteriza al modelo CGE estándar concebido para analizar grandes shocks en la economía (por ejemplo, liberalización del comercio) suelen ser de poca utilidad para intervenciones específicas. Un modelo CGE concebido para shocks macroeconómicos (con sus tablas input-output nacionales) es incapaz de discriminar, por ejemplo, entre los efectos de una inversión en infraestructuras ferroviarias interurbanas y urbanas.

Hemos afirmado que el ACB no es sinónimo de estudio de impacto y que lo que trata de cuantificar es el efecto neto en bienestar. También hay que recalcar que la aproximación a la evaluación de la intervención es incremental. Sólo cuentan los cambios netos, no la relocalización de actividad (equidad al margen), y todos los cambios cuentan, no solo los del mercado directo sino de otros mercados secundarios sujetos a distorsiones, que se ven afectados de manera significativamente diferente con relación al contrafactual.

La ley recientemente aprobada sobre la institucionalización de la evaluación de políticas públicas defiende la función social de la evaluación y su utilización en la Administración Pública española como procedimiento habitual, incluyendo la creación de una agencia independiente de evaluación. Bienvenida sea, aunque como economistas recalcitrantes no podemos cerrar esta entrada sin llamar la atención sobre las imprecisiones e indefiniciones que contiene la ley con respecto a lo que es la evaluación económica, y como llevarla a cabo; así como la poca independencia real que contempla la ley para aislar de las presiones políticas a los futuros responsable de la evaluación en España (véase el debate aquí).

[1] El informe técnico, encargado a los autores por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el Spending Review en Infraestructuras de Transporte 2018-2021, fue financiado por la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales (SRSS). Dicho informe refleja únicamente las opiniones de los autores y no implica una posición política de la Comisión Europea o de la AIReF.

El Círculo de Empresarios propone reformar las AA.PP. para hacerlas más eficientes y modernas

Recomienda situar el gasto público en el 40% del PIB en 2024 desde el 50,6% actual. Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes deberían integrarse

Nota de prensa 18.1.2023. El Círculo de Empresarios ha propuesto hoy una Reforma de las Administraciones Públicas con el objetivo de reducir el gasto público del 50,6% del PIB, en que se encontraba en 2021, hasta el 40% en 2024, lo que supondría, en una primera estimación no dinámica, un ahorro del gasto de unos 32.000 millones de euros. En un análisis dinámico, si se aplican los supuestos de crecimiento del PIB nominal que el Gobierno ha remitido a Bruselas para llegar a ese 40% en 2024, el ahorro potencial acumulado sería de 48.600 millones de euros. En términos generales ese ahorro se distribuiría de la siguiente forma: 46% en las administraciones autonómicas, 32% en las locales y 22% en la central.

Esta propuesta, bajo el título “Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas”, la han presentado el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, y el presidente del Grupo de Trabajo de Administraciones Públicas del Círculo, Ricardo Martínez Rico.  Para el Círculo, el límite natural del tamaño de las AAPP españolas en su conjunto está claramente establecido por la experiencia nacional e internacional y por la capacidad de recaudación fiscal de la economía española para su financiación en el medio y largo plazo y se sitúa en torno al 40% del PIB con un margen de flexibilidad de +/- 2% en función del momento cíclico.

El Círculo entiende que “un mayor gasto público no tiene por qué suponer necesariamente unos mejores servicios públicos” y que “su evaluación continua en busca de una mayor eficiencia y eficacia es la mejor manera de garantizar todos los recursos necesarios para las políticas prioritarias”. Una vez establecido el citado límite del 40% habría que definir la senda temporal para alcanzar un saldo presupuestario de medio plazo, a tres años, compatible con el nivel de ingresos y gastos públicos definidos, así como una trayectoria temporal para la progresiva reducción de la deuda pública a un nivel sostenible.

El documento señala que una reestructuración completa de las Administraciones Territoriales centrada en administrar mejor y de forma más eficiente, priorizando el mantenimiento de servicios y prestaciones frente al coste de la administración, “generaría un potencial ahorro de entre 10.300 y 16.100 millones de euros”. En una primera fase se abordaría la racionalización de parte del gasto de las Diputaciones, así como la integración en mancomunidades, áreas metropolitanas o comarcales de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.  En una segunda fase, garantizada la mejor prestación de servicios y suministros, se podría llegar a la supresión del nivel político-administrativo intermedio entre CCAA y Ayuntamientos.

Esta reducción de estructuras administrativas, junto con la mejora en la eficiencia de la prestación de servicios y el redimensionamiento del empleo público mediante políticas de reposición, supondría un potencial ahorro en gastos de personal. En el caso de las CCAA, que emplean al 60% de los asalariados públicos, el ahorro podría estimarse en unos 11.600 millones de euros y en la Administración Central (Estado, Organismos Autónomos y Otras Entidades), que emplean al 19%, en unos 2.100 millones.

 En el ámbito autonómico está constatado el extraordinario margen de mejora en la gestión del gasto público y la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación territorial. Si se hace converger el gasto per cápita de partidas como Educación y Sanidad con el de aquellas más eficientes y eficaces, sin merma para la calidad de los servicios o recorte de prestaciones, los ahorros potenciales estimados podrían llegar a casi 940 millones de euros en el caso de la Educación, excluida la remuneración de personal, y a unos 1.800 millones en el gasto de Sanidad, excluida también la remuneración de personal y el gasto en farmacia.

En sus estudios Spending Reviews, la AIReF cifra de forma concreta el ahorro potencial para las arcas públicas (competitividad empresarial, farmacia hospitalaria y bienes de equipo y medicamentos con receta médica) en un total de 2.990 millones de euros, un 16,4% de los 18.250 millones de euros de gasto analizado en esas partidas. A partir de estos criterios se ha estimado adicionalmente un ahorro potencial superior a los 1.800 millones de euros correspondientes a políticas activas de empleo (1.546 millones), becas de educación universitaria (233 millones) y Correos y servicio postal (31 millones).

En el ámbito de la Sanidad, el Círculo recomienda el desarrollo de centrales de compra a nivel estatal para la provisión de determinados equipos, además de asumir un claro compromiso con la colaboración público-privada que, aun considerando elementos tan relevantes como las distintas densidades de población, tan buenos resultados muestra en términos de gastos per cápita en aquellas CCAA que más han apostado por estas iniciativas (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana).

Hay que incluir la reforma y modernización de las AAPP dentro de las reformas estructurales necesarias como iniciativa adicional de un plan integral coherente de lucha contra la inflación, favorecedor del crecimiento económico, la actividad empresarial y la creación de empleo.

El Círculo termina recordando “la clara oportunidad que supone el Plan Europeo de Recuperación para financiar estas reformas”. Se trata de una ocasión única que ha de ser aprovechada antes de que la reforma venga impuesta por futuras estrecheces de financiación por parte del sector público. +info del Informe: 

Documento «Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas»
Vídeo presentación Documento «Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas»

LinkedinFacebookTwitterWhatsappMail

Evaluar políticas públicas no sólo en tiempo de crisis

"La evaluación de las políticas públicas es un ejercicio complejo, y no sólo se refiere a los resultados obtenidos o a la gestión eficiente del gasto público"

Juan Manuel Andrés Jovani. Agenda Pública.- El interés por la calidad de las políticas públicas no es una cuestión reciente, aunque parece reavivarse en periodos de crisis en las que se disparan los déficits públicos. La revisión del gasto suele plantearse, desde posiciones contrarias a cualquier subida fiscal, como una opción anterior a las medidas recaudatorias. Más allá de este debate, en un contexto como el que plantea la pandemia una asignación de los fondos públicos lo más eficiente posible resulta especialmente relevante para el cumplimiento de los objetivos de las medidas sanitarias, económicas y sociales, lo que no es posible sin una adecuada evaluación de las mismas.

La Unión Europea ha puesto especial énfasis en que los proyectos que se incluyan en los planes de recuperación de los estados miembros para la asignación de las subvenciones y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluyan objetivos, indicadores y plazos de cumplimiento precisos que posibiliten su evaluación, condicionando a ello la liberación de los fondos. Y contempla incluso un eventual reembolso de los mismos si, durante la ejecución de los planes, se constata que no se cumplen los objetivos planteados.

Sin embargo, remitirse a circunstancias tan particulares puede desviar la atención respecto a la necesidad de una evaluación sistemática de las políticas públicas. Desde hace décadas, organismos económicos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, e instituciones como la Comisión Europea, vienen realizando estudios comparados y fomentando la implantación de buenas prácticas de evaluación. Está comprobado que la cultura de la evaluación contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones públicas y, lo que es más importante, a mejorar la calidad democrática a través de la rendición de cuentas.

La evaluación de las políticas públicas es un ejercicio complejo, y no sólo se refiere a los resultados obtenidos o a la gestión eficiente del gasto público. Tiene que ver con aspectos tan variados como la planificación de las políticas, la adecuación de los objetivos, la calidad de las leyes, los análisis de impacto económico, social y medioambiental, los procedimientos de gestión, la simplificación administrativa o la coordinación entre administraciones. Y requiere de medios suficientes (la evaluación tiene un coste) que deben verse compensados por las ganancias de eficiencia; siempre que las conclusiones de la evaluación se reflejen de manera efectiva en mejoras en la gestión, en la reasignación del gasto entre los programas presupuestarios o en reformas estructurales de mayor calado.

España no es en absoluto ajena a esta tendencia. La cultura de la evaluación de las políticas públicas se encuentra arraigada en las administraciones públicas. Existen multitud de investigaciones al respecto en el mundo académico y empresarial, en los centros de estudios y en la sociedad civil. Organismos como el Instituto Nacional de la Administración Pública (Inap) o el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) vienen formando a los empleados y directivos públicos en una cultura de la evaluación e investigando sobre metodologías para mejorar la calidad del propio ejercicio de evaluar. El Tribunal de Cuentas lleva a cabo análisis de la calidad de la gestión en sus auditorías públicas. También las comunidades autónomas han ido creando organismos y promoviendo investigaciones para la evaluación de sus políticas.

A pesar de todos estos esfuerzos y avances, aún prevalece la opinión de que falta en nuestro país una sólida cultura de la evaluación bajo criterios y metodologías rigurosos, transparentes, objetivos e imparciales, que tenga un verdadero reflejo en una rendición de cuentas de los poderes públicos, más allá del debate partidista. Sin embargo, lo que falta más bien es un sistema integrado, coherente e institucionalizado de evaluación de las políticas públicas. En muchas ocasiones, las iniciativas, innovaciones y esfuerzos en este campo quedan en valiosos documentos teóricos sin una traslación real a la mejora de la gestión pública, o carecen de continuidad por la ausencia de apoyo desde la esfera política. En otras, la transparencia no es contemplada en su sentido más amplio. Así, el ciclo presupuestario no debería considerarse cerrado una vez ejecutado el gasto y liquidado el ejercicio, sino una vez evaluados los resultados de los programas presupuestarios, de modo que se pudiera conocer no sólo en qué, sino también cómo se han gastado los recursos públicos.

A nivel institucional, se ha dado también una discontinuidad en los organismos evaluadores, y éstos no han gozado de la relevancia que su función requería. Los informes anuales de actividad que, por ley, debía remitir a las Cortes Generales la desaparecida Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (disuelta en 2017) pasaron siempre desapercibidos. El actual Instituto de Evaluación de las Políticas Públicas (Iepp) se ha integrado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con rango de Subdirección General, y no tiene la obligación legal de remitir sus evaluaciones al Parlamento.

Este retorno de la institución evaluadora al seno de la Administración puede aproximar la evaluación a los propios gestores públicos, para orientar de un modo más inmediato la toma de decisiones y mejorar la gestión pública. Sin embargo, la creación de una agencia o autoridad más autónoma e independiente, dotada de medios suficientes, que coordinara e integrara los esfuerzos hoy dispersos (AIReF, Inap, IEF, Tribunal de Cuentas) y contara con planes de evaluación transparentes (sobre los que pudieran influir los parlamentos nacional y autonómicos) daría una muestra de compromiso político con una evaluación objetiva e imparcial, que implicara una verdadera rendición de cuentas de los poderes públicos más allá de los vaivenes políticos.

En esta línea de institucionalización y sistematización de la evaluación de las políticas públicas se inscriben los últimos estudios y recomendaciones de la OCDE. A nivel nacional, el reciente plan estratégico adoptado por la AIReF para los próximos años plantea hacer de la evaluación una función permanente y central del organismo, que atesora ya la experiencia de las revisiones de gasto (spending reviews) llevadas a cabo desde 2018. Algunas de ellas, como la relativa a las subvenciones, abarcaban diversos niveles de gobierno. Otras, como la de los beneficios fiscales, partieron de una iniciativa parlamentaria. Algunas comunidades autónomas se están dirigiendo a la AIReF para solicitar evaluaciones sobre determinadas políticas o planes autonómicos.

Esta estrategia puede marcar el camino para un refuerzo institucional de la evaluación en España que mejore la calidad del gasto y la transparencia de las políticas públicas, además de favorecer una rendición de cuentas regular y periódica de los poderes públicos ante los parlamentos y la sociedad, no sólo circunscrita a momentos de crisis o como condición para la recepción de los fondos europeos. 

Las cuatro falacias sobre la evaluación cuantitativa de las políticas públicas

De Antonia Díaz (@AntoniaDiazRod) y Pedro Rey Biel (@pedroreybiel). Nada es Gratis blog.- Entre las pocas cosas positivas que nos ha traído la pandemia se encuentra un renovado consenso sobre la necesidad de estudiar cuidadosamente las políticas públicas que se adopten.

 Haciendo de la necesidad virtud, la constatación de las urgencias que nos vienen y la escasez de recursos disponibles ha hecho a los responsables políticos un poco más conscientes de la necesidad de evaluar, de acuerdo con criterios científicos contrastados, la efectividad y las consecuencias agregadas y distributivas de las medidas que se pretenda llevar a cabo. Algunos ejemplos de estos nuevos aires los hemos tenido en la llamada a expertos, no convocados por su afiliación política sino por sus conocimientos y prestigio, en las diversas Comisiones para la Reconstrucción que se han creado en el Congreso y en otros grupos de asesoramiento. De forma similar, la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), a la que finalmente ningún partido político se opuso, se ha realizado basándose en la evaluación de experiencias pasadas y con la promesa de José Luis Escrivá, actual Ministro de Seguridad Social tras su paso por la AiReF (otro símbolo del interés por las políticas basadas en la evidencia), de que sería “evaluada antes, durante y después de su despliegue”. Estos vientos favorables a la evaluación vienen, además, propiciados por el empuje, cada vez más numeroso, de diversas instituciones, administrativas, académicas y de pura consultoría, que han presionado para que se usen las mejores metodologías existentes en la evaluación de políticas.Airef

En este clima positivo, sorprendió esta semana que el informe inicial de la llamada Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, remitido a una de las Comisiones de Reconstrucción del Congreso, se pronunciara en los siguientes términos:

El clamor en diversos medios y redes sociales de expertos de referencia en el campo de la evaluación, llevó a una sentida rectificación pública posterior y a que el informe final enviado al Congreso no contenga afirmaciones tan atrevidas. Más allá de la anécdota de que una asociación se sienta obligada a pedir disculpas, el informe, en su versión inicial, manda un mensaje erróneo sobre el papel y la utilidad de lo que llama “metodologías cuantitativas y experimentales” y en Economía llamamos “métodos de evaluación de políticas económicas”.

¿Se imagina usted que le recetaran una dosis de un medicamento sin que su médico supiera qué dosis exacta es recomendable dada la gravedad de su enfermedad? ¿Se imagina que usted accediera a recibir un tratamiento experimental y su médico no vigilara de cerca el efecto de esa medicina sobre parámetros de salud tan medibles como un análisis de sangre, su tensión arterial o masa corporal? ¿Se imagina que su médico, en vez de tomarle la temperatura, le preguntara por qué se sintió impelido a acudir a su consulta y le pidiera que escogiera el tratamiento con el que se sentiría más cómodo? Lo más seguro es que le pareciera una burla o que. simplemente, el médico no estuviera haciendo su trabajo. Pues esto lo que se hace cuando se lleva a cabo una política económica sin un estudio cuantitativo previo de sus probables efectos y un estudio a posteriori de su resultado.

Distingamos cuatro afirmaciones erróneas en el enunciado de la Sociedad y pasemos a refutarlas:

Las metodologías cuantitativas cuentan y deben contar con la participación ciudadana, tanto para definir las cuestiones que se van a evaluar, como para concretar los indicadores que se utilizarán para medir su éxito, que pueden ser tan amplias y tan subjetivas, aunque medibles, como uno quiera.

La transparencia y la rendición de cuentas se facilitan, en lugar de dificultarse, cuanto más claras, objetivas y medibles sean las variables de estudio. Medir no significa reducir la realidad social a simples números, siempre que se genere un debate lo suficientemente amplio sobre todas las cosas que se quieren medir. El debate claro sobre la elección de indicadores y sobre el conjunto de poblaciones y fenómenos que se deben medir puede ser más inclusivo y transparente si se explicita lo que se mide.

El desarrollo de técnicas cuantitativas, como la estimación estructural o la experimentación, se produce precisamente, para acercarse lo más posible a establecer causalidad entre variables, en lugar de razonamientos circulares en los que causas y efectos se confunden.

La posibilidad de manipulación de datos “con programas informáticos”, puede ser fácilmente corregida con datos contrastables y verificables gracias a la replicabilidad que permite tener una metodología precisa y clara.

Desarrollemos un poco más estas ideas. Cuando pedimos que las políticas públicas se evalúen cuantitativamente estamos pidiendo que el proyecto de ley o borrador venga acompañado de un documento donde se explique el probable impacto de esa medida, qué variables y parámetros se escogen para medir sus efectos, donde se muestre la metodología y los datos utilizados para que se pueda revisar la fiabilidad del estudio y contrastar sus conclusiones con las que se obtengan en estudios alternativos. Por ejemplo, la propuesta “Fair Taxation of the Digital Economy” es una iniciativa de la Comisión Europea para gravar las empresas del sector digital. Ponemos este ejemplo porque este impuesto se está discutiendo actualmente como una forma de financiar el Fondo de Recuperación (del que se habló aquí) y, por tanto, deberíamos empezar a estimar qué parte de esos ingresos se podría recaudar en España. En la web donde aparece la propuesta legislativa hay un enlace llamado “impact assesment” que lleva a un documento de trabajo que evalúa su potencial recaudatorio, utilizando un modelo de equilibrio general computable conocido como CORTAX. Los modelos multisectoriales de equilibrio general computable tienen una larga tradición en Economía como herramienta para estudiar los efectos agregados de políticas macroeconómicas (es decir, el impacto sobre el PIB agregado y los precios). 

Estos modelos (CGE) han tenido una larga evolución hasta llegar a los Dynamic Stochastic General Equilibrium Models o, de forma más genérica, a los “Applied General Equilibrium Models”, como prefiere llamarlos Edward C. Prescott. En España tenemos un ejemplo temprano de CGE en el artículo de uno de nuestros directores de tesis Tim Kehoe donde, con profesores de la UAB, estudiaba el efecto de la reforma impositiva de 1986 (que Javier Ferri menciona aquí). Esta tradición se mantuvo con el modelo REMS, usado en los Ministerios de Economía y Hacienda, en cuya elaboración intervinieron, por ejemplo, Javier Ferri y Luis Puch, y que actualmente ha mutado al modelo EREMS, usado para evaluar ex ante el último Programa de Estabilidad.

Además de las políticas macro hay otras donde interesa conocer no solo el efecto de equilibrio general sino sobre el comportamiento de los individuos. Se trata, por ejemplo, de políticas que buscan eliminar la posibilidad de trampas de pobreza sin matar los incentivos individuales y que, generalmente, afectan a la oferta laboral y a la inversión en educación. Por eso son medidas muy especificas para cada tipo de perceptor. Hay dos formas de operar en la literatura. En la primera se explotan enormes bases de datos usando modelos estructurales. El máximo exponente es el ganador del Premio Nobel Angus Deaton. En la segunda se usa la metodología de experimentos controlados aleatorios. Ejemplo de esta metodología son los galardonados Banerjee, Duflo y Kremer. De todas las metodologías usadas en Economía esta última es la más cercana al ensayo clínico propio de las Ciencias de la Salud.

Los ejemplos que hemos dado corresponden a lo que llamamos evaluación de políticas ex ante. Por su propia naturaleza (ex ante queremos predecir) o se hacen supuestos de causalidad (la política A afecta al comportamiento del grupo B) y eso se inserta en un modelo estructural o se hacen experimentos controlados aleatorios. La cuestión crucial para esta metodología es que sea replicable. Y esto debe ser así porque hay que controlar y contrastar. El método científico debe soportar el máximo de luz y taquígrafos, o no es científico.

Pues bien, además de la evaluación de políticas ex ante hay que hacer evaluación ex post. Porque podemos equivocarnos y hay que aprender de los errores (máxime cuando los errores atañen al dinero del contribuyente y a las vidas de muchas personas). Y, para eso, hay que saber qué fue un error y qué fue un acierto. Por eso hay que hacer evaluación a posteriori. Los macroeconomistas nos hartamos a hacerla. Ponga usted en Google Académico: Size of fiscal multipliers — que es una forma técnica de decir “efecto total sobre el PIB y nivel de precios de un cambio en el gasto público y/o presión impositiva” — y aparecerán los enlaces de miles de artículos científicos. Pero también es posible evaluar a posteriori los efectos microeconómicos. De hecho, los microeconómetras casi se han apropiado del término policy evaluation para referirse a las técnicas usadas para cuantificar los efectos de políticas. También en este campo hay grandes aportaciones metodológicas que han merecido un Premio Nobel, como es el caso de James Heckman.

Citamos a todos estos galardonados con Premios Nobel no porque queramos ponernos campanudos. Ni siquiera porque todas las metodologías indicadas nos parezcan igualmente útiles (nótese que quienes escriben este post son una macroeconomista acérrima y un experimentalista) sino porque son contrastables, aplican el método científico y, al usarse masivamente por economistas en todo el mundo, tenemos una idea muy clara de su fiabilidad.

El método científico es particularmente deseable cuando se trata del dinero público y del bienestar de todos, es la expresión máxima de la transparencia exigible a todo organismo público. Por eso toda propuesta de política debería venir acompañada de su evaluación cuantitativa previa. No solo eso, sino que la cuantificación de efectos es el mejor antídoto contra los ardores partidistas. Cuando no hay magnitudes contrastables sobre la mesa las personas tendemos a hablar sobre nuestro imaginario (y nosotros podemos entender que el imaginario de unos resulte molestísimo a otros), pero es desgraciado que eso ocurra en el Parlamento. Desgraciado para los ciudadanos, claro está, además de un despilfarro de recursos. El éxito del Ingreso Mínimo Vital, aprobado sin oposición en el Parlamento, no se debe a que, repentinamente, todo el arco parlamentario se haya compadecido de la suerte de miles de familias en situación crítica. Se debe a que, quienes consideran que es un deber público asistir a esas familias, han elaborado una propuesta evaluada cuantitativamente y han puesto los números sobre la mesa. Muy probablemente la evaluación cuantitativa no solo mejorará nuestra política económica sino nuestra vida pública.

Esta defensa de la evaluación cuantitativa de políticas no ignora la existencia de técnicas cualitativas, que en muchos casos ya se están combinando con las cuantitativas para crear modelos mixtos que no excluyen ninguna metodología. La importancia de cuestiones sociales, no tan fácilmente cuantificables, supone un reto para estimular la traslación cualitativa de una realidad compleja a indicadores medibles, pero la dificultad de combinar ambas cosas no debe llevar ni a medir sólo aquella variable que es sencilla ni a perdernos en valoraciones cualitativas que evitan la concreción. Dejémonos de debates metodológicos vacíos, y centrémonos en encontrar y evaluar las mejores políticas para la situación que nos viene.

Nuevo Ingreso Mínimo Vital contra la Pobreza: una primera valoración…

El montante de la ayuda va a depender del número de miembros y de hijos y de la tipología del hogar. Ver en BOE de 1.6.2020- RDL 20/2020, de 29 de Mayo por el que se aprueba el Ingreso Mínimo Vital

Por José Ignacio Conde-Ruiz. Nada es Gratis blog.- La mayoría de los Estados de Bienestar europeos tienen, como principal escudo contra la pobreza, un programa de prestación de último recurso, al que pueden acudir los ciudadanos cuando han agotado todos los derechos a percibir otro tipo de ayudas. Los programas europeos de esta naturaleza son muy heterogéneos (ver este estudio de la AIReF para un análisis detallado por países) en cuanto a la cuantía, la cobertura o su gestión administrativa y muchos de ellos se encuentra bajo revisión para mejorar su eficacia. En el caso de España, históricamente esta competencia ha recaído exclusivamente en las CCAA dando lugar a un sistema de rentas mínimas regional muy fraccionado, con grandes disparidades territoriales que en muchos casos dejan sin protección a algunos colectivos.

Un análisis detallando (también ver AIREF (2107)) de este tipo de programas de rentas mínimas regionales nos muestra que también son muy heterogéneas tanto en la cuantía como en la cobertura. En cuanto a la cuantía, van de los 300 euros mensuales en Murcia o Ceuta, hasta los más de 700 euros mensuales en el País Vasco o en Navarra. En cuanto a la cobertura, para determinar los colectivos con derecho a las mismas, también se usan distintas rentas de referencia (8 comunidades usan el IPREM, tres comunidades el SMI y Cataluña ha creado una renta de referencia). Y para añadir una mayor heterogeneidad regional, las CCAA usan distintos porcentajes sobre sus rentas de referencia (que van desde 62% al 100%). Si a esto le añadimos una alta complejidad administrativa podemos decir que el modelo actual tiene una baja eficacia en su lucha contra la pobreza, incluso contra la extrema.

Por este motivo, creo que es imprescindible mejorar el actual sistema de rentas mínimas, estableciendo un nuevo diseño que ordene todos los programas de apoyo existentes, que garantice unas coberturas y cuantías mínimas en todo el territorio nacional y que mejore su eficacia y eficiencia. Cómo todo el mundo puede entender, el principal escollo para diseñar un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente, es la necesidad diseñarlo conjuntamente con las CCAA y su maraña de rentas mínimas de inserción.

Dada la urgencia de ayudar a los mas vulnerables afectados por la COVID-19 en este post abogaba por establecer un Ingreso Mínimo Vital de emergencia que sirviera como laboratorio de pruebas para un IMV permanente. Sinceramente creo nuestro país necesita un programa de IMV para hacer frente a la pobreza y en particular a la pobreza infantil. No hay nada que generé más desasosiego que la pobreza infantil. Los niños en hogares pobres o marginales están condenados al fracaso escolar, lo cual dificulta mucho la movilidad social. Por lo tanto, creo que la lucha contra la pobreza infantil es una de las políticas mas importantes para garantizar la igualdad de oportunidades. Y este sentido el nacimiento de IMV permanente bien diseñado es sin duda una muy buena noticia.

El gobierno ha descartado la puesta en marcha de un ingreso mínimo de emergencia frente al COVID-19 y ha optado por introducir directamente un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente con las siguientes características. Se trata de una ayuda que complementa los ingresos de familias vulnerables. El requisito para ser considerado vulnerable es tener una renta que se queda 10 euros o más por debajo del umbral mínimo establecido. El nuevo IMV a modo de renta garantizada servirá de complemento. Es decir, una familia que cumpla los requisitos le corresponde una renta mínima de 1.000 euros tendrá derecho al complemento si ingresa 990 euros o menos. El montante de la ayuda va a depender del número de miembros y de hijos y de la tipología del hogar entre otras cosas. Se han establecido 14 tipos de hogar. Estos irán desde el compuesto por un adulto solo, al que le corresponderán 461,5 euros mensuales, hasta las familias compuestas por tres adultos y dos niños o más o por cuatro adultos y un niño (1.015 euros/mes). El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se hará cargo de la gestión del ingreso mínimo en toda España, excepto en Navarra y el País Vasco, donde se encargarán las administraciones autonómicas.

En una primera reflexión he identificado algunos problemas de diseño que creo que se deberían corregir para conseguir que el necesario programa de IMV que acaba de nacer mejore su potencia y su eficacia como lucha contra la pobreza.

Papel de las CCAA. La parte positiva del nuevo IMV es que consigue crear una garantía de rentas mínima a nivel estatal (igualando en un mínimo a todas las CCAA), buscando la armonización con los sistemas de rentas de inserción ya existentes. Es decir, garantiza un mínimo común por parte del estado, y da libertad a aquellas comunidades, que así lo deseen, complementen sobre este mínimo garantizado.

El problema principal, probablemente por la urgencia en la negociación con las CCAA, es que no hay ningún tipo de obligación por parte de las CCAA a colaborar en el coste y estas estratégicamente pueden retirar sus rentas mínimas para ser reemplazadas por el IMV estatal. De hecho, ni siquiera se tienen en cuenta las rentas autonómicas que pueda estar recibiendo una familia en este momento, a la hora de aplicar el control de rentas que determina los requisitos para percibir el IMV. Es decir, el nuevo IMV de la Seguridad Social que percibirá una familia será exactamente el mismo, tanto si esta familia estaba percibiendo ya la ayuda autonómica como si no la estaba percibiendo. Por lo tanto, es muy probable que la mayor parte de las CCAA reduzcan sustancialmente sus programas de rentas mínimas, y únicamente aquellas CCAA que ya tienen rentas mínimas muy generosas, como el País Vasco o Navarra, los mantendrán, como complemento. Para garantizar que las CCAA siguen aportando recursos para la lucha contra la pobreza, un diseño más razonable sería que el nuevo IMV fuera co-financiado por las CCAA y la Seguridad Social. De esta forma, no solo se obtendría un sistema de protección más potente (actualmente las CCAA dedican 1.500 millones y dan apoyo a 350 mil familias en sus programas de rentas mínimas), sino que también ganaría en corresponsabilidad fiscal pues no olvidemos que son las CCAA las que tienen las competencias en asuntos sociales.

Incentivos al empleo. Al estudiar los programas de rentas mínimas que mejor funcionan hemos aprendido que los programas de ingresos mínimos deben tener importantes incentivos al empleo para evitar las llamadas “trampas de la pobreza” que generan persistencia y reducen la movilidad social o el desplazamiento de rentas hacia la economía sumergida. En la nota de prensa del decreto se dice:  “Además, se fomentará la participación en el mercado laboral con incentivos. Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. En el caso de que esté ocupado, cuando su salario se incremente, la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.”

Habrá que esperar a los detalles del RDL para ver cómo son dichos incentivos al empleo. Voy a poner dos ejemplos para ilustrar por qué un IMV sin incentivos al empleo puede generar incentivos perversos.

Supongamos que el IMV (a modo de renta garantizada) para una familia de 5 miembros que cumple los requisitos para percibirla, son 1.015 euros al mes y el IMV no tuviera incentivos al empleo.

Ejemplo 1. La familia tiene ingresos por 915 euros, que es el sueldo de uno de los miembros. En este caso el IMV al que tendría derecho son 1.000 euros. Pero si la persona que esta trabajando por 915 euros deja de trabajar, el IMV sería de 1.015 euros. Es decir, el IMV pasaría de 1.000 a 1.015 euros mes. Por lo tanto, podemos decir que, en esta situación, el trabajador dedica su jornada laboral para obtener tan solo 0 euros. Por lo tanto, podemos decir que, en esta situación, el trabajador dedica su jornada laboral a obtener 0 euros (es decir es cómo si tuviera un 100% de tipo impositivo).

Ejemplo 2. La familia tiene 0 ingresos pues nadie trabaja. En este caso el IMV será de 1.015 euros. Supongamos que tiene la suerte que a un miembro de la familia le ofrecen un salario de 1.011 euros y lo acepta. En este caso el IMV pasará de 1015 euros a 1 euro.

Luego, en el ejemplo 1 ¿qué incentivos tiene el miembro de la familia que esta trabajando a seguir trabajando? o lo que es más grave, ¿qué incentivos tiene de pasarse a la economía sumergida? Y en el ejemplo 2, ¿qué incentivos tiene el trabajador a aceptar el empleo por 999 euros? Creo que las preguntas se contestan solas. En mi opinión los incentivos deberían ser al estilo de los “negative income tax”. Este problema de incentivos también lo tenia iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos como puse de relieve en este post. Esperemos que diseño final de los incentivos al empleo, que conoceremos tras la publicación del RDL, sean los adecuados.

También es importante tener en cuenta, que introducir incentivos al empleo, requiere un mayor gasto del calculado de forma estática. Según algunos cálculos solventes la introducción de incentivos monetarios al empleo supondría un aumento del coste total del programa en una horquilla del 28% al 50%. Cuando tengamos los detalles una vez se publique el BOE, analizaré en detalle cómo funcionan estos incentivos.

Estabilidad Fiscal. Como hemos dicho en muchas ocasiones en este blog, España aún no ha resuelto su crisis fiscal y lo que resulta más preocupante desde el año 2014 el déficit estructural no ha parado de aumentar (ver aquí para una análisis de la consolidación fiscal en España desde la crisis de 2008). Simplificando, el déficit estructural es el déficit que tendría una economía cuando crece a su potencial y sin tener en cuenta las medidas temporales (o medidas “one-off”) tanto de gastos como de ingresos. En este sentido, a diferencia de un IMV temporal, un IMV permanente aumenta el déficit estructural. Dado que aumenta los gastos de forma estructural, lo responsable para no introducir tensiones fiscales adicionales es introducir medidas de aumento de los ingresos capaz de financiarlo. 

No obstante, dicen que son 3000 millones de euros, pero ¿son adicionales? pues, a parte del comportamiento estratégico de las CCAA reduciendo sus programas rentas mínimas, parece que la prestación por hijo de la Seguridad social, o al menos una parte de ella,  va a desaparecer.

Cobertura. El gobierno anuncia que el IMV tendrá una cobertura inicial de 850 mil familias y un coste de 3.000 millones anuales. En una situación previa a la pandemia, como la analizada por la AIReF en 2017, hablaba de 1,8 millones de familias como el objetivo a cubrir y un coste de 5.500 millones. Evidentemente en estos momentos donde muchas familias han sido golpeadas por la pandemia, el colectivo de vulnerables será incluso mayor. Por lo tanto, creo que es muy probable que este IMV sea insuficiente para luchar contra la pobreza asociada al COVID-19. En este sentido, cobra aún más importancia una buena negociación con las CCAA para que entren a co-financiar este nuevo IMV, alineen sus incentivos, mejore la corresponsabilidad fiscal y eviten que los recursos que ya están dedicando a la lucha contra la pobreza acaben desviándolo a otras funciones. Para el tema de la cobertura es importante conocer los detalles de cómo se van a considerar la caída de ingresos por culpa de la pandemia. Para conocer lo ocurrido en  2019 tenemos los registros de la Agencia tributaría, pero ¿para este año 2020? ¿cómo se va a hacer?. Y, ¿se van a considerar los ingresos contemporáneos  de forma excepcional solo este año por la pandemia o de forma estructural?

En definitiva, creo que la puesta en marcha del IMV recién anunciado por el gobierno es un paso muy importante para completar nuestro Estado del Bienestar al introducir una prestación de último recurso general y homogénea en todo el territorio nacional. Seguramente es el avance en materia social más importante desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia de 2006. Comparto completamente el objetivo de luchar contra la pobreza, y en particular contra la pobreza infantil. No obstante, creo que tiene importantes problemas de diseño que el necesario recién nacido programa de IMV debería tratar de resolver lo antes posible para mejorar su potencia y eficacia cómo escudo contra la pobreza. Por último, es muy destacable, que por primera vez nace un programa del Estado del Bienestar estableciendo un mecanismo para poder ser evaluado. La evaluación de políticas públicas es crucial para la mejora de los programas y el uso eficiente de los recursos públicos.

Gasto hospitalario: AIReF presentará en julio el ‘Spending Review’

El Spending Review del gasto hospitalario analizará la evolución del gasto sanitario público en relación a dos partidas: farmacia e inversiones en bienes de equipo

Revista de prensa. Gaceta Médica.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) remitirá al Gobierno a finales de esta semana un avance del estado de situación del Spending Review del gasto hospitalario. Así lo ha asegurado Cristina Herrero, nueva presidenta de AIReF, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso.

El Spending Review del gasto hospitalario forma parte de la segunda fase de los análisis de gasto encargados a la AIReF por el Gobierno. Junto a él se encuentran análisis similares sobre beneficios fiscales, beneficios a la contratación e infraestructuras de transporte.

  

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, durante su 
comparecencia en la Cámara Baja.

Aunque el plazo para hacer entrega de estos estudios vence en septiembre, la AIReF trabaja “a pleno rendimiento”, dice Herrero, para adelantarse a la fecha. Si se cumplen las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Spending Review del gasto hospitalario se presentará en julio.

¿Qué se sabe del Spending Review?

El Spending Review del gasto hospitalario analizará la evolución del gasto sanitario público en relación a dos partidas: farmacia e inversiones en bienes de equipo. La farmacia hospitalaria representaba en 2016 alrededor del 14,9 por ciento de los 41.500 millones de gasto hospitalario (unos 6.200 millones de euros). Mientras, las inversiones en bienes de equipo representaban el 1,8 por ciento del gasto hospitalario (879 millones).

AIReF se expresaba así al respecto de estas inversiones en el Plan de Acción de la segunda fase de los spending review. “Dada la relevancia de ambas partidas para la calidad de la prestación sanitaria parece necesario afrontar una revisión del gasto público en este ámbito, en la que se analicen los procedimientos de decisión, planificación y adquisición, con el objetivo de identificar palancas que permitan mejorar la eficiencia y la calidad del gasto, así como garantizar la sostenibilidad del SNS”.

El Spending Review realizará “evaluaciones de estrategia y procedimiento, eficiencia y eficacia” en gestión del gasto farmacéutico y equipos hospitalarios. En primer lugar, esto incluirá una evaluación de los sistemas de información de los hospitales y sus posibilidades de interconexión. Para ello ha sido necesario recoger información de hospitales del SNS.

En segundo lugar se llevará a cabo una descripción del gasto hospitalario y de las partidas que lo componen. Se tomarán en consideración su evolución por territorio y por tipo de hospital y en relación con variables macroeconómicas. El Spending Review identificará las diferencias en el gasto y la duración media de los tratamientos, el número de recetas al año y el gasto medio por receta.

El análisis del gasto hospitalario identificará las diferencias en el gasto, la duración media de los tratamientos; el número de recetas al año y el gasto medio por receta

De cara a comprender mejor la situación del gasto, AIReF se propuso realizar una comparación con la situación de la prestación farmacéutica en los países del entorno español.

Otra parte del análisis tendrá en cuenta las proyecciones de gasto farmacéutico e inversión en equipos hospitalarios. Este capítulo considerará 2025 como horizonte temporal. Y también aquí la intención de la AIReF es llevar a cabo una descripción territorializada, por dependencia funcional y por finalidad del hospital.

Los modelos de gestión, a examen

El Spending Review del gasto hospitalario también analizará los procedimientos de evaluación de medicamentos e introducción de innovaciones y los de compras.

Pero no sólo eso. El Spending Review del gasto hospitalario también analizará los diferentes modelos de gestión de la prestación farmacéutica hospitalaria en España. Dicho estudio se realizará con una comparativa en el contexto internacional.

Según AIReF, “se tendrá en cuenta en qué medida el modelo de gestión hospitalaria constituye un factor determinante para explicar las diferentes identificadas en la gestión de la farmacia hospitalaria y en las dinámicas de compras que se derivan de las decisiones de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales.

Este capítulo del Spending Review del gasto hospitalario prestará especial atención a dos puntos. En primer lugar, “se analizará la actuación de las comunidades autónomas y los servicios de farmacia hospitalaria en lo relativo a la toma de decisiones en los procedimientos de evaluación de medicamentos e introducción de las innovaciones terapéuticas, así como la gestión de la prestación farmacéutica”. Para ello, se identificarán patrones comunes y diferenciales en los territorios y entre hospitales y se identificarán buenas prácticas.

AIReF analizará la actuación de las CCAA y los servicios de farmacia en lo relativo a los procedimientos de evaluación de medicamentos e introducción de las innovaciones

En segundo lugar se analizarán los procedimientos de compras y se evaluará el impacto de su uso en el volumen total del gasto. “Las posibilidades son múltiples”, apunta la AIReF. El Plan de acción cita textualmente los procedimientos jurídicos, la adjudicación y contratos menores, la adquisición en régimen de exclusividad o los acuerdos marco. Por otro lado, se vincularán los procedimientos de compra utilizados con los modelos de gestión de la prestación farmacéutica hospitalaria.

Gasto farmacéutico hospitalario vs resultados en salud

El Spending Review de AIReF sobre gasto hospitalario contemplará los impactos derivados de la aplicación de sus recomendaciones “en términos de gasto y resultados en salud”.

En base a los resultados de todo el trabajo descrito, AIReF comparará los resultados en términos de gasto hospitalario y en salud. La ausencia de los resultados en salud fue la mayor crítica que recibió el Spending Review del gasto de receta, publicado en 2019. “Si en algo tiene importancia ese análisis exhaustivo es en el proyecto de gasto hospitalario. Un medicamento que cure ahorra muchos gastos que no son en farmacia”, declararon fuentes de la AIReF a mediados del año pasado.

El informe que describe cómo será el Spending Review del gasto hospitalario confirma estas intenciones. Para ello se analizarán, primero, las diferencias en la gestión de la prestación farmacéutica hospitalaria en el ámbito nacional e internacional y los diferentes modelos de gestión de activos tecnológicos.

Por último, se tendrán en cuenta los resultados de los hospitales españoles considerando las diferencias en la gestión de la prestación farmacéutica y los bienes de equipo. “Se considerarán indicadores de resultados vinculados a la calidad asistencial, adecuación y eficiencia (coste medio farmacéutico por patología tratada”, asegura AIReF. Además, se realizará un análisis de eficiencia doble, estático y dinámico, para valorar si los hospitales “se alejan o se acercan” a su correspondiente frontera de eficiencia en dos periodos.

Todo ello determinará las futuras recomendaciones al Gobierno en materia sanitaria, así como los impactos derivados de su posible aplicación “en términos de gasto y resultados en salud”.

AIReF, Autoridad ‘evaluadora’

Cristina Herrero ha sido elegida por unanimidad presidenta de la AIReF durante los próximos seis años.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal reforzará su labor supervisora y de evaluación de políticas públicas para ser “más útil a la sociedad”. Así lo ha asegurado Cristina Herrero, elegida por unanimidad por la Comisión de Hacienda del Congreso para presidir el organismo durante los próximos seis años.

Herrero ha destacado cómo “la evaluación tiene entidad propia” dentro del trabajo de la AIReF y contribuye a que las políticas públicas dejen de lado el “cortoplacismo habitual”.

En su apuesta por hacer de la evaluación un área de “actuación permanente“, AIReF modificará sus estatutos y se dotará de mayores medios humanos y tecnológicos. Este trabajo se vertebrará en torno a tres objetivos: la utilidad de las evaluaciones, abordaje de evaluaciones a iniciativa propia y difusión del conocimiento adquirido.