Revista de prensa. Ignacio Bolea Expansión.- El "cambio de época" anunciado por Pedro Sánchez
no parece haber llegado a los hábitos de los partidos cuando llegan al poder.
En los dos meses transcurridos desde la moción de censura, el nuevo Ejecutivo
socialista ha cambiado casi al completo a los altos cargos de la Administración
y las principales empresas públicas, donde más de 1.000 responsables designados
por el PP han tenido que "dejar paso" a los del PSOE.
Esta práctica lleva siendo habitual en la vida política
española desde el siglo XIX, como ya denunciaban las novelas de Benito Pérez
Galdós. Su continuidad durante tanto tiempo ha provocado que hoy sea vista como
"normal" por parte de muchos sectores de la sociedad, especialmente
la propia clase política.Farolillo rojo
Sin embargo, se trata de una auténtica anomalía si se
compara con el resto de economías avanzadas, como pone de manifiesto la OCDE en
su informe Government at a Glance 2017, publicado el año pasado. España ocupa,
junto a Turquía y Chile, el "farolillo rojo" en el ránking que mide
los efectos del cambio de Gobierno en la continuidad de los altos cargos de la
Administración Pública.
Esta clasificación muestra que existen países con una
cultura en este ámbito completamente opuesta a la española. Es el caso de
Alemania, Holanda o Canadá, donde con el cambio de Gobierno ni siquiera se
sustituye a los miembros del gabinete del ministro. En otros países -incluidos
aquellos más cercanos culturalmente a España como Italia o Grecia-, lo habitual
es que se realice una renovación casi total entre estos responsables pero se
apueste por una mayor continuidad en los siguientes niveles administrativos.
Sin embargo, en España se sustituye a casi el 100% de los
directores y subdirectores generales (lo que la OCDE califica como senior
management D2), lo que supone un intervencionismo mayor que el que se da en
países Europa del Este como Polonia o Hungría.
La propia OCDE alerta de las consecuencias negativas que
tiene esta elevada tasa de reposición, que da lugar "a la preferencia por
actores políticos en lugar de gestores con las habilidades y competencias
necesarias para ser líderes efectivos". Esto es precisamente lo que ha
hecho Sánchez al nombrar a su antiguo jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano,
presidente de Correos, pese a que no tiene experiencia homologable. Otro caso
ilustrativo ha sido la designación de José Vicente Berlanga, licenciado en
Filosofía, como presidente de Enusa, la sociedad de gestión del uranio, donde
ha reemplazado a José Luis González, que llevaba casi dos décadas en el puesto
y cuatro décadas en la empresa.
Además de afectar a la gestión, estos nombramientos provocan
"una pérdida de confianza en las instituciones públicas" por parte de
los ciudadanos. No es ni más ni menos que lo que ha sucedido con el último
barómetro del CIS, que PP y Cs tildan de "cocinado" por dar una
fuerte subida al PSOE justo después de que Sánchez nombrara presidente del
organismo a José Félix Tezanos, hasta entonces miembro de su Ejecutiva. Un
descrédito similar ha sufrido RTVE durante los últimos años, algo que ahora se
quiere remediar eligiendo al nuevo consejo de administración mediante concurso
público.
Otro efecto negativo que destaca la OCDE es que estas
prácticas pueden "minar la profesionalidad de los empleados
públicos", que se ven obligados a apostar por un "bando" para
progresar en su carrera profesional. Además, el hecho de que los cargos de
responsabilidad se sustituyan con cada cambio en el Gobierno hace que no exista
"la estabilidad en la gestión necesaria para implantar y supervisar las
reformas a largo plazo".
Pese a las advertencias de la OCDE, estas prácticas se
encuentran fuertemente arraigadas en la cultura política española desde la
época del caciquismo decimonónico. Para Fernando Gutiérrez del Arroyo,
economista del área de Estudios de Solchaga Recio & Asociados, su
pervivencia hasta la actualidad obedece al "revanchismo entre
partidos", que parten de la concepción de que "la Administración
responde al Gobierno y no a la sociedad".
Requisitos de idoneidad
Aunque se trata de una práctica fundamentalmente cultural,
consolidada a través del hábito, está amparada también por la legislación. Así,
tanto el presidente como los ministros disponen de un amplio margen para
nombrar altos cargos de libre designación, que pierden automáticamente el
puesto cuando cesa el responsable que les ha designado. Asimismo, como ha denunciado el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor (ver
EXPANSIÓN del 24 de julio), los nombramientos en las sociedades estatales no siquiera
deben ceñirse a los requisitos de idoneidad que sí se establecen para otros
altos cargos.
Para remediar este problema, la Federación de Asociaciones
de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) defiende
la creación de un Estatuto del Directivo Público que reduzca la influencia
política en el nombramiento de estos altos cargos, blindando al menos hasta los
directores generales. Su presidente, Jordi Solé Estalella, apela a los
ciudadanos para "llevar a la conciencia de los políticos" los efectos
negativos de esta politización del sector público.
Por su parte, Gutiérrez del Arroyo defiende que se debe
"promover una cultura de la Administración autónoma a los partidos".
Según explica, los Gobiernos deben marcar una "dirección política",
pero son los profesionales del sector público quienes deben "hacerla
viable".
