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miércoles, 8 de abril de 2020

¿Qué podemos hacer los empleados públicos para superar la maldita crisis del COVID?

"¿Qué vamos a hacer los empleados públicos en el mismo momento que se abran las rejas de nuestros domicilios y acudamos a nuestro trabajo en un país arrasado económicamente y, por tanto, devastado socialmente?"

Por Carles Ramió EsPúblico blog.-  -Un empleado público es un servidor público y, como es lógico, para la gran mayoría ellos (nosotros) no es solo una profesión y un medio de vida, sino que es fundamentalmente una vocación. La ciudadanía, de momento, solo contempla y admira durante la actual fase de la crisis el evidente sobreesfuerzo del personal sanitario, estimulado por una vocación de servicio público y por una ética deontológica impresionante (está claro que el juramento hipocrático es una cosa seria y que, en la práctica, no lo jura solo el personal médico, sino también el personal de enfermería y auxiliar). Este colectivo, junto con el personal de los servicios sociales, el personal penitenciario y los cuerpos de seguridad del Estado son los héroes del momento. 

 Pero no hay que olvidar tampoco al personal docente (primaria, secundaria y universitaria) que ha transformado sus metodologías docentes pasando de la formación presencial hacia la virtual en cuestión de horas. También hay que tener presentes a los gestores internos de diversos sectores que han incorporado el teletrabajo sin el lubricante de la formación o de las pruebas piloto. Hay empleados públicos que, desde que están confinados, trabajan doce horas al día en unos domicilios no pensados para el trabajo y conviviendo con unos familiares prisioneros que reclaman su atención. Todo esto significa que no hay tantos empleados públicos que estén estos días en el sofá viendo sin descanso series televisivas. Obvio que los hay: una gran parte de ellos desearía trabajar y aportar su valor público, pero sus respectivos ámbitos de gestión no estaban preparados para asumir de golpe el teletrabajo. Otros sencillamente no se lo pueden plantear porque sus trabajos solo tienen sentido en un sistema de organización del trabajo pensada exclusivamente de manera presencial.

Dicho todo esto sobre la situación en el ámbito público, hay que reconocer que este escenario no es muy distinto al del sector privado en el sector de servicios. También posee sus héroes: trabajadores en los supermercados, teletrabajadores, los que quisieran hacerlo y no pueden ya que sus empresas no están preparadas y, finalmente, los que su trabajo no es posible si no pueden estar presentes en unos servicios a los que nada se puede aportar si están físicamente cerrados.

Podríamos decir que todos los trabajadores, durante esta crisis sanitaria, hemos aportado lo que hemos podido. Pero el tema que va a ser crucial para el futuro de la función pública es: ¿Qué vamos a hacer los empleados públicos en el mismo momento que se abran las rejas de nuestros domicilios y acudamos a nuestro trabajo en un país arrasado económicamente y, por tanto, devastado socialmente?  Una primera posibilidad es que sigamos igual que antes, como si el confinamiento hubiera sido solo un enojoso paréntesis. ¿Podemos obviar que una gran parte los conciudadanos ya no tendrán trabajo? ¿Podemos llegar a pensar que la caída brutal del PIB no afectará a los ingresos y capacidades de las administraciones para resolver los problemas? ¿Pensamos seguir en la perversa lógica laboral, abonada por los sindicatos, a luchar por unos días, de más o de menos, de asueto? ¿Vamos a limitarnos a esperar reactivamente a que, con toda probabilidad, nos eliminen la próxima paga extra y/o nos recorten el sueldo?

Yo sinceramente considero que los empleados públicos, con sólidos valores públicos (que somos la gran mayoría), deberíamos ser proactivos y mientras dure la cuarentena presentar a la sociedad un conjunto de propuestas. A modo de ejemplo:

-Renunciamos voluntariamente para este año 2020 a nuestros días de asuntos propios y a las vacaciones (o a una parte significativa de las mismas), para contribuir con estos días extra de trabajo a la reconstrucción del país y a aportar el máximo confort posible a nuestros conciudadanos. Esta oferta general tendría sus lógicas excepciones: el personal sanitario, cuerpos de seguridad, etc., si la crisis sanitaria afloja, debería descansar, los empleados públicos con hijos menores podrían ser excepcionados, etc. La proclama podría ser maravillosa: señores políticos empiecen a diseñar políticas y servicios para ayudar a la sociedad que de golpe tienen a centenares de miles de empleados públicos más de los previsto a su disposición para aportar lo que haga falta (unas 250 horas multiplicadas por cerca de dos millones de empleados públicos).

-Todos los empleados públicos que no han estado implicados en servicios esenciales y no se han acogido al teletrabajo optan voluntariamente a recuperar las horas y a acogerse al Real Decreto-ley 10/2020.

-Nos comprometemos a no promover ninguna huelga sectorial o general de servicios públicos durante los años 2020 y 2021.

-Renunciamos a las dos pagas extraordinarias del año 2020 y dejamos en manos de los representantes políticos (y de la sociedad) sobre si las recuperamos o no cuando se haya recobrado la normalidad. De esta medida quedarían excepcionados el personal público de primera línea de que ha afrontado la crisis sanitaria: sanitarios, cuerpos de seguridad, servicios sociales, etc. Mucho me temo que no podrían ser exceptuados los que hemos teletrabajado, ya que es difícil conjugar tantas diferencias, pero se podría intentar. Que quede claro que me duele esta propuesta, en todos sus términos, como al que más pero no visualizo otra posibilidad.

-Dar el mandato a los sindicatos de los empleados públicos que abandonen su rol reivindicativo durante dos años y, ya puestos, que renuncien al ejército de liberados sindicales del sector público para que refuercen los servicios públicos durante lo que queda del 2020 y durante todo el 2021.

Reconstruir el país
Es evidente que estas propuestas no me entusiasman a nivel personal y que, además, vienen preñadas por un dédalo de impactos perversos cargados de injusticias, que quizás habría que refinar, ya que serían tratados de igual manera aquellos que no han podido trabajar con los que han trabajado (y mucho más de lo usual) con el teletrabajo. Sería injusto atendiendo a las distintas tablas retributivas y a las situaciones socioeconómicas de los diversos empleados públicos. Pero todo este sacrificio sería ampliamente compensado al mejorar nuestra imagen social, tan injustamente maltratada desde hace tiempo. Se vería también recompensada por ser especialmente activos en la reconstrucción del país y en contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Pero es que mucho me temo que no tenemos alternativa: si no damos un paso al frente proactivo con estas medidas aquí propuestas o similares, nos las van a aplicar de todos modos de manera reactiva y coercitiva, y vamos a perder la oportunidad de mostrar y proclamar nuestra vocación de servicio a la sociedad. Además, ¿No nos daría un placer perverso ver la cara de estupefacción de la clase política ante nuestra iniciativa y comprobar cómo intentan ponerse las pilas para situarse a la misma altura que nosotros (los empleados públicos)?

martes, 6 de enero de 2015

Las CC.AA tienen 9.532 empleados públicos liberados con la jornada completa para realizar tareas sindicales

Las Administraciones de las comunidades aún tienen 9.532 funcionarios con la jornada completa para tareas sindicales. La que más, Andalucía, con casi 3.700.

Expansión. 3.1.2015.- Han pasado ya más tres años desde que el PP se hiciera con buena parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y otros tres desde que accediera al Gobierno central. Pese a que desde entonces se han aprobado algunas reformas, muchos de los excesos burocráticos de la Administración Pública que el Ejecutivo prometió eliminar siguen a pleno rendimiento. Uno de ellos es el de los liberados sindicales de las comunidades autónomas, una figura especialmente polémica en tiempos de desempleo y estrecheces económicas. Actualmente hay casi 10.000 liberados, el mismo número que antes de la crisis.

En concreto, según los datos recopilados por EXPANSIÓN, en estos momentos hay 9.532 funcionarios de las administraciones autonómicas que dedican toda su jornada a tareas de representación sindical. La única comunidad que no ha facilitado a este diario el número detallado de liberados es Andalucía, curiosamente la que más tiene. El último dato al respecto es un informe del sindicato CCOO, del año 2011, que los cifra en 3.729. Y hace dos años la Junta andaluza suprimió a 67. La nueva presidenta, Susana Díaz, ha bajado los sueldos a los funcionarios pero mantiene la llamada “administración paralela”, un enjambre de empresas públicas, agencias y fundaciones al servicio de la Junta.

Recabar información detallada sobre liberados es una tarea ardua. Las autonomías establecen un número fijo de liberados “institucionales” en cada departamento (sanidad, justicia, educación, etcétera) que solo se dedican a representación.

Transparencia en Extremadura y Navarra
Pero es que, además, las organizaciones disponen de un bolsa de horas para tareas sindicales que, en algunos casos, copan toda la jornada laboral. Según el Estatuto del Empleado Público, los delegados sindicales de una administración con más de 751 funcionarios tienen derecho a 40 horas mensuales de representación por cabeza. Esos delegados pactan después cuántas horas corresponden a cada uno, por lo que no es fácil saber cuántos se liberan completamente mediante ese reparto, lo que contribuye a incrementar la fama de poca transparencia de que gozan tanto la burocracia autonómica como las centrales sindicales. Es justo decir que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura y Navarra, sí tienen el número de sus liberados colgado en sus respectivas webs oficiales.

Si bien no supone el grueso del gasto público, el enquistamiento de estos liberados en las administraciones autonómicas –que tienen que ser sustituidos por otros funcionarios para hacer su trabajo– no ayuda a reducir el déficit de las comunidades que, según los analistas, volverá a crecer este año.

La abundancia de liberados tampoco ayuda a mejorar la imagen de los sindicatos, afectados por el desgaste que sufren las grandes instituciones españolas, desde los partidos políticos hasta la Casa Real. Casos de corrupción como el de los ERE en Andalucía, el fraude de los cursos de formación o la sorprendente fortuna del líder sindical José Ángel Fernández Villa no han ayudado a la reputación de los representantes de los trabajadores.

A lo largo de la crisis se han dado de baja casi 400.000 afiliados, la mayoría de CC.OO y UGT. Precisamente estas dos organizaciones han sido tachadas de “casta sindical” por Somos Sindicalistas, el nuevo colectivo nacido de entre las filas de Podemos. Entre sus fundadores hay antiguos miembros de CNT y CGT, de tendencia anarcosindicalista.

martes, 1 de mayo de 2012

El gobierno combatirá el absentismo de los empleados publicos rebajando las retribuciones durante las bajas médicas

El Programa de Estabilidad del Gobierno para el periodo entre 2012 y 2015, ya enviado a Bruselas, incluye la reducción de liberados sindicales
Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros el pasado viernes 27 de abril y que ya ha enviado a Bruselas el lunes día 30, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicos pondrá en marcha  un plan de choque contra el absentismo de los empleados públicos. En principio afectará solo al personal acogido a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE,  aunque no se descarta que afecte a los protegidos por otras mutualidades como la de Justicia o Fuerzas Armardas, e incluso al personal laboral que tiene recogido en convenio colectivo los complementos salariales en caso de Incapacidad Laboral, IT.  Esta mismo medida ya se viene aplicando entre el personal de varias comunicades autónomas como País Vasco y Madrid.

 Entre las  medidas que pondrá en marcha el gobierno tambien se incluye la reducción de altos cargos, personal eventual, número de liberados sindicales, etc.
El objetivo es reducir el gasto del Cap.I. Según el texto enviado por el gobierno a Bruselas, las medidas a abordar para reducir el gasto del Capitulo I, de gastos de personal, serán las siguientes: " Las congelaciones o reducciones salariales de los empleados públicos y altos cargos; la introducción de medidas de flexibilización horaria, (acompañadas de una reducción proporcional de retribuciones); amortización de puestos de trabajo y no convocatoria de nuevas plazas, al establecer una tasa de reposición entre el cero y el 10%, además de las ocupadas por personal temporal o interino, o por reducción del número de entidades y empresas públicas del sector público autonómico; reducción del número de altos cargos y personal eventual por una disminución del número de Consejerías y centros directivos; reducción de días adicionales de vacaciones o por antigüedad; aumento de las horas de trabajo hasta la máxima permitida; medidas de control del empleo público; eliminación del número de liberados sindicales; control del absentismo laboral; reducción de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones para los empleados públicos; la prohibición de cláusulas indemnizatorias; y la reducción de las prestaciones complementarias por incapacidad temporal".