Pandemia, vulnerabilidad social y Administración Pública

"Algo se ha quebrado en la gestión de esta pandemia. La solidaridad de las personas jóvenes con las mayores, a las que tanto se ha aludido, ha quedado empañada por la interpretación de que su mayor bien es la mera supervivencia. Y pensamos que no, que nadie quiere la supervivencia a cualquier precio, al precio de la soledad, del miedo, de la falta de cariño de tus seres queridos, del abandono”. (AA.VV.: “¿La salud de quien estamos defendiendo? Desigualdades sociales y sanitarias en tiempo de pandemia”)

“La ética del cuidado defiende un mundo donde el cuidado a la gente es lo más importante” (Helen Kholen, Entrevista al diario El Periódico, 25-IX-2019) .

Por Rafael Jiménez Asensio. HayDerecho blog.- La Agenda 2030 tiene, entre sus múltiples objetivos, erradicar la pobreza, también acabar con la desigualdad y la defensa de un trabajo decente. Dentro de las secuelas humanitarias, económicas y sociales de la pandemia está, sin duda, la más que previsible ampliación de la brecha de desigualdad y la multiplicación de la pobreza. Por no hablar del desempleo monumental que la recesión económica producirá.

En esta entrada sólo pretendo poner el foco en algunos déficits que en el ámbito público se han observado de forma clamorosa en estos últimos meses y, asimismo, en cuáles son algunos de los retos o desafíos que los poderes públicos deberán afrontar en los próximos meses y años para atenuar y, en su caso, mejorar, los devastadores efectos que la crisis ha producido y provocará sobe aquellas personas que ofrecen fuerte vulnerabilidad social; cuyo círculo, conforme pasen las semanas y meses, se irá ampliando dramáticamente.

La presente entrada surge tanto por la observación y reflexión personal como sobre todo por la lectura del documento al que se hace referencia en la cita inicial (consultar aquí), suscrito por diferentes profesionales de los ámbitos sanitario y de servicios sociales de distintas instituciones y entidades de Euskadi, y del que tuve conocimiento por medio de una de las personas que lo suscribió (Boni Cantero). Este trabajo se divulgó también en un articulo de opinión editado en los diarios El Correo y El Diario Vasco, que llevaba por título  “Responsabilizarnos del otro”.

No cabe duda que, en lo que afecta a colectivos vulnerables (un concepto que la crisis derivada de la pandemia está ampliando constantemente), el largo período de duro confinamiento (más allá de la clásica “cuarentena”) ha mostrado algunas luces, pero sobre todo enormes sombras. Como bien se expuso por Rafael Bengoa, las medidas adoptadas han evitado el colapso hospitalario, pero dejaron desatendidos otros frentes: por ejemplo, las residencias de tercera edad, en las que los efectos letales de la pandemia han sido devastadores. El descuido público en este punto ha sido evidente. Y no basta, como dice el documento antes citado, enviar al ejército, a voluntarios o la dedicación abnegada de la mayor parte del personal de tales centros, pues las responsabilidades de esta pandemia no son sólo individuales, sino también políticas y de gestión. Se requerían adoptar medidas que evitaran contagios masivos. Y, en algunos casos, no se adoptaron. Los análisis de riesgo, la propia gestión y por lo común la escasa atención sanitaria hacia ese problema, han sido muestras muy deficientes de unas políticas que son manifiestamente mejorables. La visión socio-sanitaria se impone, aunque tarde. La atención no preferencial por parte de los poderes públicos hacia esos colectivos de personas vulnerables ha sido la norma. Sabemos que han muerto muchos miles de personas en circunstancias muy poco precisas, la mayor parte de las veces en la soledad más absoluta. Tanto abogar por la muerte digna y las hemos condenado a un mal morir: nadie les ha acompañado en ese duro momento. El duelo oficial llega muy tarde y algo impostado.

Pero, durante el punto álgido del confinamiento, la vulnerabilidad  no se ha quedado ahí. Ha afectado sobre todo a colectivos muy concretos, por lo común olvidados e ignorados socialmente: personas sin techo, mujeres sin recursos y cargas familiares, mujeres maltratadas, menores, estudiantes sin acceso a Internet ni medios tecnológicos, parados, inmigrantes, discapacitados, personas con adicciones crónicas, y un largo etcétera. La crisis Covid-19 es y será una máquina de producir desigualdad. Sus daños colaterales serán terribles.

Ciertamente, como estudió Adela Cortina, la aporofobia ha echado fuertes raíces en nuestras sociedades. Y, probablemente, esa enfermedad social se multiplique (con un  populismo en auge o con la proliferación del egoísmo más vil) si no somos capaces de reforzar los valores de solidaridad, empatía y la propia ética del cuidado hacia esas personas que están padeciendo los efectos más duros de la crisis y todavía los padecerán más en un futuro inmediato.

Gerontofobia

Pero, desde un punto de vista ético y de arquitectura de valores en la sociedad contemporánea, otra preocupante tendencia viene a añadirse a la anterior: la gerontofobia que ha emergido con fuerza en estos últimos tiempos. El documento citado otorga un particular relieve a esta tendencia y pone de relieve manifestaciones múltiples de discriminación por edad que se están viviendo en esta crisis. Desde un punto de vista retórico, nadie se suma a esa idea, sin embargo los hechos avalan que tal tendencia se ha instalado de forma silente con fuerza en nuestra sociedad y también (más preocupante aún) en la actuación (o inactividad) de los poderes públicos. Directa o indirectamente, algunas medidas públicas han partido de la idea (nunca expresada) de que tales personas son “menos valiosas”. Y ello abre un debate ético que no se ha sabido encauzar en la tormenta de la crisis. En buena medida, las personas mayores (especialmente, aquellas que superan determinadas franjas de edad y ya no están en activo) han comenzado a ser invisibles y en cierta medida molestas: consumen demasiados “recursos” y son vistos como una carga. La actual delimitación de guetos espaciales, horarios o residenciales, les segregará más todavía. El afán regulatorio desmedido no ayuda a la responsabilización individual. Además, en una sociedad altamente envejecida (y con tendencia a serlo mucho más), es este un enfoque gravísimo del problema. Dinamita los fundamentos de cohesión de la sociedad. También en el texto que citaba se contienen interesantísimas reflexiones sobre esta cuestión. Y allí me remito.

La heurística de la dignidad personal (Adela Cortina) adquirirá una fuerza inusitada en los próximos tiempos. También la ética del cuidado. Ambas ideas-fuerza deberán ser la guía de actuación de los poderes públicos en el futuro post-Covid. Pues, en estos primeros pasos, lo que se ha observado de forma muy preocupante es la emergencia de una sociedad marcadamente dual. Hay quien ha sobrellevado razonablemente la primera fase de la pandemia y el confinamiento porque tenía recursos, empleo estable, medios y espacio adecuado para hacerlo, permaneciendo alejado del riesgo y de sus efectos colaterales (sus organizaciones han cerrado o “trabajado a distancia”); mientras que otra parte importante de la sociedad, muy vulnerable en diferentes ámbitos y aspectos, ha sido tapada de la escena pública e invisibilizada (tan solo recogida en algunos reportajes mediáticos que alertaban puntualmente de que el mundo no era el paraíso de los cánticos al “resistiré” de los balcones). Y, en fin, luego están los aplaudidos y los menos aplaudidos, colectivos que han sido enviados al campo de batalla con uniformes desaliñados y sin medios  ni recursos para enfrentarse a tan etéreo enemigo. Han caído como moscas. Y han hecho lo humanamente posible. Pero también es cierto que la sociedad ha abusado de esos colectivos (particularmente, aunque no solo, del sanitario o social) o de la necesidad existencial de trabajar que tenían otras muchas personas para salvaguardar su existencia y la de los suyos. Como expresa el texto comentado:   “No está bien abusar del carácter vocacional y solidario, y permitir que las personas trabajen en condiciones límites y/o de desprotección o sobreexponerlas a la fatiga y al burnout. Tampoco es correcto en virtud de la propia seguridad, negarse a atender necesidades que no pueden ser prestadas a través del teletrabajo”. En efecto, las personas que trabajan en servicios sociales municipales han prestado asistencia profesional en temas tan alejados de su competencia como el asesoramiento o tramitación digital de expedientes de solicitudes de ayudas, porque al “otro lado”, si no eran ellos, a esas personas (colectivos vulnerables, también autónomos y desempleados) nadie les ayudaba realmente o simplemente no sabían dónde acudir.

La brecha digital, por mucho que se ignore (también por la Administración), sigue siendo algo real y doloroso. Y no se sabe a ciencia cierta cuántas personas se han quedado fuera de esos circuitos de ayudas al no poder informarse o tramitarlos por cauces telemáticos (por ejemplo, no deja de ser curioso que los locutorios hayan sido uno de los servicios más demandados en esta crisis por tales colectivos). La ética de orientación al servicio de la ciudadanía como premisa de actuación de la Administración Pública en parte ha quebrado durante esta primera fase de la pandemia.

En definitiva, hay muchas lecciones que se pueden aprender de esta complejísima circunstancia vivida. Una de las más importantes es que, de forma imperceptible, hemos “descuidado” públicamente la imprescindible ética del cuidado como complemento al valor ético de la justicia. Se ha practicado con intensidad, aunque con notables limitaciones, en el ámbito hospitalario, y se ha desatendido más en otras esferas y colectivos sociales. Lo expresa con contundencia el citado documento: “La situación vivida en la pandemia por parte de las personas más vulnerables sanitaria y socialmente, pone de manifiesto una crisis muy importante de cuidados y responsabilidad y una evidente ruptura del llamado pacto intergeneracional de cuidados que puede generar riesgos graves de daños y maltrato”.

Son muy interesantes las lecciones que extraen de la crisis el documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Ética y Covid. Contiene abundante material para la reflexión y, especialmente, si se quieren adoptar medidas de mejora. La lucha para paliar la desigualdad marcará la agenda política en los próximos tiempos. Y la dignidad de la persona se sitúa en el epicentro del problema. Dentro de los círculos de vulnerabilidad, determinados colectivos (personas mayores, mujeres, desempleados, menores, personas sin techo, dependientes, etc.), deberán ser un punto de especial atención. Hay que huir de políticas de beneficencia y apostar por soluciones estructurales que palien las desigualdades. Por mucho que se desarrolle el teletrabajo en la Administración, el servicio público debe proporcionar siempre y en todo caso proximidad, asistencia personal y asesoramiento, empatía y acompañamiento a quienes sufren desigualdades (también de brecha tecnológica). Si bien la vida acaba siempre con la muerte, no es lo mismo morir dignamente que morir mal. La ética del cuidado deberá ser una de las políticas estrella del futuro. Y ello ineludiblemente exige contacto físico o presencia, no la fría o hierática “distancia digital” (hay situaciones y contextos personales muy duros detrás de la vulnerabilidad).

Hay que compatibilizar y equilibrar razonablemente los enfoques epidemiológicos con la ética del cuidado. Para todo ello, los poderes públicos deberán priorizar en los próximos meses y años las políticas sociales, y ello requiere dedicar recursos de todo tipo en la mejora de la gestión. Hay que salvaguardar, como también se expone, ese imprescindible compromiso profesional: “Con reconocimiento social a quien más allá de sus obligaciones legales, presta una atención excelente corriendo riesgos, porque sabe que en la relación asistencial no solo se juega la dignidad de la persona atendida (cuidada, educada, protegida, lavada, alimentada o acariciada), sino el propio proyecto de autorrealización personal”. Esa es la auténtica idea de servicio público, y lo demás maquillaje. Por eso, y no por otras cosas, los servicios de atención a las personas (sanitarios y sociales, entre otros) saldrán revalorizados de esta pandemia y de la tremenda crisis ulterior, pero también  frente a la revolución tecnológica. Nunca podrán ser totalmente sustituidos por máquinas ni por artefactos digitales. Ese será su gran valor y su gran servicio público. Presente y futuro.

Xavier Marcet: “La salida de la crisis no se hará sin sumar la capacidad de crear valor del sector privado y del sector público”

Por Víctor Almonacid. Nosoloaytos blog .- Seguimos recabando el parecer de las personas que consideramos que pueden arrojar más luz en esta crisis del coronavirus, tanto en su enfoque presente, como ya pensando en el futuro a corto y medio plazo, ese “día después” que deberíamos estar preparando en este momento. Es para mi un honor conversar de nuevo con Xavier Marcet, nuestro invitado de hoy  a la sección “10 preguntas a…”.

Xavier Marcet, es un consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo formado en cursos de postgrado y educación continua en las escuelas de negocios UC Berkeley, IESE y ESADE y una licenciatura anterior en historia por la UAB. Desde 2002 trabaja ayudando a empresas, universidades y administraciones a en el perímetro estrategia – innovación – transformación con un acento radical en ayudar a las personas y las organizaciones a adaptarse a los nuevos retos. Preside Leadtochange (Barcelona – Madrid – Boston y Santiago de Chile) que son empresas en red dedicadas a la consultoría en estrategia e innovación y 8Wires, una start up sobre Big Data y nuevo Management.  Asimismo, es Presidente Fundador de la Barcelona Drucker Society. Es Presidente del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña.  Es Presidente del Patronato de la Escuela de Negocios EUNCET. Es profesor de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Management) e imparte numerosas conferencias al año sobre temas de nuevo estrategia, innovación y transformación de organizaciones, así como clases en distintas escuelas de negocio y universidades de España y Latinoamérica. 

Sus últimos libros publicado es “Cosas que aprendemos después” (Plataforma Editorial, 2010) e “Innovación Pública” (RIL Ed. 2013), “Esquivar la mediocridad” ( Plataforma Editorial 2018, con ya 10 ediciones en el mercado). Es colaborador habitual para temas de management del periódico. La Vanguardia y del Blog www.sintetia.com

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1.- ¿Por qué cree que esta pandemia ha puesto “patas arriba” la jerarquía de las organizaciones públicas?

La pandemia ha permitido la experiencia de trabajar distinto. Ha difuminado las jerarquías muy asentadas en lo presencial. Por otro lado, el impacto de la pandemia ha desbordado las organizaciones y a sus jerarquías de modo que ha hecho evidente que no estaban preparadas para gestionar la complejidad con consistencia.

2.- ¿Siguen teniendo sentido los “jefes” en el sentido tradicional del término? ¿Cuál podría ser un nuevo modelo más adaptado a los tiempos?

Claramente necesitamos liderazgos transformadores. Gente que predica con el ejemplo y que impone una lógica de crecer haciendo crecer a los demás. Todo lo contrario de estos jefes solamente preocupados por poner techos de cristal a su alrededor. Necesitamos aire fresco, gente que tenga como punto de partida la confianza y como punto de llegada un propósito que vaya más allá de las propias instituciones y ayudar a mejorar la sociedad.

3.- ¿Cree que este baño de realidad va a acabar de convencer a los más resistentes de que la innovación en lo público es imprescindible e inaplazable?

Sin innovación no hay adaptación. A la administración le cuesta muy poco adoptar el postureo de la innovación, pero le cuesta una barbaridad adaptarse. La mayoría de las cosas que pasan por innovadoras en la administración tienen todavía poco impacto, son eso que los anglosajones denominan el “innovation theater”. Necesitamos una lógica ágil de la innovación en tres saltos. Primero, desafíos e inspiración. Segundo, exploración, prototipos e iteración. Tercero, implantación y aprendizaje. Al discurso de la innovación en la administración le sobra retórica y le falta operatividad. Y eso que hay profesionales públicos defendiendo iniciativas fantásticas que llevan años apostando por la innovación con una autenticidad a prueba de adversidades. Ejemplos no faltan, pero los sepulta el postureo.

4.- Estas semanas hemos hecho un simulacro, probablemente bastante decente, de teletrabajo. ¿Qué le falta a esta modalidad de desempeño para que se consolide en el sector público?

Un cambio cultural que se crea el teletrabajo como una parte de la flexibilidad y la agilidad que requieren organizaciones modernas, que viven en el siglo XXI y no en el paradigma de la transición democrática. Es un problema más de cultura que de recursos, aunque seguro que en algunas administraciones las infraestructuras TIC deben ser pusilánimes. Esta experiencia de teletrabajo masivo debería permitir aprender y desaprender muchísimo. Soy prudente. Veremos.

5.- También hemos visto a miembros de la sociedad civil, personas particulares, que han prestado sin duda un gran “servicio al público”, mientras que algunas instituciones públicas han excusado su inacción con el pretexto de que los plazos de los procedimientos estaban suspendidos. ¿Se anima a definir lo que es para usted el servicio público en un momento como el actual?  

El servicio público es el instrumento que las sociedades se dan para crear suficiente valor público como para ser sociedades dignas. Así como la lógica privada tradicionalmente ha creado valor con un acento en el crecimiento, el servicio público actúa acentuando el equilibro de las personas y de los grupos sociales. Una sociedad digna es una sociedad equilibrada. Esta crisis ha demostrado el gran valor equilibrador, protector, del servicio público, pero la salida de la crisis no se hará sin sumar la capacidad de crear valor del sector privado y del sector público.

6.- ¿La gestión de las situaciones catastróficas o de extrema gravedad debe ser más política que técnica o a la inversa?   

Debe ser inteligente. Debe contar más con sabios que con expertos. Cuando la complejidad es extrema hay que reunir gente con capacidades de comprensión integral y que no se amilanen ante decisiones que los pueden dejar como unos mediocres. En esta crisis no han sobrado expertos, no sobra ninguno, pero ha faltado sabiduría. Y no es un fenómeno del sur de Europa. No hay más que mirar el mundo. La complejidad se dispara, pero la mediocridad es muy estable.

7.- ¿Por qué el sector público es, por lo general, mucho menos flexible y adaptable a las nuevas circunstancias que el privado?

Porque, en condiciones normales, es muy inercial. Dentro del sector público hay de todo. Pero los que tienen tiempo, en general, son muy corporativistas. El gran desafío del sector público es la agilidad para adaptarse a un mundo que cambia aceleradamente. La gran dificultad es romper esa cultura burocrática que cree que los derechos y deberes solamente se pueden proteger con las formas tradicionales.

8.- ¿Qué pautas debemos tener en cuenta para la gestión “del día después”?

Entender que la administración no necesita más formación, que también, sino más transformación. Y que la transformación tiene un resorte final que es el cambio en las personas. El poder de la gente comprometida es enorme, y en la administración hay gente comprometida. Ellos son la esperanza de la transformación. El cambio somos las personas en transición. La administración no va a cambiar si no hay una parte muy significativa de sus funcionarios que decidan cambiar para crear el valor público que toca ahora, no el que tocaba hace veinte años. Imaginemos que en la administración se reprodujera un esquema similar al que la consultora Gallup ha estudiado para las empresas. Encontraríamos un grupo de profesionales públicos muy comprometido y que son el motor del cambio. Un grupo de profesionales públicos con un nivel de compromiso más bajo y oscilante. Y un grupo de profesionales tan poco comprometido que cuesta llamarles profesionales. Es una cuestión de proporciones. Lo fundamental es cómo agrandamos el primer grupo, cómo decantamos el segundo a la transformación y cómo aminoramos al tercer grupo. Si lo que sucede es la tendencia contraria entonces la administración no cambiará y la sociedad deberá tomar formas alternativas de crear valor público.

9.- Le tengo que preguntar su opinión en relación con un fuerte rumor que bulle en este momento por los foros de la Administración. ¿Le parece que minorar la nómina de los empleados públicos (quizá a través de alguna medida puntual como la eliminación de la extra de junio) puede ser realmente una buena medida para afrontar la crisis?

Yo no quiero una administración de gente mal pagada. Prefiero una administración que sea competitiva profesionalmente, que atraiga talento y en la que la gente tóxica sea una minoría. La deuda pública enorme no la arreglaremos con las pagas de junio. La arreglaremos con un esfuerzo compartido, público y privado, para crear la riqueza que necesita una sociedad digna, equilibrada.

10.- ¿Por qué es tan importante incorporar la ética a todos los aspectos de lo público, especialmente en los tiempos que corren?

Los mejores profesionales son gente buena y buena gente. La ética es un arma arrojadiza en manos de los mediocres y es el estímulo silente de la gente consistente. Acordémonos de Drucker y la importancia no solamente de hacer las cosas bien sino de hacer las correctas.

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Sobre el control a los gobiernos durante la crisis del coronavirus (II): de las Comunidades Autónomas

Por Pedro Abellán Artacho. -Hay Derecho blog.-  Como planteaba en la entrada anterior (disponible aquí), el control a los gobiernos es una de las herramientas fundamentales que el pensamiento liberal pone a nuestra disposición para preservar nuestra libertad frente a la autoridad. En estas semanas excepcionales, no son pocas las protestas que podemos encontrar sobre el nivel de control que permite el Gobierno (de la Administración) Central (del Estado). Sin embargo, entonces ya concluimos que el control parlamentario, por vías distintas a las sesiones de control, no desapareció. Ciertamente, se tomaron algunas medidas desligadas de la situación que nos acucia inicialmente, pero esto no se ha repetido ni implican modificaciones legales de calado. Y, aunque el control mediático directo fue entorpecido, el contexto sometió al gobierno al máximo escrutinio. Además, la mayoría de estas limitaciones al control mediático y parlamentario del Gobierno ya han decaído.

Cosa bien distinta nos encontramos, sin embargo, en algunas Comunidades Autónomas. En primer lugar, debe recordarse que, aunque durante el estado de alarma el Gobierno pueda limitarlo en su labor de coordinación, no está suspendido el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que consagra el artículo segundo de nuestra Constitución. Recuérdese lo que dice el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: “Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”. En este sentido, no puede desde luego olvidarse que son las Comunidades Autónomas las principales depositarias de las competencias en materia de sanidad. Y que lo eran, por cierto, desde mucho antes de que esta crisis diera comienzo.

Sin embargo, un recorrido por sus páginas web y por los principales medios disponibles online deja un panorama preocupante, y poco vinculado con el color político que predomina en la cámara. Permítanme que entre en detalle, pues precisamente en su gran número se amparan demasiadas veces las autonomías para escapar al control público [1]. Así estaba la situación a viernes 10 de abril (con algunas actualizaciones posteriores que he podido introducir):

Seguimiento de la crisis

En primer lugar, algunas autonomías han encontrado las formas para ejercer el control a sus gobiernos. Entre los casos donde ha habido comparecencias, sea en diputación permanente, ante los portavoces de los grupos, ante un grupo de trabajo específico creado para el seguimiento del coronavirus o en comisiones , encontramos a Galicia,  País Vasco, Asturias, o Cataluña, respectivamente. El 25 de marzo, por ejemplo, el Presidente catalán compareció telemáticamente, y el día 6 se retomaron las comparecencias en comisiones de otros miembros del Gobierno. En Navarra, por su parte, el Parlamento ha reducido la actividad al mínimo necesario, pero se han celebrado plenos telemáticos y la Presidenta del Gobierno de Navarra ha comparecido en comisión. También en las Islas Baleares la Presidenta del Gobierno compareció a finales de marzo en la diputación permanente, donde además en abril se han debatido decretos leyes. Nótese que en este primer grupo de alumnos aventajados ya hemos nombrado a todas las Comunidades llamadas “históricas”, a falta de una, que merece punto y aparte: Andalucía.

Aunque no lo refleje su web, los medios informan de que el Vicepresidente de la Junta de Andalucía ha comparecido en el parlamento semanalmente, al contrario del Presidente Juan Manuel Moreno, quien habría declarado explícitamente que no piensa atender al parlamento hasta que acabe la emergencia. En una diputación permanente apoyada en no se sabe qué precepto de su reglamento, se ha aprobado un decreto ley que modifica de una vez 27 leyes autonómicas para “aligerar” trámites burocráticos. Ello, tras hora y media de debate. La decisión se recurrirá, generando una inseguridad jurídica importante. Allí, en todo caso, las sesiones de control están suspendidas, aunque la Presidenta ya ha propuesto ir recuperando poco a poco el ritmo habitual.

Efectivamente, la mayoría de las cámaras autonómicas van pensando en recuperar cierta normalidad y, con ella, los controles al gobierno, que en las primeras semanas de la crisis han mantenido totalmente suspendidos. Por ejemplo, la Asamblea de Murcia no ha tenido actividad que registre su web desde el 16 de marzo (aunque, según esta noticia, el Consejero de Sanidad ha ido informando semanalmente a los portavoces de los grupos, y el Presidente autonómico comparecerá la semana que viene, tras haberlo evitado durante todas estas semanas). También las Cortes de Aragón cerraron, pero han retomado la actividad  según refleja su web. Además, el Parlamento de Canarias, tras suspender toda actividad, piensa retomar los controles al gobierno ante la diputación permanente este 14 de abril. Y la Asamblea de Madrid tiene acordada la suspensión de toda actividad desde el 11 de marzo hasta el 12 de abril, teniéndose previsto después -no sin sonada presión de la oposición- comparecencias en comisiones de distintos miembros del gobierno a partir de entonces, incluida su Presidenta. En Cantabria el parlamento cerró las primeras dos semanas, pero entonces volvió a estar operativo con una sesión donde compareció el gobierno, sin estar muy claro cuándo se retomarán las comparecencias.

Por su parte, en Valencia la web no muestra actividad parlamentaria alguna desde el 12 de marzo, a excepción de reuniones telemáticas de la mesa (situación de falta de control alguno que terminará la semana que viene, según se ha sabido después de cerrarse este artículo). Es el caso también de La Rioja, donde se reúne únicamente la Junta de Portavoces y la mesa; la presidenta de su gobierno compareció, según Europa Press, el 27 de marzo, junto al Consejero de Desarrollo Autonómico. (Y, tras cerrar el artículo, he sabido que el Gobierno riojano comparecerá en diversas comisiones próximamente, siguiendo el acuerdo del pasado martes). Finalmente, en Extremadura se convocó a la Diputación Permanente, pero el Gobierno no comparece ante ella; según su página web, no lo hace desde el 19 de marzo. Eso sí: se espera retomar la actividad el 14 de abril, si así lo aprueba la Mesa.

En otros casos (y siempre de acuerdo con las webs de las asambleas), los controles se iniciaron y no hay previsión de retomarlos. Por ejemplo, en Castilla la Mancha hubo comparecencia por parte de la Consejería de Sanidad en la comisión pertinente el 26 de marzo, y nada más parece haber ocurrido desde entonces.  Caso similar sucede con Castilla y León: el Presidente de la Junta compareció mediante videoconferencia ante la Diputación Permanente el 17 de marzo, y ésta nunca más se ha vuelto a reunir según su web. (No fue hasta el 17 de abril que se acordó levantar la suspensión de la actividad).

Hipocresía política

Quizás habrá notado el lector que no he señalado el color político que controla las diversas cámaras; ya las sabemos todos y, con ello, podrá deducirse que la hipocresía campa a sus anchas en nuestro sistema político, pues las suspensiones de la actividad de control han sido la norma. Y, junto a ésta, destaca la falta de controles parlamentarios de ningún tipo en determinadas Comunidades, que han tenido sus cámaras cerradas durante un mes, cuando no más. Es cierto que en algunas de ellas, como Castilla la Mancha, se han encontrado importantes dificultades legales para convocar a la Diputación Permanente o tener sesiones telemáticas; pero también es cierto que en otros lugares, como en País Vasco, estas dificultades se han superado gracias a la buena voluntad de todos los grupos.

Como decía en el anterior post, la otra forma de control a los gobiernos que ha sido muy comentada recientemente es la mediática, dada la inexplicable decisión del Gobierno central de filtrar las preguntas de la prensa; una situación que, como es sabido, ya se ha subsanado. A este respecto, y ante la imposibilidad de recabar las distintas ruedas de prensa ofrecidas a nivel autonómico, sí debemos recordar que en la mayoría de nuestras regiones no existen sistemas mediáticos fuertes e independientes para hacer rendir cuentas a estos gobiernos. Me responderá el lector que a ningún nivel. Pero, además de que hay grados, es que, sencillamente, la atención de los ciudadanos no suele centrarse en estos importantísimos centros de poder; al menos, no más allá de cinco o seis autonomías que copan la agenda pública. Éste considero que es, sin lugar a dudas, el gran daño colateral sobre la calidad democrática del “café para todos”: haber cedido competencias a algunos territorios donde no existía ni una fuerte sociedad civil específicamente enfocada en el nivel autonómico, ni una clara conciencia en los ciudadanos de las competencias que gestiona su autonomía, ni un sistema mediático propio, potente y libre de deudas políticas. Hablamos de regiones donde, con poca sorpresa, y pese a sus grandes poderes, los años no han conseguido obrar el milagro de multiplicar a una sociedad civil y a un sistema mediático-informativo de por sí escasos, tan poco apoyados por nuestros conciudadanos económicamente y en participación.

Hay un tema más a tratar, aunque sea brevemente, pues en estas dos entradas en ningún momento he mencionado al Senado. No creo que sorprenda. Efectivamente, su irrelevancia (más allá de ser cámara de segunda lectura) se ha hecho aún más patente cuando la normalidad ha dejado paso a la urgencia, siendo la Conferencia de Presidentes autonómicos, así como las Conferencias Sectoriales (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), los verdaderos órganos de coordinación federal entre los ejecutivos de esta federación incompleta y que, pronto, deberíamos constitucionalizar.

En fin, el recorrido nos ha mostrado que tenemos casos cercanos a la ejemplaridad y casos sencillamente clamorosos. Después, nuestros políticos, obviamente, presumirán de su amor por la democracia. Pero los ciudadanos observamos atónitos las numerosas tijeras que cubren su espalda. En todo caso, no nos llevemos tampoco a engaño: la democracia misma como concepto alberga en su centro varias tensiones y, entre ellas, un enfrentamiento entre la ejecución eficiente de la voluntad popular (siempre mediatizada, interpretada, por sus representantes) y la conservación de la libertad mediante los mecanismos arriba señalados, que limitan dicha voluntad. Lo que parece de todo punto intolerable es que parte de la acción política pueda quedar sin fiscalizar públicamente a la primera excusa, y a corregir esto deberían dedicarse todos los esfuerzos posibles en cuanto pase la presente crisis, antes de que la siguiente pueda poner en mayores aprietos a nuestro edificio democrático. Para empezar, los reglamentos de las asambleas deberán modificarse para que, ocurra lo que ocurra, no queden suspendidas en los momentos en que su control se hace más necesario. En la era de Internet, sencillamente, carece de sentido. La próxima vez no podrán decir que les pilló por sorpresa.

Por nuestra parte, la de los ciudadanos sin cargos ni deudas, sigamos atentos a los movimientos de quienes nos gobiernan; a todos los niveles. Y no permitamos que el afán presidencialista de nadie destroce nuestras estructuras de control intermedias. Porque puede que al lector le plazcan más las decisiones de unos que las de otros en estos momentos, pero ni este será siempre el caso ni esos políticos que resultan de su gusto estarán en el cargo para siempre. Y por ello, si las desgastamos, más temprano que tarde, las echaremos en falta [2].

 -Ver post anterior del mismo autor: Sobre el control a los gobiernos durante la crisis del coronavirus (I): del Gobierno Central

NOTAS

[1] Debido a su gran número, no he podido comprobar esta información tan a fondo como sería deseable, más allá de consultar las páginas web de las cámaras y navegar en la prensa a través de buscadores. Se agradecerá cualquier corrección al respecto. Tras cerrar este artículo, además, publicó El País este otro que aborda la cuestión, sin duda con más datos gracias a su red de periodistas, aunque menos enfocado en la rendición de cuentas.

[2] Entre los varios confidentes a los que agradezco me ayuden a pensar estas cuestiones, quiero manifestar especialmente esa gratitud a Carlos Fernández Esquer y a David Freije Coto por sus comentarios, sin que ello en ningún caso suponga que pueda atribuírseles ninguna de estas opiniones.