Tal vez despierte poco interés por estos pagos lo que se
propone hacer Francia con la alta función pública. Su particular modelo,
marcado por las “grandes escuelas” y los “grandes cuerpos”, nunca se trasladó a
este país, aunque tímidos intentos hubo. Y cuerpos de élite, al menos en la
Administración General del Estado, también hay. Pero no grandes escuelas. No
obstante, aprender de lo que “hacen fuera” puede tener interés. Y en este caso
más.
El Presidente de la República ya adelantó en abril de 2019
que pretendía promover una ambiciosa reforma de la alta función pública. Él lo
puede hacer, pues es hijo de la ENA (École National d’Administration). Su
objetivo era triple: abordar los problemas de reclutamiento (selección),
formación y carrera de los altos funcionarios, y plantear asimismo una revisión
en profundidad de todos estos puntos.
Pero todo ello con unas bases firmes que no conviene olvidar
nunca. Esa reforma se debía sentar en tres principios nucleares que nunca deben
verse afectados:
1.-El imperativo de la excelencia en el
reclutamiento.
2.-El mantenimiento del principio fundacional del reclutamiento
por concurso (lo que aquí, no confundamos, denominamos “oposición libre”)
3.- Y la necesidad de una sólida formación inicial de los
candidatos admitidos, sin perjuicio de su formación continua.
Ningún experimento “con gaseosa”, por tanto; que tanto nos
gusta hacer por estos pagos. Partiendo de un diagnóstico preciso y detallado de
la situación social, económica y organizativa que presenta la alta función
pública francesa, así como de la pérdida de confianza y de representatividad
social (si es que alguna vez la tuvo) de esa cúpula funcionarial, el
Informe Thiriez (Mission Haute Fonction Publique) llevó a cabo la
formulación de una amplia batería de propuestas o medidas de transformación que
deben convertirse en Ley a lo largo del presente año 2020. Algunas de contenido
altamente rompedor o que, al menos, alteran el statu quo de forma
evidente.
Ha habido, al parecer, varios detonantes para impulsar tales
reformas. El primero que la alta función pública francesa no refleja la
diversidad de la sociedad, con una sobrerrepresentación de las clases
superiores, con un reparto por sexo profundamente desequilibrado y con un
monopolio parisino casi absoluto en la preparación de acceso. El segundo, “una
bajada de atractivo inquietante de las carreras públicas, que se traduce en una
clara erosión del número de candidatos en los concursos (oposiciones)”. Y el
tercero, “una fracturación (o compartimentación) de los altos cuerpos de
funcionarios que favorece un corporativismo funesto”. Todo ello ha supuesto una
pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las élites políticas y
administrativas.
Los tres ejes de la reforma son nítidos y conviene detenerse
un momento en su exposición:
Abrir la alta función pública, lo que implica, entre otras
cosas, la adopción de ciertas medidas:
1.-Todos los candidatos a la alta función pública, tras superar
el concurso, deberán seguir un período de seis meses de formación con “un
tronco común”, especialmente “sobre el terreno” (práctico)
2.-La ENA será sustituida por un gran “Escuela de
Administración Pública” (EAP), como escuela de aplicación, que agrupará a
diferentes cuerpos del Estado (por ejemplo, administradores e ingenieros).
3.-La ENA sólo se mantendrá como “marca internacional”.
4.-Todos aquellos que superen el período de escuela deberán
prestar servicios, al menos por un año, en el territorio.
5.-Se suprimirán los altos cuerpos del Estado transformándolos
en empleos funcionales (con matices en los cuerpos judiciales).
Diversificar el reclutamiento, que comporta lo siguiente:
1.-Las pruebas de acceso serán menos académicas, menos
discriminatorias socialmente y más operativas o aplicativas.
2.-La composición de los tribunales será revisada y de
formación general.
3.-Habrá un concurso único para el acceso al conjunto de las
escuelas de funcionarios, pero con pruebas específicas para cada escuela.
4.-Se descentralizará en el territorio las “clases de
preparación” para el acceso y sus alumnos serán seleccionados por criterios
sociales combinados con el mérito académico.
5.-Se fomentará un concurso especial para hacer efectiva la
igualdad de oportunidades.
6.-Junto a la vía de acceso ordinaria (concurso) se establecerá
una vía de acceso profesional (colateral), con modulaciones en sus exigencias y
en su duración, que podrá estar reservada al 50 por ciento de las vacantes.
7.-Se podrán establecer cuotas del cincuenta por ciento para
mujeres.
Dinamizar las carreras, algunas de cuyas notas principales
son:
1.-Se deberán revisar las competencias de los altos
funcionarios dando un espacio mucho mayor a la innovación, comunicación,
cultura de resultados y gestión (liderazgo) de equipos.
2.-La Dirección de Función Pública se transformará en Dirección
de Recursos Humanos para la alta función pública.
3.-Los cuadros superiores serán evaluados en sus resultados de
gestión.
En fin, es solo un incompleto resumen de una propuesta de
reforma que puede remover los cimientos tradicionales de la alta función
pública. Faltan algunos puntos que no se abordan (por ejemplo el pantouflage o
las “puertas giratorias”). Evidentemente, que muchas de sus propuestas (algunas
de ellas no han sido reproducidas) obedecen a requerimientos o necesidades
específicas de la Administración francesa y a sus propias singularidades. Se
objetará de inmediato que la situación allí “nada” tiene que ver con la
existente en este país llamado España. Pero quien así opine convendría que lea
atentamente este Informe y sepa extraer de sus páginas lo que son sus
ideas-fuerza y no pocas lecciones. Que las hay.
En nuestro caso, lo que el Informe denomina como las bases
estructurales de la función pública (excelencia, ingreso por oposición y sólida
formación inicial) solo se cumplen o aplican parcialmente en la Administración
General del Estado, pero muestran enormes debilidades en las Administraciones
autonómicas y locales. Los cuerpos de élite de la Administración General del
Estado siguen, no obstante, estructurados en compartimentos estanco, con muy
escasa diversidad (territorial y social) en su reclutamiento y sistemas de
acceso claramente obsoletos, que se gestionan con fuerte impronta corporativa,
sin cultura básica común, sino especializada por “gremios”. Parece obvio que
las debilidades del sistema de reclutamiento de élites (número cada vez
inferior de candidatos, pruebas de alto contenido memorístico, cuarteamiento
del acceso por cuerpos, concentración de la preparación en Madrid y fuertes
componentes de segmentación social) siguen aún, salvando las distancias (que
son muchas), los patrones que se quieren corregir en Francia. En peor estado se
encuentran aún las estructuras de función pública de las Comunidades Autónomas
y de las entidades locales, donde el principio de autonomía solo ha servido
hasta ahora para crear burocracias con niveles de profesionalidad más bajos y
exigencias de ingreso cada vez menores.
No parece, en cualquier caso, que el modelo impulsado por
Francia pueda tener aplicación precisa en nuestro país. La compartimentación de
la función pública en territorios estanco e incomunicados, ya no tiene vuelta
atrás. La opción constitucional y estatutaria es la de cuartear la institución
de función pública según territorios o niveles de gobierno. No es ya (ni será)
una institución del Estado, o solo lo es en muy pequeña parte (pero ni siquiera
en este caso representa al Estado en su conjunto, sino solo a parte).
Pero algunas de las reflexiones que en este importante Rapport
Thiriez se contienen, deberían al menos hacer reflexionar a nuestros
gobernantes, sean estatales, autonómicos o locales. Algo en materia de función
pública se ha hecho y se está haciendo rematadamente mal. Y no es otra cosa
que, hoy por hoy, no hacer nada. Como si el “asunto” no tuviera importancia. O
esperar que de su podredumbre se pueda sacar algún rédito, que no veo ninguno
que se precie. Ya ven que en otros países, en este caso en Francia, sí se le da
la importancia que el tema tiene. Y mucha. Para sacar los colores, si es que
aún hay alguien que se sonroja.
