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sábado, 29 de febrero de 2020

Darias anuncia una Ley de Función Pública, un plan de rejuvenecimiento y revisión de criterios de acceso

La nueva ley desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público y aboga por conseguir plantillas "suficientes". Ver nota de prensa de Palacio de La Moncloa

Revista de prensa. Europa Press.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este jueves la intención del Gobierno de presentar un proyecto de reforma de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, así como medidas en materia de igualdad, avanzando en teletrabajo, y planes de formación y captación de talento para frenar el envejecimiento de las plantillas, ante el envejecimiento del 51% de la plantilla en la próxima década. También ha adelantado que se revisarán los criterios de acceso al empleo público.

Carolina Darías en su toma de posesión como ministra de
Política Territorial y Función Pública 
Así lo ha detallado Darias durante su primera comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública en el Congreso para detallar las líneas fundamentales de su departamento, que ha explicado que se centrarán en el objetivo de modernizar y revalorizar el sistema de Función Pública y en disponer de plantillas "suficientes y adecuadas".

Necesidad
Darias ha avanzado su propósito de lograr un nuevo acuerdo con los sindicatos para la mejora del empleo público y ha anunciado la intención del Ejecutivo de presentar un proyecto de Ley de Función Pública en la AGE, para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de acometer un "profundo proceso de transformación" en el sistema de empleo público, una "necesidad ampliamente sentida por todos los sectores".

La reforma se vertebrará en torno a la figura del empleado público, ha precisado la ministra, quien ha indicado que se encuadra en las reformas estructurales previstas por el Gobierno para impulsar la racionalización de la Administración, mejorar su calidad y eficacia y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.

La ministra ha abogado por disponer de plantillas "adecuadas y suficientes", ya que el saldo de efectivos entre 2018 y 2019 es negativo a pesar de la intensificación de las ofertas de empleo desde 2017, especialmente en 2019, con la mayor oferta de los últimos 11 años (33.793 plazas de personal funcionario y laboral).

Envejecimiento de plantillas
En este sentido, se ha referido al problema del envejecimiento en las plantillas de la AGE, ante la previsión de que se jubile el 51% del personal en la próxima década y el hecho de que la edad media se sitúe en 52 años, casi 10 años más respecto a la media de la población activa.

Además, ha indicado que el nivel de empleo público sigue siendo inferior al de la mayoría de países desarrollados pese a las últimas ofertas, al situarse el porcentaje en el 15,3%, frente al promedio del 18% de los 36 países que conforman la OCDE. "Todo esfuerzo por modernizar y revalorizar el sistema es necesario", ha apostillado.

Sobre el plan de estabilización del personal temporal aprobado por el exministro del PP Cristóbal Montoro, que preveía situar la temporalidad por debajo del 8%, ha indicado que los acuerdos no se están cumpliendo de la misma forma en todas las administraciones, aunque "la Administración del Estado sí ha cumplido".

Precisamente la Mesa General de Negociación ha impulsado esta semana los procesos selectivos para 5.390 personas, en la AGE, con una tasa de temporalidad ya inferior al 8%.

Por ello, ha anunciado un plan estratégico de formación para la AGE, que se centrará en cursos selectivos y másteres para los nuevos empleados y oferta de formación continua para la AGE y la administración local, mejorando el funcionamiento y la evaluación de actividades presenciales, así como un plan de captación del talento para "poner freno al envejecimiento".

Para conseguir el rejuvenecimiento de las plantillas se fortalecerán el Instituto de Administración Pública (INAP) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP), como principales instrumentos para lograr el objetivo.

En materia retributiva, se ha limitado a recordar que una de las primeras medidas del Gobierno de coalición fueron aprobar el incremento del 2% del sueldo de los empleados públicos con efectos a 1 de enero de 2020, a través de un real decreto-ley convalidado sin ningún voto en contra.

Acceso, igualdad y discapacidad
Igualmente, ha anticipado cambios en materia de acceso a la Función Pública, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y modernizando las categorías relativas a requisitos de acceso, el proceso selectivo y la racionalización de los cuerpos.

Ha avanzado también la adopción de medidas "prioritarias" en materia de igualdad, para lo que se impulsarán itinerarios formativos en igualdad para capacitar al personal de recursos humanos, directivos y unidades de igualdad sobre el uso de herramientas que garanticen la integración de la perspectiva de género en el uso diario.

A su vez, se apoyará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral abordando obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional y con el uso de experiencias pilotos en buenas prácticas como el teletrabajo, una cuestión "a trabajar de la mano de organizaciones sindicales y el Parlamento". También ha adelantado que verán la luz medidas de detección temprana de acoso sexual, con más formación al respecto.

Por otra parte, sobre Muface ha indicado que continuará la modernización del organismo con el desarrollo del Plan Estratégico y comenzará la elaboración de otro Plan Estratégico 2020-2023, incorporando la digitalización.

martes, 18 de febrero de 2020

El Gobierno negociará un nuevo acuerdo sobre empleados públicos para esta legislatura

Otro post relacionado: Empleados (Públicos): Mirando al futuro, por Rafael Jiménez Asensio

Los sindicatos piden cambiar la fórmula salarial ligada al PIB para que haya una subida adicional del 1% este año.

Revista de prensa. EP.-La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha expresado su voluntad de negociar un nuevo acuerdo sobre los empleados públicos para la nueva legislatura y ha avanzado que verá la luz una ley de desempeño del empleado público y que se convocará en marzo la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) para retomar el diálogo social, así como la comisión de seguimiento del acuerdo suscrito en 2018.

Por su parte, los sindicatos han reclamado un cambio en la fórmula de la parte variable ligada al PIB de la subida salarial para que haya un alza del 1% adicional este año, así como la recuperación del poder adquisitivo.

Así se lo ha trasladado Darias en su primer encuentro con las principales organizaciones sindicales de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) este jueves, que ha sido una "primera toma de contacto" en la que se han sentado las bases de una legislatura que estará "presidida por el diálogo y la negociación" para garantizar y mejorar los derechos de los empleados públicos, según ha informado el Ministerio en una nota.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que Darias ha trasladado a las centrales sindicales los planteamientos recogidos en el acuerdo sobre el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que apuesta por una administración "del siglo XXI", la modernización, un empleo público de calidad y por la excelencia en el sector.

No obstante, ha evitado fijar compromiso alguno en materia de cifras, remarcando la importancia de que vean la luz los Presupuestos de 2020 y abordar posteriormente los contenidos para las cuentas del próximo año.

Nuevas leyes
En cambio, sí ha avanzado la intención del Gobierno de aprobar una iniciativa legislativa para desarrollar una ley de evaluación del desempeño del empleo público, la carrera profesional y el Estatuto del personal directivo. También ha indicado que se desarrollarán temas de igualdad, carrera profesional o tecnología, entre otros.

Junto a la ministra, han asistido a la reunión el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.

Por parte de los sindicatos han estado presentes el secretario general de la Federación de Enseñanza y coordinador del Área Pública de CCOO, Francisco José García Suárez, el secretario de Organización y Comunicación de la Federación de Servicios Públicos (FSP)-UGT, Frederic Monell, y el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.

Un 1% adicional en 2020
Francisco José García, ha valorado en declaraciones a Europa Press el "gesto importante" del incremento retributivo para este año vía real decreto ley, tal y como reclamaban los sindicatos, y ha valorado la rápida convocatoria y la recuperación del diálogo social en las administraciones públicas.

García ha indicado que desde CCOO han planteado la importancia de definir medidas y estrategias para garantizar el cumplimiento del acuerdo sobre estabilización del empleo público para reducir la temporalidad al 8%, así como eliminar las limitaciones en la tasa de reposición de efectivos y planes de igualdad en las administraciones.

En materia retributiva los sindicatos han pedido un cambio en la fórmula por la que se computa la parte variable ligada al alza del PIB para determinar la subida salarial, con el fin de que este año pueda ver la luz un incremento retributivo del 1% adicional.

El decreto aprobado por el Ejecutivo fijó una subida del 2% del salario de los funcionarios, a la que podría sumarse un 0,3% de fondos adicionales ajustados a la evolución del PIB.

El acuerdo establecía una subida del 0,20% adicional si la economía crece el 2,1% en 2019, que puede llegar hasta el 1% si el PIB avanza el 2,5%, si bien la estimación inicial del INE apuntó a un crecimiento del 2%, lo que no posibilitaría subida adicional alguna, a falta de conocer el dato definitivo el próximo 31 de marzo.

En esta línea, el secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fréderic Monell, ha insistido en la necesidad de seguir recuperando poder adquisitivo, que CCOO y UGT cifran en una pérdida de en torno al 15%, y abordar la parte variable ligada al PIB, vinculándolo para cuando la economía vaya bien.

Monell ha destacado que la reunión ha sido "positiva" y las "ganas de hacer cosas y no esconderse de los problemas" del nuevo equipo de Función Pública, y ha valorado la convocatoria de la comisión de seguimiento del II acuerdo, vigente para 2020 también, para ver qué queda pendiente de ejecución, especialmente en procesos de estabilización de plantillas ante los retrasos en colectivos como Educación o Sanidad.

También ha apreciado la "disponibilidad" de Darias de abordar un nuevo acuerdo de legislatura, algo que ve "razonable" al quedar asuntos pendientes en materia de plantillas, envejecimiento, consolidación de interinos ante el "colapso" provocado por la tasa de reposición y la posibilidad de que la sentencia del Tribunal Europeo sobre este asunto obligue al Estado a indemnizar.

A su vez, ha citado otros aspectos como la jubilación parcial, eliminada por el anterior Ejecutivo, la extensión de los planes de igualdad y problemas específicos con el personal exterior y el de instituciones penitenciarias.

CSIF pide una subida del 18% en la legislatura 
Por su parte, CSIF espera sentarse pronto a negociar un acuerdo de legislatura con el nuevo Gobierno que permita recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5% y el 10% del año 2010 y recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que cifra entre un 12,9% y un 17,9%.

Igualmente, ha pedido adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de la economía para sumar un 1% adicional.

En cuanto al empleo, ha demandado empezar a diseñar la oferta de empleo público de cara a los próximo Presupuestos, así como impulsar un plan de choque sobre plantillas para su rejuvenecimiento, ante la previsión de la jubilación de 905.000 empleados en una década, y avanzar en estabilización de interinos.

Otros puntos planteados han sido la regulación de la carrera profesional; el desarrollo de las 35 horas; un nuevo impulso a las medidas de conciliación (desarrollo de las bolsas de horas); la adecuación de los grupos de clasificación en la función pública a las nuevas titulaciones; la jubilación voluntaria a los 60 años; adecuar los complementos de residencia e insularidad; y el desarrollo de la figura del delegado en Igualdad y violencia de género.

Por último, ha pedido el reconocimiento de las lenguas cooficiales como mérito en el acceso al empleo público, pero "nunca como requisito".