CSIF pide al gobierno y a los grupos parlamentarios que se impulsen medidas para regenerar a los sindicatos

 Abogan por ampliar el debate al ámbito de las organizaciones sindicales que, al igual que el resto de las instituciones democráticas, han sufrido un "desgaste evidente" ante los ciudadanos.

 

Revista de prensa. EP.14.8.2014.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido formalmente al Gobierno y los grupos parlamentarios para pedirles que, además de negociar medidas anticorrupción y de regeneración de la vida política, estudien la conveniencia de impulsar reformas para regenerar también los sindicatos, ante el "evidente desgaste" que, según asumen, están sufriendo.

 

Coincidiendo con la reactivación de las negociaciones en el ámbito parlamentario de las iniciativas incluidas en el paquete de regeneración del Gobierno, CSI-F se ha puesto en contacto con los partidos con representación en el Congreso y con el propio Ejecutivo para pedirles que extiendan el debate sobre esta materia al ámbito sindical, según han informado a Europa Press fuentes de esta organización.

 

  Desde el sindicato que preside Miguel Borra aseguran ser muy conscientes del debate abierto en la sociedad española durante los últimos años sobre la calidad de la democracia, la utilidad de las instituciones y la necesidad de ampliar los cauces de participación ciudadana.

 

  n este contexto, abogan por ampliar este debate al ámbito de las organizaciones sindicales que, al igual que el resto de las instituciones democráticas, han sufrido un "desgaste evidente" ante los ciudadanos.

 

Es más, consideran que en este momento, tanto los poderes públicos como los agentes de la sociedad civil, entre los que incluyen, tienen que "responsabilidad" de tomar medidas que contribuyan a la recuperación de la credibilidad, el refuerzo de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia.

 

Diagnóstico

 En el caso concreto de los sindicatos, CSI-F apuesta por hacer un "correcto diagnóstico del sentir de la ciudadanía" y un "honesto ejercicio de autocrítica" que debe culminar en la adopción de decisiones que permitan trasladar al funcionamiento de los sindicatos las demandas de más democracia que se están produciendo también en el ámbito político. 

 

Hablan, por ejemplo, de tomar medidas para reforzar la "función social" de las organizaciones sindicales y de ampliar la transparencia a la hora de rendir cuentas del dinero público, especialmente habida cuenta de los "recientes y lamentables" casos de corrupción que están siendo investigados en los tribunales y que afectan los sindicatos, como el presunto fraude en los cursos de formación o los ERE irregulares de Andalucía.

 

Pero también quieren facilitar la participación ciudadana. Y es que, para CSI-F, el actual sistema de representación sindical "no refleja la pluralidad de la sociedad española" y traslada al "ámbito de las relaciones laborales el 'bipartidismo' imperante en el terreno de la política" que, desde su punto de vista, también está "en crisis".

 

  Por todo ello, han propuesto a las fuerzas políticas que constituyan un ámbito de reflexión en el marco parlamentario, con la participación de las organizaciones sindicales, en el que se puedan discutir también diferentes medidas de regeneración democrática de los sindicatos.

Responsabilidad de los directivos y autoridades públicas

Antonio Arias. Blog fiscalización.es.- Ayer (12.9.2014) se celebró en la Universidad de Vigo la Jornada sobre Responsabilidad de los directivos y autoridades públicas. Se trataba de una sesión con dos ponentes para desarrollar la responsabilidad derivada de los informes de fiscalización y los restantes supuestos, fundamentalmente la via penal y administrativa.

La Magistrada Dolores Galindo presentaba al fiscal jefe del TCu, Olayo González Soler, que comenzó su exposición afirmando “Si el Control Interno funciona bien, el Control Externo lo tiene fácil” y realizó una exhaustiva exposición de las funciones de las actuaciones de la fiscalía para depurar responsabilidades de los Directivos y Cargos Públicos.

 En un entramado procedimental que Olayo entendió caracterizado por la complejidad funcional y orgánica, por la compulsividad y la contradicción, reconoció que la configuración legal en España de la Responsabilidad Contable dejaba bastante que desear:

• El juicio de cuentas no existe, en la práctica.
• Los actos antijurídicos firmes son imposibles de atacar por el TCu
• Las dificultades de perseguir el reintegro de los cuentadantes de hecho y el extraneus.

En ese sentido, el fiscal siempre crítico con la construcción de la responsabilidad contable, vislumbró nuevas perspectivas para trabajar en el futuro desde la fiscalía, en tres nuevas -y poco exploradas- áreas de trabajo:

• El reintegro de subvenciones perjudicadas
• Aspectos de ineficiencia e innecesariedad del gasto
• Ampliación subjetiva del circulo de responsables contables.

Yo tuve la tarea de introducir al magistrado José Ramón Chaves que estableció un inventario de causas que han permitido la aparición de gran cantidad de casos de corrupción. Desde los legisladores –ambigüedad de la norma- a los gestores –huida del derecho administrativo, devaluación de los controles- pasando por los sucedáneos de pena, como es la inhabilitación del prevaricador que, con frecuencia, cuando llega –tarde- carece de relevancia.

Impunidad
 Habló de la impunidad de los “pequeños actos” administrativos que impiden a los perjudicados su persecución ante las cuantiosas tasas judiciales. También la desviación de poder (y su prueba diabólica) o la inaplicación del art. 145 LRJPAC que obliga a repercutir en al autoridad o funcionario que causen un quebranto.

Recordó la vigencia del Código de Buen Gobierno de la LTBG (Título II, arts. 25 a 32) desde el día siguiente publicación en el BOE aunque, curiosamente, el órgano encargado de incoar expedientes sigue sin constituirse un año después de su promulgación.

En ese sentido, llamó la atención sobre el Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso sobre el ejercicio del Alto Cargo en la Administración del Estado, que tiene carácter supletorio (DA 1ª) para el resto de las AAPP. La futura norma, que eleva a principio general de comportamiento directivo la austeridad y la eficiencia, quiere regular los conflictos de intereses y prevé un régimen sancionador específico.

El Congreso aprueba la Ley de Racionalización del Sector Público y recupera un "moscoso" para los empleados públicos

Tras su aprobación  los  empleados públicos  de todas las AA.PP recuperarán -ya con efectos en 2014- el segundo día  libre de los tres suprimidos en 2012. Este año ya se podrán disfrutar cinco días.

Noticia relacionada: El sindicato CSI-F espera generosidad del gobierno con los empleados públicos en los últimos presupuestos de la legislatura de Rajoy

Revista de prensa. 11.9.2014. 20minutos.es.- El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de racionalización del sector público, que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.

 

Tras la aprobación de la ley los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición (moscoso) de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.

 

Respecto al texto que salió originalmente del Congreso se han introducido veinte modificaciones. El proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara ocho propuestas de veto; según los grupos de la oposición, el proyecto invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.

 

Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno, forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los recursos públicos.

Romero ha señalado que del texto que salió del Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del Senado, se han introducido veinte modificaciones, entre las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.

NO rotundo de toda la oposición

 Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la administración española era una selva de chiringuitos para socialistas", y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos "flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".

 El diputado de CIU Antoni Picó, ha señalado que transcurridos casi tres años desde el inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en las competencias autonómicas". También el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni los estatutos de autonomía".

 

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ni se corresponde con las necesidades de España.

Joan Coscubiela de la Izquierda Plural ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y desmontaje del Estado de bienestar".

La Ley de Transparencia sigue con retrasos importantes a solo tres meses de su entrada en vigor

La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental

 

Access Info Europe. Madrid, 9 .9 2014 - A tres meses de la entrada en vigor de la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el Gobierno sigue sin haber publicado nada sobre los distintos reglamentos que permitirán su implementación.

 

A continuación hacemos un repaso de lo que queda por hacer en estos tres meses.

 

Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio enviaron el día 20 de agosto de 2014 una carta al Secretario de Estado de Relación con las Cortes José Luis Ayllón Manso para saber en qué estado se encuentra la implementación de la Ley de Transparencia.

 

Entre las tareas pendientes, el gobierno debe completar los siguientes procesos:
 

» Presentar el Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según la propia ley aprobada en diciembre de 2013, este reglamento debería haberse presentado en marzo de 2014.

 

Esta norma es especialmente importante ya que definirá entre otras cuestiones cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los candidatos a la presidencia del Consejo de la Transparencia y los mecanismos para asegurar su independencia y el buen desarrollo de su mandato.

 

» Presentar el reglamento que desarrolle los detalles de la propia ley. Este reglamento clave ya que definirá exactamente la forma a través de la cual podremos solicitar información a las instituciones públicas y quizás aclarará algunos preceptos imprecisos que contiene la ley como la exclusión que hace el artículo 18 de informes y comunicaciones internas.

 

» Crear el Portal de la Transparencia. El Gobierno deberá tener listo en diciembre un portal en el que al menos deberá poder encontrarse información relativa a las instituciones estatales.

 

Una ley muy contestada

La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por limitar su alcance casi exclusivamente a información administrativa y por proponer un sistema de recursos muy poco ambicioso. Las normas que quedan por aprobar todavía podrían mejorar algunos de estos defectos, de ahí la importancia de que su aprobación se haga de forma transparente y participativa.

 

Aquí puedes leer la carta enviada al Secretario de Estado.

Aquí puedes encontrar el análisis de Access Info Europe a la Ley española de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Noticia relacionada: Principio de acuerdo en Canarias para aprobar la Ley de Transparencia

El decálogo de la atención al público en las Administraciones Públicas

"Un buen servicio se percibe cuando las expectativas del usuario se atienden en forma oportuna y eficaz: la diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido muestra la calidad percibida por el ciudadano"

blog trabajandomasporunpocomenos.- GEMA T. PÉREZ RAMÓN.- Los servicios de atención directa al ciudadano son el escaparate de cualquier organización. Es la parte visible de la relación, el contacto o encuentro, que representa una mínima parte de todos los elementos que intervienen en la misma y que deben ser gestionados correctamente para lograr altos niveles de eficacia.

 

Un buen servicio de atención al ciudadano en una organización pública debe ser:

1. Actualizado a las necesidades del cliente: las administraciones públicas debemos adaptarnos a la realidad cambiante y renovar permanentemente los productos y servicios. Se trata de una atención atenta y abierta a las demandas, donde la información circula de manera bidireccional. Existe una diversidad de factores que influyen , por lo que debemos estandarizar nuestros parámetros para conseguir la satisfacción del mayor número posible de ciudadanos.
2. Fiable y creíble: los ciudadanos tienen que poder creer y confiar en la administración: en la administración se cumple lo que se promete (siempre). Un empleado público no debe comprometerse a lo que no sabe si se va a poder cumplir. A veces el exceso de celo lleva a dar respuestas que luego no son ciertas, fundamentalmente porque no están en su mano.
3. Fácilmente accesible: los ciudadanos pueden ponerse fácilmente en contacto con la administración y su personal, incluyendo los directivos. Esta accesibilidad implica disponibilidad de atención 24×7 por medios telemáticos y amplitud de horarios en medios presenciales y telefónicos.
4. Sencillo en el lenguaje y en los procedimientos: la administración ha sido capaz de desarrollar un lenguaje para comunicarse con los ciudadanos que éstos comprenden sin problemas. Los procedimientos son garantistas y ágiles.
 
5. Amable en el trato: próximo. Todo el personal de la administración trata al ciudadano con consideración, atención y respeto. El ciudadano-cliente no es un oponente, se trabaja por él y para él. El comportamiento del personal de atención al ciudadano y sus relaciones con éste, influyen mucho en la valoración de toda la organización.
6. Ágil, prestado a tiempo, en el momento en que se necesita: Los empleados de la administración están siempre dispuestos a suministrar el servicio cuando los ciudadanos lo necesitan, no cuando la administración lo considera conveniente.
7. Con capacidad de respuesta ante imprevistos: se tiene disponibilidad de reorganización para atender demandas extraordinarias puntuales. Todos los empleados públicos por el hecho de ser funcionarios tienen implícitas las labores de atención al ciudadano, no está permitido considerar que no está entre “mis funciones” atender al personal.
8. Transparente: el servicio de atención presencial es una prestación básicamente humana, cuyos resultados dependen en gran medida de la interacción que se produce entre dos grupos de personas. La sinceridad y nitidez en la información que se entrega es fundamental, depende en buena medida de las herramientas informáticas con las que se trabaja y de la voluntad de transmitir toda la información disponible.
9. Profesional: Los empleados poseen las habilidades y conocimientos necesarios para prestar de forma correcta y precisa los servicios demandados por los ciudadanos. Se necesitan capacidades y aptitudes que se adquieren a través de los oportunos cursos de formación y de la sensibilización por parte de los directivos de dar a estas dependencias la importancia debida.
10. Un buen servicio se percibe cuando las expectativas del usuario se atienden en forma oportuna y eficaz: la diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido muestra la calidad percibida por el ciudadano. Desde que un ciudadano entra en nuestras oficinas está percibiendo impresiones que le llevan a sacar conclusiones sobre lo organización. Hay que ser capaces de superar las expectativas que, por otra parte, son más bien bajas.

Es necesario analizar periódicamente la adecuación del servicio de atención al público a las demandas de los ciudadanos para proponer mejoras que:

• Nos permitan dar respuesta a las necesidades de ciudadanos y Administraciones.
• Nos hagan más comprensibles, sencillos y ágiles en todas las formas de actuar

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Antonio Arias: Siete cualidades del interventor para llegar sano y salvo a la jubilación

"Cuando hay que escribir hay que hacerlo bien, sin hacer sangre. Firme y claro; pero aquí las formas también importan y es bueno advertir antes de formalizar el reparo"

 

Antonio Arias. Blog fiscalización.es.- Cada vez son más frecuentes los artículos que comienzan con el gancho “cinco argumentos para …” o “siete cosas que …”. Se trata de una consecuencia más de las redes sociales, que imponen sus reglas de selección sobre qué artículos leer.

 

Yo no sé si ustedes usan Twitter, pero yo sigo con él a un millar de personas y sus artículos recomendados usan anzuelos de este tipo, con sólo 140 caracteres. Hoy no voy a ser menos. Esta semana he tomado café con José Antonio Duruelo Martín, que se jubilaba tras 25 años en el mundo del control interno autonómico, el último lustro como Interventor de la Universidad de Oviedo.

 

José Antonio es buen amigo desde mis años mozos en la facultad de Económicas, donde yo era su proveedor de apuntes y él cursaba el segundo ciclo como diplomado en Empresariales. Era, además, ingeniero técnico al servicio de la Diputación de Oviedo, conocía muy bien la gestión de los proyectos y pronto se pasó al control interno. Puedo asegurar que esa evolución fue enriquecedora. Es más, creo que es imprescindible haber gestionado en algún momento de la vida administrativa para ser un buen auditor o interventor.

 

Por eso, nuestro primer consejo para un joven que quiera dedicarse a esto sería intentar ese itinerario. Sé que esto no es pacífico, pero qué quieren, es mi decálogo. Muchos puristas de la fiscalización intentan alejarte de todo pensamiento empático argumentando que si te pones en lugar del fiscalizado no serás objetivo. Vale, pero se pierden demasiados matices.

 

No te encierres. Mantén una relación franca y afable con los gestores. No es imprescindible que les ganes todos los miércoles al mus, aunque José Antonio lo lograba. No importa que estén en el círculo de los fiscalizados. Tampoco tienen que ser todos, que hay mucha fauna en las organizaciones que vive por encima de sus posibilidades y -tarde o temprano- son una complicación. A esos puedes dejarlos de lado y no pasa nada porque tu desdén sea notorio.

 

Quizás se espere de un Síndico que apoye esa teoría de la distancia, pero no lo veo así cuando trabajas en una organización madura y con un ambiente profesional mínimamente ético. Realmente decir ¡no! a tu compañero de café se hace más fácil si puedes explicarle tus razones y evitarle un problema. Ya sabemos que los Interventores son esos chicos malos, aguafiestas profesionales que nos dan malas noticias. Sin embargo, las organizaciones eficientes necesitan una relación fluida entre compañeros. Eso implica renuncia. Si usted es Alcalde de un ayuntamiento mediano puede que me diga: “pues aquí el Interventor no se habla con el Secretario”. Malos profesionales. No se trata de rehuir los conflictos, que forman parte de la vida de las organizaciones en permanente cambio, pero no puede ser que siempre afecte a los mismos.

 

Analistas de riesgos

Hay muchos supervisores en todo tipo de organizaciones. Mis preferidos durante estos años de crisis financiera han sido los analistas de riesgos. Ellos si que han corrido riesgos con los directivos o clientes presionando para cerrar operaciones que tras el pinchazo de la burbuja quedaron en evidencia. Entonces todo el mundo corre a ver qué dejó escrito.

 

El buen Interventor va desarrollando un sexto sentido para detectar los problemas. Una cualidad esencial, pero si careces de ella o eres joven, solo te queda una, hasta que llegue: formación. La normativa pública se ha convertido en un monstruo de siete cabezas y el Interventor debe tener capacidad para dominarlas. Estudiar -¡y leer la prensa!- forma parte del trabajo y la mayoría de las veces se hace en casa, en la playa o bajo la higuera. Hace falta llegar a dominar la Ley de Contratos que es, hoy por hoy, la mayor fuente de conflictos de la Administración, en términos de cuantía. Pero, además debes saber explicar las cosas a los gestores -en esto José Antonio es un maestro- y las razones por las que no puedes recibir de conformidad una obra. Y debes hacerlo con elegancia y, si es el caso, saber rectificar que es una virtud, no un demérito. Nada de sostenella y no enmendalla. Demasiados funcionarios atascados en la inercia del banco pintado.

 

Hay que trabajar mucho los expedientes. A las mesas de contratación se debe acudir con el trabajo hecho. Esos son los buenos Interventores. Es difícil, sobre todo ahora que la transparencia se va imponiendo en las licitaciones y hay que comunicar a los empresarios los puntos obtenidos y los motivos de las decisiones de adjudicación. Tendrás unos minutos apenas para plantear tu discrepancia y aunque una buena formación te ayudará, el problema -como la solución- está en los pliegos.

 

Esto nos lleva al último apartado: el reparo amable. Si, al final no queda otra, hay que escribir un reparo. Cada vez es más difícil que una Autoridad o Directivo Público se salte un reparo de la Intervención. Además de quedar sólo ante el peligro, los riesgos de prevaricar son muy elevados y es raro el día que la prensa no nos aporta, al respecto, una noticia de los tribunales de justicia. Así que no valen advertencias verbales ni vagas. Cuando hay que escribir hay que hacerlo bien, sin hacer sangre. Firme y claro; pero aquí las formas también importan y es bueno advertir antes de formalizar el reparo. En los casos muy serios hay que consultar con la almohada el alcance -dentro y fuera organización- de los asuntos en las zonas grises.

 

En fin, que superar un cuarto de siglo en este trabajo no es nada fácil. Si eres un joven interventor que quiere llegar a la jubilación, quizás puedas sacar partido de maestros como José Antonio Duruelo.

¿Hay Derecho?: La politización de la Justicia

"El fiscal, que debería en la lucha contra la corrupción estar instalado en la distancia del Ejecutivo, está hoy cómodamente integrado en la estructura de poder que hay en España"

 

"Las reformas más importantes que se han realizado en Justicia en los últimos 30 años se han orientado a mantener o reforzar la politización del CGPJ y de la Fiscalía"

 

Blog ¿Hay Derecho?.- No es sencillo hablar de la politización de la Justicia sin correr el riesgo de ser injusto con algunas personas. Porque si bien es cierto que el control del funcionamiento de la Justicia -por lo que a la judicatura se refiere- se realiza a través del politizado CGPJ, lo cierto es que para materializar ese control se precisa de un cierto número de jueces elegidos por razones fundamentalmente de afinidad política o ideológica. Un cierto número, sí, pero pocos.
 

El fiscal General del Estado
un paso por detrás del Ministro de
Justicia, Ruíz Gallardón

La mayoría de los jueces en España son ajenos -y hasta hostiles- a este sistema y muchos jueces dan testimonio de ello con su trabajo diario. Por tanto, las generalizaciones pueden ser injustas. En los más altos puestos de la judicatura, lugares decisivos para colocar jueces politizados, hay también otros que mantienen su neutralidad política y la ejercen día a día. A pesar de ello, el sistema diseñado desde 1985 ha resultado ser eficaz para crear una suerte de protección añadida a ciertas personas que ostentan el poder político y hasta económico, que no gozamos el resto de los ciudadanos. Los aforamientos derivan a gran parte de esas personas en sus eventuales litigios penales hacia los tribunales donde los vocales políticos del CGPJ ponen la carne en el asador para colocar a los suyos; y la amplitud de las inmunidades de que gozan los parlamentarios genera enormes dificultades para investigar contra ellos ciertos delitos, entre ellos, los relacionados con la corrupción. Las reformas más importantes que se han realizado en Justicia en los últimos 30 años se han orientado a mantener o reforzar la politización del CGPJ y de la Fiscalía, ocurriendo al tiempo que el poder político ha olvidado preocuparse en diseñar un proceso penal moderno, dotar a la Justicia de medios personales y materiales, copiar modelos que funcionan en otros países, premiar el mérito y la capacidad profesional de jueces y fiscales, o denostar la dependencia o afinidad política en jueces y fiscales y no premiarla.

 

Cuotas de partidos políticos

El poder político controla el Consejo General del Poder Judicial a través de vocales elegidos por cuotas por los partidos políticos. Han conseguido tras 30 años de control que un reducido grupo de jueces y fiscales se sientan cómodos con este sistema de afinidad ideológica que se traduce para ellos en beneficios profesionales. Han conseguido que la colonización de la Justicia por el poder político aparezca revestida de la respetabilidad que confiere la intervención principal de unos pocos jueces y fiscales que tienden a ver de manera natural los problemas jurídicos de la misma manera que aquellos que les eligen. Se suele decir que una cosa es el poder judicial que es independiente y que se encarna en cada juez que aplica la ley, y otra el gobierno del poder judicial que es político. Creo que es un argumento tramposo. El juez de base, el que resuelve los asuntos de los ciudadanos corrientes es independiente, claro que lo es, pero es que su independencia no está amenazada por el poder ejecutivo o por el poder político. Esos jueces son independientes y además son imparciales. Pero las energías de la ocupación política de la Justicia no se concentran en esos, en la mayoría de los jueces de España, sino que se aplican sobre quienes ocupan los puestos de mayor jerarquía y responsabilidad: las tachas afectan a la imparcialidad de esos jueces elegidos por el poder por razones de confianza política, no a su independencia. La independencia es algo instrumental para garantizar la imparcialidad de la resolución. Pero cuando se eligen jueces o fiscales parciales ex ante (afines políticamente) por razones de confianza, la cosa es mucho más discutible.

 

Naturalmente no se limita el control político al Consejo General del Poder Judicial. También cuentan decisivamente con la Fiscalía. A diferencia de la judicatura, la Fiscalía está jerarquizada: todo el mundo en la Fiscalía tiene un jefe y todos los fiscales dependemos del Fiscal General del Estado (en adelante FGE). En la jerarquía de la Fiscalía tenemos a ex ministros, ex directores generales, ex consejeros autonómicos, ex diputados, ex vocales del CGPJ, ex altos cargos de diversas categorías. Una jerarquía compuesta por fiscales en su mayor parte pertenecientes a las dos asociaciones que se han repartido el botín de la dirección de la Fiscalía durante estos 30 años, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, asociaciones que están mucho más cómodas cuando gobierna PP o PSOE, respectivamente. Sus asociados no llegan entre las dos al 35% de los fiscales, pero quien elige a quienes dirigirán la Fiscalía no busca sólo el talento sino la afinidad, la confianza. El resultado es una Fiscalía afín al poder político y económico: el jefe de todos los fiscales lo elige el Gobierno; y la jerarquía de la Fiscalía está autoprotegida por unas reglas creadas por ellos mismos y por el poder político, frente a las reclamaciones profesionales del resto o de cada uno de los fiscales. Una Fiscalía a la que a algunos nos duele verla a remolque de acusaciones particulares o populares en casos de corrupción política o económica; que le cuesta ver delitos en la emisión de participaciones preferentes por entidades quebradas o insolventes; que concentra su energía mucho más en el político caído que en el político encumbrado cuando hay sospechas de corrupción.

 

Con carácter general, el buen investigador en delitos de corrupción política ha de desconfiar del poder. Ha de hacerlo porque tiene una responsabilidad atribuida por la ley y en él se deposita la confianza de los ciudadanos que tienen derecho a saber si hay o no corrupción en la Administración de sus impuestos y además porque el poderoso no se suele quedar quieto cuando le investigan. Por eso hay que investigar concienzudamente y desde la desconfianza hacia el investigado poderoso. No puede haber para el buen investigador (juez o fiscal) ningunaoperación cortafuegos, no debe haber miedo a investigar y ha de agotarse la investigación de manera garantista pero insisto, siendo consciente de que el poderoso tiene armas y ventajas que otros no tienen. Sucede sin embargo que los gobiernos eligen al Fiscal General por razones de confianza, no se precisan consensos amplios. De manera que quien debe desconfiar de todos es elegido por razones de confianza por aquellos que manejan los caudales públicos, por aquellos a quiénes quizá deba investigar en casos de corrupción. A partir de ahí, todo el sistema se construye sobre una base equivocada.

 

La organización de la Fiscalía está diseñada para que el FGE tenga un efectivo control sobre el criterio de aplicación concreta de la ley en casos particulares: los fiscales jefes son elegidos por el Gobierno a propuesta del FGE, por periodos de tiempo determinados, por razones de confianza y con total opacidad en cuanto a los méritos de cada aspirante; los cargos de responsabilidad de la Fiscalía, lo mismo; hay protocolos de actuación para que ningún asunto se escape al control de la jerarquía (básicamente, el visado). Una jerarquía que no se limita a establecer criterios generales de actuación, sino que llegado el caso hace notar su peso sobre los asuntos concretos. El fiscal, que debería en la lucha contra la corrupción estar instalado en la distancia del Ejecutivo, está hoy cómodamente integrado en la estructura de poder que hay en España.

 

Esperanza

¿No hay pues esperanza? Claro que sí. Desmontar este tinglado no ha de ser difícil porque es un sistema antinatural: la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tenemos por vocación que la ley se aplique por igual para todos sin excepciones y que se aplique con eficacia y calidad. Basta entonces el impulso político para conseguirlo y la situación política hoy no está tan clara como hace algunos meses: no todos los partidos desean mantener la colonización política de la Justicia. La prensa además denuncia los abusos cuando se producen, y eso erosiona a quien actúa mal. Pero hay otro factor muy importante en mi opinión: un nuevo Jefe del Estado en quien creo que hay que depositar muchas de las ilusiones perdidas para que nuestra democracia tenga una calidad aceptable. Veremos.