Mostrando entradas con la etiqueta CSI-F. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CSI-F. Mostrar todas las entradas

miércoles, 1 de febrero de 2017

Hacienda y sindicatos de funcionarios acuerdan convocar una Mesa de Administraciones Públicas

La secretaria de Estado de AAPP, Elena Collado, baraja convocar una mesa general con los sindicatos de funcionarios en un plazo de dos semanas para iniciar las negociaciones sobre las condiciones de los empleados públicos, que posteriormente se incluirían en los PGE, siempre que le remitan antes los temas a negociar.

Revista de prensa.- Eleconomista.es 30.01.17. Así lo han comunicado en declaraciones a loso medios CSIF, CCOO y UGT, tras una reunión informal con Collado en la que le han trasladado la falta de diálogo que han percibido en años pasados.

En respuesta a sus demandas, Collado ha reiterado que hay cuestiones que deberán incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, pendientes de aprobar, pero ha trasladado su "predisposición a negociar y avanzar en la posibilidad de incorporar a los Presupuestos los acuerdos que se puedan derivar de esta mesa", ha señalado el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias.

"Si bien no nos ha dicho que está cerrado el tema de una subida salarial, sí queda abierto un posible acuerdo de Presupuestos de poder incrementar las retribuciones de los empleados públicos", ha añadido.

Entre los temas que deben cerrarse en esta mesa, para la que los sindicatos han fijado un plazo máximo de dos semanas, se encuentran la fijación de la retribución de los empleados públicos, la supresión de la tasa de reposición de efectivos que solucione la "tasa de temporalidad excesiva que hay en la propia Administración" y que las condiciones laborales de los empleados públicos "puedan ir recuperándose de los recortes sufridos en años pasados", según ha indicado Iglesias.

"No hay nada concreto, pero sí voluntad de negociar todos los temas que afectan a los empleados públicos", ha aclarado el secretario de Área Pública de CCOO, Antonio Cabrera

En este sentido, Cabrera ha recordado que la principal prioridad de los sindicatos es recuperar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, después de siete años "sin llegar a ningún tipo de acuerdo que afecte a todos los empleados públicos", aunque celebra que el escenario político "ha cambiado", por lo que se muestra optimista ante la posibilidad de negociar.

Subir salarios
El secretario de Área Pública de CCOO ha asegurado que, de prorrogarse los Presupuestos, sería posible negociar la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios, entre ellas la subida retributiva, a través de un real decreto que cumpla con el techo de gasto.


"Ya se ha aprobado para los pensionistas una subida, y con los empleados públicos se puede hacer igual", ha defendido.

Sin embargo, confía en que no sea así y que se llegue a un acuerdo con los sindicatos en la mencionada mesa general, que posteriormente se lleve al Parlamento y se negocie con los agentes políticos.
Sin embargo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha manifestado que alberga "muchas dudas" sobre la voluntad negociadora del Gobierno.

"Vamos a tener que esperar novedades, pero desde UGT tenemos la sensación de que si le planteamos sobre papel esas medidas al señor Montoro que nunca consideró motivo de reunión con los sindicatos le harán salir corriendo", ha lamentado.

Por otra parte, Lacuerda cree que los Presupuestos Generales se prorrogarán, ya que, una vez que el Gobierno aprueba el techo de gasto, "tiene la seguridad de que puede prorrogar el Presupuesto hasta 2018, de una manera u otra lo va a haber".

jueves, 12 de mayo de 2016

Las agresiones físicas sufridas por los empleados públicos en España se duplicaron durante el año 2015

A las 78 agresiones físicas de 2015 se suman otras 461 verbales, de las que 353 fueron en atención al público

Revista de prensa.- El Economista.es. El número de agresiones físicas sufridas por los empleados públicos en España se duplicaron durante el pasado año, hasta alcanzar la cifra de 78, frente a las 39 registradas en 2014, según informó CSIF. Prácticamente la mitad de las agresiones físicas en 2015 se dieron en los servicios de atención al público (38), mientras que 25 fueron en acciones de inspección y vigilancia normativa, seis en actividades sanitarias, tres en la vigilancia y atención a personas y seis en otros servicios.


Del total de agresiones físicas, la gran mayoría fueron incidentes sin lesión (63). Por su parte, las agresiones que causaron lesiones leves ascendieron a 13 y las que causaron una lesión grave fueron dos.

Cabe subrayar que en estos datos no se incluyen las agresiones en Instituciones Penitenciarias, ya que, según denuncia CSIF, este organismo “todavía se sigue negando a extender un protocolo específico”.

A las agresiones físicas se suman otras 461 verbales, de las que 353 fueron en atención al público, 50 en inspección y vigilancia, 19 en actividades sanitarias y una tanto en vigilancia y atención a personas como en actividades docentes. El resto, 37, se engloban en otros servicios.

Oficinas de empleo
El sindicato apunta que las oficinas de los servicios públicos de empleo son el “principal punto caliente”, representando el 80% de las denuncias registradas en atención al público.

El resto de casos se dan en la Seguridad Social, en la Inspección de Trabajo, en el Instituto Nacional de Estadística, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en las delegaciones del Gobierno y en la Dirección General de Tráfico.
"BOTÓN SOS ANTIPÁNICO"

Ante la situación de las oficinas de los servicios públicos de empleo, CSIF apunta que la Administración va a poner en marcha un Plan de Prevención y Actuación ante la Violencia Laboral, que incluye la instalación en los ordenadores de los empleados públicos de un botón de aviso para llamar la atención de los compañeros en caso de situaciones conflictivas.

Este “botón SOS antipánico” empezará a ser instalado este mes a modo de prueba piloto y se irá extendiendo en las oficinas de manera paulatina.

martes, 16 de septiembre de 2014

El Gobierno admite la situación y ultima un protocolo contra las agresiones a empleados públicos

El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas  y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos,  principalmente los abusos verbales y las amenazas

Revista de prensa. Madrid press. 15.9.2014.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ultimando el diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el "volumen creciente" de estas situaciones durante los últimos años, indica el sindicato CSI-F. 
       
Este protocolo, que generaliza las experiencias piloto realizadas en algunos ámbitos como las oficinas de empleo, ha sido puesto en común con todos los ministerios y se aplicará en el conjunto de las Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

La iniciativa, señala CSI-F, ha sido posible tras las reivindicaciones y el acuerdo alcanzado con este sindicato, y se produce después de que Hacienda haya reconocido el crecimiento número de agresiones a los trabajadores públicos.

Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 "se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo"

La crisis prolongada
Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada, tal y como ha venido denunciando CSI-F. El Gobierno aún no dispone de cifras y por eso pondrá en marcha un registro de agresiones.
El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas ("pegar, golpear, empujar") y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.

El documento, acordado con CSI-F, recalca que estas situaciones son "delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos", reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.

El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo, como pueden ser el trabajo con el público, personaciones o embargos.

 Se establecerá además un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito que incluye sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.

Apoyo jurídico y psicológico
Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

CSI-F se felicita de este acuerdo, que supone un avance en la sensibilización social y mayor visibilidad a este tipo de situaciones "que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las  represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada".

CSI-F también espera que el Gobierno incluya las "amenazas gestuales" y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de difundirlas en la 'web', una situación que se ha constatado en las oficinas de empleo.
 
Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra, indica.

jueves, 11 de septiembre de 2014

El Congreso aprueba la Ley de Racionalización del Sector Público y recupera un "moscoso" para los empleados públicos

Tras su aprobación  los  empleados públicos  de todas las AA.PP recuperarán -ya con efectos en 2014- el segundo día  libre de los tres suprimidos en 2012. Este año ya se podrán disfrutar cinco días.

Noticia relacionada: El sindicato CSI-F espera generosidad del gobierno con los empleados públicos en los últimos presupuestos de la legislatura de Rajoy

Revista de prensa. 11.9.2014. 20minutos.es.- El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de racionalización del sector público, que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.
 
Tras la aprobación de la ley los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición (moscoso) de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.
 
Respecto al texto que salió originalmente del Congreso se han introducido veinte modificaciones. El proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara ocho propuestas de veto; según los grupos de la oposición, el proyecto invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.
 
Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno, forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los recursos públicos.

Romero ha señalado que del texto que salió del Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del Senado, se han introducido veinte modificaciones, entre las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.

NO rotundo de toda la oposición
 Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la administración española era una selva de chiringuitos para socialistas", y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos "flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".

 El diputado de CIU Antoni Picó, ha señalado que transcurridos casi tres años desde el inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en las competencias autonómicas". También el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni los estatutos de autonomía".
 
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ni se corresponde con las necesidades de España.

Joan Coscubiela de la Izquierda Plural ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y desmontaje del Estado de bienestar".

viernes, 24 de enero de 2014

EPA IV Trimestre de 2013: La ocupación en el sector público bajó en 424.800 personas en dos años

CSI-F reclama una reunión urgente para analizar las necesidades de las plantillas en las distintas Administraciones Públicas
 

CSIF. 23.1.2014. La ocupación en el sector público (administraciones y empresas públicas) se situó en 2.795.800 personas en el cuarto trimestre de 2013, 34.800 empleados menos respecto al trimestre anterior, y 121.400 menos si lo comparamos con el último trimestre de 2012, según los datos publicados hoy de la Encuesta de Población Activa.

La distribución del paro según Periodistadigital
Esto supone una pérdida total de 424.800 empleos respecto al tercer trimestre de 2011, cuando empezó la sangría en el sector público, con una reducción del 13,1 por ciento en estos dos años.


Por decirlo de otra manera, uno de cada diez personas que trabajaban en este sector ya no están en su puesto. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, este dato nos da idea de la grave situación que afronta este sector, tanto en términos de empleo, como en la calidad de los servicios que reciben nuestros ciudadanos, que han sido seña de identidad de nuestro Estado del Bienestar a lo largo de los últimos años.
 
En estos momentos, la plantilla del conjunto de las administraciones públicas se sitúa en el mismo nivel que se registraba en el segundo trimestre de 2004, es decir, casi diez años atrás. Por tipo de administración, los datos de la EPA muestran que el número de asalariados descendió en el último año (último trimestre de 2013, respecto al último de 2012) en 33.700 en la Administración Central; 6.700 en la Seguridad Social; y 94.500 en las comunidades autónomas.

Mejor los Ayuntamientos
Por el contrario, la ocupación subió en 13.700 personas en los ayuntamientos y en 700 personas en las empresas públicas. Por este motivo, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar el déficit de plantillas y poner en marcha un plan de recursos humanos antes de que sea demasiado tarde.

La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años el sistema se hará insostenible si no adoptamos medidas, empezando por una convocatoria general de empleo público.

Noticia relacionada: Cinco Días: Los detalles más desapercibidos de la EPA