El gobierno se niega a volver a la jornada de 35 horas semanales en las Administraciones Públicas

En la AGE jornada intensiva se ampliará desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre para los padres con hijos menores de doce años

 

Revista de prensa. Cinco Días.- Hasta julio de 2012 la inmensa mayoría de los empleados públicos de las comunidades autónomas, los grandes ayuntamientos, varias diputaciones y algunos organismos de la Administración General del Estado, habían logrado pactar una jornada laboral de 35 horas semanales.

 

La reducción de la jornada amplia el abono de
trabaos extraordinarios en numerosos colectivos
como Sanidad, Bomberos, Policía, etc.

Pero en julio de ese año el famoso y polémico decreto en el que se retiró a este colectivo la paga de Navidad, incluyó otros recortes. Entre ellos, fijó para todos los trabajadores del sector público una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales; y todas las administraciones que tenían una jornada inferior tuvieron que elevarla.

 

En los últimos meses, los sindicatos de la función pública han tenido varias reuniones con los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se deshicieran los recortes aplicados en 2012 al colectivo. De momento, el Gobierno ha devuelto todos los días de libre disposición que retiró, devolverá toda la paga extra en la Administración General del Estado y ha autorizado dicha devolución al resto de las administraciones.

 

Si bien, según distintas fuentes sindicales, Hacienda ha cerrado la puerta “de manera tajante” a permitir que se vuelva a la jornada laboral de 35 horas semanales en ninguna administración. La última reunión para hablar de esta cuestión entre los sindicatos de la función pública y Hacienda fue la semana pasada y no solo no se produjo ningún avance sino que los responsables del Gobierno dejaron claro que no rectificarán este recorte, indican los sindicatos.

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El argumento del Gobierno, según fuentes del sindicato CSI-F, es que “no da tiempo” a aprobar una ley que permita volver a la situación anterior al recorte, algo que rechazan los técnicos de las principales centrales sindicales presentes en la negociación.

 

No obstante, el secretario de Acción Sindical de CSI-F, Francisco Camarillo, precisó que las negociaciones con Hacienda aún no están terminadas, por lo que “aún hay margen para insistir”.

 

Es más, desde UGT recuerdan que “el Gobierno también denegó la devolución de la paga extra en reiteradas ocasiones, y luego decidieron unilateralmente vender que la iban a pagar”.

 

Por ello, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT), Juan Antonio Gilaber, aseguraba ayer que este sindicato seguirá exigiendo que pueda volverse a las 35 horas semanales. De hecho, señaló que ya hay administraciones buscando fórmulas legales para pactar una reducción de la jornada laboral, que no entre en conflicto con la norma básica aplicable a todo el sector público.

 

Desde la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tampoco renuncian a esta reivindicación. De hecho, en la Administración General del Estado se ha abierto la negociación de la resolución que traspone la jornada mínima al ámbito Estatal y también ahí están intentando rectificar esta situación. Pero al ser una normativa básica, no pueden contravenirla.

 

Algunos avances en conciliación laboral

La comisión técnica donde los sindicatos de la Mesa de la Función Pública y el Gobierno negocian las condiciones en materia de jornada y horarios para los empleados públicos está reuniéndose está aún abierta. De hecho, aunque los representantes sindicales no han conseguido que el Gobierno vuelva a abrir la puerta a la jornada de 35 horas, sí están haciendo otro tipo de avances.

 

El secretario de Acción Sindical de CSI-F, Francisco Camarillo, aseguró que ya existe compromiso de Hacienda para flexibilizar la jornada intensiva en verano en la Administración General del Estado de forma que esta empiece a las 07.30 horas y no a las 08.00 como en la actualidad. Asimismo, esta jornada intensiva se ampliará desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre para los padres con hijos menores de doce años, también para los trabajadores de la Administración estatal.

 

Otro de los avances que podrían cerrarse es la posibilidad de que los empleados públicos de dicha administración puedan disponer de forma individual de hasta nueve días de sus vacaciones, en lugar de los cinco días como máximo actuales.

 

Y en materia sanitaria, los sindicatos habrían conseguido que los trabajadores que se reincorporen al trabajo tras una bajar por haber padecido cáncer podrán disfrutar de hasta dos meses de jornada reducida sin reducción de sueldo. Igualmente se ampliará a uno o dos días el permiso para rehabilitación tras determinadas pruebas invasivas de diagnóstico.

 

Dicho todo esto, la otra gran reivindicación sindical que Hacienda se resiste a conceder es la eliminación de los descuentos salariales a los trabajadores de baja médica. Si bien, desde CSI-F confían en pactar una serie de patologías en las que no apliquen estos descuentos.

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“La intención es devolver lo que resta de la paga lo antes posible, y podría ser en enero o en febrero”. Real Decreto-ley 10/2015, 12/09/2015, recuperación 26,23% de la paga extra del 2012. Ver BOE 12.9.2015. Ver Informe de Cosital sobre el RDL 10/2015

 

Revista de prensa. Diario Cinco Días.- Después de más de cinco años de recortes y sucesivas congelaciones salariales, la próxima cuesta de enero será más llevadera para los empleados públicos dependientes de la Administración central del Estado y de aquellas otras administraciones que decidan sumarse a la iniciativa del Ministerio de Hacienda.

 

Y es que el departamento que dirige Cristóbal Montoro comunicó hoy a los sindicatos de la función pública que su intención es devolver el 50% restante de la extra suprimida en 2012 a partir del próximo mes de enero, tal y como se había comprometido hasta ahora.

 

Sin embargo, fuentes del sindicato CSI-F aseguraron que el mensaje trasladado por los técnicos de Hacienda, con quienes mantuvieron una reunión de trabajo ordinaria, fue mucho más concreto. “Manifestaron que el abono se realizará ese mismo mes y podría consistir en un único pago, lo que supondrá unos 750 euros de media”, explicaron desde la central que preside Miguel Borra.

 

“La intención es devolver lo que resta de la paga lo antes posible, y podría ser en enero o en febrero”, suavizaron desde Hacienda horas después de que saltara la noticia. Además, las mismas fuentes explicaron que el pago se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, junto a la subida salarial prevista del 1% para este colectivo.

 

 

Con este tercer desembolso, el Gobierno habría saldado la deuda pendiente con los empleados públicos, a quienes ya devolvió un 25% de dicha paga en enero de este año. A esa devolución se sumará en los próximos días otro 26,23%, –que equivale a 48 días de trabajo– que el Gobierno reintegrará una vez apruebe el real decreto correspondiente en el Consejo de Ministros de hoy.

 

Por su parte, fuentes de UGT precisaron, en línea con lo comunicado por Hacienda, que el Gobierno mantiene su “intención” de que el pago se efectúe en el mes de enero, pero recalcaron que “no está decidido”, ya que entre otras cosas no se sabe quién gobernará España para entonces.

 

El real decreto que tiene previsto ratificar mañana el Gobierno, tal y como anunció la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incluirá también la recuperación del día de libre disposición moscoso que faltaba por reintegrar de los tres que se suprimieron en 2012, hasta completar el total de seis con los que todos los empleados públicos contaban al inicio de la crisis.

 

Asimismo, restituirá la regulación de los días de asuntos particulares en virtud de la antigüedad, los denominados canosos. De esta forma, los trabajadores de la Administración contarán con cuatro de estos días por cada cinco años de servicio a partir de los primeros 15 años, dos adicionales con el sexto trienio y uno más desde el octavo y sucesivos. Estas medidas tendrán un carácter “básico potestativo”, lo que significa que serán de aplicación tanto en la Administración General del Estado, como en las regiones y en los ayuntamientos, tal y como reclamaban los sindicatos. No obstante, dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada administración.

Hacia la recuperación del status previo a 2010

Tal y como ocurrió antes del verano, cuando Gobierno y funcionarios acordaron una subida salarial del 1% para el próximo ejercicio, los sindicatos reaccionaron hoy a este anuncio de forma positiva, aunque coincidieron en que esperan que estas mejoras tengan continuidad.

 

De esta forma, desde la central CSI-F se espera que los empleados públicos, sea cual sea la Administración para la que trabajen, recuperen la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones del 5% decretada por el Ejecutivo socialista.

 

“Desde entonces, se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del 25%”, señaló ayer el sindicato liderado por Miguel Borra en un comunicado.

 

En este sentido, CSI-F reclama que las cuentas públicas del próximo año incluyan una subida salarial del 2,5% para equipararla a la pactada por los agentes sociales en el ámbito privado (esa cifra sería la suma del 1% previsto para este año y del 1,5% para 2016). Asimismo, la organización lleva tiempo solicitando la creación de un fondo adicional para los colectivos de trabajadores de las administraciones que tengan salarios más bajos y que la devolución de la paga extra se haga con rango de norma básica, para asegurar su reintegro en el conjunto de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

 

Por último, exigieron una tasa de reposición generalizada del 100% en todas las administraciones y un refuerzo adicional por encima de ese volumen en aquellos sectores con mayores necesidades de plantilla. Y también, pidieron que los Presupuestos eliminen los recortes practicados en las nóminas por baja médica.

El Senado aprueba la reforma que pondrá fin al uso de papel en los juzgados a partir de 2016

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Revista de prensa.- Voz Populi.- El Pleno del Senado ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos entre profesionales se comuniquen de forma telemática. A partir del primero de enero de 2016, y ante el "escepticismo" de la oposición que ha advertido de la "falta de medios" para este fin, las sedes judiciales tendrán que comunicarse y llevar  acabo sus trámites bajo el horizonte de papel cero.

 

Con 138 votos a favor, todos del PP, 68 en contra y 12 abstenciones, la Cámara Alta ha dado el visto bueno a la última reforma legislativa impulsada por el Ministerio de Justicia que estaba pendiente de aprobación en las cámaras y que supondrá el fin del papel en los juzgados. Los populares han rechazado los cinco vetos a la reforma y tan solo ha aceptado cuatro enmiendas transaccionales, pero que no conllevan cambios significativos, por lo que el texto volverá al Congreso para su aprobación definitiva. 

 

Imposición telemática

En el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han advertido de la "falta de medios" ante el horizonte de papel cero fijado por Justicia para esa fecha, si bien el PP ha destacado la partida de 20,7 millones de euros en el presupuesto del departamento para alcanzar este fin. Un diagnóstico que no ha compartido el socialista Antonio Rodríguez Esquerdo, que ha afirmado que la reforma recoge la imposición telemática "sin preocuparse si se puede, si se tiene capacidad, si existen inversiones o si se invaden consecuencias", solo "para poder decir que han modernizado la justicia".

 

Igualmente, Jesús Iglesias del Grupo Mixto se ha mostrado escéptico acerca de que se consiga el papel cero en 2016: "No caben órdagos porque la práctica va a demostrar que no es posible lo que también, de forma segura, va a generar frustración". Para el senador de Entesa Joan Saura, parece que este "final de legislatura tiene como objetivo hacer parecer que la justicia se ha modernizado, cuando en estos cuatro años ni se ha modernizado ni se ha agilizado".

 

Sin embargo, la senadora popular María del Carmen Dueñas ha explicado que la reforma tiene el objetivo de "seguir trabajando para hacer una justicia más rápida y eficaz", así como reducir el número de litigios resumiendo aspectos como la prescripción. 

 

La reforma establece la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2016 de que la comunicación y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica en todos los órganos jurisdiccionales. Así, los jueces utilizarán los datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización del demandado y se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación. Y los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.

 

Retoma reformas de Ruiz-Gallardón

Esta reforma incluye también buena parte del articulado de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, una vez el Gobierno abandonó el proyecto de ley al no existir consenso con los operadores jurídicos, fundamentalmente con los abogados.

 

Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá a las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de la justicia gratuita sin tener en cuenta sus recursos económicos. De esta forma, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) o Dignidad y Justicia (DyJ) estarán exentos del pago de abogado, procurador y también de las costas de los procesos judiciales.