La remuneración de los funcionarios españoles, por encima de la media de países de la OCDE

"El estudio critica que uno de los déficits más notables del sector público es que no dispone de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad  de los cargos de alta dirección"

Revista de prensa. Expansión.- Entre 1999 y 2008 los salarios de los empleados públicos crecieron sensiblemente por encima de las del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de éstos,según el último estudio del Esade.

Los empleados públicos españoles se encuentra, en relación con el PIB, ligeramente por encima de la media OCDE. Así lo señala el último estudio de Esade titulado "El empleo público en España: Desafíos para un Estado Democrático más eficaz".

Del mismo se desprende que entre los años 1999 y 2008 los salarios de este sector crecieron sensiblemente por encima de los del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de los mismos.

Si se analiza por categorías, este diferencial es inversamente proporcional a la cualificación del trabajo: favorece a los segmentos de inferior cualificación, pero sitúa, en cambio, muy por debajo de las retribuciones del sector privado a las categorías técnicas de alta cualificación y a los puestos de carácter directivo.

El número de trabajadores públicos se duplica en la crisis

El estudio también refleja que el número de empleados públicos se ha duplicado en España en los últimos 25 años. "Incluso en plena crisis, en 2008, cuando el país ya destruía masivamente empleo, los tres niveles de Administración crecieron en casi un cuarto de millón de puestos", ha dicho Francisco Longo, director general adjunto de Esade.

El responsable explica que la recesión impuso dos años de reducción, "pero se trató de un paréntesis" y la recuperación económica,ha supuesto un rápido repunte hasta cifras similares a las de 2008. "La peculiaridad apunta, por tanto, más que a un tamaño hipertrofiado, a una fuerte tendencia expansiva, difícil de controlar por las Administraciones", dice Longo.

Más de la mitad del coste de producción del Gobierno

De hecho, el empleo público en España representa más de la mitad de los costes de producción del Gobierno central, proporción sensiblemente superior a la de los países centrales de la Unión. Consecuentemente, el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos, es decir, externalizaciones, es considerablemente inferior al de estos países.

"Este dato hace pensar que el desarrollo de la colaboración público-privada podría permitir, a condición de diseñarse con rigor, equilibrar los riesgos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", ha sugerido Longo.

Bajo índice de cualificación

En cuanto a las características del capital humano del sector público, el estudio destaca ciertas deficiencias respecto al resto de países de la OCDE. Así, estos trabajadores en España presentan un bajo índice de cualificación relativa de sus puestos de trabajo, circunstancia que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno.

En la Administración General del Estado (AGE), cuyas funciones son básicamente reguladoras y planificadoras, los puestos para los que no se exige titulación superior rondan el 70%. En cambio, las posiciones directivas ocupan a un número de personas claramente inferior al de la media de la UE. "Paradójicamente, España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria", ha dicho Longo.

Este fenómeno de excesiva cualificación (nivel de educación formal que sobrepasa la exigida para la tarea) "implica, entre otros problemas, un serio desperdicio de talento", apunta el director general de Esade.

Envejecimiento y la temporalidad

"El déficit de cualificación del capital humano del sector público, preocupante en un contexto de complejidad creciente, se ve agravado por dos factores: el envejecimiento y la temporalidad", ha señalado Longo. En 2014 el número de empleados de más de 60 años superó al de los menores de 30. Y en dos años, el diferencial ha aumentado ya tres puntos porcentuales.

El empleo público temporal presenta en España las cifras más altas entre los países de la UE, con la única excepción de Polonia. En este sentido, el informe presentado hoy subraya que, en general, el acceso al empleo temporal presenta en las administraciones españolas requerimientos de mérito y capacidad inferiores a los del empleo estable.

Una función directiva desregulada

"La uniformidad y la rigidez son dos patologías graves del sistema de gestión del empleo público español", dice Francisco Longo. El estatuto funcionarial, pensado para funciones que implican funciones de autoridad, no se adapta a la gestión de la mayor parte de las actividades de prestación de servicios (ciencia, I+D+i, educación, salud, servicios sociales, etc.) que constituyen la parcela ampliamente mayoritaria del empleo público.

En este contexto, desde Esade creen que habría que desarrollar regulaciones diferenciadas y adaptadas a cada sector y atribuir a las organizaciones públicas y a sus gestores mayor autonomía para gestionar sus recursos humanos.

Además, el estudio critica que uno de los déficits más notables del sector público español es que no dispone, ni en la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o a escala local, de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección.

Ramió: La compleja motivación de la alta función pública

 "Muchas veces un empleado público tiene la sensación de vivir instalado en la película “El día de la Marmota” ya que se repiten periódicamente las situaciones, los errores, las ideas y se va avanzando para regresar, cada cierto tiempo, al punto de partida"

 

Carles Ramió.- Blog EsPúblico.- La mayoría de los empleados públicos tienen una vinculación profesional con la Administración pública de carácter vitalicio. Esta circunstancia tiene su justificación por el acceso meritocrático (en los casos que esto realmente se produzca) y, especialmente, por ejercer funciones de autoridad (son pocos los empleados públicos que poseen este perfil) o para evitar la discrecionalidad y arbitrariedad política. La cuestión es que la mayoría de los empleados públicos acceden, bastante jóvenes, con entusiasmo profesional y vocación de servicio público.

 

Carles Ramio, autor de la novedad editorial
 Renovación de la función pública

Pero esta motivación vinculada a la vocación de defensa del bien común debe mantenerse durante muchísimos años (entre 35 y 45 años) hasta el momento de la jubilación. Y esto es complicado. La ausencia de una carrera profesional, en muchos casos, o el hecho de que los que si poseen esta posibilidad puedan sufrir todo tipo de sinsabores derivados de la imperfección del sistema contribuye a que en muchos empleados públicos vaya generándose una sensación de desánimo. Curiosamente la circunstancia de poseer un trabajo estable en estos tiempos tan convulsos no suele ser una fuente de motivación adicional ya que rápidamente se asimila y se genera una cierta descontextualización de los problemas laborales del entorno social. Se vive en una burbuja autista en la que no se celebra el bienestar de la estabilidad y, en cambio, se eleva la exigencia por temas muy concretos como los horarios, los días festivos, los complementos, etc. Además, trabajar en unas organizaciones lideradas por los políticos no es una tarea sencilla ya que los responsables cambian periódicamente, no son expertos en dirección y poseen unos perfiles de lo más diverso, elementos que van generando un cansancio acumulado a los empleados públicos con elevado nivel profesional que conviven con los perfiles políticos.

Desmotivación inevitable

 Muchas veces un empleado público tiene la sensación de vivir instalado en la película “El día de la Marmota” ya que se repiten periódicamente las situaciones, los errores, las ideas y se va avanzando para regresar, cada cierto tiempo, al punto de partida. En cierto sentido las organizaciones públicas avanzan con la forma de una sucesión de bucles y no en línea recta. Si a todo ello añadimos la contaminación por criterios políticos en los ascensos y retrocesos profesionales y determinadas conductas políticas heterodoxas, el resultado es que la desmotivación y el acomodamiento en una parte importante de los empleados públicos suelen ser difíciles de evitar.

 

Al final se produce un cierto desapego entre muchos empleados públicos con la dirección política, lo que supone que estos empleados adopten un modelo de vida en el que se resignan a conllevarse con los políticos y a evitar al máximo los conflictos, las discusiones e incluso la pedagogía hacia ellos. En definitiva, se abandonan a la comodidad de la jerarquía y se limitan a cumplir órdenes sin analizar si son pertinentes o no a nivel técnico e incluso sin observar si son legales o no. Y esta apatía, indiferencia y gregarismo de una parte de los empleados públicos es el caldo de cultivo ideal para que los políticos con conductas heterodoxas campen a sus anchas, para destruir los precarios diques institucionales que pueden evitar los fenómenos de corrupción.

 

Por otro lado, los funcionarios más activos y dinámicos se sienten tentados, ante la falta de reglas del juego en la dirección pública profesional, en entrar en lógicas políticas y clientelares y a jugar de forma egoísta con las complejas reglas institucionales. Estos funcionarios “politizados” abandonan sus códigos éticos profesionales y se sumergen en unas discutibles dinámicas políticas que desconciertan al resto de los empleados públicos. Cuando el juego político entra en la Administración pública se generan todo tipo de arbitrariedades: funcionarios que escalan a puestos altos sin acreditar las necesarias competencias profesionales o funcionarios intachables y neutrales pero que son escrutados injustamente con suspicacia por parte de los cargos políticos por una difusa sospecha de parcialidad o resistencia política. Cuando hay un grupo reducido de funcionarios que juegan con la política todos los empleados públicos son en potencia sospechosos a los ojos de los políticos de hacer lo mismo.  En definitiva,  el sistema público posee una estructura de incentivos perversos que forjan todo tipo de externalidades negativas que generan una tensión, un cansancio, y la sensación, más o menos real, de un tratamiento injusto que son el caldo de cultivo ideal para que haya un bajo nivel de motivación bastante generalizado en la alta función pública.

 

Unos empleados públicos desmotivados no son muy eficaces en sus tareas y toda la Administración pública y, en especial, los ciudadanos sufren las consecuencias. Hay que refinar nuestras administraciones con estrategias como, por ejemplo, la regulación de la dirección pública, el establecimiento de una carrera horizontal, y una sensata evaluación del desempeño. Estos son, precisamente, los tres pilares de innovación que propone el Estatuto Básico del Empleado Público y que la desidia política en su no implantación contribuye a un estado de ánimo de escasa motivación de los empleados públicos.

Novedad editorial de Carles Ramió: La renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción política en España