18 de Diciembre. Madrid 9º Encuentro de Datos abiertos-Aporta 2019

El evento  finalizará con la entrega de los premios al Desafío Aporta 2019, el concurso de ideas y prototipos de la Iniciativa Aporta

Datos.gob.es.- La 9ª edición del Encuentro Aporta 2019 tendrá lugar el 18 de diciembre en la sede del Salón de actos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital en Madrid (Calle del Poeta Joan Maragall 41). Este año la jornada girará en torno a los datos de alto valor -es decir a los datos relacionados con los ámbitos geoespacial, ambiental, meteorológico, estadístico, de las sociedades mercantiles y de la movilidad, de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio de 2019-  debido a su gran potencial para generar beneficios socieconómicos y dinamizar servicios innovadores.

Para tratar esta temática se ha invitado a representantes de organismos públicos, empresas y entidades que están impulsando y trabajando con este tipo de datos, para que compartan su experiencia, así como su visión de los retos y oportunidades que tenemos por delante.

La jornada comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00. La apertura correrá a cargo de José Antonio Benedicto, Secretario de Estado de Función Pública, y Francisco Polo Llavata, Secretario de Estado para Avance Digital. 

A continuación tendrán lugar 3 mesas redondas:

-10:00-10:45. MESA 1: Hacia la disponibilidad de datos de alto valor. Representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) hablarán sobre la disponibilidad actual de datos de alto valor y las necesidades futuras para dar respuesta a las demandas de los usuarios. La mesa estará moderada por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

-11:15-12:30. MESA 2: Acelerando el uso de datos de alto valor. Esta mesa se  estará formada por representantes de aceleradoras que están impulsando nuevos negocios basados en datos abiertos de alto valor: Data Market Service, Copernicus Accelerator, Correos Lab, PARSEC y Eticas Research & Consulting. Informarán sobre convocatorias y los pasos a seguir para poder incorporarse a estos programas, a la vez que analizan las barreras existentes en el sector. Todo ello bajo la moderación de Red.es, dentro del marco de la Iniciativa Aporta.

-12:30-13:30. MESA 3: Nuevos paradigmas tecnológicos y la importancia de los datos para su desarrollo. La última mesa estará centrada en las oportunidades que brinda la disponibilidad y reutilización de datos de alto valor para las empresas y la generación de nuevos modelos de negocio. Participarán en esta mesa representantes de The Open Data Initiative de Microsoft, IBM, Google Daset Search, y Ernst & Young, bajo la moderación de Taiger. 

Premios 2019

El evento finalizará con la entrega de los premios al Desafío Aporta 2019, el concurso de ideas y prototipos de la Iniciativa Aporta, que este año estaba centrado en la búsqueda de proyectos para mejorar la eficiencia del sector agroalimentario y forestal, y del medio rural.

El cierre correrá a cargo de Fernando de Pablo Martín, Secretario General de Administración Digital en Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y David Cierco Jiménez de Parga, Director General de Red.es.

Puedes ver la agenda completa en este enlace.

El evento es gratuito, pero debido a que el aforo es  limitado es necesario inscribirse.

·         Encuentro Aporta

      Datos de alto valor

El Constitucional veta el uso del silencio administrativo positivo en las leyes autonómicas de transparencia

Considera que conceder el acceso a los datos si la administración no responde en plazo choca con la ley estatal. Lo hace a través de una sentencia contra ese punto en la ley aragonesa

Por EVA BELMONTE. Civio.es.- El BOE de 1 de noviembre recoge una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el punto de la Ley de Transparencia de Aragón que establece que, si una entidad pública no responde en plazo a una solicitud de información, se concede de forma automática el acceso. Esto es, el TC tumba el silencio administrativo positivo en las preguntas de los ciudadanos, por considerarlo contrario a la norma estatal. Esta decisión podría afectar a otras normas autonómicas que también incluyen el silencio positivo, como las de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Navarra.

Así se ha pronunciado el Constitucional tras una cuestión de constitucionalidad -un tribunal le pregunta sobre una norma durante un juicio- planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sentencia, avalada por siete de los ocho magistrados del pleno, considera que si la Ley de Transparencia estatal establece que, ante la falta de respuesta, se da por denegada la solicitud, las normas autonómicas no pueden cambiar este resultado.

Lo hace apoyándose en que es el Estado el único con competencias en procedimiento administrativo común, la norma que regula las relaciones entre administraciones y ciudadanos y que aplica tanto a las reclamaciones como a cualquier trámite general. Y, como el Gobierno es el único con esas competencias y la ley estatal establece que, en las solicitudes de información, el silencio administrativo es negativo, concluye que leyes como la de Aragón no pueden modificarlo, pese a esas modificaciones supongan una mejora en las garantías de los ciudadanos para acceder a información pública.

Discrepancia

El magistrado Cándido Conde Pumpido discrepa de esta resolución. En su voto particular, argumenta que el acceso a información pública no puede ser enmarcado como un trámite administrativo general, puesto que es el ejercicio de un derecho público. El derecho a saber, en su opinión, está vinculado de forma directa al derecho de acceso a los archivos establecido en la Constitución y, de forma indirecta, a los derechos a la libertad de información, de expresión y participación o el derecho a la tutela judicial efectiva, además de ser considerado derecho fundamental por la Unión Europea.

Además, añade, no puede ser considerado un trámite administrativo común, puesto que la Ley de Transparencia afecta no solo a las administraciones públicas, sino también a empresas y otras entidades como partidos y sindicatos. Así, si no es un trámite administrativo común, el Estado no tiene competencias exclusivas sobre él.

En paralelo, pone como ejemplo la Ley de acceso a la información medioambiental, muy anterior a la Ley de Transparencia, que enmarca ese ejercicio en las competencias medioambientales y no en el procedimiento administrativo común.

Y acaba alegando que, aunque se acepte que la Ley de Transparencia es una norma básica y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, debe tratarse como un “mínimo común denominador legislativo”, es decir, una base que “no puede impedir” que las autonomías vayan más allá y refuercen el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, en este caso asegurando que los plazos se cumplan y, si no, se de la información solicitada.

De hecho, la mayoría de normas autonómicas de transparencia dan pasos adelante frente a la estatal y amplían la información que están obligadas a publicar las administraciones públicas o refuerzan y mejoran el trámite de preguntas de los ciudadanos.