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Revista de prensa.- Diario Cinco Días.- Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto
salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de
convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un
consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en
los próximos años.
Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT
admitieron que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas
a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.
Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última
hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión
semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El
caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que
dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes
del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes
29 se antoja poco probable.
Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las
grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto
para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta
vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los
empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.
Acuerdo plurianual
Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de
horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre
recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras
años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por
el Gabinete de Rajoy.
El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto
asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin
embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De
hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos
dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas
extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado;
debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.
La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a
la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas
sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que
ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.
“Si es cierto que la recuperación va tan bien y con la
economía creciendo más del 3% durante varios años seguidos, nosotros
consideramos que la subida para 2018
ha de situarse por encima del 1% y en ese compromiso
está de acuerdo el Ejecutivo”, argumentó ayer el secretario de Organización de
la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell.
En este sentido, el dirigente sindical recordó que una
mejora por encima del 1% no solo sería buena para los trabajadores de la
función pública, “es que una subida generalizada de salarios le vendría
muy bien a la economía española”.
Jornada de 35 horas e IT
Por su parte, desde el Gobierno insisten en mostrar toda su
disposición para la consecución de un buen acuerdo que no se suscriba
únicamente a 2018, sino que abarque, al menos, lo que resta de legislatura,
2020 incluido. Admiten que las cuentas del próximo año tienen más margen
para aprobar alzas más generosas que en 2016 y 2017, pero al mismo tiempo
advierten contra los efectos que podrían tener “demasiadas alegrías” en la
consecución del objetivo de déficit, del 3,1% del PIB.
Más allá del capítulo salarial, para los sindicatos es igualmente
esencial que la negociación consiga avanzar en dos cuestiones claves. La
primera es el contencioso sobre la jornada laboral de los empleados
públicos. Uno de los recortes aplicados en 2012 consistió en modificar el
Estatuto básico del empleado público y donde rezaba que su jornada de trabajo
sería como máximo de 37,5 horas, el Gobierno decretó suprimir el término
“máximo”, de forma que allí donde se había generalizado la jornada de 35 horas,
esta tuvo que ampliarse a las citadas 37,5. Desde el Ministerio de Hacienda se
recalca que esto también se va a estudiar.
Y otra de las reivindicaciones sindicales es la recuperación
de la cobertura en salario que tienen los empleados públicos por
incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad. Piden que dejen de
descontarse del sueldo los primeros días de baja como ocurre en la actualidad.
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