La Comunidad de Madrid modifica sus presupuestos para 2012 incluyendo nuevas tasas y rebajas en los salarios de los empleados publicos para reducir el deficit fijado por el Gobierno de la nacion.
En esa propuesta hay muchas medidas, tanto en la parte de los gastos como en la de los ingresos: reducción de salarios y jornadas de interinos empleados en la administración de la Comunidad de Madrid, aumento de tasas (como la de título de familia numerosa o la de organización de eventos taurinos), reducción de transferencias a los Ayuntamientos (reducción de BESCAM y aumento de la tasa de bomberos) y un largo etcétera.
Sin embargo me gustaría destacar una medida en particular: El aumento o aparición de tasas que seguramente pasarán desapercibidas para los grandes titulares. Las tasas dirigidas a cobrar servicios de emisión de certificados o comprobantes al personal propio, que históricamente o han sido gratis o en la práctica no se cobraban.
Si se quiere seguir manteniendo el mensaje de que ya nada es gratis, mi propuesta en dos partes; una: que se habiliten todos estos certificados en su modalidad electrónica, puesto que está calculado el coste de éstos es diez veces menor y se pueden fijar dos tasas: una en papel y otra electrónica. Y la otra parte es que se analice la conveniencia de eliminar la necesidad de que se expidan ya que en su mayor parte el destino que tienen esos certificados es justificar ante la propia administración u otras, información que ya obra en su poder o que se puede obtener por otros medios (justificantes de cursos, registro de formadores, participación en procesos selectivos o concursos de traslados, etc...)
Manual de la FEMP
La implantación efectiva de la Administración electrónica será una realidad cuando desde el origen (las leyes) se diseñen servicios para ser prestados directamente en esa modalidad con lo que las tasas o los precios podrían ser un 90% más baratas. Para ello les sugiero consulten el Manual de reducción de cargas administrativas elaborado por la FEMP y el MHAP) o simplemente cumpliendo la ley de procedimiento administrativo, que señala que la administración no debe exigir a los solicitantes certificados de cosas que ya sabe o tiene medios para conocerlo.
