Acces Info Europe y otras 19 organziaciones piden a los grupos parlamentarios reformar la Ley de Transparencia y regular los lobbies

Access Info Europe, junto con 19 organizaciones de la Coalición Pro Acceso [1], instan a los grupos parlamentarios a adoptar un firme compromiso para que la reforma de la Ley de Transparencia garantice el derecho de acceso a la información y la regulación de los lobbies de acuerdo con los estándares internacionales.

Las organizaciones reconocen que el texto que se está debatiendo sobre la protección de denunciantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos introduce importantes cambios en la Ley de Transparencia como la ampliación de la información que debe publicarse de forma proactiva; la eliminación de los rígidos requisitos de identificación a los solicitantes; el establecimiento de sanciones ante el incumplimiento del derecho de acceso; o la regulación de los lobbies.

Sin embargo, hay algunos aspectos de la Proposición de Ley que consideran preocupantes y han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios.

"Pedimos que los cambios aborden los problemas en la práctica, como el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas -actas, informes, listados de reuniones o las agendas completas- porque la Ley permite que arbitrariamente se considere información auxiliar", ha declarado Alba Gutiérrez, Coordinadora de campañas de Access Info.

"Para que la reforma actual no se quede en papel mojado, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, qué información deben proporcionar a la hora de registrarse y que se establezcan sanciones, en línea con los estándares internacionales para la regulación del lobby", añade Gutiérrez.

Entre las propuestas de las organizaciones destacan:

» Regulación del acceso a la información como un derecho fundamental [2].

» Supresión por completo el artículo 18 relativo a las causas de inadmisión que va en contra de los estándares internacionales y adecuación a los estándares de los límites del artículo 14.

» Dotar de capacidad inspectora y sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

» Ampliación de la definición de lobby, la actual propuesta como actividad profesional deja fuera muchos tipos de lobistas y limita el alance de la Ley.

» Mayor detalle en la información requerida a los lobistas para el registro.

» Sanciones para cargos públicos por vulnerar las normas del lobby.

Inciden, además, en que, si no se abordan estos cambios, se corre el riesgo de que la reforma suponga una oportunidad perdida para avanzar en el acceso a la información y piden un compromiso para lograr una auténtica transparencia y lograr que todos los ciudadanos sean los propietarios reales de la información pública.

Consulta aquí las propuestas enviadas por las organizaciones de la Coalición ProAcceso.

Notas:

[1] Access Info Europe, Asociación de Acreditacion de la Transparencia (Acreditra), Amigos de La Tierra, Archiveros Españoles en la Función Pública, (AEFP), Asociación de Archiveros de Castilla y León, (ACAL), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA), Associació Ciutadania i Comunicació, (ACICOM), Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, (COBDCV), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de ONG para el Desarrollo España(CONGDE), Fundación Cibervoluntarios, Fundación Cultura de Paz, Fundación Global Nature, Hay Derecho, Open Knowledge España (OKFN-España), OpenKratio, Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), Reporteros Sin Fronteras- España, Transparencia Internacional España. Personas a título individual: Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Laura Tejedor Fuentes, Profesora periodismo de datos y transparencia en la Universidad Complutense de Madrid, y Simona Levi, X-Net.

[2] Tal y como hace la jurisprudencia internacional, Naciones Unidas, El TEDH y alrededor de setenta Constituciones de diversos países en el mundo. 

Recientemente más de 50 académicos españoles han reclamado el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

Access Info Europe reclama al Gobierno de España que regule cuanto antes el Consejo de la Transparencia

Para mejorar el futuro organismo de revisión Access Info Europe propone una serie de medidas, basadas en los estándares internacionales recogidos en el Global Right to Know Rating

 

Access Info Europa. Madrid, 26.9.2014 – Con ocasión del Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, Access Info Europe reclama al Gobierno de España que regule cuanto antes el Consejo de la Transparencia y propone una serie de recomendaciones basadas en estándares internacionales para dotarlo de mayor independencia.

A menos tres meses de la entrada en vigor de la ley de transparencia (que se producirá el 10 de diciembre de 2014), la sociedad española aún no sabe cómo será el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en España. Lo único que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno compartirá el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.

 

"La independencia del organismo de revisión es de vital importancia para asegurar una correcta implementación de la Ley de Transparencia", comenta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, "El Gobierno debe reforzar la independencia del Consejo de la Transparencia en línea con lo que establecen los estándares internacionales, de no hacerlo, este organismo sería juez y parte a la hora de decidir sobre el acceso a la información pública", añade Anderica.

 

El Presidente lo nombrará Hacienda

Esta futura regulación parte con ciertas limitaciones a la independencia del Consejo de la Transparencia impuestas por la propia ley de transparencia: el nombramiento del presidente lo hará el Ministerio de Hacienda, y el comité estará formado por el Presidente del Consejo, un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

 

Para mejorar el futuro organismo de revisión Access Info Europe propone una serie de medidas, basadas en los estándares internacionales recogidos en el Global Right to Know Rating, que el gobierno podría incorporar en el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para asegurar una mayor independencia y eficacia del mismo:

 

» Los miembros del Consejo de la Transparencia serán nombrados de forma que los proteja de cualquier influencia política y asegurando su permanencia en el cargo, protegidos contra el despido arbitrario (procesal / sustantivo) una vez nombrados.
» El Consejo de la Transparencia reporta al parlamento, y tiene su presupuesto aprobado por este, o por otros mecanismos eficaces que protejan y aseguren su independencia financiera.
» Existen prohibiciones de nombrar a personas con fuertes vinculaciones políticas y se establecen unos requisitos de experiencia profesional para ser nombrado miembro del organismo de supervisión.
» El Consejo de la Transparencia cuenta con el mandato y poder necesario para desempeñar sus funciones, incluyendo el poder de revisar documentos clasificados e inspeccionar las instalaciones de los organismos públicos.
» Las decisiones del Consejo de la Transparencia son vinculantes.
» El Consejo de la Transparencia tiene el poder de ordenar las medidas necesarias para para que sus decisiones se cumplan, incluida la desclasificación de la información.
» El Consejo de la Transparencia tiene el poder de imponer las medidas estructurales necesarias a la autoridad pública (por ejemplo, realizar más formación o mejorar la gestión de los registros).

 

Además de proponer estas medidas, Access Info Europe propone que se abra a consulta pública la aprobación de esta norma y que se prevea un proceso de nombramiento abierto y participativo en el que haya varios candidatos de reconocido prestigio.

Post relacionado. Blog educonsultoria.com. Rafael Jiménez Asensio:  Transparencia: el plural diseño institucional de los órganos de garantía
 

“Algunos analistas han depositado excesivas esperanzas en que

la transparencia restaure la legitimidad y confianza en el
sistema político. Sin embargo, hasta lo que ha podido
demostrarse, la transparencia no tiene un efecto relevante en
ninguna de ellas”  (Politikon, “La urna rota. La crisis política e institucional del
modelo español”, Debate, 2014, p. 183).   

Estudio de Access Info Europa: Portales de Transparencia de distintas AA.PP ocultan sus costes

Tuderechoasaber.es.- Una campaña de Access Info Europa para obtener esta información ha recogido hasta el momento siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios

A lo largo de 2013 Access Info Europe puso en marcha una serie de 19 solicitudes de información para conocer el coste de creación y mantenimiento de los numerosos portales de datos abiertos que estaban aflorando en España. En total contactó con diez gobiernos autonómicos, siete ayuntamientos, una entidad nacional y una universidad.

 

La campaña se saldó con siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios.

 

Gracias a las primeras conocemos información sobre la creación, el mantenimiento y el personal de los portales de datos abiertos del Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla La Mancha, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La Generalitat de Cataluña remitió al solicitante a un formulario estándar en lugar de responder a través del medio solicitado. Access Info continuó la solicitud por esa vía y obtuvo la información completa.

 

Las respuestas de la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, los ayuntamientos de Pamplona, Lleida y Barcelona, y la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (responsable del portal nacional datos.gob.es) no aclaran algunos de los puntos solicitados o lo hacen de un modo vago. Aún así los resultados nos acercan al funcionamiento de estos portales.

 

El Gobierno de las Islas Baleares, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Badalona, San Boi y Gijón, directamente, no respondieron.

 

Los resultados obtenidos arrojan un mapa diverso. La mayor parte de los portales fueron creados y son mantenidos a través de recursos propios de la administración correspondiente, que afirma que el lanzamiento no supuso costes adicionales.

 

Los más caros

Los portales de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno Vasco fueron los más caros, todos por encima de los 100.000 € de inversión inicial. En general, los costes de mantenimiento de los portales son bajos y la mayor parte de los portales sólo requieren una o dos personas trabajando a tiempo completo. Una muestra más amplia de casos arrojará datos más concluyentes sobre el gasto y el funcionamiento de los portales en los distintos niveles de la administración.

 

En 2014 Access Info ha comenzado una segunda ronda de solicitudes de información para cubrir los nuevos portales que siguen proliferando, cada vez más en la administración local. Los resultados iniciales continúan la línea de los anteriores y serán analizados en profundidad en sucesivos informes.

Post relacionado: Borja Colón. Novagov: 10 lecturas imprescindibles para este verano en materia de transparencia, reutilización de datos públicos y gobierno abierto.