La información es necesaria para una vuelta al cole segura frente a la Covid-19

MABLANESCLIMENT.- Miguel Ángel Blanes blog.- Quedan pocos días para la vuelta al cole y crece la incertidumbre de las familias por el constante aumento del número de personas contagiadas por la Covid-19. Demandan más transparencia, y no les falta razón.

Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional prepararon una guía de recomendaciones con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso 2020-21 con las aportaciones efectuadas desde las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. Se trata de un documento que sirve como marco común para que sea adaptado en cada Comunidad Autónoma e implementado según la realidad de cada centro educativo y de su contexto local.

Entre esas recomendaciones, destaca la relativa a la comunicación a las familias. El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa.

No se trata solo de aprobar reglas y normas de conducta, sino, sobre todo, que sean fácilmente comprensibles por todo el mundo. También se recomienda que se envíe la información a todas las familias, con antelación suficiente, manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir.

La transparencia del sistema educativo es clave para superar con éxito la crisis generada por la Covid-19.

En la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 11 de junio, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos  (Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021):

a) Los centros educativos dispondrán de un “plan de inicio de curso” que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad.

Cada centro adoptará las previsiones acerca del uso de sus espacios disponibles, horarios, protocolos de movilidad, agrupamientos de alumnos, que le permitan adaptarse del mejor modo posible a las condiciones de la nueva normalidad.

Lógicamente, estos planes de inicio deben publicarse en la página web de la Administración y de cada centro educativo con anterioridad suficiente al inicio del curso escolar para que las familias puedan conocerlo con detalle y organizarse.

Los padres desean conocer, por ejemplo, la ratio de alumnos por aula que se aplicará en su centro; cómo se distribuirán los espacios de uso compartido; si se realizarán pruebas PCR a los alumnos y profesores y se utilizarán termómetros para tomar la temperatura de forma diaria; si habrá personal sanitario en los centros; la actuación ante posibles rebrotes, etc.  

b) Las Administraciones educativas prepararán los “planes de contingencia” necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021.

Para facilitar la elaboración de dichos planes de contingencia, cada Administración educativa definirá un marco general y proporcionará a los centros las orientaciones y el apoyo que necesiten.

En estos planes de contingencia deberían estar perfectamente distribuidos, por cada centro escolar, los educadores, maestros y profesores contratados especialmente para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19.

Las Administraciones autonómicas han anunciado la contratación extraordinaria de miles de profesionales, pero se desconoce su concreta distribución por cada centro y los criterios seguidos para la misma.

Tampoco se conoce si se han previsto procedimientos rápidos para sustituir de inmediato las posibles bajas del profesorado que se pudieran producir durante el curso escolar.

c)  Las Administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la “reducción de la brecha tecnológica” y la limitación de sus consecuencias.

También se ha anunciado la compra masiva de miles ordenadores para docentes, centros y alumnos, así como dispositivos, redes inalámbricas y acceso a plataformas digitales, ignorándose cómo se han distribuido los mismos en cada centro y sus criterios de reparto.

En la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional se informa que “para afrontar la situación provocada por la pandemia, el Gobierno ha destinado más de 3.000 millones de euros adicionales para educación en diferentes partidas presupuestarias”.

Sin embargo, no se facilita información sobre cuáles son esas partidas y su reparto entre las distintas Comunidades Autónomas, de tal forma que resulte imposible saber si el dinero va a llegar realmente a los centros educativos más necesitados y a las familias más desfavorecidas.

Es muy importante destacar que el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, impone a las Administraciones educativas dos obligaciones muy claras en materia de difusión de la información.

Por un lado, facilitar el intercambio de información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los centros docentes, entre las propias Administraciones educativas, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la educación.

Por otro lado, se dice literalmente que “las Administraciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa”, y esta información, debe publicarse en sus respectivas páginas web o portales de transparencia.

Como nos recuerda el Preámbulo de la Ley 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación, “ese control social y esa exigencia de transparencia han sido encomendados, más directamente que a los poderes públicos, a padres, profesores y alumnos”.

La responsabilidad del éxito de una vuelta al cole segura frente al coronavirus recae sobre las Administraciones educativas, en primer lugar, pero también sobre los centros docentes, el profesorado, las familias, el alumnado y, en definitiva, sobre la sociedad en su conjunto.

Ahora bien, la importancia de los desafíos que afronta la vuelta al cole segura con el coronavirus muy activo, hace más necesaria que nunca una información pública a la ciudadanía que sea clara, comprensible y transparente, acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a su disposición, así como una valoración de los resultados que con ellos se alcanzan para hacer posible la rendición de cuentas en materia educativa.

En la reunión mantenida el 27 de agosto entre los Ministerios de Sanidad y Educación y los representantes de las Comunidades Autónomas, se han despejado algunas dudas gracias a la “Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2020-2021“, en la que se recogen un total de 23 medidas y 5 recomendaciones.

No obstante, siguen sin aclararse algunas cuestiones muy importantes ya mencionadas anteriormente que preocupan a la comunidad educativa, por ejemplo, entre otras:

-la ratio de alumnos por aula que se aplicará en cada centro escolar;

-cómo se distribuirán los espacios de uso compartido;

-si se realizarán pruebas PCR a los alumnos y profesores y quién tomará la temperatura diariamente a los escolares;

-si habrá personal sanitario en los centros;

-la actuación ante posibles rebrotes;

-cuántos profesionales contratados de más o “extra” irán a cada centro;

-si se ha previsto su inmediata sustitución ante posibles bajas del profesorado;

-cuál ha sido el destino en cada centro de los miles de ordenadores y dispositivos comprados;

-cuáles han sido las concretas partidas presupuestarias en las que se recoge el aumento en 3.000 millones de euros adicionales para afrontar la situación provocada en Educación por la pandemia de la Covid-19;

-si los padres disfrutarán o no de un permiso retribuido cuando tengan que quedarse en casa cuidando a su hijo y no puedan acudir al trabajo.

Esperemos que toda esta información se haga pública en los próximos días.

Odón Elorza: La recesión de la democracia

"Llevamos una larga etapa en la que el sistema democrático da muestras de haber envejecido, estar lento de reflejos y de respuestas a los desafíos de la humanidad. Bordea la recesión"

Por Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa. La recesión económica en la que nos ha instalado la pandemia -junto a otros antecedentes- podría conllevar, si no acertamos en las medidas para frenar y controlar la COVID y crece la desconfianza ciudadana, una recesión de la democracia. Un retroceso y debilidad del sistema como garante de una convivencia más justa y en libertad.

La democracia se mide en términos de nivel de justicia social (cobertura de servicios públicos y redistribución), funcionamiento eficaz de las administraciones, transparencia y grado de confianza que inspiran sus líderes e instituciones para responder a las demandas. Cuando las respuestas empiezan a fallar, más aún en situaciones de emergencia como la crisis mundial provocada por la COVID, crecen las incertidumbre, las amenazas y la inseguridad, calando en la población.

Llevamos una larga etapa en la que el sistema democrático da muestras de haber envejecido, estar lento de reflejos y de respuestas a los desafíos de la humanidad. Bordea la recesión. Ese clima intoxicado estaría favoreciendo los populismos de las derechas, lo que incluye al franquismo en apariencia asintomático.

Las próximas semanas serán cruciales para afrontar los graves problemas inmediatos, con decisiones acertadas para devolver la confianza a la ciudadanía en la acción institucional. En España, los Gobiernos de todo color y ámbito, han de ser coherentes y saber gestionar juntos medidas con rigor y a tiempo para no dar la impresión de que los problemas se les van de las manos. Contamos con una gobernanza propia de un Estado descentralizado que ha depositado competencias como la sanidad y la educación en las CCAA. ¡ Ejérzanlas con cabeza y sentido de lealtad al Estado !

Siento vergüenza de aquellos políticos que tratan de escapar de su responsabilidad, que mienten a la ciudadanía y que son incapaces de planificar y gestionar a tiempo las medidas a aplicar a situaciones previsibles hace meses. Ahora se acumulan cuestiones como la protección de las Residencias de Mayores, la problemática vuelta a la escuela, las necesarias y retrasadas contrataciones de personal sanitario, medidas eficientes de prevención y rastreo de los brotes, adaptación de la legislación sanitaria, gestión de los ERTEs y del Ingreso Mínimo Vital, etc ...

Fatiga democrática

Nos enfrentamos a una fatiga de la democracia y a una fatiga de la sociedad. Lo que provoca fatiga en la población - en expresiones acertadas de Antoni Gutierrez Rubi- es el hastío de ciertas políticas, las decepciones acumuladas y el daño que hacen los mensajes populistas. Hablamos de vidas humanas, de miles de empleos y de la recuperación de la economía, de aportar soluciones a millones de familias, de garantizar la educación de los más jóvenes, de acotar incertidumbres que quitan el sueño a millones de hombres y mujeres que no tienen por qué renunciar a sus sueños en este Planeta enfermo.

El problema no reside en la estructura autonómica y en la transferencia de competencias sino en la mediocridad de algun@s gobernantes de CCAA que actúan con ineficacia. La gobernanza exige de las partes cooperación y sentido de Estado. El deber de actuar juntos contra la pandemia y sus efectos nos da oportunidad para cohesionar la estructura autonómica en su relación con el Gobierno central. Pero nos falta la cultura federal: lealtad, cooperación, coordinación y gobernanza compartida. La Conferencia de Presidentes podría ayudar a resolver disfunciones.

La vuelta al colegio: El papel de los Ayuntamientos

"En los casos de las escuelas que carezcan, a pesar de todo, de suficiente espacio los ayuntamientos podrían aportar múltiples equipamientos que podrían ser utilizados como aulas"

Por Carles Ramió -Espúblico blog.- El elemento de mayor preocupación en la agenda pública es la vuelta al colegio. Es un tema crítico en muchos sentidos.

En primer lugar, porque es totalmente imprescindible regresar al formato de formación presencial para evitar que la educación de nuestros niños sea todavía menos equitativa. Sabido es que las familias socialmente más vulnerables son las que tienen más dificultades para que sus hijos puedan formarse por la vía digital. No solo por problemas logísticos (carencia de espacio de trabajo en los domicilios, falta de conexión en la red o de dispositivos tecnológicos) sino, especialmente, por la falta de acompañamiento intelectual y de disciplina familiar. En segundo lugar, la vuelta al colegio presencial es necesario para aliviar las cargas familiares y poder mantener o buscar un nuevo empleo de los padres que pertenecen a los estratos sociales y laborales más vulnerables ante la crisis. Colegio presencial (tanto en su función docente como de simple guardería) correlaciona con el desarrollo económico, laboral y con una mayor equidad social. Unos meses más sin colegio presencial o híbrido sería un auténtico desastre nacional.

Siendo esta materia tan relevante sorprende el nivel de improvisación (por no decir de frivolidad) con el que lo están manejando las Comunidades Autónomas y, en la retaguardia, la Administración General del Estado.   

Falta de recursos

Los cuellos de botella de este problema son, al menos, dos: falta de docentes y carencia de espacios suficientes. Sobre la falta de docentes es obvio que nuestro país no se puede permitir la propuesta pueril y ligera de algunos sindicatos docentes en contratar a decenas de miles de nuevos docentes. No hay recursos económicos para ello y tampoco suficientes profesionales capacitados para poder ejercer la compleja función de maestros. Obvio que algunos refuerzos sí que hacen falta. Mariano Fernández Enguita, uno de los mayores especialistas en sociología de la educación (y actualmente director del Instituto Nacional de Administración Pública) define el fondo del problema en un artículo en El País del 24 de agosto de 2020: “Siglos de historia han comprimido la escolarización al aula-huevera, decenios de corporativismo han reducido la jornada escolar de la mayoría a la mañana, lustros de dejación han configurado una profesión con poco músculo colectivo. Las comparaciones son odiosas, y más la que nos ofrecen hoy sanidad y educación, los dos grandes servicios del Estado social. La tarea será ardua, pero el aplauso hay que ganárselo.” El corporativismo docente ha contribuido a que poseamos unas escuelas sin direcciones profesionalizadas y con capacidad autónoma para tomar decisiones (el gran valor de las escuelas es que son democráticas y sus claustros de profesores eligen a la dirección). Otra impostura pública: considerar como un ejercicio democrático lo que es una simple dinámica corporativa interesada en el desgobierno de las escuelas para mantener y estimular privilegios más que derechos. Este es el problema de fondo en materia de personal docente. Con unos horarios más exigentes y flexibles (solo durante esta crisis), y un personal de refuerzo adicional se podría solucionar buena parte de las dificultades.

Por otra parte, la relación entre Escuela pública y ayuntamientos ha sido tradicionalmente muy estrecha. Los municipios ceden espacios urbanísticos para equipamientos públicos para que se construyan las escuelas en los lugares más adecuados. Hace años los ayuntamientos colaboraban de manera algo desordenada en la fortaleza de las escuelas contratando directamente a personal de apoyo logístico (conserjes), obras y mantenimiento, o personal docente vinculado a actividades entonces consideradas como extraescolares. Estos arreglos de servicios vinculados a los centros escolares eran algo chapuceros y se han ido ordenando con el tiempo y han sido asumidos, de manera variable, por las administraciones autonómicas. En todo caso la relación entre la escuela pública y los ayuntamientos es toda una tradición que habría que mantener y, en esta situación de crisis, revitalizar.

Hago esta reflexión ya que el otro gran problema vinculado con la actual situación es la falta de espacio en las escuelas para mantener la distancia de seguridad entre el alumnado. Este problema en algunos centros educativos es también una impostura: las bibliotecas, los comedores, los gimnasios, los porches e incluso los patios (mientras perdure la bonanza del clima) pueden ser perfectamente magníficas aulas que incluso favorecerían fórmulas de innovación docente. Y en los casos de las escuelas que carezcan, a pesar de todo, de suficiente espacio los ayuntamientos podrían aportar múltiples equipamientos que podrían ser utilizados como aulas (centros culturales y cívicos, equipamientos deportivos, museos, etc.). El resultado no sería solo útil para superar la contingencia del covid-19 sino también una oportunidad para definir una nueva escuela más abierta, más innovadora, más social, cívica y comunitaria. También una nueva escuela más municipal.

Carles Ramió: La Pandemia siempre llama dos veces

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- La pandemia es como el cartero que siempre llama dos veces. Mucho me temo que ésta va a ser más insistente y va a llamar, desgraciadamente, bastantes veces a nuestras puertas institucionales y domésticas. 

Cuando llegó la covid-19 a principios de marzo fue de manera casi sobrevenida y los gobiernos (estatal, autonómicos y locales) hicieron literalmente lo que pudieron. A pesar que hice bastantes análisis sobre la vinculación de la pandemia con nuestros sistemas de gestión me abstuve de sumarme al coro de voces críticas. Pero ante los recientes acontecimientos de rebrotes bastante graves en Cataluña y Aragón la paciencia con los gobiernos y las instituciones se está agotando.

Hay que partir de la base que el país no aguantaría un segundo confinamiento duro ni a nivel económico ni a nivel social. El impacto económico del confinamiento va a ser tremendo (todavía no hemos vislumbrado la mayoría de los efectos que empezarán a llegar después del verano) y un segundo confinamiento tendría un efecto devastador. La sociedad tampoco va a asumir con facilidad un segundo confinamiento general por su dureza sicológica y sociológica y por su impacto en la dimensión laboral y económica.

Concentrarse

La agenda de las instituciones públicas debería haberse concentrado casi en exclusiva en la tarea de prevención para evitar un segundo confinamiento. La crisis estaba prevista para octubre, pero todo parece indicar que se está adelantando. Me parece estupendo que algunas administraciones públicas tengan unidades de análisis o grupos de expertos trabajando en la recuperación económica a medio plazo (horizonte 2022) pero este esfuerzo es estéril sino se evita un segundo o tercer confinamiento general. En este supuesto ya no habrá economía ni sociedad que levantar.

La situación sigue siendo muy difícil, pero algo más fácil que cuando apareció por primera vez la pandemia. Por ejemplo, ahora tenemos mayores capacidades en cuidados intensivos, poseemos amplios stocks de material sanitario (respiradores, mascarillas, fármacos, etc.), los sanitarios tienen unos protocolos de actuación farmacológica que puede evitar buena parte de las muertes de los grupos de riesgo, sabemos exactamente el perfil de la población vulnerable, conocemos mejor la mecánica de los contagios (espacios cerrados donde hay una elevada concentración vírica), etc.  También sabemos que la clave de la prevención está en el seguimiento por parte de profesionales de los brotes, que disponer de un buen sistema informático que cruce los datos es crucial.

Por tanto, si ahora surgen tantos rebrotes que impliquen la necesidad de un confinamiento general en España sí que sería un fracaso imputable al mal gobierno y a la mala administración de la pandemia. Hay algunos elementos que hacen pensar que nuestras instituciones políticas y administrativas no están a la altura del reto al que se enfrentan:

-Hemos pasado de un sistema centralizado en manos del Estado a un modelo descentralizado protagonizado por las Comunidades Autónomas. No me parece mal, pero da la impresión que durante el último mes el Estado se ha inhibido, ha desaparecido y deja una compleja gestión a las Comunidades Autónomas sin comprobar si éstas poseen las capacidades organizativas necesarias. Es obvio que para evitar un confinamiento general sería necesario recurrir a confinamientos en zonas concretas pero estos confinamientos no son posibles a nivel jurídico sin la colaboración del Estado (Estado de Alarma). La idea de confinamientos voluntarios me parece una broma de mal gusto cuando la sociedad está tan agotada y el clima estimula el asueto y la socialización mediante una gran movilidad en las playas, segundas residencias, etc.

-No hay un contingente suficiente de rastreadores de los brotes. Este déficit es un error de bulto ya que parece incomprensible que unas administraciones que emplean más de tres millones de empleados públicos no tengan capacidad para destinar unos 8.000 efectivos para rastrear. Y que sí lo decidan externalizar a una empresa (cosa que considero innecesaria) no lo logren hacer con fluidez.

-Es grave que en la era de la tecnología de la información sofisticada (big data) y a la entrada de la incorporación de la inteligencia artificial las administraciones públicas no sean capaces de crear con éxito un simple dispositivo informático que ayude a informar a los posibles contagiados y a hacer un seguimiento para facilitar al rastreo de los nuevos brotes. La AGE ha fracasado en lograr a tiempo este dispositivo a pesar de ser uno de los productos estrella de su flamante nueva Secretaria de Estado de Inteligencia Artificial. También parece incomprensible que las Comunidades Autónomas de manera solitaria o cooperativa no hayan logrado impulsar esta tecnología cuando en el mercado público internacional hay bastante experiencia acumulada durante los últimos meses.

-No me parece adecuado culpabilizar a la ciudadanía de relajo social en la prevención. No es posible esperar que una no exista una parte de la sociedad que sea indisciplinada, frívola y egoísta. Amenazar a la ciudadanía que si no se porta bien va a llegar un confinamiento duro es incentivar los comportamientos incívicos. No se puede jugar con la sociedad a un experimento social de comportamiento racional, a un colosal experimento del denominado dilema del prisionero cuando sabemos que lo que va a predominar es la lógica egoísta individual de “tonto el último” y nos vamos a cargar inevitablemente el confort y el interés general. Me cuesta entender el relajamiento durante estas últimas semanas de los cuerpos de seguridad (estatales, autonómicos y locales) en acompañar activamente a los ciudadanos a que cumplan las medidas de protección. No me refiero tanto a medidas claramente coercitivas (que quizás legalmente sean dudosas) como a una actividad de acompañamiento activo informando, por ejemplo, a los ciudadanos que no utilizan la mascarilla (obligatoria ahora en la mayoría del territorio español) que deben utilizarla y de manera correcta. La relajación social es inevitable pero la relajación institucional es totalmente reprobable y denunciable.

-También me cuesta entender que en esta situación tan delicada post confinamiento cuyo objetivo máximo debería ser evitar por todos los medios un nuevo confinamiento los partidos políticos en gobiernos de coalición o en la oposición vuelvan a priorizar los conflictos políticos de vuelo gallináceo en vez de seguir o instaurar la lógica de la complicidad, la complementariedad y el consenso. Seguimos estando en una grave situación de emergencia nacional por más que haya regresado el fútbol y la cervecita en la terraza.

O resolvemos rápidamente estas disfunciones o España va a ser de nuevo portada internacional como en el mes de marzo. Un mismo país no puede permitirse dos fracasos tan tremendos en tan poco tiempo y mucho menos en el marco de una economía globalizada y siendo un país turístico que depende de la confianza internacional.

Lecciones de la crisis: el valor de la descentralización

Otro post de actualidad: De nuevo, sobre las puertas giratorias y el capitalismo clientelar. Hay Derecho blog

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- Uno de los elementos clave de aprendizaje a nivel de gestión pública de la crisis del coronavirus tiene un carácter conceptual: gestión centralizada versus gestión descentralizada a nivel territorial.

Ya empiezan a plantearse algunos estudios que intentan analizar el éxito o fracaso de los distintos países ante la crisis del covid vinculados a sus diseños políticos e institucionales. Por ejemplo, no parece que exista una correlación clara entre sistemas políticos y el tipo de reacciones institucionales ante la crisis. Por ejemplo, no ha sido determinante que un país posea un sistema presidencialista (EE.UU.), parlamentario (Gran Bretaña) o sempresidencialista (Francia). Todos los sistemas han cometido errores parecidos.

En cambio, sí parece que hay una correlación entre modelos centralizados y modelos descentralizados y la forma de atender la crisis del coronavirus. Ha llamado la atención, por ejemplo, el relativo fracaso de un modelo centralizado como el francés y el éxito del modelo federal cooperativo alemán. En el caso español, que operaba en la práctica como un modelo federal, pero sin los ingredientes institucionales imprescindibles (cooperación y lealtad entre los agentes institucionales, una cámara de representación autonómica, mecanismos de financiación, etc.) ha optado por gestionar la crisis de manera centralizada. La tensión de la crisis nos ha hecho recordar que por más descentralizado que sea nuestro país sigue formando parte de los Estados unitarios. Seguramente no quedaba otro remedio en España que optar por un mando único para afrontar la crisis debido al déficit de instrumentos institucionales para operar de forma descentralizada pero cooperativa. Esta crisis ha sido como un examen que nuestro modelo de Estado territorial ha suspendido. Después de la crisis habría que explorar si se opta de nuevo por un sistema centralizado (sería un inmenso error) o por apostar sin timideces por un modelo federal con todos sus ingredientes institucionales. Pero habría que diseñar un modelo federal que no solo fuera cooperativo entre Federación y Estados sino también cooperativo con el gobierno local aplicando y asumiendo de manera contundente el principio de subsidiariedad. Quizás una de las mejores noticias a nivel institucional durante esta crisis ha sido como muchos municipios y diputaciones han mostrado un gran dinamismo en la búsqueda de protección y confort a la ciudadanía (desde la obtención de material sanitario en un mercado internacional muy complejo hasta múltiples iniciativas de apoyo social y fomento económico).  

Gestión de la sanidad 

Otro ejemplo del eje centralización versus descentralización procede del ámbito de la salud, que representa el sector en gestión pública más moderno y más en la vanguardia en el país. No me refiero específicamente a su actualización en tecnología y especialización médica sino a sus mecanismos modernos de gestión de carácter gerencial: contratación y compras, gestión del personal (complejidad en la gestión de cuadrantes y refuerzos ante epidemias móviles como los periodos de gripe), modelo de gestión gerencial, colaboración público-privada, etc. Es casi un mantra afirmar que España posee uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Los indicadores internacionales así lo confirman. Pero el problema más relevante es que España acredita un modelo de gran calidad hospitalaria (su joya de la corona). Es, por tanto, un modelo “hospitalcéntrico” dejando a la atención médica de proximidad (centros de asistencia primaria) en una situación algo precaria y como los hermanos pobres del sistema de salud. Hermanos pobres tanto en recursos como en elementos simbólicos dentro del escalafón médico. Un médico de familia tiene mucho menos estatus que un cirujano o cualquier especialista hospitalario. La crisis del coronavirus ha puesto en crisis un modelo excesivamente centrado en los hospitales y, en especial, en los enormes y prestigiosos hospitales de las grandes ciudades. Estos hospitales son totalmente adecuados y competitivos para tratar las enfermedades más graves como, por ejemplo: cáncer, crisis cardiacas o trasplantes. Pero, en cambio, los hospitales no han demostrado su solvencia para hacer frente al coronavirus ya que han sido uno de sus principales fuentes de contagio. Esto se va a comprobar todavía de manera más contundente durante el largo periodo que se avecina, denominado como desescalada. Un buen ejemplo es comparar las dos distintas metodologías con las que han afrontado la crisis del coronavirus las dos regiones italianas más afectadas por el contagio: Lombardía (Milán, Bérgamo y Brescia) versus el Véneto (Venecia, Verona y Padua). Lombardía posee grandes hospitales con un enorme prestigio y hospitalizó al 60 por ciento de los diagnosticados. En cambio, el Véneto posee una buena red de asistencia primaria y solo hospitalizó al 20 por ciento de los diagnosticados. En el Véneto hay una sanidad más presente en el territorio y los focos de contagio se han tratado precozmente. Obvio que hay otros factores que explican la diferencia entre las muertes de ambas regiones: Lombardía acumuló más casos en el inicio de la crisis y posee el doble de la población que el Véneto y está mucho más concentrada a nivel urbano. Pero ambas regiones son limítrofes y con una gran movilidad entre ellas.  En términos relativos y comparativos el volumen de muertos ocasionados por el coronavirus en Lombardía (el Madrid de Italia) son muchos más que los del Véneto. Este ejemplo sirve para apuntalar mejor la tesis sobre la idoneidad de los sistemas institucionales y de gestión descentralizados frente a los centralizados. El valor de la Administración local o el valor de la atención primaria. Y, además, se rompe el mito de que la descentralización puede ser más eficaz pero no más eficiente. Si se realizara un análisis coste-beneficio de la Administración local y de los centros de asistencia primaria sería, sin duda, positivo. Es el valor de lo pequeño sin desprenderse, pero si suavizar, lo grande.

¿Está el estado de alarma impulsando el uso de la eAdministración?

Otro post relacionado: .- La trastienda del teletrabajo. Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog

Por Sergio Jiménez Analítica Pública web.- Una de las máximas de este blog (y creo que de buena parte de la academia sobre la eAdministración) es que su relevancia viene determinada por su uso. Es decir: da igual la cantidad de servicios digitales en producción y su profundidad, si no hay un uso real de los mismos. En este sentido, lo cierto es que España pese a tener una enorme disponibilidad de servicios, el uso real de los mismos ha andado muy por detrás (basta con ver la posición en el DESI en ambos elementos), incluso después de esfuerzos normativos importantes. El estado de alarma del COVID19 con el confinamiento y la dependencia de gran parte de la ciudadanía de los servicios públicos puede cambiar este escenario, pero ¿realmente crecerá el uso de la eadministración? ¿En qué términos?

-Pues eso que nos lanzamos a otro nuevo estudio porque uno no tiene nunca bastantes encuestas en su vida. De nuevo necesito tu ayuda de dos maneras: rellenando la encuesta y difundiéndola entre otras personas. No es necesario ni trabajar en el sector público, ni vivir en España ni nada… simplemente ser una persona que quiera dedicar unos 10 minutos en ayudar a entender cómo cambiará esto los servicios públicos (o no) . IR A LA ENCUESTA

En este post podrás ver :

1.- El escenario de los servicios digitales en el estado de alarma

2.- ¿Qué podemos considerar uso la eAdministración?

2.1.-Apostando por una idea de medición de uso de eAdministración.

2.2.- ¿Qué influye el desigual uso de la eAdministración?

3.- ¿Ha aumentado el uso de los servicios digitales la crisis del COVID?

3.1.- ¿Ha aumentado el uso de la eAdministración?

3.2.- Es un crecimiento estable

3.3- ¿Generará nuevas demandas de uso?

3.4.- ¿Qué sucederá con el servicio presencial?

4.- Conclusiones

1.-El escenario de los servicios digitales en el estado de alarma

Vayamos por partes: si hay algo que impulsa el uso de las tecnologías digitales es que no haya otra manera de acceder a bienes o servicios. No en vano, los comercios on line, especialmente Amazon, está siendo junto a Zoom o Netflix uno de los ganadores de esta economía del confinamiento. No sólo es que mucha gente prefiera quedarse en casa antes que ejercer compras on line, es que muchos productos parecen difícilmente alcanzables fuera de este canal. También hay servicios nuevos que han aparecido (teleformación para niños, clases de yoga online, cursos de panadería, etc). Aquí podéis ver algunas tendencias de búsquedas en Google ( o mejor este estudio de impacto de negocios digitales en España de Flat 101) para ver a qué me refiero.

Sin embargo, no todo es felicidad: hay sectores digitales que han salido enormemente dañados. Elementos como viajes, ropa, servicios o productos de lujo, coches o acceso a servicios presenciales (gimnasios, clases de yoga, restauración en sala) se han visto prácticamente desmantelados.

Es decir, hay más uso, de servicios que ya existían o bien básicos, o bien “convenientes” (como Netflix), hay servicios nuevos, y hay servicios que simplemente no están en las prioridades de uso actualmente. ¿Qué puede significar esto para la eAdministración?

2.-¿Qué podemos considerar uso la eAdministración?

Lo primero a tener en cuenta es pensar qué es usar la eAdministración. Puede parecer una cuestión baladí, pero, en mi opinión, no lo es tanto. Por ejemplo, la mayoría de las estadísticas (como por ejemplo el DESI, o la Fundación Telefónica) consideran que el uso de la eAdministración incluye entrar a una web a ver información, razón por la cual es “fácil” decir que el uso de la misma alcanzaba hasta el 60% (mucho menos si vamos a términos transaccionales o de”hacer algo”).

Si consideramos esto así, o si lo consideramos con el mismo valor que “hacer gestiones”, muy posiblemente la cosa se haya disparado. Pensad que, por ejemplo, entrar a ver las estadísticas del número de contagios o una infografía sobre cómo ponerse una mascarilla sería un uso de la misma.

No digo que no sea así. Evidentemente, consumir contenido es un uso, pero no sé si lo calificaría completo (al menos en páginas transaccionales). Por otro lado, hay que los canales de la eAdministración se han complejizado, como vemos en nuestra taxonomía. Antes usar la eAdministración era entrar en una sede. Hoy en día, en términos de autoría e información, leer los tuits del Ministerio de Sanidad o de la policía podría considerarse así. Esto por no añadir elementos como bots, Whatsapps y demás mecanismos conversacionales, muchos de los cuales en canales ajenos.

Por último, cabe señalar que esta “complejización” hace que el acceso al servicio sea más difícil de valorar. Yo puedo enterarme de una ayuda en un tuit, buscar en Google, ver los pasos en un snippet y solicitar el servicio por teléfono.

2.1.Apostando por una idea de medición de uso de eAdministración.

Vamos a considerar que el uso de la eAdministración requiere un elemento básico: interactuar, aunque sea verticalmente con un contenido generado y publicado por una Administración. Es decir: mirar en qué fase está la zona donde vives en la web del ministerio, es usar la eAdministración. Usar una app de un particular, aunque sea con datos generados y cedidos por esa administración, no lo son.

En segundo lugar, tiene que tener alguna finalidad concreta de uso y que se obtenga una utilidad definida.

Por ejemplo, si entro a ver cómo va España de número de contagios a la web del ISCIII, sin una finalidad concreta, no lo llamaría “usar la eAdministración”. Si lo hago para informarme de algo, es un uso completo. Si lo hago para, por ejemplo, para estimar si pido una ayuda para abrir o mantener un negocio en una comunidad autónoma, solo podemos considerarlo “parcial” dado que es solo un paso de algo más grande. Lo que mide, en definitiva el uso efectivo del servicio, es el acceso a la utilidad. El resto, son elementos intermedios, útiles pero no sustantivos.

2.1.- ¿Qué influye el desigual uso de la eAdministración?

En términos generales podemos considerar que hay algunos “sospechosos habituales” al respecto.

Factores culturales: La gente no usa los servicios porque está acostumbrada a ir a hacerlo presencialmente. Esta es una explicación habitual.

Factores competenciales: la gente no los usa porque no tiene conocimientos o capacidad para hacerlo. Esto nos lleva a dos posibles escenarios: esas competencias sean “adquiribles” y una vez aprendido se repite, o no son asequibles y, por lo tanto, cada uso requerirá un apoyo.

Factores comunicativos. La gente no sabe que el servicio existe, así que no lo usa.

Factores operativos o económicos. El servicio no se usa porque o bien es prácticamente imposible de usar, o no vale la pena intentarlo. En muchos casos puede pasar que traiga mas cuenta pagar a otro (como me pasa con la factura electrónica) o hacerlo presencialmente, en vez de acceder a un servicio ampliamente conflictivo.

Factores preferenciales. Simplemente a la gente no le da la gana usar un servicio por diversos motivos no relacionados con el mismo.

Como todo en esta vida, no hay una respuesta única ni simple en cada persona. Alguien puede decidir no usar un servicio juntando varios de ellos (no sabe manejar un certificado, no tiene gana de aprenderlo, no sabe para qué podría servirle y, además, no se fía de que un documento digital le valga igual).

3.-  ¿Ha aumentado el uso de los servicios digitales la crisis del COVID?

Esta pregunta tiene una respuesta fácil: si. Objetivamente si hay demanda de servicios constante, pero no hay otro canal de acceso, ya bastaría para hacerlo. Si, como es el caso, la demanda de unos cuantos aumenta, aún crecerá con más razón.

Sin embargo, tenemos que plantearnos si este cambio es sostenible, para lo que tendremos que ver cómo afecta a estos frenos y, si esto hace que su supresión sea definitiva y no solo circunstancial.

Freno cultural: Desde luego, es un freno que se verá muy afectado. Mucha gente verá que los servicios on line funcionan, al menos igual, si no mejor, que los presenciales.

Freno competencial. Aquí tenemos dos elementos importantes. Por un lado, hay personas que podrán aprender para gestionar algunos servicios (quizá todos), pero hay perfiles que muy posiblemente no lo aprendan. Aquí la cuestión de si esa persona ha contado con apoyo próximo y sus competencias digitales son elementos a tener en cuenta.

Freno comunicativo. Aquí tengo mis dudas. Evidentemente hay servicios que se harán enormemente populares (consultas médicas, gestión de cuestiones económicas y laborales), pero posiblemente otros muchos elementos seguirán en el rincón del olvido.

Frenos operativos. Aquí me gustaría pensar que si juntamos un aumento de competencias (por la fuerza) de la ciudadanía y si los servicios públicos ponen interés (ahora que van a tener masa crítica para optimizar sus servicios), podría ser todo un cambio. Sin embargo, soy un tanto escéptico: España es un país con una cultura administrativa que ampara “estamos demasiado ocupados trabajando para comunicar” así que no soy muy optimista con “estamos muy ocupados, así que vamos a experimentar”.

Frenos preferenciales. Estos son los más subjetivos. Supongo que habrá gente que para determinados servicios preferirá un futuro on-line (algo que parece plausible en determinadas ramas de comercio), pero otros no tanto. Habrá que ver.

En todo caso, vamos a trabajar sobre este tema con estas cuestiones.

3.1.-¿Ha aumentado el uso de la eAdministración?

La primera cuestión es si ha aumentado realmente el uso de los servicios digitales. Aquí tenemos dos cuestiones, si ha aumentado el número de personas que los usan y si ha aumentado el número de usos de cada persona.

Es interesante saber si el aumento se debe sólo a los servicios relativos al COVID (tanto sanitarios como sociales y económicos) o si se han extendido a otros ámbitos. Esto puede plantear una cuestión interesante, dado que podemos tener un aumento de servicios “de urgencia” pero una pausa (o demora) de los servicios no urgentes, bien por esa “no urgencia”o por querer usar el método presencial. En este caso, el aumento sería esporádico, pero, si no es así, podríamos ver si estos servicios son una punta de lanza.

En todo caso, tenemos que comprobar si el uso de servicios digitales a partir del estado de alarma es mayor que el número de usos de servicios anterior al estado de alarma. Como digo, es previsible, pero no podemos no preguntarlo.

3.2.-Es un crecimiento estable

El segundo bloque es preguntar si este aumento abre un escenario de uso digital a futuro. Vale, esto es jugar a ser pitonisos, y es algo que no corresponde. Sin embargo, podemos preguntar a la gente si se plantea en un futuro repetir el uso de los servicios que ha empezado a usar y, por otro lado, si hará extensible este consumo a nuevos servicios.

Cuadro sinóptico de frenos y oportunidades de uso de la eAdministración relatados en el artículo. Elaboración propia

Aquí la cuestión está en ver si esta coyuntura nos sirve o no para ampliar los servicios en las dos vertientes señaladas: más personas que lo usan y/o más servicios usados en cada caso. En el primer caso, habría que ver qué características tienen las personas que se incorporan para saber si aspectos competenciales o comunicativos son los que más han cambiado. En el segundo ver qué servicios se añaden nuevos nos dará pistas de los frenos comunicativos, culturales o preferenciales.

3.3.-¿Generará nuevas demandas de uso?

Un tema a tener en cuenta es saber si ante un uso de más público crecerán las demandas de más servicios. Esto incluirá dos cuestiones igual de importantes: por un lado la generación de ampliar el número o profundidad de servicios que existen en una administración en concreto. Es decir, proponer que si el ayuntamiento me ofrece gestionar un impuesto on line, por que no ampliarlo a otro.

Una segunda cuestión es plantear si se demandarán o esperarán servicios de otro tipo, bien sea por demandas nuevas, bien sea por adaptaciones del sector privado, que no dejará de ser un comparador extra-canal.

3.4.- ¿Qué sucederá con el servicio presencial?

Una última cuestión es ver cómo puede impactar esto en un futuro de la “administración presencial”. Hay que considerar que no todo aumento de la demanda es, de por sí, sustitutivo. Podemos demandar más servicios on-line, y, a la vez, demandar más presenciales. Esto dependerá en gran medida de si el aumento de consumo digital es un elemento nuevo (muy relacionado con el estado de alarma) o si va ampliando áreas de interacción.

La cuestión es interesante, porque, como he dicho, no todos los servicios digitales en el sector privado han evolucionado igual. A veces esto se debe al contexto actual, pero otras veces por las condiciones o experiencias asociadas al mismo. Una persona puede comprar ropa on-line en muchos comercios digitales, pero puede preferir recurrir a hacer compras en un comercio.

4.-Conclusiones

Está claro que la situación actual influirá en la manera a la administración, dentro y fuera de ella. El plano digital actualmente es el principal (por no decir el único), la cuestión es saber si es algo temporal o permanente. Se trata de saber si esta “migración masiva” de lo presencial a lo digital es algo temporal obligado por las circunstancias, o la apertura de una nueva vida. En el primer caso estaríamos hablando que el uso de la e-administración tendría “refugiados digitales” y en el segundo de un “éxodo digital”, con todo lo que significa en cada caso.

En cualquiera de los dos escenarios, las dudas que nos encontramos nos ayudarán a modelar el futuro de la administración y de la sociedad. Además, es una buena ocasión para entender la relación en este polinomio que constituye servicio público, ciudadanía y tecnología, lo que nos ayudará a construir una administración más adecuada.

Ahora te agradecería mucho, mucho, mucho que hicieras la encuesta y la compartieras con otras personas.

¿Cuándo volverán los funcionarios a sus puestos de trabajo? Las oficinas públicas abrirán con cita previa en la fase II

La Administración central pacta con los sindicatos de funcionarios una vuelta gradual al trabajo que dará prioridad al teletrabajo

Revista de prensa. El País.- El Gobierno ha pactado con los sindicatos de funcionarios cómo será la desescalada en la Administración. La vuelta a los puestos de trabajo de los empleados públicos será “gradual, priorizando el trabajo no presencial, la conciliación y la protección a grupos vulnerables", según apunta un comunicado de la federación de servicios públicos de UGT. El acuerdo también recoge que las oficinas de atención al público volverán a abrirse en la fase II del proceso de desconfinamiento y siempre con cita previa.

Que las oficinas públicas se vayan a abrir en la fase II implica que, en principio, eso se hará el 25 de mayo. La inmensa mayor parte de zonas de España, excepto algunas islas, se encuentra este lunes en la fase cero del proceso de desconfinamiento. En este punto se permite salidas a hacer deporte y paseos con niños, también se ha dado permisos para la apertura de locales comerciales siempre que se tenga cita previa y haya un empleado por cada cliente. La fase I comenzaría el próximo lunes y la fase II, 14 días después si no hay ningún repunte de la pandemia.

En esta fase II es en la que se abrirán los restaurantes con el aforo limitado o se permitirán espectáculos públicos, también con límites de asistencia. En este punto es en el que las oficinas de atención al público de la Administración central -Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, Agencia Tributaria...- se abrirán siempre que el ciudadano tenga cita previa.

Teletrabajo

Otro de los puntos del acuerdo al que habría llegado el Ministerio de Administraciones Públicas con los sindicatos (UGT, CC OO y CSI-F) es el de priorizar el teletrabajo. Y, también, en que no tendrán que incorporarse los trabajadores públicos que se consideren grupos de riesgo por el Ministerio de Sanidad.

Además, para poder escalonar la jornada se permite “la flexibilización horaria correspondiente a cada caso, con independencia de la modalidad de prestación de servicios, recomendándose el uso de fórmulas de jornada continuada. Igualmente, para poder atender los supuestos de flexibilización se habilita la posibilidad de ampliar el horario de apertura de los centros de trabajo hasta las 21 horas”, apunta un borrador del acuerdo que se va a firmar este lunes.

“Es un acuerdo muy garantista, que prioriza la seguridad y salud de los empleados empleados públicos al tiempo que asegura la adecuada prestación de servicios de la Administración a la ciudadanía”, valora Carlos Álvarez, de UGT. Desde CC OO, José Manuel Vera, ha recordado que “será necesario convocar con carácter previo las mesas delegadas para concretar y resolver algunas cuestiones que han quedado pendientes para adaptar la resolución a los ámbitos específicos”. Por su parte, CSI-F advierte que ellos van a estar vigilantes para que se mantengan medidas de protección y, además, en su comunicado proponen “que se prioricen los test a aquellas que se incorporen tras una incapacidad temporal por contagio, a las que hayan tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 y aquellas que hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad”.

Elisa de la Nuez: Confianza y pactos

Otro post de actualidad: La Administración híbrida. (Presencialidad, trabajo a distancia y rotación),  por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog

Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado. Hay Derecho blog-Expansión.- Parece razonable pensar que para llegar a un acuerdo en cualquier circunstancia por muy excepcional que sea -como es la que vivimos- es imprescindible que exista una mínima confianza entre los agentes llamados a colaborar. Según las encuestas nueve de cada diez españoles reclama unos nuevos acuerdos políticos económicos y sociales (unos nuevos pactos de la Moncloa o unos pactos de la reconstrucción, el nombre da bastante igual) que permitan abordar con el consenso de todos la reconstrucción económica, social e institucional que va a resultar imprescindible después de esta pandemia. Sin embargo, según las mismas encuestas la mayoría de los ciudadanos no cree nuestros representantes sean capaces de alcanzarlos. Y es fácil comprender sus razones.

El juego de la polarización, al que se apuntaron todos y cada uno de los partidos políticos, incluso los que se presentaron en un primer momento como el cortafuegos entre rojos y azules, y el paralelo juego de suma cero en que el adversario políticos siempre es un enemigo de la democracia, las libertades, los intereses de los ciudadanos, etc, etc avivado por las sucesivas elecciones fallidas ha dejado un panorama político desastroso. Los políticos están más radicalizados y alejados que nunca cuando precisamente se necesita su moderación y su acercamiento más que nunca. Por otro lado, que el actual Presidente del gobierno presida un gobierno de coalición con Podemos después de haber convocado unas nuevas elecciones para evitarlo ha socavado, como era inevitable, su credibilidad. La torpe gestión de la crisis sanitaria tampoco ha ayudado, particularmente en el ámbito de la transparencia, la información veraz y rigurosa y la comunicación que son esenciales para recuperar la confianza ciudadana en sus gobernantes.

En definitiva, los partidos que están llamados a ponerse de acuerdo de una forma u otra para salir de esta crisis no se fían en absoluto los unos de los otros: la oferta del presidente del Gobierno se ve como una trampa por la oposición, las descalificaciones y los insultos mutuos siguen y no se atisban motivos para el optimismo. Los medios de comunicación con su toma de partido previa y su sectarismo agudizado a favor de unos u otros, con pocas excepciones, tampoco colaboran en la difícil pero ineludible tarea de tender puentes. Por otra parte, es razonable pensar que un gobierno en minoría y con elementos populistas en su interior que tensionan y retardan inevitablemente las respuestas es una peor opción para abordar los enormes retos que se avecinan que cualquier gran pacto o acuerdo transversal que se pueda alcanzar entre gobierno y oposición.

En todo caso, estamos donde estamos y tenemos la política, las instituciones y la ciudadanía que tenemos. Como dice el profesor Fernando Jiménez, estamos una política del siglo XIX, unas instituciones del siglo XX y una ciudadanía del siglo XXI. Y sinceramente pienso que con estas premisas son con las que hay que trabajar. Pero antes conviene recordar una historia de éxito en una situación parecida o peor. En 1977 se estaba realizando el tránsito de la dictadura a la democracia en medio de una monumental crisis económica que hacía peligrar la propia transición política entonces muy incipiente. Podemos pensar que quizás los políticos eran más capaces y más generosos y estaban más dispuestos a colaborar, pero ciertamente las instituciones eran las heredadas de la dictadura y la ciudadanía estaba dando sus primeros pasos en democracia, lo que representaban enormes dificultades. Y tampoco teníamos a la Unión Europea para echarnos una mano. Pues bien, con esos mimbres se alcanzaron en un tiempo récord en octubre de 1977 los acuerdos transversales, económicos y sociales conocidos como Pactos de la Moncloa.

Merece la pena recordar un poco como se gestaron, por si podemos aprender algo de nuestros mayores. Empezando por el famoso discurso de febrero de 1977 del entonces Ministro de Economía de UCD y muñidor de los acuerdos, Enrique Fuentes Quintana que merece la pena escuchar en estos tiempos difíciles y que está disponible en Youtube. Es un discurso muy alejado de los de hoy por su concisión, su claridad, la información que trasmite (se proporcionan muchos datos a los ciudadanos) pero sobre todo por algo que suele brillar por su ausencia en los discursos actuales: el de dirigirse a los ciudadanos como personas mayores de edad, con experiencia y sentido común y perfectamente capaces de comprender y afrontar las adversidades y los retos que se les exponen, así como de asumir los sacrificios que se les piden. Desconozco qué credibilidad tenía entones el Gobierno de Adolfo Suárez y ni siquiera sé si entonces se realizaban encuestas de este tipo; pero ciertamente es un discurso que inspira confianza.

Algunas frases me parecen especialmente relevantes a estos efectos: el reconocimiento de que no hay soluciones fáciles, porque los problemas que hay que abordar son complejos y profundos. La advertencia de que quien diga lo contrario es un demagogo (hoy diríamos un populista). El aviso de que los problemas no se resolverán en pocos meses y de que en la vida pública no hay milagros. La apelación a la colaboración de todos los ciudadanos porque los problemas económicos de un país solo se pueden superar mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. La promesa de que dentro de los esfuerzos colectivos se protegerá a los más desfavorecidos, de que el gobierno utilizará a fondo todos los mecanismos para redistribuir la renta y la riqueza. Su creencia en la fuerza creadora de la libertad y en la libertad de mercado, pero sin temor a las intervenciones adecuadas para cortar las “aberraciones” (sic) del mercado. Y su conclusión, que comparto plenamente: solo puede esperar la colaboración un Gobierno en el que los españoles confíen como veraz y les merezca credibilidad. Pero esa credibilidad, reconoce Fuentes Quintana, se la tendrán que ganar con palabras de verdad y con hechos que respondan a esas palabras. Lo hicieron.

¿Es posible algo así en la actualidad? Pero quizás esa no es la pregunta correcta sino que la que tenemos que plantearnos es otra :¿Es imprescindible algo así en la actualidad? Y si es así, como pensamos muchos ¿Cómo hacerlo posible? Aún a riesgo de ser tachada de ilusa, creo que hay algunas claves importantes que pueden servir de hoja de ruta.

Tomar la iniciativa

La primera es obvia: corresponde al Gobierno tomar la iniciativa, cosa que ya ha hecho aunque haya aceptado a propuesta del PP que el debate se realice en el seno de una comisión parlamentaria. Más allá de que no se le eligiera para lidiar con una catástrofe de estas dimensiones es el Gobierno legítimo que hemos elegido. Pero se trata de una situación extraordinaria en la que debe de ser capaz de tender la mano a la oposición y también a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Además de las palabras –puestos a pedir se agradecería una mayor austeridad e información en los discursos del Presidente y menos descalificaciones e insultos en los de la portavoz parlamentaria del PSOE por no hablar de los representantes de Podemos dentro y fuera del gobierno – debemos empezar a ver hechos, y pronto. Los hechos no son fotos de reuniones donde no se acuerda nada o comisiones interminables o propaganda imputando a los demás la falta de consenso: son grupos de trabajo específicos por materias donde puedan estar presentes técnicos y expertos de cada ámbito.

La segunda clave también me parece evidente. Es mucho más fácil que se pongan de acuerdo los políticos después de que lo hagan los técnicos y los expertos sobre medidas concretas. Entre profesionales de una misma materia existen siempre unos consensos básicos sobre lo que los juristas llamamos “la lex artis”, es decir, el conjunto de normas o criterios que definen la corrección de una actuación profesional. Esto no quiere decir que la tecnocracia sustituya a la política; pero estamos hablando de medidas económicas y sociales y para diseñarlas se necesitan expertos que tienen que basarse en la evidencia empírica disponible. A los políticos les corresponde la función más relevante, que es la de llegar a acuerdos para aprobarlas, reformarlas o matizarlas en función de los consensos sociales necesarios para que tengan la mayor legitimidad posible. No olvidemos que si pedimos sacrificios y esfuerzos a los ciudadanos cuando más consenso tengan estas medidas de más legitimidad gozarán.

La tercera clave es la transparencia. Una información veraz, completa, rigurosa y puntual de todo lo que se esté haciendo y lo que se está negociando. Tenemos una sociedad civil cada vez más organizada y especializada y más capaz de realizar análisis y ofrecer comentarios y propuestas sensatas en tiempo real que deben de ser aprovechadas al máximo. Su cooperación es imprescindible a efectos de alcanzar el mayor consenso posible. Es lo contrario de lo que se oye estos días sobre los acuerdos “a puerta cerrada” o entre bambalinas. Los ciudadanos no somos menores de edad y tenemos mucho que aportar.

La cuarta clave es quizás la más relevante, y me remito de nuevo al discurso de Fuentes Quintana porque lo expresa mucho mejor que yo. “Se trata de abordar los problemas de conformidad con el contexto democrático, negociando y buscando acuerdo y transiciones. Porque el país ha demostrado que no quiere imposición para resolver el conflicto y porque la oposición es parte del poder. Y los problemas afectan al interés general y necesitan colaboración responsable de todos los grupos y de todos los partidos. Encontraremos el camino abierto que este país tiene hacia un futuro de bienestar y libertad.”