Los grandes partidos suspenden en transparencia

Transparencia Internacional ha evaluado a las diez principales formaciones políticas y solo destaca a UPyD, con 9 sobre 10 puntos. Coalición Canaria cierra la lista con solo 1,5 puntos.

TI.- Los principales Partidos políticos españoles han asumido (y firmado) un Compromiso por la transparencia y contra la corrupción ante las Elecciones europeas, a la vez que han mostrado en su conjunto una posición electoral favorable respecto a un conjunto de doce medidas contra la corrupción propuestas por TI-España.

Acto de presentación de la Evaluación de los Partidos Políticos.
 De izquierda a derecha: Beltrán Gambier,

 Jesús Lizcano y Jesús Sánchez-Lambás

Por otra parte, los partidos españoles han mostrado en general un bajo nivel de transparencia, en relación con diez indicadores evaluados por TI-E, obteniendo la mayoría de ellos una puntuación inferior a 5 sobre 10.

Éstos son en síntesis los resultados que se desprenden de la Evaluación que Transparencia Internacional España ha realizado sobre el posicionamiento y nivel de compromiso de los principales Partidos Políticos españoles en relación con la corrupción, y sobre el propio nivel de transparencia de estas organizaciones. A tal efecto se ha evaluado a las diez principales formaciones políticas: PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, PNV, Coalición Canaria, Esquerra Republicana,Convergencia y Unió, Ciudadans, y Equo.

  Esta evaluación se ha basado en tres aspectos fundamentales:

 

a) Firma de un Compromiso por la transparencia y contra la corrupción ante las Elecciones Europeas: Lo han firmado y enviado a TI-España la generalidad de los Partidos (con la salvedad de Convergencia y Unió: lo ha firmado Convergencia y no lo ha firmado Unió). El hecho de que hayan coincidido los partidos en firmar un texto común por la transparencia y contra la corrupción, aunque sea puntualmente de cara a estas próximas Elecciones europeas, es un hecho significativo y que quizá no tenga antecedentes en este país.

b) Una evaluación básica del nivel de transparencia de los partidos, en función de los diez indicadores propuestos por TI-España en base a los Seminarios contra la corrupción organizados por esta institución hace unos meses. El nivel de transparencia de los partidos ha sido en general bastante bajo (en su mayoría inferior a 5 sobre 10), aunque han mejorado respecto al momento en que TI-España les envió la evaluación provisional.

 c) La posición electoral de los Partidos respecto a doce medidas contra la corrupción propuestas por TI-España, surgidas igualmente de los citados Seminarios contra la corrupción. El nivel general de aceptación de estas propuestas ha sido bastante alto por la generalidad de los partidos.

La mayor parte de las medidas de transparencia y contra la corrupción sobre las que TI-España ha consultado a los Partidos, las había consultado previamente a los ciudadanos en una macroencuesta  encargada por TI-E y publicada en El País el pasado 1 de Abril http://elpais.com/elpais/2014/03/31/media/1396298027_398779.html, y en la que se evidenció la voluntad masiva de los ciudadanos de que los partidos aplicasen tales medidas. 

 Según TI-España, la información presentada puede resultar útil para que los ciudadanos y la sociedad española puedan conocer algo más a los partidos a los que van a poder votar en estas elecciones, y su posición respecto a la transparencia y la corrupción, así como los compromisos que han asumido por escrito de cara a estas próximas Elecciones europeas. Según esta organización, hay que entender, por otra parte, que si los partidos han llegado a firmar por separado un compromiso por la transparencia y contra la corrupción, tienen ahora una obligación social de alcanzar un Pacto o compromiso colectivo que sea amplio y con medidas concretas y contundentes como las que demandan los ciudadanos, y ello sin que se lo tenga que pedir la sociedad civil.

Los detalles de los tres citados aspectos de la Evaluación se pueden consultar a continuación:

 -Compromisos de los partidos por la transparencia y contra la corrupción ante las elecciones europeas:

- Tabla general de compromisos firmados 

- Compromisos firmados por cada uno de los partidos

-Evaluación del nivel de transparencia de los partidos:

- Evaluación general nivel de transparencia de los partidos 

 -Posición de los partidos frente a la corrupción

- Tabla general de posiciones de los partidos

- Cuestionarios individuales de cada uno de los partidos

Santiago, Ciudad Real, Pozuelo, Getafe y L`Hospitalet se incorporan a la Red de Ciudades Inteligentes

La Red Española de Ciudades Inteligentes suma ya 54 adhesiones

Fundetec , 9 de mayo de 2014.- La Junta Directiva de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), formada por los alcaldes de los 25 municipios fundadores y reunida hoy en Rivas Vaciamadrid, ha aprobado la incorporación de cinco nuevas ciudades que han solicitado su adhesión. Se trata de Santiago de Compostela, Ciudad Real, Getafe, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Con ellos, RECI pasa a estar constituida por 54 municipios.

 

Otro aspecto a destacar ha sido la aprobación de un borrador de propuestas de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público destinadas a facilitar la colaboración público-privada en el ámbito de las smart cities. Este documento, que ha sido elaborado por un grupo de trabajo específico de RECI en el que colaboran Garrigues y Fundetec, pretende dar respuesta a las necesidades a las que actualmente se enfrentan los ayuntamientos a la hora de contratar los servicios necesarios para convertir su ciudad en una ciudad inteligente.

Convenios 

Por otro lado, se ha aprobado la firma de sendos convenios con la Universidad Politécnica de Madrid, uno con el fin de establecer un marco colaborativo en el desarrollo de actividades que vinculan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con la gestión eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios; y otro específico para el intercambio de expertos para ponencias, asesoramiento, tutoría de alumnos y otras iniciativas de formación, difusión e investigación. Asimismo, se ha aceptado la propuesta del portal i-Ambiente.es para convertirse en media sponsor de RECI y contribuir a la difusión de sus actividades.

 

Íñigo de la Serna, Presidente de RECI y Alcalde de Santander, ha destacado el espíritu colaborativo y solidario de esta Red, en la que los ayuntamientos comparten sus experiencias y ceden al resto sus aplicaciones y desarrollos para optimizar los recursos y avanzar de la mano, apoyados en las tecnologías, en la mejora de la competitividad del país. Asimismo, ha afirmado que España está a la vanguardia en lo que respecta al trabajo conjunto de las smart cities, y RECI es un referente para el resto de los países, ya que es la única red en el mundo de estas características.

 

Por su parte, José Masa, Alcalde de Rivas Vaciamadrid, ha subrayado la apuesta que esta ciudad mantiene desde hace años por aplicar las nuevas tecnologías para hacer más fácil la vida de sus ciudadanos. “La pertenencia a la RECI refuerza nuestras intenciones en torno a una acción colectiva que, además, genera claros beneficios medioambientales”, ha añadido.

 La Junta Directiva ha repasado y aprobado también los avances realizados por los cinco Grupos de Trabajo de la Red, que ya se anunciaron en la reunión del VI Comité Técnico celebrado en marzo en Logroño.

 Estos son los aspectos más relevantes: Desde el grupo de Innovación social se trabaja, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la creación de un indicador que determine el nivel de madurez de la política de datos abiertos de una entidad. También se está elaborando un documento colaborativo sobre buenas prácticas de las entidades locales en Internet y las redes sociales, y en el ámbito del turismo se ha acordado la puesta en marcha de tres proyectos de smart destinations: una guía de colaboración público-privada para la promoción de un destino turístico, una relación de nuevos modelos de negocio y servicios para el antes, durante y después del viaje, y un mapa de la gestión de la innovación en los destinos turísticos inteligentes.

 

En el grupo de Energía se está preparando una guía metodológica de actuación para la certificación energética de los edificios municipales, se han puesto en común diferentes iniciativas para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en estos edificios y en el alumbrado público y se han analizado las auditorías energéticas llevadas a cabo por diferentes ayuntamientos con el fin de realizar inversiones para mejorar dichas instalaciones.

 

Desde el grupo de Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad se pretende elaborar un modelo común de ordenanza municipal sobre gestión de riego y ahorro de agua, y se trabaja en la definición de indicadores de modelos urbanos sostenibles.

 

El grupo de Movilidad urbana ha puesto en marcha la prueba piloto de usabilidad del ‘distintivo RECI’ de vehículo eléctrico en 12 ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Palencia, Pamplona, Vitoria, Málaga, Santander, Sabadell, Córdoba y Palma de Mallorca), como paso previo a su implantación en el resto de municipios de la Red. También está colaborando en la realización de una guía sobre Open Data que incluirá una propuesta de estandarización e interoperabilidad en Sistemas Inteligentes de Transporte.

 

Por último, el grupo de Gobierno, economía y negocios colabora en la elaboración de un borrador para la normalización de los sistemas integrales de gestión de la ciudad inteligente, con el fin de facilitar la toma de decisiones estratégicas y disponer de elementos transversales de intercambio de información y operación.

 

La RECI desde 2012

La RECI www.redciudadesinteligentes.es- fue constituida en junio de 2012 con el objetivo de intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la eAdministración, la atención a las personas o la seguridad.

 

Actualmente está formada por 49 ciudades: A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Alzira, Aranjuez, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Elche, Fuengirola, Gijón, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid, Majadahonda, Málaga, Marbella, Móstoles, Motril, Murcia, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Ponferrada, Oviedo, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Torrejón de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Fundetec es su oficina técnica.

 

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El Gobierno no aclara cuando devolverá la paga extra a los empleados públicos que eliminó en 2012

"Lo iremos viendo a lo largo del próximo ejercicio", ha contestado Beteta al ser preguntado por si el Gobierno retrasará un año la devolución de la extra

Revista de prensa. eleconomista.com 14.5.2014.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cree que es "absolutamente prematuro" aventurar que hasta 2016 el Gobierno no devolverá a los empleados públicos la paga extra que les suprimió en 2012.

En un desayuno organizado por la revista Capital, Beteta ha recordado que la devolución de la extra se ligó a la existencia de una situación de equilibrio presupuestario que, "desgraciadamente", España no tiene por ahora.

"Lo iremos viendo a lo largo del próximo ejercicio", ha contestado Beteta al ser preguntado por si el Gobierno retrasará un año la devolución de la extra, de 2015 a 2016.

El secretario de Estado ha recordado al respecto que todavía no están configuradas las magnitudes de ingresos y gastos para 2015 y que debe tenerse en cuenta además la reforma fiscal que entrará en vigor ese año. "Tenemos que compatibilizar todas y cada una de las circunstancias", ha resumido.

Reducción y envejecimiento

Durante su intervención, Beteta ha reconocido el esfuerzo hecho por los empleados públicos durante la crisis, ya que su colaboración ha hecho posible la reducción del déficit. "Son un activo inestimable", ha dicho el secretario de Estado, que ha prometido diálogo a los sindicatos de la Función Pública para avanzar en materias como la evolución del desempeño, la carrera administrativa y la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público.

Beteta ha destacado que la plantilla del sector público se ha reducido mucho en los últimos años y además en un momento en el que se está produciendo un "envejecimiento significativo" de los funcionarios, lo que ha llevado al Gobierno a incrementar las plazas de promoción interna.

Plantillas de CC.AA

Como ejemplo, Beteta ha indicado que, "frente a los mitos que se han extendido", los empleados públicos autonómicos, la gran mayoría funcionarios, se han reducido un 70.510 trabajadores (-5,2%) entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de julio de 2013, lo que representa la mitad de todo el recorte del empleo público experimentado en este periodo.

Beteta ha señalado que se va a seguir reduciendo el número de efectivos porque la administración electrónica "lo permite sin menguar la calidad de los servicios". "Estamos redefiniendo el modelo", ha apuntado el secretario de Estado, que ha indicado que la administración electrónica es más barata y útil.

Uno de cada seis Ayuntamientos reduce la deuda en 2013

El ayuntamiento de Madrid encabeza destacado la deuda municipal

 

Revista de prensa. El País Ver mapa. 14.5.2014.- Jalón de Cameros es un pequeño y apacible pueblo ganadero de La Rioja. Está salpicado de casas de piedra y coronado con la torre del reloj de la iglesia de San Miguel.

 

 Nada hace suponer a sus vecinos que forman parte de unos de los tres municipios con más deuda por habitante de España —junto a Monasterio de la Sierra (Burgos) y Aguilar de Segarra (Barcelona)—. Cada uno de sus 21 habitantes tendría que pagar 8.714 euros para saldar los 183.000 euros que debe su Ayuntamiento. Jalón figura este año por primera vez en la lista de localidades cuya deuda pública supera los 8.000 euros por habitante, según el informe sobre La deuda viva de las entidades locales de 2013, difundido por el Ministerio de Hacienda. A pesar de que son los municipios con mayor endeudamiento por ciudadano, sus obligaciones de pago suman apenas 2,5 millones de euros.

 

En España hay 158 municipios cuyo pasivo por habitante supera los 2.000 euros, la gran mayoría tiene menos de 20.000 habitantes. Esta cifra explica bien las dificultades que tienen los pequeños municipios para acometer cualquier proyecto como polideportivos, guarderías o centros de convenciones... en tiempos en que las telarañas son parte del decorado de las arcas públicas.

 

El año pasado el Gobierno puso en marcha un plan para rescatar Ayuntamientos con problemas financieros. El mecanismo les permitía refinanciar su deuda a corto plazo para poder pagarla en más años. A cambio, el ministerio exigió más información sobre la situación presupuestaria a los alcaldes con problemas.

 

El informe oficial, que recopila el endeudamiento de los 8.117 Ayuntamientos de España, concluye que el pasivo de las administraciones locales ascendió a 35.096 millones de euros a finales del año pasado, lo que supone una reducción de solo 193 millones de euros (un 0,54% menos). Un examen a la lista de municipios revela que 1.284 Ayuntamientos redujeron su deuda durante el año pasado. O, lo que es lo mismo, una de cada seis entidades locales rebajaron su endeudamiento en 2013. Por el contrario, 3.811 administraciones locales aumentaron sus obligaciones de pago durante el año pasado. El saldo apenas rebaja la deuda pública municipal.

 

Madrid y los túneles de la M-30

Madrid es la ciudad que acumula más deuda. Las obras de los túneles de la M-30 y la renovación del parque junto al río Manzanares han dejado tiritando las finanzas madrileñas. Acumula unas obligaciones de 7.035 millones. Su pasivo es mayor que el de la suma de las principales 20 capitales de provincia. Le sigue Barcelona, con 1.110 millones, y Valencia, con 872 millones. En el lado contrario, hay 3.089 municipios que no tienen ninguna deuda financiera o no presentan registros en la central de riesgos del Banco de España (CIRBE), de donde Hacienda ha obtenido los datos.

Entre los grandes Ayuntamientos —con más de 150.000 habitantes—, Jerez de la Frontera (Cádiz), Madrid, Alcorcón (Madrid) y Zaragoza son los que tienen más deuda por habitante. En el lado opuesto, Bilbao, Vigo, Fuenlabrada y Badajoz, son las ciudades cuyos habitantes tendrían que pagar menos de 211 euros para saldar la deuda municipal. Bilbao destaca por su eficiencia en la gestión con una deuda de solo 21 euros por ciudadano.

 

En la relación de los municipios con más problemas financieros figuran Jaén, Gandia, Ceuta, Parla, Reus, Jerez de la Frontera. La mayoría de estos invirtieron millones de euros en tranvías, circuitos de velocidad y otras infraestructuras públicas durante los años previos a la crisis. Cuando las estrecheces empezaron a apretar dejaron a estos municipios en la UVI financiera. Desde el año pasado, Hacienda les inyectó una dosis de liquidez a cambio de severos recortes. Así logró que las entidades locales presentaran superávit el año pasado.

La Justicia resolvió 8.875.557 asuntos en 2013, quedando en trámite otros 2.680.933, un 9 % menos que en 2012

El informe "La Justicia dato a dato”, (115 págs.) recoge los indicadores de los Juzgados y Tribunales españoles correspondientes al año 2013

Nota CSPJ. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presentado en el Congreso, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara, el informe “La Justicia dato a dato”, que recoge los indicadores de los Juzgados y Tribunales españoles correspondientes al año 2013.

Carlos Lesmes, en el centro, durante la presentación
del informe 2013 en el Congreso de los Diputados

El informe revela que, en conjunto, el número de asuntos ingresados en ese periodo fue de 8.636.016; mientras que la cifra de asuntos resueltos ascendió a 8.875.557, quedando en trámite a finales de año 2.680.933 asuntos, un 9 % menos que en el ejercicio anterior.

Por jurisdicciones, los asuntos ingresados el año
 pasado en la civil fueron 1.670.305 y los resueltos 1.814.394; en la penal 6.304.949 y 6.392.637; en la contencioso-administrativa 191.088 y 260.103; y en la social 469.329 y 408.092, respectivamente.

Se mantiene el número de asuntos

Las cifras reflejan una estabilización en el número total de asuntos y un incremento del número de los registrados en los Juzgados de Familia –de aproximadamente el 2 %-, de lo Mercantil –de en torno al 20 %- y de lo Social –otro 20 %-, lo que evidencia los efectos de la crisis en los litigios que se siguen en este tipo de órganos judiciales.

En cuanto a la duración de los procedimientos, en la jurisdicción civil la media –en este caso desde que un asunto ingresa en Primera Instancia hasta que queda resuelto en casación- es de dos años; en la penal de un año y dos meses; en la contencioso-administrativa de cuatro años y en la social de dos años y medio.

Por lo que respecta a la tasa de resolución (relación entre asuntos resueltos y asuntos ingresados en un mismo periodo), los datos indican que en conjunto ha aumentado un 1,3 % respecto a 2012; mientras que la de pendencia (relación entre asuntos pendientes al final del periodo y asuntos resueltos en ese periodo) bajó en un 1,3 %; la de congestión (que resulta de dividir la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los asuntos ingresados por el número de asuntos resueltos) en un 5,6 % y la de litigiosidad (asuntos ingresados por cada mil habitantes) en un 3,5 %.

La única jurisdicción en la que durante 2013 disminuyó la tasa de resolución –lo hizo en un 2,3 %- fue la social; en la que además la de pendencia aumentó un 10,6 %, la de congestión subió un 5,3 % y la de litigiosidad se incrementó un 1,5 %, lo que de nuevo pone de manifiesto los efectos de la crisis en esta materia.

Incremento mediación familiar y civil

Durante su comparecencia en el Congreso, el presidente del TS y del CGPJ ha hecho referencia al impulso de la mediación en España durante el último año.

Así, la mediación familiar experimentó en 2013 un incremento de alrededor del 65 % respecto al año anterior -al pasar de 3.056 mediaciones a 5.116-, consiguiendo además un 49 % de acuerdos, frente al 31 % de 2012.

La mediación penal creció un 40 % –casi 4.000 asuntos en 2013 frente a los 2.728 del año anterior-, con un 76 % de acuerdos alcanzados, lo que tiene gran importancia de cara a la posible reparación de la víctima, principal destinataria de este proceso, y también respecto de la recuperación social del infractor, que se responsabiliza de su acto.

También subieron, un 26 %, las mediaciones civiles; mientras que en materia laboral se alcanzó un acuerdo en 14 de los 20 procesos de mediación tramitados y cerrados.

Noticia relacionada: Lesmes anuncia en el Congreso que el CGPJ hará públicos datos sobre delitos relacionados con la corrupción EP

La lentitud de la Justicia va por Comunidades. E.P

La frecuente temporalidad en los nombramientos o destinos de los funcionarios públicos

Comisión de Servicios: "Sería interesante, dada siempre la posibilidad de nombramientos interinos, que una investigación o estudio permitiera que conociéramos la verdadera utilización de la figura, su frecuencia y casuística"

 

Por Andrés Morey Juan. Tu Blog de la Administración Pública.  Es normal que se señale como una de las características del funcionario público o elemento componente de la naturaleza de la figura, la permanencia en el empleo y se puede afirmar que es así en cuanto atendamos al empleo, no tanto si atendemos a la existencia de múltiples figuras que, en cambio, tienden a que el funcionario no tenga un destino permanente o se sujete a ceses y cambios, no dependientes de su voluntad.
 

Andrés Morey

De hecho, estas figuras y su utilización  interesada o "perversa", hace que el sistema de confianza se vea ampliado en la práctica y se convierta en un factor por el que el concurso para la provisión de puestos de trabajo se vea retrasado más allá de la legalidad establecida respecto de su periodicidad.

La no permanencia en el empleo es consustancial a algunas figuras consideradas como funcionarios o englobadas en ocasiones bajo el término de personal, como modo de distinción del funcionario de carrera o permanente. Es el caso de los interinos y del personal eventual o de confianza de los altos cargos. Personal sujetos a ceses reglados, pero que pueden volver a a ser nombrados en otros destinos o puestos, conforme a derecho. Voy a tratar de exponer esas formas de destino o nombramiento temporal que normalmente figuran como formas de provisión de puestos de trabajo.

La adscripción provisional

La primera, salvando el caso de la libre designación, que voy a comentar es la que se ha dado en llamar, en la actualidad, adscripción provisional o, en su caso, nombramiento o destino provisional, caso frecuente en el personal docente, en cuanto su número complica los concursos de traslados y no todas las vacantes se ofrecen en ellos y no todos los concursantes pueden obtener destino definitivo o "en propiedad", tal como era habitual decir y expresión muy significativa en cuanto al derecho de permanencia del funcionario en el puesto de trabajo adquirido por concurso.

 

El nombramiento provisional quizá se puede decir que ha sufrido una evolución haciéndose más general con el tiempo. Quizá su utilidad primera era el otorgamiento de un destino a quien, por las circunstancias previstas legalmente, había cesado en un puesto o en el empleo, básicamente es el caso de los excedentes que han solicitado y conseguido el reingreso y que no lo han hecho concurriendo a una convocatoria de concurso, por lo que se les nombra con carácter provisional e, incluso, la figura jurídica es la del reingreso provisional, con obligación de concursar hasta obtener destino definitivo. Si el reingreso se obtiene a través del concurso no es provisional, el destino es definitivo.

 

Otro caso es el de los que pierden el destino o en su caso el empleo en virtud de sanción que lo conlleve, cumplida la cual reingresan o han de obtener nuevo destino; también el de aquellos que por motivos no disciplinarios sino de organización, con modificación de puestos o supresión o planes de empleo, han de ser colocados en otros puestos. 

En este momento es en el que se debe hacer referencia a los funcionarios que cesan por ocupar puestos de libre designación ya que su cese es discrecional según la legalidad vigente, sin que normalmente se pongan límites racionales, es pues, como tantas veces he dicho, un sistema puro y duro de confianza, a la que incluso podríamos calificar de "política". Subdirectores generales e incluso el nivel inmediato inferior son de libre designación, es decir el nivel de quienes formulan propuestas de resolución y realizan actos de trámite garantes de la legalidad de la acción administrativa, es precisamente el que está sujeto a temporalidad en el destino y dependiente de la simple voluntad del superior. En el caso de estos ceses y en el de los de supresión o alteración en el puesto de trabajo o de cese por una evaluación negativa del desempeño, se dice en la legislación que quedarán a disposición del órgano que ejerza la jefatura superior de personal a la que esté adscrito el puesto. Es una situación que es forzosamente provisional, pero que incluso no da lugar  un destino o nombramiento propiamente dicho.

Comisión de ServiciosLa otra figura o forma destacable es la comisión de servicios, que también ha tenido una evolución en el tiempo y que creo haber ya explicado. Primero la figura tiene la finalidad de que una persona con destino concreto se encargue temporalmente de realizar una función en otro órgano o localidad diferentes, en una tarea propia de su especialidad y dando solución a un problema o cuestión existente. El caso se correspondía con aquellos que daban lugar a dietas, además del sueldo. No existía tampoco un destino o nombramiento. El segundo caso de esta figura era el de la comisión forzosa, destinada a cubrir una vacante en cualquier sitio del territorio nacional y que no tenía aspirante alguno a cubrirla, por lo que con carácter forzoso se destinaba a un funcionario del cuerpo con menor antigüedad y cargas familiares.

 

Sería interesante, dada siempre la posibilidad de nombramientos interinos, que una investigación o estudio permitiera que conociéramos la verdadera utilización de la figura, su frecuencia y casuística. Un tercer caso era la del nombramiento temporal de una persona por no más de dos años para, al igual que en el primero descrito, cumplir una función para la que se le reclamaba en virtud de sus conocimientos especiales o experiencias concretas. Figura "remedio" para cambiar de Administración cuando no se puede a través de otros sistemas, pero sujeta a la "buena voluntad" del responsable del nombramiento o de los políticos de turno o también para ir a puestos en los que te pueden cesar sin perder el destino que ya se posee.

 La Ley Valenciana, por ejemplo, contempla  la figura en los siguientes casos: a) cuando los puestos de trabajo queden desiertos en las correspondientes convocatorias o cuando se encuentren pendientes de su provisión definitiva y b) cuando estén sujetos a reserva por imperativo legal. Por tanto, se trata de vacantes que bien han sido ofertadas y no se han querido, lo que se acerca a la figura de la comisión forzosa, aunque no se regula ésta y queda remitida al reglamento,o bien están pendiente de concurso o al estar reservado el puesto no se van a ofrecer por no ser realmente vacantes. Otras Comunidades regulan la comisión de servicios también para el caso de vacantes cuya provisión se considera urgente.
 

Destinos precarios y "compadreo"
En definitiva, lo que trato de evidenciar es que si bien el funcionario no tiene el empleo precario sí puede tener el destino sujeto a los cambios de voluntad de los superiores y, de otro lado, existe un buen número de previsiones legales que permiten alcanzar puestos sin pasar por el tamiz claro del mérito y la capacidad y en virtud de criterios subjetivos; lo cual, unido al incumplimiento sistemático de los plazos en que se deben realizar concursos de méritos generales, así como el incumplimiento de los que corresponden a la máxima duración de las situaciones provisionales e interinas, hace que el sistema mencionado de mérito y capacidad y la igualdad se vea burlado, mientras que los nombrados pueden verse claramente beneficiados y sus jefes contentos y sin el riesgo de tener a un desconocido que no saben cómo será. Algo que se puede comprender, pero que no sólo afecta al sistema de mérito en cuanto a la provisión, sino que pone en solfa a todo el sistema de gestión de personal que parece mostrarse incapaz de ajustarse a él y a una evaluación correcta de la eficacia y experiencia o ser incapaz de controlar el comportamiento de los funcionarios; o sea, en este último caso lo que existe es una inaplicación real del régimen disciplinario o control de la actividad. Situaciones todas que, en conjunto, dan lugar a mucho "compadreo". Pero el lector puede sacar sus propias conclusiones si conoce los principios legales básicos que rigen nuestra función pública.

Post relacionado. Curiosa sensibilidad judicial ante los recortes retributivos de los funcionarios. blog  contencioso.es

Las comunidades autónomas frenan la reforma de las AAPP

Revista de prensa. ABC. 11.5.2014. La supresión de las instituciones autonómicas cuyas competencias se duplican con las del Estado, una las medidas planteadas en la ambiciosa reforma de las administraciones públicas, se enfrenta a la resistencia de las comunidades.

 

 

Los nacionalistas son reacios a la desaparición
de instituciones que consideran representativas

Castilla-La Mancha, con la eliminación de la Sindicatura de Cuentas, es la primera región que culmina este proceso. La Rioja, Asturias y Murcia están en camino frente a otras comunidades que se niegan a perder competencias. Andalucía incluso va en la dirección opuesta marcada por el Ejecutivo.

 

Los tribunales de cuentas, los consejos consultivos, los defensores del pueblo y los consejeros autonómicos y sociales son las instituciones señaladas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para su supresión. El ahorro acumulado hasta la fecha con las medidas de «adelgazamiento» del Estado asciende a 9.500 millones de euros, según cálculos del Gobierno.

 

La reforma ha sido efectiva en la supresión de empresas públicas autonómicas y en la eliminación de oficinas en el exterior. No ocurre lo mismo en el caso de las duplicidades de competencias. El Gobierno estima que, eliminando los defensores del pueblo, se podría ahorrar 30 millones cada año. Sin los tribunales de cuentas autonómicos, se dejaría de gastar hasta 46 millones.

Castilla-La Mancha, al frente

Castilla-La Mancha es la única región que ha suprimido su Sindicatura de Cuentas. El PP ha justificado esta decisión por la necesidad de eliminar gastos excesivos en una «administración opaca, que exigía trámites innecesarios». María Dolores de Cospedal es la presidenta autonómica más aplicada, ya que también ha prescindido de la actividad del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico Social y la Comisión de Competencia.

 

La Rioja, otra de la comunidades más cumplidoras de la reforma administrativa, no dispone de órgano fiscalizador externo, y ha eliminado las figuras del Defensor del Pueblo y del Defensor del Usuario en el ámbito sanitario y el Consejo Económico y Social.

 

En Asturias, PSOE y UPyD pactaron prescindir de la Procuradoría General, si bien no llegaron a un acuerdo para reducir de tres a uno los miembros de la Sindicatura de Cuentas. Murcia también ha decidido suprimir el Defensor del Pueblo, una institución que no existe en Cantabria, Baleares, Extremadura o Madrid.

Andalucía suma competencias

Del lado de las incumplidoras se sitúan comunidades como Andalucía, que, lejos de delegar competencias, está dando pasos para asumir más. Es lo que ocurre con la Cámara de Cuentas. La Cámara andaluza ha acordado modificaciones legislativas para que pueda fiscalizar las cuentas anuales, y no solo las electorales, de los partidos con representación parlamentaria.

 

Cataluña va más allá y está dispuesta a acudir a los tribunales lo que considera una «modificación encubierta de la Constitución». En Canarias, PSOE y CC se resisten a desprenderse de la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico Social.

 

Otras comunidades gobernadas por el PP tratan de sortear el mandato de la CORA. Castilla y León modificó el año pasado el funcionamiento de sus cuatro instituciones propias para rebajar su coste y garantizar así su continuidad. Galicia, que ha reducido el número de diputados, considera claves para su autogobierno órganos como MeteoGalicia, Valedor do Pobo, Consello de contas o Consello Consultivo. El Gobierno balear ha suspendido el Consejo Económico y Social, pero no hará lo mismo con la Sindicatura de Comptes ni el Consell Consultiu.

 

El País Vasco ha descartado suprimir órganos como el Ararteko o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. En verano de 2013, eso sí, aprobó un plan para reducir su administración un 20%. Y en Navarra, Yolanda Barcina aboga por reducir el número de parlamentarios y prescindir del Defensor del Pueblo, pero no ha dado ningún paso para suprimir ninguna institución autonómica.