El gobierno admite la propuesta de TI España para incluir un inventario de bienes públicos en el Portal de la Transparencia

También se pide que la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno se regule la actividad de los lobbies, como se hace en los países anglosajones.

Revista de Prensa. Terra.es. El Portal de la Transparencia, en el que los ciudadanos podrán acceder con un clic de su ratón a toda la información del país, incluirá un "inventario de bienes de la administración", ha anunciado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

La petición la ha realizado el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el secretario de Estado le ha contestado que "puede ser un aportación importante en la fase de enmiendas" del proyecto de Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso.

En la inauguración de una jornada sobre la relación entre la empresa, la política y los medios, los organizadores han reclamado también que la Ley de Transparencia incluya una "regulación sobre la actividad de los lobbies".

El secretario de Estado ha recordado que, en virtud de esta ley, todas las administraciones tendrán automáticamente la obligación de publicar en el Portal de la Transparencia "toda" la información institucional, de organización y planificación, y de relevancia económica, jurídica y presupuestaria de la que disponga.

Ayllón ha dicho que quiere que España sea un país blindado contra la opacidad y el mal gobierno, donde "nunca más un político se pueda encontrar un cajón lleno de facturas y donde no se puedan esconder puntos de déficit debajo de la alfombra de un despacho del Gobierno".

También ha hecho hincapié en que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es un ley "ambiciosa", que "debe ser mejorada desde el acuerdo y consenso en el Congreso y Senado" y ha asegurado que espera que se convierta en una ley de "referencia internacional" y en la "mejor que se pueda tener en el mucho occidental".

Desde el pasado septiembre, el texto se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, donde se ha abierto un plazo de comparecencias de expertos.

Esta ley se enmarca dentro de un proceso de "regeneración democrática" que lidera la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y que se ha convertido en una "obsesión personal" para ella, según Ayllón.

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Los recortes presupuestarios provocan nuevas protestas y despidos en el sector público madrileño

Telemadrid despedirá a 925 de sus 1.170 empleados. Las Universidades, los hospitales, CSIC y Bankia también recortarán sus plantillas. 

Si hace unos meses los recortes parecían cebarse con los empleados públicos de Cataluña y Valencia, ahora les toca a los de la Comunidad de Madrid. El panorama laboral se presenta con tintes dramáticos.

El miércoles 28 de noviembre el Consejo de Administración de la cadena pública de televisión Telemadrid, perteneciente al gobierno regional madrileño, aprobó el expediente de regulación de empleo -ERE-  que afectará a 925 de los 1.170 empleados que conforman la plantilla actual, incluidos 160 de la radio pública Onda Madrid. Este elevado número de bajas previstas supera los 600 -el 50% de la plantilla- que se barajó en un  principio.

El ERE se tramita después de conocerse las conclusiones de un informe encargado por el gobierno regional a una consultora sobre la viabilidad de la radiotelevisión madrileña dada la fuerte caída de publicidad y audiencia (solo un 5% de media). Asimismo, el recorte viene impuesto por la disminución de las transferencias del presupuesto regional, que supone que los gastos de Telemadrid pasen de los 131 millones en 2011 hasta los 84,5 millones de 2013, un 35% menos. 

Pero los recortes y los despidos no se acaban en Telemadrid. Las universidades públicas también tendrán que hacer ajustes en sus plantillas dados los apuros financieros que estas sufriendo por la disminución de las transferencias del gobierno regional, que no se palían con las fuertes  subidas de tasas que pagan los alumnos desde el inicio de curso. La más afectada será la Universidad Complutense, la mayor de España,  dada su delicada situación económica. Los profesores interinos serán los más afectados al no revnovarse a su vencimiento muchos de los contratos actuales.

CISC

El mundo de la enseñanza superior y la investigación también saldrá afectado de la crisis dadas  las dificultades que está pasando el CISC, que precisa un rescate de unos 100 millones de euros, lo que conllevará un fuerte recorte en los gastos, incluidos los de personal investigador.   

Tras  Telemadrid y las universidades vendrán los ERES de varios hospitales públicos que quiere privatizar el gobierno regional, proyecto que ha provocado fuertes movilizaciones y huelgas en las últimas semanas,  y el  impuesto por las autoridades europeas al banco nacionalizado Bankia -antigua Caja Madrid- que afectará a una cuarta parte de su plantilla, unos 6.000 empleados aunque no todos residen en Madrid. 

Los altos funcionarios plantean alternativas para salir de la crisis y modernizar la gestión de las Administraciones Públicas

Fedeca, que agrupa a los funcionarios pertenecientes a los cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado, ha hecho público un documento titulado Plan de Medidas alternativas de Fedeca ante la crisis, en el presenta una serie de propuestas concretas para salir de la crisis y que afectan al funcionamiento y dimensionamiento de las administraciones públicas.

El documento, que contiene partes reivindicativas de carácter sindical, como corresponde a la naturaleza de esta federación de funcionarios, incluye el análisis de ocho grandes apartados susceptibles de mejora  (Función Pública, racionalización económica, medias tributarias y de Seguridad Social, Justicia, Gestión del patrimonio inmobiliario y contratación, TIC e Infraestructuras). En todos ellos se hace un diágnóstico, se ponen en evidencia disfunciones e ineficiencias y se proponen medidas alternativas.

 A lo largo de más de sesenta páginas, los asociados de Fedeca plantean medidas racionalizadoras y modernizadoras en la gestión pública que pueden resultar cuestionables pero que fundamentan en su exposición con las ventajas que conllevarían.

En materia de Función Pública -el apartado más amplio-  Fedeca pide mayor rigor   en  el acceso y profesionalidad en la gestión  desarrollando la función directiva y poniendo coto al personal eventual e interino. En aspectos concretos proponen la jubilación de los empleados públicos a los 65 años con prórroga voluntaria hasta los 67 frente a los 70 actuales. Asimismo, piden mayor flexibilidad en cuanto a incompatibilidades y una fusión de las mutuas existentes, sin integrarlas en el régimen general de la Seguridad Social.

En los restantes apartados -incluido el de Justicia- se hace un repaso de los aspectos a mejorar en la gestión pública, en algunos casos tratados con cierta ironía por el anacronismo que supone mantener servicios o prestaciones, como en el caso de gastos de sepelio (30 €)  que suponen a la Seguridad Social un gasto global de 6 millones anuales.

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El Pais Vasco y la Rioja, las comunidades más transparentes

 Aunque las 17 comunidades aprueban y mejoran la segunda evaluación de TI , Castilla la Mancha  y Murcia cierran la lista con menos de 60 puntos sobre 100.

Las 17 comunidades autónomas españolas han aprobado en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional España, TI, con una valoración media de 79,9 sobre 100,  ocho puntos más que en el anterior  índice elaborado en 2010.

  

Según las conclusiones de este estudio, País Vasco y La Rioja (97,5 puntos sobre 100)  tienen los gobiernos regionales más transparentes, mientras que Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan en los últimos puestos.

Para elaborar este índice, Transparencia Internacional España, ha utilizado 80 indicadores que van desde información de la propia región, relaciones con los ciudadanos, transparencia económico-financiera, contrataciones de servicios, obras y suministros, urbanismo o los indicadores incluidos en el borrador de la futura Ley de Transparencia.

Tras Pais Vasco y La Rioja se situan los  gobiernos de Cantabria (95 puntos ), Andalucía (92,5), Navarra (91,3), Castilla y León y Galicia (ambas con 90). Con una nota de notable aparecen Extremadura (87,5), Baleares (83,8), Cataluña (78,8), Aragón (75) y Madrid (72,5), mientras que Asturias (66,3), Canarias (63,8), Valencia (63,8), Castilla-La Mancha (58,8) y Murcia (55) se quedan en el aprobado.

Ley de Transparencia

 Según el índice de TI 2012, existen diferencias significativas entre unas comunidades y otras en cuanto a la "preparación informativa" de cara a la futura Ley de Transparencia,  en fase de tramitación parlamentaria, dado que algunas regiones publican todos los indicadores obligatorios contemplados en ella como Cantabria, y otras muchos de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja), Por el contrario, las que muestran puntuaciones inferiores son Castilla-La Mancha y Murcia, que  no llegan al aprobado.

   El área de menor puntuación global sigue siendo, al igual que ocurría con el índice de 2010, la económica-financiera (69,7 de media), mientras que las áreas de transparencia más avanzadas son las de urbanismo y obras públicas así como la de relaciones con los ciudadanos, ambas con una media de 89 puntos.

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Los 70.000 empleados autonómicos vascos también cobrarán la extra de Navidad

-Los vascos se unen a los extremeños y navarros para eludir el recorte salarial  del gobierno de Rajoy

-El PNV - que asumirá el ejecutivo en breve- apoya el abono del gobierno socialista en funciones y el PP lo lamenta.  

Revista VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) - El Gobierno vasco en funciones abonará la paga extra de Navidad a los 70.000 funcionarios dependientes del Ejecutivo, lo que supondrá un coste para las arcas vascas de 210 millones de euros. El Gabinete de Patxi López ha adoptado esta decisión en el Consejo de Gobierno celebrado este martes.

  Según ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo autónomo, Idoia Mendia, la suspensión sería "injusta en el fondo y en la forma" y, además, su eliminación "tendría un dudoso impacto sobre el déficit". Mendia se ha remitido al informe jurídico, según el cual, si el Gobierno vasco no abonara la paga extra sin acudir al Parlamento para modificar la Ley de Presupuestos, se estaría tomando "una decisión no ajustada a derecho".

  

El jueves de la pasada semana, el Gobierno vasco en funciones tenía prevista una reunión con la comisión negociadora del PNV con el fin de proceder a un traspaso de poderes "ordenado". El encuentro, en el que los representantes de Gabinete de López pretendían consultar al PNV su opinión sobre si debía proceder o no al pago de la extra, fue suspendido por el Ejecutivo en funciones por "la deslealtad" de la formación jeltzale al denunciar en los medios de comunicación que el Gobierno saliente había comprometido un gasto de 640 millones en los últimos días.

   El día anterior a la cita frustrada, la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, manifestó que su deseo era pagar la extra de Navidad a los funcionarios y que había dinero para hacerlo, pero que, al suponer una decisión importante por la cuantía económica que constituí y los efectos que pudiera tener en el próximo Ejecutivo, pretendían consultarlo con el PNV. Esto suscitó el malestar de la formación jeltzale, que entendió que se le pretendía trasladar la responsabilidad de esta resolución.

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 El PNV apoya

El PP lo lamenta

Los ayuntamientos se muestran contundentes contra los deshaucios de viviendas de sus vecinos

Numerosos administraciones locales de toda España han tomado iniciativas para frenar la escalada de deshaucios por impago de hipotecas

Revista de Prensa. El Confidencial. No son tan mediáticos como el Código de Buenas Prácticas para la banca o el recién aprobado Decreto Ley ‘antidesahucios’.

Sin embargo, los resultados cosechados por las  oficinas y servicios de intermediación hipotecaria repartidos por toda  españa y gestionados por organismos públicos, abogados y economistas, han conseguido en los últimos meses resolver la delicada situación de cientos de familias con problemas para pagar sus hipotecas.

Ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, en colaboración con los colegios de abogados de toda España, ofrecen a las familias con dificultades económicas y en riesgo de perder su vivienda un servicio público y gratuito de información, asesoramiento e intermediación con la entidad financiera, con el objetivo de encontrar una solución antes de que se produzca una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de esta.

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Los habilitados estatales de la administración local piden más protagonismo para ejercer sus funciones fiscalizadoras

Los asociados de Cosital se reúnieron  en Cádiz los días 23 y 24 de noviembre para celebrar  los dos siglos de la creación de las figuras del Secretario e Interventor local y reclamar la  actualización de sus funciones para preservar la legalidad y la eficacia de las administraciones.

La comisión ejecutiva del Consejo General que preside  Eulalio Avila aprobó una ponencia relativa a la reforma del Estatuto Profesional que entre otras cosas, señala:

"Es necesaria una adecuada regulación de la función pública local, que ha de tener una sustantividad propia en la normativa general e igualmente de los funcionarios de habilitación estatal recogiendo un modelo claro de función pública que sirva con total objetividad y neutralidad los intereses generales y haga efectivo el derecho de los ciudadanos a una buena administración, recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, con apoyo en los principios constitucionales de mérito y capacidad. A tal efecto, consideramos que es necesario simplificar e introducir elementos de voluntariedad en base al principio de autoorganización, en la organización de los municipios de gran población introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y en particular recuperar la figura del Secretario General de la Entidad Local, como cabeza visible de los servicios jurídicos y administrativos. Igualmente, es necesario reformar el sistema establecido por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para evitar las disfunciones que ha provocado, especialmente respecto de la desprofesionalización debida al incremento de la cobertura de puestos con carácter interino o accidental, las restricciones a la movilidad y la falta de ejecución de las competencias atribuidas por las Administraciones Públicas obligadas a ello, para asegurar, en términos de igualdad, la prestación de las funciones públicas reservadas en todas y cada una las entidades locales españolas".

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 "Por otro lado, la profesión debe reinventarse, reafirmarse con el mantenimiento de las funciones reservadas (fe pública, asesoramiento legal, control-fiscalización, tesorería y recaudación), que forman parte 

per se del espacio directivo de nuestras Entidades Locales, y enriquecerlas con la aportación que sin duda un cuerpo de funcionarios tan altamente cualificado puede llevar a cabo de forma satisfactoria: el ejercicio de funciones directivas de carácter gerencial. Funciones que vienen realizándose en la práctica sin un reconocimiento legal adecuado, constituyendo una realidad innegable, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, donde en muchas ocasiones es el Secretario-Interventor el único con la formación y cualificación adecuada para su ejercicio".

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Entrevista a Eulalio Avila