Revista de prensa. El Mundo.- Una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo
dictaminó en septiembre de 2016 que los contratos precarios que las
administraciones públicas españolas utilizan para cubrir sus carencias,
principalmente en la sanidad o la educación, son ilegales. O lo que es lo
mismo, que no se ajusta al derecho europeo el truco de encadenar contratos
temporales para cubrir puestos permanentes.
Con ese fallo, no sólo se dejaba en evidencia el abuso
sistemático durante décadas del contrato-basura para suplir la falta de
personal, sino que se obligaba a la Administración a cambiar drásticamente el
sistema de cobertura de los puestos de trabajo estructurales. Los interinos
están para la cobertura de necesidades puntuales o para cubrir las bajas de los
titulares de las plazas, pero no para ocupar durante décadas plazas estables.
Ésa es la razón por la que el conjunto de las
administraciones españolas, obligadas a ponerse las pilas en materia de
personal, tendrán que sacar una importante oferta de empleo para reducir
la cuota de interinidades en sus plantillas. El objetivo es pasar del actual 25
de interinos a un 8% en los próximos tres años, por lo que unas 300.000 plazas
interinas se reconvertirán en fijas, 40.000 de ellas en Andalucía.
¿Quiere eso decir que los trabajadores que actualmente
ocupan esos puestos van a convertirse en trabajadores indefinidos? No. El
proceso contempla la transformación de los puestos no de las personas
que los ocupan. Por eso, frente a la satisfacción con la que la oferta se ha
recibido por parte de los sindicatos que han participado en la negociación, hay
quienes alertan de que esta reconversión puede acabar derivando «en el
mayor ERE de la democracia en España», pues supone que muchos de los
trabajadores que llevan años prestando servicio de forma precaria para la
administración se queden fuera de ella si no consiguen superar los exámenes de
selección.
Asociación de interinos
El abogado Manuel Martos representa a una asociación de interinos
(que en pocas semanas ha pasado de 300 a más de 600 asociados) que ha levantado la
voz contra el proceso que -aseguran- no respeta el espíritu de las resoluciones
de la Justicia europea.
A su juicio, la administración española ha «desnaturalizado»
la obligación de reconocer como indefinido al trabajador que acumule
más de tres años de antigüedad. De hecho, el acuerdo firmado entre el Gobierno
y los sindicatos establece que todas esas plazas salgan a oferta pública,
obligando a los trabajadores que las ocupan en la actualidad a superar una fase
de oposición para seguir trabajando. «Un interino que tenga, por ejemplo, 50
años y 20 de ejercicio, si no aprueba, va directamente a la calle. Y ése es
precisamente el perfil medio del interino», asegura el abogado Manuel
Martos.
De momento, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado
por esta asociación profesional, y que se fundamenta en la ilegalidad del
acuerdo suscrito con los sindicatos, pues el Gobierno carecía previamente de un
informe o autorización por parte de la Intervención o de los servicios
jurídicos de la Administración, que es preceptivo para habilitar al ministro de
turno a la firma de acuerdos.
Se trata de un defecto formal que, a juicio de los
recurrentes, anula el acuerdo firmado y, por tanto, también el artículo de la
Ley de Presupuestos que da luz verde a la oferta de empleo público.
Pero la cuestión de fondo es la protección de los derechos
adquiridos por los trabajadores interinos de la administración.
"Los que están se quedan"
Con ese mismo objetivo, la federación de Enseñanza del
sindicato CGT en Andalucía ha iniciado una campaña con el lema «Los que están
se quedan», con la que solicita una doble vía de acceso al empleo público para
solucionar la situación creada por la administración sin perjudicar a los
trabajadores que ya ocupan esos puestos. Para el sindicato, podría
establecerse, por un lado, una oposición de acceso libre y, por otro, un concurso
de méritos (sin fase de exámenes) para los trabajadores interinos que ya
forman parte del sistema.
«CGT se niega a aceptar, como sí parecen hacerlo ciertas
organizaciones, que la forma más adecuada de reducir la precariedad laboral en
el ámbito docente y ajustar el porcentaje de interinos a las exigencias de la
Unión Europea consista en cambiar a unos trabajadores por otros», afirma el
sindicato, que asegura que la ley admite el uso de sistemas
extraordinarios de acceso para situaciones puntuales.
Además, la organización sindical recuerda que muchos de los
trabajadores que ocupan plazas de interino aprobaron en su día las oposiciones
a las que se presentaron, aunque se quedaron sin plaza porque la
administración ofrecía un número de puestos inferior a sus necesidades reales
de personal, tal y como ha quedado de manifiesto con la resolución de la
Justicia europea.
Por su parte, CSIF, USTEA, CCOO y UGT también han iniciado
una serie de movilizaciones en Andalucía para reclamar que el proceso
reconozca la experiencia como un parámetro importante en la selección. En
concreto piden que «se simplifique la fase de oposición con pruebas no
eliminatorias, se amplíe la optatividad en la elección de temas, se aumente la
ponderación de la fase de concurso y se incremente el peso de la experiencia
docente en dicha fase de concurso».
Y los verdaderos culpable, los gestores elegidos cada cuatro años, se van de...
ResponderEliminarCuánto debemos cambiar en este país.