Notas sobre el contenido laboral y de protección social del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Se enfatiza que el gasto social supone el 58,5 por ciento del total de los PGE para 2023

 Por El Blog de Eduardo Rojo - Notas sobre el contenido laboral y de protección social del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

1. El Consejo de Ministros celebrado el martes 4 de octubre aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.

El texto fue presentado en el Congreso de los Diputados el jueves 6, y publicado  en su página web el sábado 8,  junto con el calendario de su tramitación  

Toda la documentación sobre el mismo puede ser consultada en la página web del  del Ministerio de Hacienda y Función Pública , a cuyo frente se encuentra la ministra María Jesús Montero. Se explica que “se presenta información sobre: el articulado de la Ley; los estados de ingresos y gastos; los presupuestos de explotación y capital; el informe económico financiero; las memorias de objetivos de cada una de las secciones presupuestarias; los anexos de inversiones reales; la memoria económico-orgánica y la memoria por programas; el presupuesto consolidado; el anexo de flujos financieros España-Unión Europea; la liquidación del Presupuesto de 2021; el avance de la liquidación del Presupuesto de 2022 y los gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, así como los informes de análisis presupuestario de carácter transversal”.

Habrá que esperar al debate de totalidad, previsto para los días 26 y 27 de octubre  noviembre, para conocer el parecer de los distintos grupos parlamentarios, o más exactamente de aquellos que tienen la clave de la decisión para decantar la balanza en un sentido u otro respecto a su admisión a trámite y posterior tramitación parlamentaria hasta llegar  a la aprobación, en su caso, por el Pleno del Congreso en la semana del 21 al 24 de noviembre, con su pase al Senado y aprobación definitiva por el Congreso siempre y cuando en la Cámara Alta se hubieran incorporado enmiendas al texto remitido.

 Dejemos, pues, de momento, el análisis meramente político y centrémonos en el contenido del PL. El propósito de esta entrada es el señalar algunos de los contenidos de interés laboral que hay, a mi parecer en el texto, dejando su estudio y examen para próximas entradas si supera el primer trámite parlamentario y tras su debate y discusión en sede parlamentaria se convierte en ley.

 2. Antes de abordar el contenido laboral y social del PL deseo hacer referencia a algunos de los contenidos del llamado, por el color de su portada, “Libro amarillo” , en el que se efectúa su presentación y se da cuenta tanto de aquellos como más concretamente de las novedades que incorpora.  

En el resumen ejecutivo de la presentación del PL se destaca que los Presupuestos “han sido diseñados para proteger a la mayoría social frente a la crisis originada por el conflicto bélico (invasión rusa de Ucrania), de manera que garantizan un sistema de bienestar y protección social, fortalecen a la clase media y trabajadora, además de actuar como locomotora de la economía protegiendo al tejido productivo, manteniendo de manera simultánea el compromiso con la responsabilidad fiscal”, añadiendo inmediatamente que “estas cuentas públicas se focalizan en el fomento de la transición verde, justa y ecológica, la transformación de la sociedad a través de reformas e inversiones que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para el desarrollo de una economía y una sociedad digital, la consecución de la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes, la modernización de nuestro tejido productivo, además del apoyo, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados por la escalada de los precios energéticos y a los colectivos más vulnerables.

Se enfatiza que el gasto social supone el 58,5 por ciento del total de los PGE para 2023 nacionales. Se subraya además que, “... a fin de continuar garantizando el poder adquisitivo de los empleados públicos, en el año 2023 las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento global del 2,5 por ciento   respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, considerando que se contempla un aumento adicional del 1,5 por ciento para 2022, que se sumaría al 2 por ciento ya establecido en los PGE 2022. Además, se podrá añadir un incremento variable del 0,5 por ciento, vinculado a la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, siempre que superen el 6 por ciento, más otro 0,5 por ciento, vinculado a que el PIB nominal en 2023 iguale o supere el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de los PGE para 2023”.

La especial atención que los PGE dedican a la población juvenil tiene concreción en el ámbito laboral, a través de las actuaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 8 (lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030) mediante la nueva Estrategia Española de apoyo activo al empleo 2021- 2024 y el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027. Justamente, uno de los colectivos prioritarios en la atención por parte de los servicios público de empleo serán las personas jóvenes desempleadas, junto con las personas desempleadas de larga duración, siendo el objetivo el de “mejorar la atención personalizada”. Se explica que, además de los objetivos generales de facilitar la inserción laboral, el Plan “persigue luchar contra la discriminación de las personas LGTBI y pondrá en marcha un programa piloto de inserción sociolaboral para ellas. Asimismo, identifica oportunidades de empleo y provee de formación específica a los jóvenes en sectores como el digital, la economía circular, las energías renovables, la transición ecológica y la economía azul. Se fomenta la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad combatiendo los estereotipos de género y adaptando la formación a las necesidades de las personas con responsabilidades familiares”.

La partida presupuestaria para los gastos por desempleo disminuye en 1.779 millones con respecto a la del año anterior, quedando en 21.278 millones de euros, dato que no debe considerarse en absoluto como negativo sino que refleja de manera evidente la recuperación económica y de empleo prevista tras las crisis sanitaria y las medidas adoptadas al efecto, en especial la reforma laboral puesta en marcha por el Real Decreto-Ley 32/2021 de 28 de diciembre, y que confirman los datos disponibles en materia de contratación y desempleo, del MITES, y de afiliación a la Seguridad Social del MISSMI.

Se destacan las dos novedades que se introducirán en la normativa de Seguridad Social y que son el resultado de los acuerdos alcanzados entre los grupos políticos que sustentan al gobierno durante las conversaciones y negociaciones previas a la presentación del PL, cuáles son el incremento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) en un 3,62 %, (20 euros diarios. 600 mensuales y 7.200 anuales) y la elevación de la cuantía de la prestación contributiva por desempleo del 50 al 60 por ciento de la base reguladora a partir del día 181 del percibo de la prestación, manifestando para destacar la importancia de esta última medida que con ella “se revierte la medida que se adoptó mediante el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.

Si acaso, sí debe destacarse que la importante partida dedicada a las prestaciones de nivel no contributivo y que permitirá proteger, según los cálculos efectuados, a 1.377.091 personas (frente a la previsión de atención a 858.958 para el nivel contributivo) pone de manifiesto la necesidad de seguir incrementando el nivel de empleo y de su calidad para asegurar que el número de personas que perciben prestaciones en caso de quedar en situación de desempleo se incremente por la vía acceder, en cuanto que se tenga derecho, a las prestaciones contributivas. Parece que va en esta línea la previsión gubernamental respecto al crecimiento del empleo y disminución del desempleo para el próximo año, a partir de los tal como se recoge en las previsiones del escenario macroeconómico: “En 2023 se seguirá creando empleo -situando la previsión de la cifra de ocupados en 21 millones de personas-, lo que permitirá continuar reduciendo el desempleo y situará la tasa de paro en el 11,7% al finalizar 2023. En el ámbito de los precios, el deflactor del PIB se reducirá hasta el 3,8% y se prevé una fuerte desaceleración del deflactor del consumo privado, que se situará en el 4,1%”.

Desde la mirada a la atención y la protección de las personas mayores, es decir la garantía de disponer de pensiones dignas, el Proyecto reafirma los compromisos alcanzados en la reforma del Pacto de Toledo   , y se enfatiza que en materia de revalorización de pensiones, tanto contributivas como no contributivas, se mantendrá el poder adquisitivo de las y los pensionistas, “revalorizándose en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de  variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2022”. Conviene recordar aquí que el número de personas beneficiarias de pensiones a 1 de agosto de este año en el ámbito de la Seguridad Social era de 9.948.815, siendo obviamente gran mayoría las incluidas en el régimen general, 7.315.434, y que en el régimen de clases pasivas el número es de 670.876 personas beneficiarias.

El libro amarillo dedica un amplio apartado a los presupuestos destinados a las medidas de fomento del empleo (págs. 180 a 193), algo que demuestra sin duda la importancia que el gobierno otorga a este bloque, y mucho más cuando se ponen en estrecha relación con las medidas recogidas en el marco europeo del Mecanismo de Recuperación y resiliencia. Los datos más relevantes y que se destacan en el Libro Amarillo, antes de proceder a una más detallada explicación son los siguientes:

“La política de fomento del empleo crece un 5 por ciento (un 8,9 por ciento fuera de los créditos del MRR)

− Se dotan créditos a financiar mediante el MRR con 586 millones de euros

− Se incrementan las dotaciones para orientación profesional en un 8,2 por ciento

− Se mantienen los planes integrales de empleo de Canarias, Andalucía y Extremadura, con 45, 50 y 15 millones de euros, respectivamente, y se dota el plan integral de empleo de la Isla de La Palma, por importe de 30 millones de euros

− Aumentan las dotaciones para oportunidades de empleo en un 11,5 por ciento

− El programa de formación profesional para el empleo crece un 3,9 por ciento

− Son colectivos prioritarios en la atención de los servicios públicos de empleo las personas paradas de larga duración y, específicamente, las personas jóvenes desempleadas, mejorando la atención personalizada”

Hay un crecimiento de un 5 por ciento de las partidas dedicada a fomento de empleo, alcanzando los 8.029 millones de euros, que si se unen a los 586 millones a financiar mediante el mecanismo de recuperación y resiliencia se eleva hasta el 8,9 %. La partida destinada a medidas de inserción e incentivación de la contratación alcanza los 4.069 millones, dedicándose concretamente 2.076 millones a las bonificaciones a la contratación, previéndose facilitar así la contratación de colectivos vulnerables, con mención expresa  víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, y calculando que puede beneficiar a 716.253 personas, siendo especialmente reseñable  que de este número más del 40 %, 334.826 están previstas para trabajadoras y trabajadores autónomos.

Respecto a la formación profesional para el empleo, a las que se dedican 3.244 millones, hay un incremento del 3,9 % con respecto a 2022. El Servicio Público de Empleo Estatal dispondrá de 2.093 millones para formación de personas desempleadas (342 millones), de personas ocupadas (1.099 millones) y para llevar a cabo las denominadas acciones de “oportunidades de empleo y formación” (652 millones). La restante dotación presupuestaria está asignada al Ministerio de Educación y Formación Profesional (1.151 millones). Leer+