Revista de prensa. Elena G. Sevillano y Antonio Maqueda para El País.- Más de la mitad de los contratos públicos en España (el
52,9%) no justifican el presupuesto de licitación, es decir, el precio de
salida que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar.
Esto provoca “desviaciones desproporcionadas” entre ese presupuesto inicial y
el importe finalmente adjudicado, alerta el primer informe de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada
recientemente a instancias de Bruselas. También denuncia la existencia de
irregularidades en el 47% de la contratación menor, que se otorga directamente
y evita la competencia.
En el fondo, el documento está identificando una “falta de
planificación” en la contratación pública. En España se firman unos 120.000
contratos al año, sin contar los menores. “Sorprende el porcentaje que denuncia
la oficina en la medida en que se está apuntando a una falta de preparación en
el diseño del contrato y el cálculo de los costes”, comenta José María Gimeno
Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
Según explica, si se da el caso de que existan varios postores que compiten por
el contrato, el precio terminará de todas formas ajustándose. Pero si no hay
una tensión competitiva, la Administración acabará pagando de más.
El extenso informe, que abarca más de 400 páginas, desgrana
las irregularidades en las que las Administraciones públicas incurren cuando
contratan a terceros. Para ello analiza sobre todo 17 informes del Tribunal de
Cuentas y otros organismos fiscalizadores autonómicos. Entre las más comunes
está la de no justificar el procedimiento de adjudicación utilizado, lo que
según el supervisor ocurre en el 58,8% de las licitaciones. Generalmente sucede
cuando se usa el procedimiento negociado sin publicidad, por cuantía o por
motivos técnicos o de exclusividad del proveedor. Pero también en los casos en
los que la Administración recurre a la tramitación urgente o de emergencia sin
que acredite que se dan los requisitos necesarios para hacerlo.
Otro de los problemas radica en la contratación menor. Con
cifras de 2018 se detectan irregularidades en la mitad de ellos. Y eso a pesar
de que la legislación de 2017 estaba redactada para limitarlos, impidiendo que
se usen siempre que se pueda anticipar la necesidad. El contrato menor es aquel
cuya cantidad máxima alcanza los 15.000 euros para un año. Se adjudica directamente
entre tres presupuestos que el organismo público haya recabado. Es decir,
carece de un procedimiento de licitación al uso. En su lugar, según la ley,
cuando sea un gasto previsto debería emplearse el procedimiento abreviado que
sí implica una licitación abierta a todo el mundo y con publicidad.
Sin embargo, el informe no entra en cifras de cuánto se
ha conseguido restringir el empleo de estos contratos menores. Según el
documento, las Administraciones recurren “de forma reiterada” al
fraccionamiento de contratos para los mismos servicios. En ocasiones, la
duración supera la prevista legalmente. Y en otros casos la facturación excede
los importes adjudicados. El análisis también encontró que se incumple la
obligación recogida en la ley de solicitar tres ofertas para el contrato menor.
En definitiva, del análisis se infiere que todavía se abusa de esta figura, que
reduce la tensión competitiva y facilita que la Administración de turno
entregue el encargo a una empresa próxima. De esta manera, algo que muchas
veces se hace por simple comodidad puede
incluso acabar degenerando en una suerte de corrupción, según denuncian los
expertos consultados.
La oficina de contratación reprocha, además, que no se
documenta individualmente cada uno de los contratos y, en consecuencia, no
puede examinar en profundidad qué está pasando. Podría estudiarse mejor si la
tramitación de los contratos estuviese digitalizada. Sin embargo, a pesar de
que ya se exige que el 100% de la licitación se haga de forma electrónica, solo
el 7% lo está, dice el organismo independiente. Este reclama que se avance en
la digitalización, ahora “lejos de ser una realidad”. La falta de una base de
datos única impide que la oficina independiente pueda aprovechar el big
data para sacar conclusiones más definidas sobre la contratación pública,
un área que según Hacienda equivale al 13% del PIB.
La oficina de la contratación alerta de que no pueden darse datos
económicos “ciertos y de calidad” para averiguar el ahorro entre el presupuesto
de licitación y el precio final de adjudicación. Este dato es muy importante,
ya que es un claro indicador de cuánta competencia se ha dado para conseguir el
contrato y abaratar el coste para el erario público. La Oirescon pide establecer
medidas de control para asegurar el pago a las firmas subcontratadas. Y
recomienda que se justifiquen mejor las modificaciones en los contratos.
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