Transparencia España.- El
pasado 9 de septiembre de 2019, durante el discurso del Acto de Apertura del Año Judicial, la
Fiscal General del Estado, María José Segarra, mencionó los datos relacionados
con la actuación de la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Durante 2018, esta Fiscalía Especial
intervino en más procedimientos judiciales que en 2017: en 2018 participó en un
total de 678 procesos, en comparación con los 609 del año anterior y los 524 de
2016.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado,
correspondiente a 2018, señala que este incremento no representa un aumento
real de la delincuencia en los ámbitos de la corrupción y la criminalidad
organizada, sino que es consecuencia de la separación de determinados procesos
penales ya existentes en piezas separadas, para así facilitar su tramitación.
En cuanto a los procesos penales nuevos, la Fiscalía
Especial incoó 89 procedimientos durante 2018. De ese total, 55 provienen de la
separación de causas penales ya existentes. En ese sentido, la cifra real de
nuevos procedimientos asciende a 34, en comparación con los 49 de 2017.
Por otro lado, durante 2018 se formularon 41 Escritos de
Acusación, 5 menos que en 2017.
Los delitos por los que se formuló acusación con más
frecuencia son los siguientes, de los que suelen además coincidir varios en un
mismo caso:
Cohecho: 75
Fuente: Memoria de la Fiscalía General del Estado,2018 |
Cohecho: 75
Malversación
de caudales públicos: 32
Prevaricación
administrativa: 31
Delitos
contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando: 25
Fraude
contra la Administración: 24
Blanqueo de
capitales: 18
Crimen
organizado: 15
Defraudaciones:
8
Cabría
destacar que en 2018 se han dictado 28 sentencias en primera instancia en
causas judiciales en las que ha intervenido la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada. De ese
total, 23 han sido condenatorias y 5 absolutorias. En 2017 se dictaron 34
sentencias.
Transparency
International España considera
que se debe estudiar más a fondo la relación entre estas cifras –escasas, si se
consideran que en 2018 fueron iniciadas 1.570.255 diligencias previas, de las
cuales 36% se refieren a delitos contra la vida y la integridad física– y la
percepción de la corrupción que existe en España. Si bien en 2018 la posición
del país en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency
International mejoró levemente en comparación con 2017, este
fenómeno aún sigue siendo un reto: España ocupa el puesto 58 sobre 100 en este
Índice, que no mide la percepción ciudadana, sino que analiza los resultados de
13 encuestas en las que participan expertos. Además, de acuerdo con el barómetro de julio
de 2019 del Centro de Investigaciones Sociales, la corrupción es
considerada uno de los tres principales temas que preocupan a los ciudadanos
españoles.
La organización recuerda, además, la importancia de
diseñar e implementar un plan holístico para reducir y prevenir la corrupción,
en el que se considere la respuesta y reacción a través de las actuaciones del
sistema de justicia; la detección, y las actividades de formación e información
para promover la cultura de la integridad y el cumplimiento. Enlaces de interés
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