Es necesario refundar el contrato social que vincula a
nuestros empleados públicos con el servicio a su país y llevar a cabo una
transformación ambiciosa de nuestra función pública”
(Exposición de motivos del “Proyecto de Transformación de
la Función Pública”, febrero de 2019)
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Es meridianamente clara la necesidad objetiva de adaptar
la institución tradicional de la función pública a los cambios acelerados del
entorno y, particularmente, a los desafíos inmediatos que se ciernen sobre la
sociedad occidental (revolución tecnológica, globalización, nuevo régimen
climático, envejecimiento de la población, desigualdad, migraciones, etc.), así
como a las nuevas demandas con las que se deberá enfrentar el sector público en
los próximos años, fruto de ese cambiante contexto. Nadie en su sano juicio lo
duda, aunque en su mayor parte los gobiernos de este país, sean centrales o
autonómicos, no hayan todavía olido el tema ni de lejos. Un contexto que,
además, exigirá la adaptación continua. Sin respiro.
Ni que decir tiene que enfrentarse a tales desafíos
sumariamente citados, es materialmente imposible hacerlo con un cuadro
normativo desvencijado y obsoleto o con leyes que no se plantean ninguno de los
grandes desafíos que más temprano que tarde se deberán afrontar, además sin una
planificación previa que diagnostique cuáles son los retos, a dónde se va y qué
medidas se podrían adoptar para atenuar sus imparables efectos. Las leyes no
cambian la sociedad, pero transformarla sin ellas o a pesar de ellas se vuelve
tarea hercúlea. Contra ellas, misión imposible.
Pues bien, aparte de tener esa hoja de ruta, que hoy en
día nadie tiene entre nosotros, convendría también modificar ese destartalado
marco normativo que, representado por una Ley de apenas doce años (EBEP), ha
envejecido, sin embargo, a marchas forzadas. Y, además, de haber sido ignorado
en todas y cada una de sus palancas de cambio (ética, DPP, evaluación y carrera
profesional), apenas ofrece hoy en día soluciones a los problemas que se
atisban en el horizonte inmediato. Los acontecimientos se aceleran y los marcos
normativos envejecen con una celeridad inusitada. Nuestras leyes de empleo
público necesitan ser repensadas por completo. Algunos países, si bien con
limitaciones derivadas de su propio contexto, están adaptando esos marcos
normativos o, al menos, lo pretenden hacer.
El ejemplo que hoy quiero traer a colación es la
burocrática, corporativa y mastodóntica función pública francesa (con más de
cinco millones y medio de empleados públicos). Allí, tras un año de
concertación social y negociación institucional, ha visto la luz el
denominado Proyecto de Ley de Transformación de la Función Pública,
que pretende poner la venda antes de que la herida sangre. Otra cosa es que lo
consiga realmente. En efecto, un empleo público tan sobredimensionado será,
probablemente, una fuente de problemas insalvables en un futuro más o menos
inmediato, producidos por los fuertes desajustes que –entre otros muchos
factores- se producirán con la irrupción de la automatización y la inteligencia
artificial en el ámbito público. Como acabo de indicar, tal vez la iniciativa
que han lanzado se quede pronto corta, pero al menos supone dejar constancia de
la existencia de un problema, y que tal cuestión irá creciendo con el paso del
tiempo. Y muestra, cuando menos, voluntad de afrontar algunas de sus
dimensiones.
Cinco ejes de actuación
Este Proyecto de Ley tiene cinco ejes básicos de actuación,
que puede ser oportuno resumir muy brevemente. A saber:
-La Ley persigue, dentro del respeto de las garantías de
los empleados públicos, un diálogo social más estratégico y eficaz,
mediante el cual la función pública pueda hacer frente con éxito a los
innumerables retos con los que se deberá enfrentar en los próximos años.
-Tiene por objeto, asimismo, desarrollar instrumentos
o herramientas que faculten a los responsables y directivos para llevar a cabo
una gestión de recursos humanos más flexible, pudiendo recurrir a la
contratación de personal sin necesidad de que las personas ostenten el estatuto
de funcionarios públicos (algo que ya se venía haciendo en algunos sectores),
también en empleos de dirección de la Administración del Estado. Se trata de
captar talento del sector privado para cubrir nuevos perfiles directivos o
técnicos que serán imprescindibles en el nuevo escenario que ya se alumbra. Se
implanta así el contrato de proyecto o de misión, que tiene –por su propia
naturaleza- la condición de temporal. La volatilidad de las necesidades del
sector público en los próximos años no se puede hacer frente con el rígido
estatuto de la función pública, que se mantiene, ciertamente, para determinadas
funciones (“permanentes”) del Estado. ¿Es el principio del fin de la
inamovilidad en la función pública? Tampoco hay que verlo así, pero aquí está
incubado un cambio copernicano.
-Contrapunto de lo anterior, el proyecto citado
pretende reforzar la transparencia y la equidad del marco de gestión del
empleo público, que también lo simplifica. Tal como se indica, como primer
empleador del país “la función pública debe ser ejemplar”. Esas nuevas
posibilidades de contratación deben venir acompañadas de un respeto inequívoco
de los principios de selección de empleados públicos, concretamente de la
igualdad en el acceso, en función de la capacidad, virtudes y talento de los
aspirantes. Todo ello implica, además, un reforzamiento del marco
deontológico de la función pública (ya impulsado, entre otras, por la Ley
de 21 de abril de 2016). La movilidad entre el sector privado y público
comporta necesariamente incrementar los controles deontológicos, especialmente
sobre las funciones más sensibles a ese trasiego público/privado.
-Las pautas de movilidad antes expuestas deben venir
acompañadas de las también inevitables transiciones funcionales que se
producirán en el empleo público francés en los próximos años, dentro de un
marco de reorganización de servicios. Y ello implica políticas de acompañamiento
y readecuación a aquellos funcionarios cuyos empleos (o, mejor dicho, tareas)
se supriman (algo, no olvidemos, que se ha pactado con los sindicatos). Todo
ello a través de una reforma en profundidad de la política de formación o de
aprendizaje permanente, que será clave en los años venideros para amortiguar (o
al menos intentarlo) los devastadores efectos que la revolución tecnológica
tendrá también sobre infinidad de tareas y no pocos empleos de la función
pública. También se prevén planes de salida (o jubilación) anticipada. Al
menos, hay percepción del problema y se intentan poner medidas. Otra cosa es
que sean suficientes y no se queden cortas en breve plazo.
-Y, en fin, el texto se cierra con un conjunto de
medidas dirigidas a reforzar la igualdad profesional en la función pública. La
ejemplaridad que debe mostrar siempre y en todo caso la función pública, obliga
a llevar a cabo las mejores prácticas de gestión que sirvan como espejo a la
sociedad, como por ejemplo las relativas a la igualdad entre mujeres y hombres,
así como a la lucha contra toda forma de discriminación.
Estos son, a grandes rasgos, los ejes de esa
transformación de la clásica y tradicional función pública francesa, que se
pretende llevar a cabo mediante un proceso de adaptación a una realidad cada
vez más acelerada y cambiante que, nos guste más o menos, afectará radicalmente
a la configuración de esa institución que desde hace menos de dos siglos
conocemos como función pública. No hay nada eterno, tampoco las instituciones.
Menos aún si aquellas no se adaptan.
En fin, si analizamos esta iniciativa desde nuestra pobre
y plana realidad político-institucional, solo se puede concluir que, como ha
sido habitual en nuestra historia, una vez más nos estamos quedando atrás. Ni
gobiernos, ni partidos, ni sindicatos, han incorporado la mayor parte de estos
desafíos en su agenda política inmediata. En esta ya eterna y cansina campaña
electoral, los retos a los que se debe enfrentar la Administración Pública en
un inmediato futuro, ni están, ni al parecer se les espera. Por tanto, no voy a
exponer aquí las escasas propuestas que se han deslizado por parte de algunas
fuerzas políticas en liza ya sea en actos públicos, entrevistas o incipientes
programas electorales, ni menos aún me detendré a examinar las demagógicas
ocurrencias de quienes pretenden con un inevitable gobierno minoritario o, en
su caso, cogido con pinzas, reformar algo de un edificio que se cae a pedazos
por todos los costados. Sin consenso transversal nada de esto será posible.
En verdad, no está habiendo ninguna propuesta política de
interés que comporte cambiar las envejecidas reglas de juego del (mal)
funcionamiento del sistema administrativo y del ineficiente modelo de gestión
de personas en las Administraciones Públicas. No basta con decir que se
“desarrollará el EBEP”, que se “evaluará el desempeño” y se adecuarán las
retribuciones a los resultados de la gestión o que se modificarán los procesos
selectivos (por no hablar de otras ocurrencias “lingüísticas”), los desafíos
son de tal magnitud que no visualizarlos ni tampoco afrontarlos es de una
enorme irresponsabilidad colectiva.
La pobreza del debate político sobre estos y otros muchos
temas es supina. Sobre el empleo público en España, que aglutina a más de tres
millones de personas, lo fácil en campaña es no decir nada y menos aún ser
portador de malas noticias (pues son muchos votos directos o indirectos). Mejor
hacer populismo barato, que al fin y a la postre es lo que están haciendo todas
las candidaturas en liza, con los diferentes instrumentos que cada una tiene en
su mano. No hay ninguna seriedad en las propuestas y menos aún iniciativas
realmente transformadoras. Tampoco en la reciente propuesta gubernamental de
Oferta de Empleo Público, que sigue anclada -como bien ha afirmado Francisco
Longo- en reponer empleos con fecha de caducidad y no en invertir en puestos
que desarrollen tareas cognitivas (esto es, las que demanda el futuro).
No se trata solo de “rejuvenecer”, sino también de “transformar”. La hipoteca
sindical pesa.
La institución de la función pública está sumida en un
profundo sueño. Adormecida por una politización intensa por la zona alta que
castra cualquier desarrollo profesional efectivo, blindada por un empleo
inamovible cuando en el entorno que le rodea todo es efímero, bulímica en
derechos y anoréxica en valores, colonizada por un corporativismo rancio y un
sindicalismo voraz que vende un falso igualitarismo y protege a una amplia
casta de empleos condenados a contraerse cuando no a desaparecer, así como
desconocida o ignorada por una ciudadanía y por unos medios de comunicación
ciegos o ignorantes de lo que allí sucede, la Administración y la función
pública española están en fase de acelerada descomposición. Y a nadie parece
importarle, menos aún a unos partidos cuya única pretensión es tocar poder o
mantenerse en él, colocando a los suyos y descolocando a quienes no lo son o no
los consideran como tales. Mientras tanto, algunos países transforman (o, al
menos, lo intentan) sus estructuras y otros mantenemos intacto lo que hay,
hasta que algún día el edificio en su conjunto se desmorone, sin que hayamos
sido incapaces de percibir a lo largo de todos estos años lo dañado que estaba
en sus cimientos. NOTA: Se puede consultar el citado Proyecto de Ley, en el siguiente PDF: PROJET DE LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
No hay comentarios:
Publicar un comentario