Elecciones del 3 de abril 1979 - 2019: 40 años de dolor y gloria del municipalismo español

"Si bien  estas últimas cuatro décadas han sido favorables para el municipalismo español, en la actualidad el entusiasmo social es mucho menor que en los años 80 y 90  porque los desafíos son nuevos y quizás mayores"

Por Luis Barbado. Gestores Públicos blog. El miércoles 3 de abril se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas de 1979, celebradas tras el largo paréntesis de la dictadura franquista, periodo  que abarcó desde  1939 hasta  1975. Aunque fue la UCD la que formalmente ganó aquellas primeras elecciones locales con el 30,6% de los votos, por primera vez los ciudadanos hicieron una decidida apuesta en las urnas por  los candidatos de izquierda -sobre todo en las grandes poblaciones, logrando el 41,3% de los votos entre PSOE (28,2%) y PCE (13,1%)- y que,  gracias al acuerdo alcanzado entre ambos, los candidatos socialistas se hicieron con las alcaldías de muchas grandes y medianas ciudades y no pocos pueblos.

Pasquall Maragall, alcalde de Barcelona
 en el periodo 1982-1997

El entusiasmo que generó la renovación de los ayuntamientos con carismáticos alcaldes progresistas activó  un  viento de cola al PSOE que tuvo un largo recorrido durante al menos dos mandatos, hasta 1987 y en algunos casos incluso hasta 1991,  a pesar de que en las primeras corporaciones locales eran inexpertas y carecían de recursos para afrontar grandes cambios en pueblos y ciudades, todavía muy descuidadas por las secuelas del rápido y desordenado desarrollismo de las dos décadas anteriores. Las carencias de infraestructuras y equipamientos eran más evidentes en los barrios y pueblos periféricos de las grandes urbes.

Ese entusiasmo por el nuevo municipalismo tuvo como primera consecuencia política la llegada a  la presidencia del gobierno de Felipe González en 1982, cargo que ya no abandonaría hasta 1996.

En esos primeros años de los ayuntamientos democráticos,  al menos hasta 1987, una vez superada la crisis económica del petróleo y la incorporación a la Unión Europea, las nuevas corporaciones gestionaron con más voluntarismo y gestos que planes estratégicos e inversiones. Tras los primeros años del gobierno de Felipe González se sentarían las bases de un Estado moderno y empezarían  a contar con  más recursos económicos  –propios por la confección de los primeros padrones completos de IBI y por mayores transferencias  del Estado y de las recién constituidas CCAA-, nuevas normas (la primera versión de la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7/85,  y la de Haciendas Local, Ley 39/1988) que permitieron mejorar la gestión local y  alcanzar la década de los noventa con un cambio de cara radical de nuestras ciudades, ya equiparables en muchos aspectos a las de nuestro entorno europeo.

Alcaldes carismáticos

De aquella década de los ochenta, muchos vecinos todavía echan en falta aquél clima de optimismo que infundieron algunos de sus  carismáticos alcaldes que en muchos casos aún son recordados en su memoria o incluso con placas  en el callejero o dando nombre a  equipamientos sociales. Fue el caso, entre otros,  de Enrique Tierno Galván en Madrid, (1979-1985); Pascual Maragall en Barcelona (1982-1997); Pedro Aparicio en Málaga (1979-1995); Ramón Sainz de Varanda en Zaragoza (1979-1986) ; Francisco Vázquez en A Coruña (1983-2006); Ricard Pérez Casado en Valencia, (1979-); Joaquín Nadal en Gerona (1979-2002); Vicente Álvarez Areces en Gijón (1987-1999); Julio Anguita y Herminio Trigo, en Córdoba (1979-1995) y  Tomás Rodríguez  Bolaños en Valladolid (1979-1995). Este último, fallecido en 2018, fue también presidente de la Federación de Municipios y Provincias (diputaciones), -FEMP-, igual que Ramón Sainz de Varanda, Pedro Aparicio y Paco Vázquez, todos ellos del PSOE.

A partir de las elecciones locales de 1991 y la irrupción de una nueva  crisis económica,  tras los fastos del 1992 empezó el declive socialista siendo los populares  los que pasarían a tomar el relevo y  tener más protagonismo en la vida local española.

En los años noventa el Partido Popular, que ya venía siendo el partido más respaldado en algunas convocatorias anteriores, también obtuvo varias alcaldías a partir de las elecciones de 1991 y 1995, dando paso a José María Aznar a la presidencia del Gobierno tras las elecciones de 1996.

Ley de Grandes Ciudades de 2003

La aportación más recordada del PP al municipalismo de esa etapa  quizás fue la Ley de Grandes Ciudades o  Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2004),  estableciendo un  modelo de gobierno local más presidencialista y teóricamente más gerencial y ágil, trasladando  asuntos de competencia del Pleno mensual hacia la Junta de Gobierno semanal, que es el sistema vigente en muchos ayuntamientos de más de 75.000 habitantes.

Igual que los socialistas tuvieron un elenco de alcaldes carismáticos, en la etapa popular erigieron como alcaldes estrella Alberto Ruíz Gallardón en Madrid, entre 2003 y 2011 –tras sustituir a Álvarez  del Manzano, que ostentó la alcaldía de la capital entre 1991 y 2003; Rita Barberá en Valencia entre 1991 y 2015;   Teófila Martínez en Cádiz, (1995-2015), o Francisco de la Torre, que aún sigue en la alcaldía de Málaga (2002-2019)

La alternancia en los gobiernos locales por parte  del  PSOE/PP –aparte de los nacionalistas vascos y catalanes en sus respectivos territorios, con grandes alcaldes como José Ángel Cuerda en Vitoria (1979-1999) - no cambió radicalmente el mapa de los ayuntamientos españoles tras las elecciones de 2015, a pesar de  que supuso un cierto terremoto la irrupción de alcaldes ajenos a esas formaciones en las grandes ciudades (Manuela Carmena en Madrid- Ada Colau en Barcelona, José María González, Kichi, en Cádiz, etc.,  todos ellos apoyados por la formación izquierdista Podemos, que quizás vivió su mejor momento ).   Ese cambio  tal vez puede explicarse como consecuencia de un cierto hartazgo del electorado hacia el bipartidismo  PSOE/PP,  grupos a los que muchos ciudadanos percibieron e esos momentos como responsables  de la larga crisis económica de 2008-2014, que conllevó grandes recortes en la prestación de servicios básicos a cargo de las distintas AA.PP, incluidos los ayuntamientos al ver disminuir drásticamente sus ingresos por una menor recaudación de partidas vinculadas  a la actividad económica (ICIO, IAE, etc.). Esa crisis fue aprovechada por el gobierno de Mariano Rajoy -con Cristobal Montoro  de ministro de Hacienda y AA.PP- para poner en marcha desde 2011 controvertidos proyectos de control del gasto y limitación de competencias en las AALL con el fin de impedir su quiebra económica y poder atender los servicios básicos en tiempos de crisis. 

Incógnitas y retos para después del #26M

Recuperados parcialmente de esa crisis económica, en las próximas  elecciones locales convocadas para el próximo 26 de Mayo, las undécimas desde 1979, los ciudadanos acudirán a las urnas con una oferta variada de candidaturas en las que previsiblemente el PSOE y el PP tendrán que buscar aliados en  otras tres  formaciones nacionales de distinto signo, incluso con sesgos populistas, surgidas tras el inicio de la crisis de 2008 (Ciudadanos, Podemos y Vox) para poder conformar mayorías que permitan gobiernos estables durante los próximos cuatro años. Los resultados de las elecciones generales del próximo 28 de abril tal vez den pautas para la cita en las urnas de un mes después.

En todo caso, el panorama político actual -muy fragmentado y crispado por la situación catalana- hará difícil los acuerdos tras las municipales, tan necesarios para abordar nuevos cambios y retos, muchos pendientes desde hace décadas y que están bloqueando  y retrasando la modernización del país en muchos aspectos que dependen de las Administraciones Públicas.

Por lo se refiere a las entidades locales, algunos de  esos retos son los siguientes:

-      - Nueva gobernanza local. La reforma pendiente del conjunto de  las AA.PP                lastra     en mayor medida la gestión de las entidades locales, resistentes  a    su  profesionalización/modernización/digitalización, retrasando que se    transformen en administraciones  inclusivas, dado el excesivo peso de la discrecionalidad y arbitrariedad política que impide que los funcionarios sean seleccionados y promocionados en base al mérito y la capacidad y por tanto independientes frente al  sectarismo/clientelismo político vigente.

 -Mayor Transparencia.-Vinculado a la gobernanza local, hay que profundizar en la transparencia para contrarrestar el poder político local que debería corresponder a otras instituciones del Estado (Tribunales de Justicia, Tribunales de Cuentas, etc.) y a los medios de comunicación, en muchas ocasiones “neutralizados” por su dependencia de la publicidad institucional. Pocos ayuntamientos han puesto en marcha mecanismos de control frente a la corrupción a pesar de ser percibida como una realidad muy extendida por los ciudadanos. El CIS sigue señalando este problema de forma destacada y recurrente, asunto del  que los partidos políticos se desentienden salvo para el reproche del adversario.

 - Combatir la desigualdad.-A pesar de ser las administraciones más próximas a los ciudadanos, no parece que desde los ayuntamientos y diputaciones se aborde con decisión los problemas de desigualdad que han crecido en los últimos años. Frente a otras políticas más populistas como proliferación de fiestas o apoyo a determinados colectivos sensibles, no  siempre parece ser prioridad los consignar recursos para Servicios sociales para combatir  la marginación o favorecer la conciliación (familias con escasos recursos, política de vivienda, exclusión social, etc.)

 -Favorecer el emprendimiento.- Corresponde a  todas las AAPP favorecer el emprendimiento y ser  proactivos hacia la actividad económica, como garantía y viabilidad  de empleo de los vecinos y forma de competencia y estímulo para mejorar sus condiciones de vida. Los efectos de una futura robotización también tendrán efectos en la vida local, igual que los está teniendo la actual globalización económica.

 - Movilidad y medio ambiente. El tráfico y la movilidad urbana ha sido un gran problema ciudadano -ruido y contaminación- que parece encontrar soluciones con las propuestas de smart city -consumo de agua y energía, peatonización de cascos históricos, movilidad compartida con energías limpias- que aún tienen mucho margen de mejora si existe voluntad política como ocurre ya en muchas ciudades.

 -El despoblamiento de las zonas rurales y la concentración de la población en grandes ciudades y sus periferias  como ocurre en Madrid y en otras de la costa mediterránea (Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, etc.). Esta tendencia está generando un dualismo entre pueblos-ciudades en declive frente a grandes ciudades más dinámicas. Otro problema vinculado  es el envejecimiento de la población y la inviabilidad de gestionar los pequeños municipios (casi siete mil de los más de ocho mil existentes), problema cada vez más patente que urge implementar nuevas fórmulas con cambios legales. En este asunto, los esfuerzos que hayan podido hacer las cuestionadas  Diputaciones  han tenido escaso éxito. 

Si bien  estas últimas cuatro décadas han sido favorables para el municipalismo español, en la actualidad el entusiasmo social es mucho menor que en los años 80 y 90 porque los desafíos son nuevos y quizás mayores. Con el agravante de que aún teniendo mucho recorrido por delante, estos retos ya no podrán abordarse solo desde los ayuntamientos  y ni tan siquiera desde las CC.AA o gobiernos nacionales, por más que en estos días de campaña los partidos políticos se pongan en modo populista –más si cabe- ocultando al electorado la cruda realidad y la inviabilidad de muchas de sus propuestas esbozadas. Unas por falta de recursos y otras, más económicas pero difíciles de implementar, porque requieren amplios acuerdos de los que la mayoría es escéptica por el modo excluyente de gestionar la política diaria.