Los funcionarios piden regular la denuncias contra la corrupción en las Administraciones Públicas

El 84% de los funcionarios murcianos están a favor de poder denunciar la corrupción sin recibir represalias

Revista de prensa. La Opinión de Murcia.- La gran mayoría de empleados de la Administración pública regional considera importante que la futura Ley de Buen Gobierno de la Región de Murcia, que el Ejecutivo de Fernando López Miras pretende sacar adelante en lo que queda de legislatura, contemple la regulación del régimen de denuncias sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y otras medidas de protección para los denunciantes.

Así se desprende al menos de la encuesta realizada a los funcionarios realizada por la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, dentro del proceso de consulta pública, puesto en marcha por la consejera Noelia Arroyo, para el diseño de las políticas que llevará a cabo su departamento en estos dos años. En la consulta participaron un total 612 trabajadores públicos, lo que supone un 7% del total de la plantilla. Un dato con el que el Gobierno regional está contento, pues es el más exitoso de los que se han realizado hasta el momento.

Según esta encuesta, un 84% de los encuestados, casi nueve de cada diez, pedían la regulación de un régimen de protección para aquellos funcionarios que, en el ejercicio de su trabajo, puedan apreciar algún delito contra la corrupción sin temor a recibir represalias laborales por ello.

Puertas giratorias

Era uno de los aspectos que más preocupaban a los que participaron en el proceso, según los datos que constan en el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma, donde también dejaban patente la necesidad de regular las llamadas 'puertas giratorias', con una clara definición del régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración autonómica. Esto preocupaba al 90% de empleados públicos que participaron en el proceso de la Consejería de Transparencia.

Asimismo, los funcionarios también son partidarios de que la Ley de Buen Gobierno contemple mecanismos para que un cargo público no lo pueda ocupar cualquiera. Un 89% de los encuestados consideraba importante o muy importante que la futura normativa establezca unas condiciones de ideonidad que debe reunir una persona antes de ser nombrado para un cargo político, que además estará sometido por ley al cumplimiento de una serie de principios éticos que ya definiría la norma autonómica.

En los resultados de la encuesta llama también la atención comprobar que un 78% pide que en la Ley de Buen Gobierno quede perfectamente definida la regulación del Ejecutivo en funciones, estableciendo las reglas de la actuación en el caso de traspaso de poderes. Y es que los empleados públicos de la Comunidad han trabajado ya con tres gabinetes distintos en los tres últimos años, como consecuencia de la convulsión política vivida en la Región. Muchos funcionarios se han visto movidos de una consejería a otra en función del reparto de competencias que haya realizado el presidente de turno.

Asimismo, destaca el gran número de aportaciones libres realizadas por los trabajadores de la Administración regional que han completado la totalidad de la encuesta, que constaba de cuatro apartados (Transparencia, Participación, Datos Abiertos y Buen Gobierno) y 33 preguntas. En total, se han obtenido 460 aportaciones, entre las que sobresalen las realizadas sobre Transparencia, con 191 (42% del total), seguidas de Participación, con 100 aportaciones (22 % del total), según fuentes de la Comunidad.