Hay que prestigiar y reinventar las unidades de apoyo político

" La presencia de una dimensión política en la Administración pública es imprescindible y necesaria en unas dosis adecuadas para evitar caer en la deriva de un perverso gobierno tecnocrático"

Por Carles Ramió. esPúblico.es blog.- Existe en el acervo administrativo una animadversión hacia las unidades de apoyo político: mayoritariamente gabinetes de asesoramiento y comunicación política, de protocolo y funciones de secretaria personal hacia altos cargos políticos de carácter ejecutivo. Puede considerarse que estas reticencias son injustificadas ya que los altos cargos políticos en la Administración reclaman objetivamente un tipo de apoyo específico que no le puede proporcionar la estructura profesional.

 Los altos cargos políticos suelen desconocer la complejidad de las instituciones públicas y se enfrentan a unos expertos profesionales que se mueven con fluidez en la selva institucional y que poseen su propia agenda derivada de sus convicciones tecnocráticas e ideológicas. Es lógico que los cargos tecnocráticos intenten imponer sus agendas al nivel político y que, además, manifiesten dinámicas de resistencia al cambio para intentar no salir de su espacio de confort. Por tanto, no parece inadecuado empoderar a los altos cargos políticos, que son los que poseen legitimidad democrática, para que puedan gobernar con mayor solvencia la complejidad institucional. En estos momentos en que las administraciones se enfrentan a un entorno turbulento y tiene que hacer frente a retos sorprendentes e inéditos no solo hace falta más inteligencia administrativa sino también una mayor inteligencia política. La presencia de una dimensión política en la Administración pública es imprescindible y necesaria en unas dosis adecuadas para evitar caer en la deriva de un perverso gobierno tecnocrático. La novedad en esta dimensión reside en dos factores: por una parte, que las unidades de apoyo político tengan suficientes capacidades profesionales y estratégicas para poder desarrollar con solidez su función de asesoramiento político. En muchas de nuestras realidades administrativas no es así ya que los puestos de asesores políticos (personal eventual) suelen estar reservados a cuadros junior de los partidos políticos que carecen de la experiencia suficiente para poder ejercer su función estratégica. Siempre me ha resultado sorprendente que cuando he visitado a algún alto cargo político, éste me reciba con dos o tres jóvenes presentados como asesores. Eventuales que se limitan durante la reunión a tomar apuntes y nunca participan con su opinión. Se comportan, en el mejor de los casos, como secretarios y, en el peor, como becarios aprendices.  Un puesto de asesor es justo el contrario que un perfil de aprendiz político e institucional: se trata de un perfil profesional con alta experiencia administrativa y/o política (senior). Por otra parte, otro problema típico es que los asesores no se limitan a asesorar a su alto cargo político, sino que suelen involucrarse en la gestión del día a día coordinando determinados proyectos, dirigiendo a algunos empleados públicos. Se trata de unas prácticas y cometidos en las que los asesores (personal eventual) carecen de las competencias profesionales necesarias y, por tanto, no poseen legitimidad administrativa para ello. Los asesores políticos no deberían gestionar directamente proyectos ni dirigir a empleados públicos. Sus funciones están adscritas o unidades staff de apoyo sin funciones ejecutivas. Deberían limitarse a elaborar informes y dar consejos a su cargo político de referencia y que éste se encargara de las funciones ejecutivas y de definir las tareas a los empleados públicos.

Estas dos problemáticas están entrelazadas: unos asesores sin capacidades reales de asesoramiento político de carácter estratégico no pueden evitar inmiscuirse y entretenerse en la gestión ordinaria con el resultado de que no aportan valor político, enredan el tejido administrativo y desconciertan y crispan a los profesionales de la función pública. En definitiva, consideramos que la asesoría política es un ingrediente importante para reforzar la inteligencia política en la Administración pública y que contribuye a reforzar su visión estratégica, pero para ello es imprescindible que los asesores dispongan de las competencias adecuadas y estén retribuidos en consecuencia. En este sentido, en relación a los eventuales asesores políticos habría que priorizar más la calidad que la cantidad: menos asesores, pero mucho más potentes y con perfiles más adecuados.

El creciente papel de las Diputaciones provinciales para frenar la creciente brecha algorítmica local

 "Las instituciones públicas, tradicionalmente concebidas como estructuras jerárquicas y burocráticas, deben ahora reconstruir su legitimidad en torno a principios de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas algorítmica. La delegación de decisiones a sistemas automatizados plantea interrogantes sobre la soberanía administrativa, la justicia procedimental y la confianza ciudadana"

 Por Borja Colón de Carvajal. esPúblico blog.- La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sector público europeo constituye, en términos de Misuraca y Van Noordt (2020), una auténtica «revolución silenciosa». Lejos de los discursos tecnológicos grandilocuentes, la transformación se está produciendo de manera progresiva y estructural, alterando las dinámicas internas de las organizaciones públicas, sus formas de toma de decisiones y, en última instancia, las capacidades institucionales necesarias para gobernar digitalmente. Esta revolución, aunque silenciosa, está redefiniendo el papel del Estado como garante del interés general en un contexto donde los algoritmos comienzan a mediar en la gestión de recursos, la prestación de servicios y la relación cotidiana entre administraciones y ciudadanía. La IA deja de ser un mero instrumento operativo para convertirse en un vector de transformación institucional que demanda nuevas competencias, nuevos marcos normativos y, sobre todo, una nueva cultura administrativa orientada al dato, la evidencia y la responsabilidad tecnológica.

El impacto de la IA en el sector público no se limita a una mejora incremental de los procesos administrativos, sino que introduce un cambio de paradigma en la relación Estado-sociedad. Las instituciones públicas, tradicionalmente concebidas como estructuras jerárquicas y burocráticas, deben ahora reconstruir su legitimidad en torno a principios de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas algorítmica. La delegación de decisiones a sistemas automatizados plantea interrogantes sobre la soberanía administrativa, la justicia procedimental y la confianza ciudadana. Según Meijer y Bolívar (2021), la incorporación de algoritmos en la gestión pública obliga a revisar la naturaleza misma del contrato social digital: ya no basta con ser eficientes; las administraciones deben ser comprensibles y auditables. La transparencia algorítmica emerge así como un nuevo imperativo democrático que redefine la noción de responsabilidad pública en la era de la automatización.

En el ámbito local, esta transformación adopta rasgos particularmente complejos. Veamos porqué.

Los municipios representan el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y, por tanto, el espacio institucional donde la IA podría desplegar un mayor potencial para personalizar servicios, anticipar necesidades y mejorar la interacción con las personas usuarias. Sin embargo, como advierten Wirtz, Weyerer y Geyer (2019), las administraciones locales son también las que enfrentan mayores limitaciones estructurales para la adopción de estas tecnologías. A menudo carecen de los recursos económicos, el personal especializado y las infraestructuras digitales necesarias para diseñar, implementar y mantener sistemas de inteligencia artificial de manera ética y segura. La fragmentación territorial de los gobiernos locales en Europa —y muy especialmente en España, con miles de municipios de reducida dimensión— agrava esta situación, configurando un panorama de capacidades altamente desigual que amenaza con concentrar la innovación tecnológica en entornos urbanos o institucionalmente más avanzados.

Esta paradoja revela lo que Janssen, Brous, Estevez y Barbosa (2020) denominan el «dilema de la innovación asimétrica». En él, los actores públicos con mayor capacidad tecnológica tienden a avanzar más rápidamente en la adopción de IA, mientras que los municipios con menores recursos quedan rezagados, generando una brecha estructural entre territorios innovadores y territorios dependientes. La consecuencia no es solo técnica, sino política: se produce una desigualdad en la posibilidad de acceder a los beneficios de la automatización, con el riesgo de consolidar un «mapa desigual de la digitalización pública». Las administraciones con escasos medios se ven relegadas a una posición pasiva, dependiendo de soluciones estandarizadas o de proveedores externos que no siempre se alinean con sus intereses públicos ni con las garantías de soberanía tecnológica que exige la administración electrónica contemporánea.

Este fenómeno desemboca en lo que Van Dijk (2020) ha conceptualizado como una «brecha algorítmica»: una nueva forma de desigualdad que ya no se mide solo por el acceso a la tecnología, sino por la capacidad institucional para comprenderla, auditarla y adaptarla. La brecha algorítmica se manifiesta en la falta de habilidades analíticas dentro de las organizaciones públicas, en la opacidad de los sistemas de decisión automatizados y en la ausencia de marcos de gobernanza de datos que permitan una integración efectiva de la IA en los procesos administrativos. En los entornos locales, esta brecha se amplifica por la escasa coordinación intermunicipal y la falta de estrategias conjuntas que permitan compartir conocimiento, infraestructuras y buenas prácticas. La consecuencia es un ecosistema fragmentado donde la innovación se convierte en un privilegio institucional y no en un bien público compartido.

Frente a este escenario, la construcción de una gobernanza inteligente y equitativa de la IA requiere actores intermedios que actúen como mediadores tecnológicos e institucionales. Las diputaciones provinciales —y, en otros contextos, los gobiernos regionales o insulares— pueden desempeñar un papel decisivo en este proceso. Su posición como entidades de soporte a los municipios les otorga la capacidad de articular políticas de inteligencia artificial en clave territorial, promoviendo un acceso equitativo a las herramientas, la formación y la infraestructura necesaria para la transformación digital. No se trata únicamente de ofrecer servicios tecnológicos centralizados, sino de facilitar la creación de capacidades locales, de generar confianza institucional y de garantizar que la innovación pública se construya desde la colaboración y no desde la dependencia.

Las diputaciones pueden, por tanto, evolucionar desde su tradicional rol de prestadoras de servicios hacia una función más estratégica de acompañamiento y fortalecimiento institucional. En este sentido, iniciativas orientadas a la compartición de datos, el desarrollo de plataformas interoperables o la formación de comunidades de práctica en inteligencia artificial pública resultan fundamentales para reducir la brecha algorítmica. Como apuntan Criado, Bertot y Valero (2023), el verdadero desafío no reside en automatizar más procedimientos, sino en hacerlo de manera justa, responsable y adaptada al contexto de cada territorio. La innovación, en última instancia, debe ser un instrumento al servicio de la cohesión territorial y de la equidad en la prestación de servicios públicos.

Esta «revolución silenciosa» de la inteligencia artificial en el sector público será sostenible solo si se construye desde una visión cooperativa del Estado, donde la digitalización no sea un fin en sí misma, sino un medio para fortalecer la capacidad colectiva de gobernar.

Las administraciones locales, en su proximidad y conocimiento del territorio, son actores clave de esa transformación. Pero para que puedan ejercer ese papel, necesitan apoyo institucional, marcos éticos robustos y estructuras intermedias que aseguren que la inteligencia artificial pública no profundice las desigualdades existentes, sino que contribuya a un modelo de gobernanza verdaderamente inclusivo, transparente y centrado en las personas.

Criado, J. I., Bertot, J. C., & Valero, J. (2023). Artificial intelligence in the public sector: Pathways, challenges, and future directions for research. Government Information Quarterly, 40(2), 101776. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101776

Janssen, M., Brous, P., Estevez, E., & Barbosa, L. S. (2020). Symmetric and asymmetric innovation in the public sector: Understanding the dilemmas of technology adoption. Government Information Quarterly, 37(4), 101473. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101473

Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2021). Governing the algorithmic state: Towards increased transparency and accountability in public decision-making. Information Polity, 26(4), 501–515. https://doi.org/10.3233/IP-210307

Misuraca, G., & Van Noordt, C. (2020). AI Watch – Artificial Intelligence in public services: Overview of the use and impact of AI in public services in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union. EUR 30255 EN. https://doi.org/10.2760/039619

Van Dijk, J. (2020). The digital divide and the algorithmic gap: Understanding inequality in the data-driven society. Oxford Internet Institute Working Paper Series. University of Oxford.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges. International Journal of Public Administration, 42(7), 596–615. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103