Revista de prensa. El Periódico- Los sindicatos han
exigido a Pedro Sánchez que la repetición electoral no
interfiera en el cumplimiento del Gobierno de los compromisos firmados durante
la pasada legislatura con los funcionarios, principalmente la materialización de
la oferta pública de empleo de
33.793 plazas y y los incrementos salariales previstos
para el 2020. Así se lo han transmitido las centrales con representación
mayoritaria entre los empleados de la función pública (CCOO, UGT y CSIF) en una
misiva dirigida directamente al presidente en funciones.
En
materia de empleo, la entonces ministra de Política Territorial y Función
Pública, Meritxell Batet, pactó con las centrales una
oferta pública de empleo de 33.793 plazas para el 2019, pero que, por cuestión
de plazos, estaba previsto que se fueran publicando a lo largo del 2020.
Oferta de Empleo Público
CCOO,
UGT y CSIF también consideran imprescindible que el Gobierno en funciones
cumpla con ello para "dar estabilidad a las plantillas, con las
suficientes garantías jurídicas, que acabe con el insoportable nivel de
temporalidad e interinidad, el cual supone una vergüenza arrastrada
e impuesta irresponsablemente por los diferentes Gobiernos en todas las
Administraciones Públicas".
El
Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre del 2018
un incremento salarial para los trabajadores de la Administración Pública para
el periodo 2018-2020, pactado durante el anterior Ejecutivo de Mariano
Rajoy. El pago retroactivo del 1,95% correspondiente al 2018 ya se
realizó, al igual que la subida del 2,75% prevista para este 2019. No
obstante, queda pendiente de aprobar y diseccionar con sus respectivos 'extras',
según la evolución del PIB y la voluntad de las administraciones
locales, el incremento restante del 2020; que sería de entre el 2 y el
3%.
Los
sindicatos, que esperaban y no deseaban llegar a una repetición electoral han
instado este miércoles por carta a Sánchez a dejar atada dicha subida, ante la
dilatación de la formación de un próximo Gobierno más allá del mes de enero.
Las centrales, "aun siendo conscientes de las limitaciones jurídicas que
provoca esta situación de interinidad", tal como reconocen en su
carta, señalan que, de no acometer dichos compromisos,
ello "puede conllevar graves consecuencias sociales, económicas
y personales sobre los servicios públicos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario