Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, que
publicó ayer Transparency International, ha supuesto la subida de solo un punto
(de 57 a 58 puntos) en relación con el año pasado. Un escenario que aparece
encabezado por los países nórdicos Dinamarca, Finlandia y Suecia, como
viene siendo habitual durante los últimos años. Lista europea
Así, nuestro país ocupa la posición 41 entre los 180 países
clasificados en el IPC de este año, “poniendo en evidencia que la corrupción en
España sigue siendo un problema grave que debe llamar a la acción de las
autoridades y de la sociedad civil”, como dijeron los promotores en el acto de
presentación en Madrid de los resultados.
Durante los últimos 6 años,
entre 2012 y 2018, la calificación de España ha venido cayendo en 7 puntos,
siendo el país -tras Hungría y empatado con Chipre- que más ha caído en
puntuación en Europa en estos últimos años.
El índice clasifica los países (ver mapa interactivo)
según los niveles percibidos de corrupción en el sector público según
expertos y empresarios, utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente
corrupto y 100 es muy limpio. Más de dos tercios de los países suspenden este
año, es decir obtienen puntuaciones por debajo de 50. Sigue dando miedo ver
a Rusia con 28 puntos, lo que nos indica claramente la enquistada posición
de las mafias alrededor de la Administración.
En el resto del mundo, destaca Latinoamérica donde Uruguay,
Chile y Costa Rica continuan liderando los indices con notas de corte europeo.
Por abajo, seguimos viendo desangrarse a Venezuela, convertido en un
Estado fallido con 18 puntos.
Como suele recordar Manuel Villoria, todos los países bien
clasificados, excepto Singapur (que ya comentamos
en esta bitácora) también lideran las posiciones en los índices de
calidad democrática.
El diseño e implementación de instituciones que fomenten
la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas son la mejor
inversión de un país para su futuro económico y su justicia social.
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