Expansión: España, el país donde más cargos cambian al llegar un nuevo Gobierno

España es, con Turquía y Chile, el país donde un nuevo Gobierno hace más cambios. La OCDE avisa: esto favorece el ascenso de personas no cualificadas y daña la imagen de las instituciones

Revista de prensa. Ignacio Bolea Expansión.- El "cambio de época" anunciado por Pedro Sánchez no parece haber llegado a los hábitos de los partidos cuando llegan al poder. En los dos meses transcurridos desde la moción de censura, el nuevo Ejecutivo socialista ha cambiado casi al completo a los altos cargos de la Administración y las principales empresas públicas, donde más de 1.000 responsables designados por el PP han tenido que "dejar paso" a los del PSOE.

Esta práctica lleva siendo habitual en la vida política española desde el siglo XIX, como ya denunciaban las novelas de Benito Pérez Galdós. Su continuidad durante tanto tiempo ha provocado que hoy sea vista como "normal" por parte de muchos sectores de la sociedad, especialmente la propia clase política.

Farolillo rojo

Sin embargo, se trata de una auténtica anomalía si se compara con el resto de economías avanzadas, como pone de manifiesto la OCDE en su informe Government at a Glance 2017, publicado el año pasado. España ocupa, junto a Turquía y Chile, el "farolillo rojo" en el ránking que mide los efectos del cambio de Gobierno en la continuidad de los altos cargos de la Administración Pública.

Esta clasificación muestra que existen países con una cultura en este ámbito completamente opuesta a la española. Es el caso de Alemania, Holanda o Canadá, donde con el cambio de Gobierno ni siquiera se sustituye a los miembros del gabinete del ministro. En otros países -incluidos aquellos más cercanos culturalmente a España como Italia o Grecia-, lo habitual es que se realice una renovación casi total entre estos responsables pero se apueste por una mayor continuidad en los siguientes niveles administrativos.

Sin embargo, en España se sustituye a casi el 100% de los directores y subdirectores generales (lo que la OCDE califica como senior management D2), lo que supone un intervencionismo mayor que el que se da en países Europa del Este como Polonia o Hungría.

La propia OCDE alerta de las consecuencias negativas que tiene esta elevada tasa de reposición, que da lugar "a la preferencia por actores políticos en lugar de gestores con las habilidades y competencias necesarias para ser líderes efectivos". Esto es precisamente lo que ha hecho Sánchez al nombrar a su antiguo jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, pese a que no tiene experiencia homologable. Otro caso ilustrativo ha sido la designación de José Vicente Berlanga, licenciado en Filosofía, como presidente de Enusa, la sociedad de gestión del uranio, donde ha reemplazado a José Luis González, que llevaba casi dos décadas en el puesto y cuatro décadas en la empresa.

¿Dedazo? 

Además de afectar a la gestión, estos nombramientos provocan "una pérdida de confianza en las instituciones públicas" por parte de los ciudadanos. No es ni más ni menos que lo que ha sucedido con el último barómetro del CIS, que PP y Cs tildan de "cocinado" por dar una fuerte subida al PSOE justo después de que Sánchez nombrara presidente del organismo a José Félix Tezanos, hasta entonces miembro de su Ejecutiva. Un descrédito similar ha sufrido RTVE durante los últimos años, algo que ahora se quiere remediar eligiendo al nuevo consejo de administración mediante concurso público.

Otro efecto negativo que destaca la OCDE es que estas prácticas pueden "minar la profesionalidad de los empleados públicos", que se ven obligados a apostar por un "bando" para progresar en su carrera profesional. Además, el hecho de que los cargos de responsabilidad se sustituyan con cada cambio en el Gobierno hace que no exista "la estabilidad en la gestión necesaria para implantar y supervisar las reformas a largo plazo".

Pese a las advertencias de la OCDE, estas prácticas se encuentran fuertemente arraigadas en la cultura política española desde la época del caciquismo decimonónico. Para Fernando Gutiérrez del Arroyo, economista del área de Estudios de Solchaga Recio & Asociados, su pervivencia hasta la actualidad obedece al "revanchismo entre partidos", que parten de la concepción de que "la Administración responde al Gobierno y no a la sociedad".

Requisitos de idoneidad

Aunque se trata de una práctica fundamentalmente cultural, consolidada a través del hábito, está amparada también por la legislación. Así, tanto el presidente como los ministros disponen de un amplio margen para nombrar altos cargos de libre designación, que pierden automáticamente el puesto cuando cesa el responsable que les ha designado. Asimismo, como ha denunciado el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor (ver EXPANSIÓN del 24 de julio), los nombramientos en las sociedades estatales no siquiera deben ceñirse a los requisitos de idoneidad que sí se establecen para otros altos cargos.

Para remediar este problema, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) defiende la creación de un Estatuto del Directivo Público que reduzca la influencia política en el nombramiento de estos altos cargos, blindando al menos hasta los directores generales. Su presidente, Jordi Solé Estalella, apela a los ciudadanos para "llevar a la conciencia de los políticos" los efectos negativos de esta politización del sector público.

Por su parte, Gutiérrez del Arroyo defiende que se debe "promover una cultura de la Administración autónoma a los partidos". Según explica, los Gobiernos deben marcar una "dirección política", pero son los profesionales del sector público quienes deben "hacerla viable".