"El circuito consiste en pagar un sobrecoste a las empresas privadas que ejecutan obra pública y prestan servicios públicos"
Carles Ramió. Blog EsPúblico.- Un estudio reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la potencial factura de la corrupción en la contratación pública llega a 48.000 millones de euros anuales (el 4,5 del PIB) debido a que afirma que en esta contratación en España hay un sobrecoste injustificado del 25%. Es evidente que no toda esta cantidad se puede imputar a la corrupción, ya que hay muchos problemas y fugas de dinero por motivos estrictamente técnicos que hay que mejorar, pero también es cierto que este dinero perdido y mal gastado del erario público es la gasolina del motor de la corrupción política.
La financiación ilegal de los partidos políticos, las cuentas en los paraísos fiscales de los “recaudadores” de los partidos y todos aquellos políticos corruptos que van por libre consiguen sus billetes de 500 euros de un porcentaje de los contratos públicos. La corrupción política no es capaz de meter directamente la mano en la caja del dinero público, ya que los controles internos lo impiden; y el circuito consiste en pagar un sobrecoste a las empresas privadas que ejecutan obra pública y prestan servicios públicos y éstas son las que transfieren ciertas cantidades de dinero a los partidos políticos y a los cargos políticos que operan por su cuenta. También estos sobrecostes son compensados, en parte, por estas empresas a los políticos por la vía de pagos en especie: todo tipo de regalos, compensaciones a las empresas (muchas de consultoría) de los familiares de los políticos, o empleos dorados para los políticos una vez abandonan su puesto institucional (la versión más dura de las puertas giratorias). En definitiva, atajar estos sobrecostes en los contratos supone erradicar la mayor parte de la gasolina de la corrupción. Que nadie se lleve a engaño ya que es imposible pensar que estos 48.000 millones de euros anuales sea la cantidad que se apropian los partidos políticos y los políticos corruptos en sus bolsillos. La mayor parte de esta cantidad se la quedan las empresas contratistas como beneficios extraordinarios. Pongamos un ejemplo que saltó en los medios hace unos meses, de una nueva presunta trama de corrupción en Valencia, que tiene el triste privilegio de ser la comunidad autónoma líder en este tipo de escándalos. Se trata del caso Castellano. Éste, cuando era consejero de Gobernación de la Generalidad de Valencia, contrató por 33 millones de euros a una empresa de extinción de incendios denominada Avialsa. Castellano está siendo investigado ya que recibió regalos como una escopeta de caza, relojes, vino, jamones, disfrute de monterías y dinero en efectivo. En las monterías, que era el escenario de encuentro entre el propietario y directivos de la empresa y el consejero, es donde se negociaba la fechoría: “el testimonio y las pruebas aportadas por el ex gerente de Avialsa, que ha desvelado que invitaron a Castellano a jornadas de caza para negociar con él el amaño de un gran contrato de 33 millones. «Cazábamos y después de comer hablaba a tumba abierta de que nos iba a aumentar el volumen de negocio y a perdonar los incumplimientos»”. Analicemos este caso en un plano exclusivamente hipotético:
Sobrecostes
Si damos por cierto que los sobrecostes de este contrato son la media de lo que afirma la CNMC (un 25% del importe total de la contrata) tenemos la cantidad de 8.250.000 euros. Es obvio que lo que recibió Castellanos tiene que ser una muy modesta cantidad con relación a esta importante cifra. Las monterías, la escopeta, los relojes, el jamón y el vino (un ejemplo más de lo casposa que es la corrupción en España) son productos caros pero irrisorios ante esta espectacular cantidad de dinero. Queda por dilucidar cuánto dinero contante y sonante se llevó Castellanos por la vía de los ya legendarios sobres, pero con todo se puede hacer la hipótesis que, en total, el coste a nivel personal de esta corrupción no superó los 250.000 euros. Vamos a ponernos en la peor de la situaciones e imaginemos que esta empresa también financió al partido político en el Gobierno (es una mera hipótesis). En estos casos el porcentaje de comisión sobre el contrato suele rondar el famoso 3% y se acercaría, por tanto, a un millón de euros. Resultado final: de 8.250.00 millones de sobrecoste de este contrato quedarían repartidos en 1.250.000 euros como corrupción política y 7 millones de euros como beneficios extra para la empresa Avialsa (recordemos que todo son meras hipótesis).
Si hacemos el ejercicio teórico de extrapolar este caso concreto al volumen total de los sobrecostes anuales en España en contrataciones públicas, 48.000 millones de euros anuales, denunciado por la CNMC, el resultado sería el siguiente: 1.584 millones que se podrían asignar a la corrupción política (financiación ilegal de los partidos políticos y a sus políticos individualmente corruptos) y 46.416 millones de dinero extra a todo el sector privado contratista del sector público. Lo afirmado en el título es cierto: la corrupción política no solo deteriora gravemente el espacio público sino también es muy ineficiente y, además tiene un aroma casposo. La corrupción en otros países, por ejemplo, Francia posee mucho más glamour.
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