¿ Adiós al personal eventual en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales ?

Así lo contemplará la nueva Ley de Régimen local. Sólo se autorizaría para casos excepcionales, cuando no hubiese funcionarios para desarrollar una competencia muy específica.

Revista de Prensa. El Mundo 11.6.2013.-La norma que ajusta el cinturón a los ayuntamientos –el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local– ya está en capilla y limita, entre otras cuestiones, el número de personas de confianza, a dedo, que se pueden nombrar. Por lo pronto, el Ejecutivo quiere la profesionalización de los gobiernos locales: deberán ser funcionarios tanto los segundos y terceros escalafones (coordinadores y directores generales) como el personal directivo (gerentes y consejeros delegados) de los entes o empresas públicas.

Eso sí, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha conseguido colar en este último borrador una cláusula que permitiría excepciones, según precisaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Concretamente, el añadido es: «Salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario».

«Sólo se autorizaría para casos excepcionales, cuando el alcalde quiera que se desarrolle una competencia muy específica y no haya un funcionario en la Administración local que tenga esa formación para poder desarrollar la actividad. Además, lo tendrá que justificar adecuadamente», precisan las fuentes informantes. 

Hace un par de semanas, el Ministerio remitía el anteproyecto al Consejo de Estado para que manifestase su parecer. Se trata de un órgano consultivo cuya decisión no es vinculante. La idea del Ejecutivo es que a mediados de mes haya una resolución y que el texto definitivo sea aprobado por el Consejo de Ministros a lo largo del mes de julio. 

Es decir, que si se mantiene el calendario, se aprobará la norma un año después de que viese la luz el primer borrador. Entre tanto, no han sido pocos los problemas que ha atravesado. La negociación con el PSOE acabó en fiasco debido a que, fundamentalmente, entendía que el Gobierno quería mercantilizar a los pequeños municipios. De hecho, los socialistas, a través de su secretario federal de Política Municipal, Gaspar Zarrías, ha anunciado que el PSOE llevará la norma al Tribunal Constitucional por «guillotinar la capacidad de gestión» de los ayuntamientos. 

Concretamente, se verían afectados 6.000 pequeños municipios, 5.583 de menos de 5.000 habitantes (92,1%) y 344 municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes (el 37%), según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Básicamente, dejarían de dar servicios, ya que lo hacen con un coste superior al que pueden asumir. En este proceso también ha tenido un importante papel la FEMP, que ha puesto matices hasta llegar a este documento final. 

Para 2014

La idea del Gobierno es que, después de aprobarlo, sea discutido en el Congreso en otoño y que esté aprobado y vigente el enero próximo.

Además, la norma fija el sueldo de los alcaldes y del resto de miembros de la corporación. Toma como referencia el sueldo de un actual secretario de Estado (67.055,31 euros), que será lo que cobren los regidores de una población superior a los 500.000 habitantes. A medida que la cifra de habitantes disminuya, el sueldo se irá reduciendo. La cifra se establecerá anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado. Algo parecido ocurre en el caso del personal eventual. Por ejemplo, la norma deja claro que las poblaciones inferiores a 5.000 habitantes no podrán tener ninguna persona elegida a dedo. En el caso de las localidades de más de 500.000 habitantes, su número no será superior al 0,7% del total de la plantilla.

De igual forma, y atendiendo a la población, establece qué número de alcaldes y concejales podrán tener dedicación exclusiva. Los municipios, por ejemplo, de entre 15.001 y 20.000 habitantes no podrán tener más de siete responsables políticos con dedicación plena. Madrid y Barcelona tienen un límite máximo de 45 y 32, respectivamente.

El documento reconoce, de hecho, el régimen especial de Madrid y Barcelona debido, fundamentalmente, a su tamaño.