El coste estándar para cada servicio público tendrá en cuenta peculiaridades gallegas como dispersión y envejecimiento

La norma potenciará la figura de secretarios e interventores municipales para garantizar que cada euro se gaste con "absoluta legalidad"

Orense, 10 May. (EUROPA PRESS).  El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta, ha explicado en Ourense algunos detalles del anteproyecto de ley que se prevé llevar a las Cortes Generales antes de julio como la determinación de un coste estándar para los servicios públicos ofrecidos por cada administración, según el precio y el número de ciudadanos pero teniendo en cuenta peculiaridades gallegas como la dispersión y el envejecimiento.

   Beteta ha intervenido en una jornada de debate sobre el futuro de las provincias organizada por la Diputación de Ourense, donde habló sobre la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el marco de la reforma que ya está en marcha para las administraciones.

 En su conferencia, ha desgranado novedades como la actualización del listado de actuaciones propias de cada administración para poder después determinar qué actividades complementarias hacen los consistorios, cuando en realidad son propias de otras administraciones, como las autonómicas y que, por tanto, estas deberán pagar a aquellos. "La ley prohibirá la duplicidad de servicios y todos aquellos prestados por ayuntamientos pero que deberían prestar las Comunidades Autónomas; podrán ser cobrados directamente por la administración local del presupuesto destinado por el Estado a la Comunidad, lo que ampliará el peso del municipalismo en el gasto público y garantizará la viabilidad presente y futura de las entidades locales", ha resaltado.

Cambio cultural

   Ha aludido también a secretarios e interventores municipales para señalar que se potenciarán en la reforma prevista "para garantizar que cada euro se gasta con absoluta legalidad". Beteta dijo que ese aspecto es criticado "porque muchos confunden legalidad con oportunidad y en las justificaciones de la reforma va bien detallado que la gestión política corresponde a alcaldes y concejales, pero el control de la legalidad es cosa de los funcionarios estatales y deben tener independencia para hacer sus informes de legalidad".

 Según el secretario de Estado, hay alcaldes y concejales "que actúan sobre sus funciones estatales, presionándolos con cambios de salario y otras cosas, para que su informe de legalidad no sea el que tiene que ser pero la ley quiere evitar esto, y también que los secretarios cuestionen la oportunidad, algo que corresponde a alcaldes y ediles".

  La conferencia terminó con una reflexión de Beteta sobre el "cambio cultural" que supondrá la reforma en camino, "sobre todo para los que llevan más tiempo en los municipios", y explicó que estos cambios en los modos de actuar "traerán muchas críticas pero son absolutamente demandados desde instancias europeas".

   Durante su intervención, el responsable de Administraciones Públicas relató que un ministro alemán le deseó suerte para esta reforma "porque en España hay 8.117 municipios y, respecto a países como Alemania o Suecia, sobra la tercera parte pero se tiene un fuerte apego a lo municipal y eso conformó la forma de entender la realidad y supone una participación activa ante los problemas y una identidad". Aludió a las fusiones de municipios para recordar que esas decisiones, como la tomada por Oza dos Ríos y Cesuras, "se protegen y amparan desde el Gobierno, si son voluntarias, pero no se impondrán". "Lo que sí se impondrá en la estabilidad financiera por la Ley de Sostenibilidad local y el fin es conseguirla", advirtió.

AA.PP. sin morosidad

Dictámenes europeos obligan a acabar con la morosidad en las AAPP españolas y la ley en marcha, según Beteta, lo hará pues obliga a realizar los pagos en 30 días. "Esto obliga a gastar sólo lo que se puede pagar y habrá una responsabilidad personal del funcionario y político que pague sin poder pagar", añadió para señalar que los retrasos habituales "están causando despidos en las empresas que proveen a las administraciones pues en este momento, ni una sola Comunidad Autónoma hace sus pagos en ese plazo de 30 días, incluso vimos facturas en pesetas, sin pagar", destacó.

 Los contratos de las Administraciones serán públicos, igual que sus costes y el coste estándar de cada servicio y así se evitarán duplicidades, se hará visible la eficacia de cada administración y los servicios se ofrecerán y gestionarán con criterios económicos "y no políticos, lo que mejorará la calidad democrática por la vía de la transparencias, algo absolutamente demandado desde instancias europeas".