"Tan solo un 1 de cada 4 encuestados por declaran tener confianza en los partidos políticos, y menos del 50 por ciento confía en el gobierno en general"
Por Por Julián Messina y Juliana Quigua. Nada es Gratis blog.- Porcentaje que considera que la corrupción está extendida entre los políticos
Contra lo que cabría esperar, España es un país de personas bastante confiadas. Según este estudio de la fundación BBVA, los españoles confían en gran medida en otras personas y no se limitan a amigos y familiares, sino que extienden esta confianza a vecinos, connacionales y hasta a instituciones como la sanidad pública, la policía y el ejército. A nivel europeo estamos lejos de Dinamarca, que presenta los niveles de confianza interpersonal más altos de Europa continental, pero más cerca de Alemania y Gran Bretaña que de nuestros vecinos de Francia, Italia y Portugal. Sin embargo, cuando hablamos de políticos y el gobierno nacional, la desconfianza entre nuestros conciudadanos es la nota dominante. Tan solo un 1 de cada 4 encuestados por declaran tener confianza en los partidos políticos, y menos del 50 por ciento confía en el gobierno en general.
¿Por qué es tan elevada la desconfianza hacia el gobierno y los políticos? Los motivos para desconfiar de los políticos son potencialmente muchos. La distancia entre las promesas preelectorales y las políticas públicas llevadas a cabo durante el gobierno seguro que no ayudan. En este artículo nos vamos a centrar en un aspecto que nos parece destacado: las percepciones de corrupción. Aquí, los españoles vamos a una. Según el citado estudio de la fundación BBVA, nueve de cada diez encuestados declaran que la corrupción está muy o bastante extendida entre los políticos. En un reciente estudio que hicimos para América Latina encontramos percepciones de corrupción similares. Nueve de cada diez encuestados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú están muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que los políticos reciben sobornos de manera regular.
¿Es importante esta desconfianza hacia los políticos? ¿Qué consecuencias tiene las percepciones de corrupción generalizada entre la clase política? Según la teoría del contrato fiscal, la corrupción erosiona el contrato social, ya que los ciudadanos perciben que sus impuestos financiarán servicios públicos de mala calidad o terminarán en manos de funcionarios públicos, individuos poderosos y grupos organizados que no lo necesitan. Es decir, la percepción de corrupción erosiona el apoyo a políticas redistributivas. Un par de estudios para Estados Unidos, Di Tella et al (2021) y Kuziemko et al (2015), examinan desde diferentes perspectivas el impacto de las percepciones de corrupción y falta de confianza en el gobierno en el apoyo a políticas públicas redistributivas. La metodología de estos estudios es similar, basada en experimentos de encuestas. A diferencia de las encuestas tradicionales, estos experimentos manipulan variables específicas mientras mantienen constantes otras, permitiendo a los investigadores aislar e identificar relaciones causales. Imagine un escenario donde los encuestados son asignados aleatoriamente a diferentes grupos, con cada grupo recibiendo información o indicaciones distintos. Puesto que la asignación es aleatoria, los grupos son iguales en todas sus características. Lo único que los diferencia es la información que los investigadores les han dado a uno de ellos. Ahí radica la fuerza de los experimentos para destapar relaciones causales.
Di Tella et al (2021) concluye que cuando hay poca confianza en el gobierno, una disminución de la confianza en las elites aumenta la demanda de impuestos a los ricos, pero no afecta las preferencias por redistribución. Kuziemko et al (2015) encuentra que, aunque proporcionar información sobre la desigualdad aumenta la visibilidad de este problema para los encuestados, no logra cambiar las preferencias respecto a la acción gubernamental para corregirla. Esto se debe a que existe una alta desconfianza que impide que los individuos crean que el gobierno posee la capacidad para llevar a cabo una redistribución eficiente.
Para América Latina, en una investigación reciente seguimos en la línea de Di Tella, Kumziemko y coautores explotando experimentos dentro de encuestas a más de 21,000 participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú. Los encuestados fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. Ambos grupos tenían que responder una serie de preguntas personales, como su género, nivel de ingresos, orientación política, etc. Tras estas preguntas, el primer grupo, al que llamaremos tratado, recibió información de corrupción pública en América Latina, donde se destacaron prácticas como el pago de sobornos y sobrecostos por parte de funcionarios públicos y políticos. Estas prácticas se ejemplificaron mediante el caso de Odebrecht, la empresa brasileña que pagó entre 2001 y 2016 al menos US$788 millones en sobornos a 600 políticos y servidores públicos latinoamericanos para obtener contratos multimillonarios de empresas estatales. El segundo grupo, al que llamaremos de control, no recibió ninguna información. Después de exponer al tratamiento al primer grupo, ambos grupos habían de responder una serie de preguntas sobre su nivel de confianza en el gobierno y las élites, sus percepciones sobre la desigualdad y sus preferencias por diferentes dimensiones de redistribución. La comparación de las respuestas entre tratados y controles nos permite obtener el efecto causal de cómo las percepciones de corrupción, que presuntamente habrán aumentado entre los tratados, afectan la confianza en el gobierno y las preferencias por diferentes dimensiones de redistribución.
Como era esperado, nuestros resultados señalan que las personas tratadas con la información de corrupción pública aumentaron su percepción de corrupción del gobierno, de las elites y empresas, y disminuyeron su confianza los políticos. Por ejemplo, los tratados están menos de acuerdo al responder a preguntas del tipo “los funcionarios públicos piensan en Ud. a la hora de tomar decisiones”, o están más de acuerdo con preguntas tales como “las empresas y los ricos influyen en el gobierno para ser favorecidas a través de leyes y exenciones fiscales”.
Entrando en el terreno de las consecuencias de las percepciones de corrupción de los actores públicos, los individuos tratados también aumentaron la percepción de una alta desigualdad de oportunidades en sus países, así como la apreciación de que la distribución de la renta es injusta En particular, las personas tratadas cambiaron su percepción de igualdad en el ámbito educativo: disminuyeron la probabilidad percibida de que un joven inteligente de origen pobre pudiera graduarse de la universidad, y al tiempo, aumentaron esta probabilidad para un individuo igualmente inteligente, pero de origen rico.
Pero esta mayor percepción de desigualdades no se tradujo en un aumento de la demanda de políticas redistributivas, justamente porque la corrupción rompe la confianza de que los formuladores de políticas gasten el dinero de una manera adecuada. Los individuos tratados no mostraron diferencias con respecto al grupo de control en diferentes preguntas que evaluaban al apoyo de políticas redistributivas, sea a través de transferencias directas a los más desfavorecidos, sea a través de aumentos de impuestos para sufragar más gasto social, en educación o sanidad. Sí mostraron mayor apoyo a aumentar los impuestos a los ricos. En otras palabras, al recordar a los tratados sobre la corrupción pública y de las elites empresariales éstos aumentaron su deseo de “castigar” a las élites con mayores impuestos, pero no demandaron una redistribución más amplia y generosa con aquellos que la necesitan.
En conclusión, la corrupción erosiona la confianza en el gobierno debido a que los ciudadanos perciben que este prioriza los intereses de grupos como las élites y no asigna los programas sociales a quienes lo necesitan. Al plantear reformas con el objetivo de incrementar la recaudación o expandir programas sociales, es probable que surja resistencia por parte de los ciudadanos debido a la desconfianza en el gobierno para llevar a cabo una redistribución eficiente que no quede capturada por las élites.
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