"El Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas"
Fundación Civio.es- La Mesa del Congreso ha
aprobado hoy -martes 29 de noviembre- la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por
la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos
Una norma tan importante y
compleja debería pasar por el pleno y debatirse en profundidad entre todos los
grupos y con la participación de la sociedad civil.
La Mesa del Congreso ha
aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa
plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP). Así, la reforma clave para evitar la corrupción en la
contratación pública pasará, después de un año y medio de retraso en su
aplicación, de forma exprés por las cámaras y sin el imprescindible debate en
pleno.
La Fundación Civio se
declara totalmente de acuerdo con que la trasposición de la directiva europea,
que debía haberse producido antes
de abril de 2016, es urgente. En abril de 2017 finaliza el plazo para
enviar los primeros informes de su aplicación a Europa, una fecha que
previsiblemente España tampoco cumplirá. Sin embargo, la urgencia y necesidad
de estas medidas no justifican que se ignore la necesidad de un debate y una
reflexión profundos, que permitan aprovechar esta oportunidad para aprobar una
reforma que frene el constante goteo de casos de corrupción vinculados a la
contratación pública. Civio considera que esta ley no puede aprobarse sin
apenas cambios ni pasar sin pena ni gloria por Las Cortes.
El viernes 25 de noviembre se
aprobaron dos proyectos de ley en Consejo de Ministros afectados por
la directiva europea pero, hasta el momento de la emisión de este comunicado,
ninguno de estos textos se ha hecho público. La Fundación Civio recuerda que,
de nuevo, el Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión
pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad
de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas.
Para matizar esa
publicidad, desde la Fundación Civio queremos aclarar dos puntos:
La reforma planteada por
Europa mejora algunos aspectos vinculados con la transparencia de la
contratación pública, como el veto a los negociados solo por motivos de precio.
Pero es importante matizar que esas medidas de mejora vienen determinadas
obligadamente por Bruselas, y no por el Gobierno de España. Además, el texto
que se propuso como anteproyecto no aprovecha la oportunidad para incluir
mejoras claras en la norma más allá de lo obligado por las directivas europeas:
las últimas grandes reformas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
han venido una vez más marcadas por Europa. La Fundación Civio lamenta esta
oportunidad perdida de reformar, de forma consensuada y tras un debate
profundo, un sector clave para la lucha contra la corrupción. Es un error.
El retraso en la
aplicación de esta reforma no se debe únicamente al año que España ha pasado
con un gobierno en funciones. Las directivas europeas se aprobaron en febrero
de 2014. En abril de 2015, el Gobierno presentó el borrador
del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a un periodo de
observaciones, que se
cerró en mayo de ese mismo año. Desde entonces, y hasta que el
Gobierno pasó a estar en funciones (siete meses después), no se anunciaron
avances en la aprobación de esta normativa: ni pasó por Consejo de Ministros
para convertirse en proyecto de ley y ni mucho menos llegó a debatirse en Las
Cortes para su aprobación. Y ahora se tramita de urgencia.
La Ley de Contratos del
Sector Público es norma muy compleja, que lleva año y medio parada y de la que
los ciudadanos aún desconocemos qué aportaciones al anteproyecto se han
incluido y cuáles no: a día de hoy, no contamos con el proyecto de ley. Civio
considera imprescindibles estas mejoras, sobre todo en aspectos clave como
poner límite al uso masivo del procedimiento negociado o la inclusión de
determinadas obligaciones a los partidos políticos en materia de contratación.
No obstante, insistimos en la necesidad de un debate parlamentario. Una reforma
exprés en comisión no es suficiente.
Por estos motivos, desde
la Fundación Civio reclamamos que se traslade el debate al pleno y que se
permita un debate amplio, en el que la sociedad civil pueda participar y donde
todos los grupos tengan tiempo para analizar a fondo el proyecto de ley y para
presentar enmiendas que permitan conseguir el mejor texto posible de una ley
clave.
En Civio hemos
analizado a fondo las directivas, el anteproyecto que se presentó hace
año y medio y la última proposición
de ley del PP sobre este asunto, y haremos lo mismo con el texto del
proyecto. Queremos trasladar a todos los partidos nuestras propuestas de
mejora, basadas principalmente en dos puntos, y que ampliaremos una vez hayamos
analizado a fondo el proyecto de ley:
CONTROL Y VIGILANCIA: es
imprescindible que exista un organismo independiente y con capacidad
sancionadora, que no dependa de un ministerio, que vigile la contratación
pública de forma avanzada, sistemática y con los medios suficientes para
ejercer esta importante tarea. Además, ese organismo debe permitir denuncias de
cualquier ciudadano, incluso anónimas, que ayuden a investigar irregularidades.
No podemos depender solo de que sean las propias empresas que participan en
esos procesos de contratación las que denuncien irregularidades para destapar
casos de corrupción, como ha pasado en muchos casos hasta la fecha.
TRANSPARENCIA EFECTIVA
ORIENTADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS: la trasposición es tibia en cuanto a las
necesidades de transparencia. Es imprescindible que aprovechemos esta reforma
para que la transparencia de la contratación no se limite a las posibles
empresas participantes, a permitir la concurrencia, sino que se transforme en
una auténtica rendición de cuentas ante los ciudadanos que incluya publicidad
efectiva sobre todo el proceso (composición de las mesas de adjudicación, actas
completas, ofertas de los participantes, participación de las empresas en cada
UTE…) sin aplicar trabas basadas en intereses comerciales a bloques enteros de
información. Y esa información debe estar en, unificada en una única web y
estar disponible de forma permanente. La transparencia y el escrutinio público
no pueden tener fecha de caducidad.
La Fundación Civio
demanda, en suma, un debate serio, basado en datos y en hechos probados, con la
importancia que esta reforma se merece. Y no un procedimiento urgente y
sigiloso. Deseamos poder analizar el documento a fondo y que la oposición también
pueda tener esa oportunidad.
En definitiva, queremos
participar.
Más información:
Las tres directivas
vinculadas a la contratación pública se aprobaron el 26 de febrero de 2014 y
aparecieron en el boletín de la Unión Europea del 28
de marzo de ese mismo año. Dos de ellas (la 2014/24/UE
sobre contratación pública y la 2014/23/UE sobre
contratos de concesión) son las que debería trasponer la reforma de la ley
de Contratos del sector público. La tercera es la 2014/25/UE sobre
contratos en sectores de agua, energía, transportes y servicios postales, que
se aplicará en una ley propia, cuyo proyecto está
siguiendo el mismo proceso en el Congreso.
SOBRE LA FUNDACIÓN CIVIO:
La Fundación Ciudadana
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